La policía hace saltar por los aires la estrategia de Pedro Sánchez

MadridSi ha habido un común denominador en el relato que todos los ministros y el presidente español, Pedro Sánchez, han hecho sobre la crisis de Ceuta es desresponsabilizar a Marruecos de la entrada masiva de migrantes el 30 y 31 de julio. "La colaboración fue instantánea", dijo el jefe del ejecutivo el lunes y, en privado, la Moncloa insistía este mismo martes en que no tenía absolutamente ningún indicio de que el régimen marroquí pudiera estar detrás activamente o pasivamente de lo que pasó. De hecho, desde el gobierno español han optado por señalar a la internacional ultraderechista, Rusia e Israel. Ahora bien, la policía ha hecho saltar por los aires el relato y la estrategia de la Moncloa. El hecho de que haya remitido un informe a la Audiencia Nacional señalando a las fuerzas de seguridad marroquíes pone contra las cuerdas (como nunca hasta ahora) al presidente español, Pedro Sánchez. Y justo un día antes de su esperada comparecencia en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la gestión de la crisis.

La primera reacción del gobierno español a esta información ha sido asegurar que no tenía ningún conocimiento. Tras una decena de comparecencias de ministros, el ministerio del Interior afirma que se ha enterado a través de un medio de comunicación, El Español, del hecho de que existe un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras que apunta a las fuerzas de seguridad marroquíes como instigadoras de la crisis del 30 y 31 de julio en la frontera de Ceuta. Un documento que se ha remitido a la Audiencia Nacional, pero del cual el ministerio del Interior y su responsable, Fernando Grande-Marlaska, reclama ahora conocer el contenido.

Hasta ahora, la intención de Sánchez era aportar durante la comparecencia del jueves en el Congreso una cronología detallada de los hechos desde el 30 de julio, "desmentir fake news" y aportar "transparencia". ¿Pero cómo encajará su versión con la de la Policía Nacional? ¿Por qué el gobierno español ha defendido a ultranza el régimen de Marruecos a pesar de las dudas más que razonables sobre su diligencia a la hora de controlar la frontera? ¿Podían 70.000 personas movilizarse hacia un mismo punto sin que se enterara el régimen marroquí? Si el gobierno español todavía no sabe qué ha pasado, ¿no era más prudente ser cautos con el papel alauí? ¿Cómo gestionará Sánchez las preguntas que tanto sus socios como la oposición, que apuntaban a la monarquía alauí, le harán sobre quién estaba detrás de la entrada masiva? ¿La Moncloa ha priorizado pactar la versión con Marruecos antes que explicar lo que puede haber pasado? ¿A qué tiene miedo el gobierno español?

El problema de Sánchez no es solo de relato en una crisis de la cual todavía no hemos conocido todo el alcance, sino que ahora mismo están en entredicho dos cuestiones clave para el gobierno del Estado: la política exterior española de apaciguamiento que el presidente decidió adoptar con Marruecos a partir de 2022 (con el giro del Sáhara Occidental, todavía no debidamente explicado, como máximo exponente), y el control (más bien, falta de control) que tiene el ejecutivo de los resortes más relevantes del poder. Una fuente bien informada sobre cómo funcionan augura: "Está en juego la profesionalidad de los servicios del Estado. Irán saliendo cosas". Difícilmente podrá salir, esta vez, Pedro Sánchez.