El Parlament valida el decreto para hacer frente a las fianzas del Tribunal de Cuentas

BarcelonaLuz verde del Parlament al decreto más polémico del Govern en los dos meses que lleva de mandato. La cámara catalana ha validado este jueves la creación del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Catalunya. O lo que es lo mismo: el fondo impulsado desde el Govern para ayudar a hacer frente a la fianza de 5,4 millones de euros a la que se enfrentan los 34 ex cargos de la Generalitat encausados por el Tribunal de Cuentas en la investigación sobre la acción exterior de la Generalitat entre 2011 y 2017. Un fondo que busca evitar que los investigados tengan que hacer frente a las fianzas personalmente con el riesgo que supone de ser embargados.

El decreto ha levantado polvareda por las dudas que genera su legalidad, pero también desde este jueves cuenta con un refuerzo especial. Un rato antes de que empezara el pleno, el Consejo de Garantías Estatutarias, el órgano consultivo de la Generalitat, ha dictaminado por unanimidad que no ve problemas de constitucionalidad, a pesar de que hace algunas recomendaciones para mejorarlo. Pese al doble aval que desde hoy tiene el decreto -el del Parlament y el del Consejo de Garantías-, el camino a partir de ahora para que los encausados hagan frente a las fianzas no será sencillo. El Tribunal de Cuentas todavía tiene que decidir si acepta que las fianzas se abonen por la vía de este fondo, y la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) también tienen un ojo puesto en todo ello. La Fiscalía investiga si es el legal el papel que la Generalitat le da como avalador al Institut Català de Finances (ICF), mientras que el alto tribunal catalán estudia dos denuncias que se han puesto contra el presidente Pere Aragonès y los consellers Jaume Giró y Laura Vilagrà como impulsores de la iniciativa. Desde la óptica del Govern y de los encausados por el Tribunal de Cuentas, este jueves han ganado una batalla importante, pero todavía queda mucha guerra.

Giró saca pecho

El debate en el Parlament ha sido como se preveía: intenso desde el primer minuto. Tenía todos los ingredientes para serlo. Para empezar, se ha celebrado poco más de una hora después de que se diera a conocer el dictamen del Consejo de Garantías y con escaso margen para preparar las intervenciones, y con las posicionas polarizadas entre los partidos de la derecha y el independentismo. El conseller Giró ha sacado pecho del contenido "impecable" del decreto y ha avisado que a partir de ahora servirá para todos los funcionarios que se vean en riesgo de embargo por causas judiciales derivadas de su trabajo y "sin haber sido juzgados". Y también ha cargado contra Cs y Vox -los dos grandes detractores del decreto- a quien ha acusado de haber renunciado hace tiempo a la política y llevarlo todo sistemáticamente a los tribunales. El debate ha servido incluso para escenificar una cierta reconciliación entre los socios del Govern, que volvieron a entrar en crisis la semana pasada por este tema. Aragonès ha aplaudido al conseller y se han dado un apretón de manos al finalizar la intervención. Los diputados independentistas también se han acercado para felicitarlo cuando ha acabado la sesión. Ahora el Parlament tramitará el decreto como proyecto de ley para introducir las recomendaciones que ha hecho el Consejo de Garantías.

Que el órgano consultivo de la Generalitat haya dicho que el decreto es legal no ha ablandado ni a Vox ni a Cs ni al PP, que han vuelto a acusar a la Generalitat de "irregularidades", de "atraco", de "estafa" y de "robar a los catalanes". Tanto el partido ultra como el naranja han anunciado nuevas acciones judiciales con querellas contra el Govern, denuncias ante el TSJC y recursos al Tribunal Constitucional. Sí que ha modulado su discurso el PSC, que ha reconocido que el dictamen ha servido para desvanecer las "dudas" que tenía con el tema, pero que no ha votado a favor alegando los "errores" del Govern en la gestión de la crisis que el decreto generó en la junta de gobierno del Institut Català de Finances (ICF). Los comunes también se han abstenido por el mismo motivo. La CUP ha entonado su clásico sí crítico: están a favor del fondo, sí, pero la cupaire Eulàlia Reguant ha reprochado al Govern que "va tarde" y "carece de estrategia antirrepresiva". JxCat y ERC se han mostrado por un día satisfechos y unidos.

El siguiente paso

Con la cuestión resuelta en el Parlament y el Consejo de Garantías, ahora toda la atención se traslada al Tribunal de Cuentas, con sede en Madrid. Este órgano administrativo mal llamado tribunal -no forma parte de la estructura judicial del Estado- está esperando un informe que solicitó a la Abogacía del Estado para decidir si acepta el fondo que ha creado el Govern como vía para pagar las fianzas. Si la respuesta es que no, todo volverá a la casilla de salida y habrá que buscar de nuevo de dónde sacar las fianzas. La incertidumbre, pues, continúa.