El Estado piensa en la amnistía para reparar las condenas de la ONU

MadridLa política española tiene una fecha marcada en el calendario, el 27 de noviembre, el último día para aprobar la investidura y evitar una repetición electoral. Hay otra, el 17 de noviembre, cuando está previsto el juicio en el Tribunal de Cuentas por el 1-O. Y en medio de estas dos, se agota el plazo para que el Estado responda al comité de derechos humanos de las Naciones Unidas sobre elamonestación que dictó a raíz de la suspensión de Carles Puigdemont como diputado del Parlamento en 2018. Según ha podido saber el ARA, esgrimir que se está trabajando en una ley de amnistía vinculada al Proceso es una de las opciones que se están planteando las autoridades españolas para argumentar que no se han quedado de brazos cruzados tras la condena de la ONU.

Los hechos se remontan a mayo de este año, cuando el comité de derechos humanos hizo pública una resolución en la que consideraba que se habían vulnerado los derechos políticos del expresidente catalán a raíz de la decisión del Tribunal Supremo de suspenderlo como diputado en aplicación del artículo 384 bis de la ley de enjuiciamiento criminal: estaba procesado por rebelión y con una orden de detención e ingreso en prisión preventiva. El dictamen no tiene carácter vinculante, pero España reconoce su competencia para valorar si ha habido violaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, por tanto, debe emitir una respuesta. El organismo dio entonces 180 días al Estado para informar de qué acciones ha llevado a cabo para que un caso así no se repita.

Es exactamente el mismo supuesto que ya se produjo con Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Josep Rull, que también perdieron el escaño –en su caso no estaban exiliados, sino en prisión preventiva– y el comité de derechos humanos de la ONU también condenó a España. El ARA ya explicó que en ese momento el gobierno español hizo caso omiso de algunas de las peticiones, precisamente la de hacer algo para garantizar que no vuelva a ocurrir. La Moncloa adujo que no era necesario tomar ninguna medida y que el propio comité ya decía que la violación se consideraba reparada con el simple hecho de haber logrado una resolución favorable por parte del ente de Naciones Unidas. Lo único que hizo el gobierno español es publicar la resolución en la página web del ministerio de Justicia.

Fiscalía de Derechos Humanos

En el caso de Puigdemont, Junts pidió al gobierno español en una pregunta escrita en el Congreso cuándo y cómo se respondería al comité. Con la convocatoria anticipada de elecciones y la disolución de Les Corts, esta petición quedó sin respuesta. Ahora se acerca el agotamiento del plazo –el ente dio al Estado 180 días desde que hizo pública la resolución, el 18 de mayo– para que el gobierno español conteste oficialmente a través de la Abogacía del Estado y bajo las instrucciones del ministerio de la Presidencia. La novedad es que esta vez habrá una coordinación con la nueva Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática, creada a raíz de la entrada en vigor de la nueva ley de memoria democrática y que dirige la ex ministra de Justicia y ex fiscal general del Estado Dolores Delgado.

Una de las funciones de esta nueva fiscalía especializada será analizar con los órganos jurídicos del Estado cómo implementar o aplicar las resoluciones internacionales vinculadas a los derechos humanos a fin de garantizar la reparación de las víctimas. Según fuentes consultadas por este diario, Delgado aún tiene pendiente abordar con la Abogacía del Estado estas cuestiones y, particularmente, la que afecta a Puigdemont, pero una de las vías que pueden plantearse es que una eventual ley de amnistía sirva como a medida reparadora de la vulneración de los derechos políticos dictaminada por el comité de derechos humanos. A preguntas del ARA, el equipo de Félix Bolaños ha declinado confirmar o desmentir esta hipótesis porque "no hay nada público sobre la amnistía".

En otro ámbito judicial, la amnistía también podría extenderse en la causa abierta en el Tribunal de Derechos Humanos (TEDH) contra la sentencia del Supremo por el Proceso. Una de las hipótesis es que provoque su caída porque la ley habría reparado la situación y, por tanto, los efectos de una eventual condena de Estrasburgo en España. Ahora bien, para que todo esto ocurra es imprescindible que haya acuerdo para la investidura entre el PSOE y el independentismo y, por tanto, se apruebe la ley de amnistía.