El Parlamento rechaza la opa del BBVA en el Banc Sabadell y exige que se impida

BarcelonaDesde que se anunció la opa del BBVA en el Banc Sabadell, los partidos políticos se habían ido pronunciando, algunos abiertamente y otros con la boca más pequeña. Pero este jueves el debate ha entrado de lleno en el Parlament y ha obligado a todos los grupos a posicionarse. La cámara ha votado a favor de una moción que insta al Govern a activar todas las acciones políticas, institucionales y legales necesarias ante el ejecutivo español para expresar de forma "contundente e inequívoca" el rechazo de la Generalitat a la absorción. Solo se han desmarcado PP y CUP con una abstención, además de Vox, que se ha opuesto. El posicionamiento del Parlamento llega después de el artículo que han firmado conjuntamente en el ARA expresidentes y exconsejeros de Economía catalanes y valencianos en contra de la operación bancaria, y este jueves ha sido una amplia mayoría del Parlament la que ha reclamado que se impida que la entidad catalana sea adquirida por el banco vizcaíno.

El texto, presentado por ERC aunque el grupo ha transaccionado algunas partes con Junts, exige "impedir la materialización de la opa" y reclama que la Moncloa tenga una posición "clara y pública" en defensa del interés general y la estabilidad económica y social de Catalunya. La moción pide también a la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) un informe sobre la concentración del sector bancario. Los términos del texto son duros en contra del asalto del BBVA al Sabadell porque "consolidaría a un sector financiero menos centralizado, menos competitivo y más dependiente del poder económico centralizado del Ibex 35 y supondría un peligro para la financiación de las pequeñas y medianas empresas de Catalunya".

Los grupos catalanes se han conjurado para exigir contundencia al gobierno del Estado y se han apoyado, por ejemplo, en el posicionamiento institucional del Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña y en la valoración preliminar de la Autoridad Catalana de la Competencia. Todo ello con el objetivo de que el Estado haga descarrilar la operación. Por los motivos de la concentración y para revigorizar el sistema financiero catalán, el pleno también aprobó el punto de la moción que defendía dotar al Instituto Catalán de Finanzas (ICF) de ficha bancaria, proyectado como un banco público del país, con el apoyo añadido de la CUP.

Consenso en la cámara

El debate parlamentario ha exhibido un gran consenso en contra de la opa. Desde las filas republicanas, el diputado Albert Salvadó ha defendido que es necesario "detener la fusión entre el BBVA y el Banc Sabadell", un movimiento que empeora la "concentración bancaria", con más "despidos" y "pérdida de arraigo". Coincidió el diputado de Junts y vicepresidente del partido, Toni Castellà, que pidió al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que se pronuncie sin "subterfugios", porque "puede conllevar graves consecuencias al tejido económico", y reclamó que "el gobierno de Catalunya y sus socios en Madrid detengan la opa". Los socialistas han respondido con el aval a la moción y un argumento claro: "Tenemos una elevada concentración bancaria en España", ha dicho el diputado Guillem Mateo, quien ha apuntado que hay que ser "conscientes" del problema: "Hay cinco grandes bancos con el 67% de cuota de mercado".

En el mismo sentido, el diputado de Comuns David Cid ha avisado de que la operación "favorecería la concentración bancaria" y "dificultaría el acceso al crédito" de las pymes, además de la "pérdida de capacidad de centros de decisión en Catalunya". En su mismo espacio político, la vicepresidenta segunda española y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido este jueves en el rechazo a la operación de "toda la sociedad catalana, incluso de la Iglesia". Quien también ha apoyado la moción en el pleno ha sido la extrema derecha de Aliança Catalana, aunque cree que es un "lavado de cara", en palabras de Rosa Maria Soberana.

El enganche se ha producido con el PP y Vox: la extrema derecha españolista ha calificado la moción –que también incluye la conversión del ICF– de "innecesaria, irresponsable y manifiestamente ilegal", en palabras de Javier Ramírez, pero no ha hecho ninguna referencia a la referencia. En cambio, el PP se ha abstenido añadiendo que se opone a la opa "si empeora las condiciones de las pymes, autónomos y familias" pero no cree que haya que enviar una carta al presidente español porque "primero hay que saber cuál es la propuesta que tiene". La CUP ha votado lo mismo que los populares, pero con una argumentación bien distinta: la diputada Pilar Castillejo ha dicho que la opa es una "mala noticia" porque "puede comportar despidos y más abusos bancarios", pero no la ve en clave de soberanía catalana porque "el capital financiero carece de patria".