Caso Borràs

El TSJC tumba el último intento de Borràs por frenar el juicio

ERC asegura que Junts podrá mantener la presidencia del Parlament si la líder de Junts es suspendida

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Laura Borràs en una imagen de archivo

BarcelonaPortazo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en el último intento de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, por frenar la apertura de juicio oral por el caso de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). En un auto dictado este lunes, el tribunal ha rechazado por segunda vez la petición de la líder de Junts para apartar al juez instructor de la causa, Carlos Ramos, y el abogado de la presidenta de la cámara, Gonzalo Boye, ya no presentará más recursos. En cualquier momento a partir de ahora, pues, el magistrado puede enviar a Borràs al banquillo de los acusados, lo cual implicaría que se activara –si así lo acuerda la mesa del Parlament – el mecanismo previsto en el reglamento para la suspensión de los diputados que se enfrentan a juicios por corrupción.

El mismo magistrado instructor ha inadmitido el último recurso presentado por Boye pidiendo su recusación, después de que la semana pasada ya rechazara una primera solicitud del letrado en el mismo sentido. En esta segunda ocasión, Boye cuestionaba que fuera Ramos quien se pronunciara sobre su situación, puesto que a su parecer esto va en contra de su imparcialidad. Aun así, el juez vuelve a inadmitir el recurso, le recrimina al letrado que "abuse" de este mecanismo y cita jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para afianzar su posicionamiento: "Las recusaciones basadas en motivos de orden general y abstracto o con manifiesto abuso –es el caso de las invocadas por la representación de la señora Borràs– pueden ser inadmitidas por el mismo magistrado sin que esto sirva para cuestionar su imparcialidad".

Boye quería apartar a Ramos porque fue escogido en una terna propuesta por parte del Parlament de Catalunya al Consejo General del Poder Judicial gracias a una "intervención decisiva", según el letrado, del PSC, que ahora ha pedido la dimisión de la presidenta de la cámara. Un argumento que el TSJC tumba al considerar que no es una "causa legal" para apartar un magistrado de un procedimiento, sino que tiene que ver con una forma de elección genérica de todos los magistrados.

¿Decisión esta semana?

En este último escrito, el magistrado instructor vuelve a reprochar a Borràs la voluntad de dilatar el procedimiento para evitar la apertura de juicio oral, una "preocupación" que mantiene por que el procedimiento no sufra dilaciones "indebidas" debido a "actos procesales fraudulentos y abusivos". Es una incógnita si con estas palabras el juez deja entrever que dictará la apertura de juicio oral esta misma semana o se esperará al mes de septiembre –agosto es inhábil–. El magistrado tiene que tomar una decisión después del escrito de la Fiscalía , que mantiene la acusación contra la líder de Junts por un presunto delito de prevaricación y falsedad documental a raíz de la contratación que llevó a cabo cuando era directora de la ILC. El ministerio público pide para Borràs 6 años de prisión y 21 de inhabilitación, mientras que ella mantiene que es "inocente" y se declara víctima de una "persecución política".

Si el juez actúa, sea cuando sea, el Parlament tendrá que tomar una decisión: de acuerdo con el artículo 25.4 del reglamento, la mesa tiene que acordar la suspensión "de manera inmediata" de los diputados a los cuales se abra juicio oral por corrupción, de forma que el órgano rector de la cámara tendrá que decidir si le aplica este supuesto a Laura Borràs. La clave, en este punto, es lo que haga Esquerra, puesto que puede decantar las mayorías dentro de la mesa, donde están representados tanto Junts como los republicanos, el PSC y la CUP. Mientras el partido de Borràs pide que no se le aplique el 25.4, hasta ahora los republicanos han mantenido que se trata de un caso de "corrupción" y, por lo tanto, lo más probable es que si se produce una votación la presidenta de la cámara acabe siendo suspendida.

Este lunes la secretaria general adjunta de Esquerra, Marta Vilalta, ya se ha situado en el escenario de la suspensión y ha asegurado que, mientras Borràs esté siendo enjuiciada y no pueda ejercer sus derechos y deberes como diputada, la voluntad de los republicanos es que Junts mantenga la presidencia del Parlament. "Este es nuestro compromiso", ha dicho en rueda de prensa, aludiendo al pacto de inicio de legislatura por el cual los de Oriol Junqueras asumieron la presidencia de la Generalitat y los de Borràs la del Parlament. Ahora bien, esto no es lo que está previsto en el reglamento. Según el artículo 40, en caso de "vacante, ausencia o impedimento" de la presidencia del Parlament, son las vicepresidencias, por orden consecutivo, quien le tiene que sustituir de manera interina en el ejercicio de sus funciones. Es decir, o Alba Vergés (ERC), vicepresidenta primera, o Assumpta Escarp (PSC), vicepresidenta segunda. Lo que sí que ya ha descartado Borràs es renunciar al cargo: en caso de suspensión no permitirá que el pleno escoja a un nuevo o nueva presidenta, puesto que si fuera absuelta no podría recuperar su lugar.

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