La política migratoria aísla a Sánchez de sus socios internacionales

MadridLa política internacional ha sido un campo de batalla que Pedro Sánchez ha sabido capitalizar a su favor durante toda la legislatura. Logró una posición de liderazgo con la guerra de Gaza, con el reconocimiento de Palestina como punta de lanza y con el "No a la guerra" tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, y también arrastró a parte de los países europeos hacia su relato. Ahora bien, en lo que no ha conseguido aliados ha sido en materia migratoria, a pesar del intento de exhibir la regularización como la antítesis a la política de Donald Trump. Buena parte de los socios de la Unión Europea no acogieron bien la medida, ya que están inmersos en una dinámica de endurecimiento de las políticas de control de fronteras –solo hay que repasar el nuevo Pacto de Migración y Asilo– y lo último que quieren es dar la imagen de que entrar de forma irregular al espacio Schengen puede acabar siendo legal. En este marco, la crisis en Ceuta no ha hecho más que agravar la soledad de Pedro Sánchez en esta materia.

El ejemplo más claro de esta debilidad fue la carta que, el 1 de agosto, firmaron hasta 22 países relacionando la reciente regularización a la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, lo cual, interpretaban, había generado una percepción de que la entrada "ilegal a la UE es posible". Calificaban de "atracción" las políticas del gobierno de Sánchez en relación a la inmigración irregular. "A Europa no le sentó bien que la regularización se hiciera sin coordinación, por mucho que sea una práctica habitual en otros estados miembros", apunta el director del Cidob, Pol Morillas, en una conversación con el ARA.

Una hipótesis que avalan fuentes de la carrera diplomática: interpretan que ha faltado una explicación hacia el resto de países de la UE, teniendo en cuenta –consideran– que se ha interpretado como una puerta de entrada también al espacio Schengen, a pesar de que España haya insistido en que el permiso de residencia cuenta solo dentro de las fronteras del Estado. Además, añaden que la posición de "superioridad moral" de Sánchez –en cuestiones de defensa o de guerra– ha pasado factura en la relación con los socios europeos. También recuerdan que España, cuando se ha negado a aumentar su PIB en defensa como el resto de estados, también ha enfadado a los países del Este que se sienten amenazados por Rusia. "Tiene consecuencias", aseguran estas fuentes, que afirman que también la tiene la confrontación con Israel o los Estados Unidos, que algunos señalan como una de las causas de la "pasividad" de Marruecos en la frontera el 30 de julio.

De hecho, el excapo de la diplomacia europea Josep Borrell admitía esta semana también que la política exterior de España tenía un "coste" dentro de la UE. "España se ha ganado el Sur Global con posiciones diferentes a las mayoritarias en Europa, pero eso tiene un coste. Margina España en la Unión", dijo en la clausura del curso 'Quo vadis Europa' recogida por El País en la Universidad Menéndez Pelayo de Madrid. En todo caso, desde el ministerio de Exteriores no lo ven igual: José Manuel Albares recriminaba el viernes al resto de países europeos la falta de solidaridad de entrada, sobre todo citando Italia y Dinamarca, cuando en otras ocasiones, dijo, España sí que ha cerrado filas con ellos.

Los silencios

A diferencia de lo que ha ocurrido en otros debates a escala internacional, España no ha conseguido aliados en una UE que gira muy a la derecha en materia migratoria, remarca Morillas. Como mucho ha contado con países que no se han alineado con la línea dura de Italia o Dinamarca, como es el caso de Francia, Luxemburgo, Portugal o Irlanda. "Lo mejor que tiene al alcance España [en esta materia] son los silencios", confirma el director del Cidob. Para Blanca Garcés, investigadora de la misma institución y especialista en migraciones, una parte de los países de la Unión Europea ha aprovechado la crisis de Ceuta para atacar la política de regularización de inmigrantes española, desde el gobierno ultraderechista de Giorgia Meloni hasta el ejecutivo de la socialdemócrata danesa Mette Frederiksen.

El otro gobierno progresista con peso en la UE, que es el danés, está alineado con las posiciones conservadoras en materia migratoria. Y los aliados socialdemócratas que tienen una política más aperturista están en la oposición y no tienen influencia para suavizar la posición del conjunto de la UE. El ejemplo claro ha sido en el reglamento de retornos, que forma parte del nuevo Pacto de Migración y Asilo europeo y que permite crear centros de deportación de inmigrantes en países terceros. España es el único país que se ha opuesto y, en el marco de la votación del Parlamento Europeo, también lo hizo una mayoría de los partidos socialistas (no el danés), aunque no fue suficiente para frenar la aprobación a raíz de la alianza de la derecha y la extrema derecha.

La gran paradoja

La situación, para el gobierno español, es endiablada. Lo ejemplifica Blanca Garcés: no se ha detectado una relación entre la regularización, anunciada a principios de año, y un aumento de las entradas irregulares por mar en los últimos meses, pero admite que la medida combinada con la crisis de Ceuta es un cóctel explosivo para la imagen de la Moncloa en el exterior. Es decir, la percepción europea es de laxitud por parte de las autoridades españolas en relación con la inmigración irregular, a pesar de que España haya mantenido un control fronterizo duro a lo largo de las últimas décadas –remarca la especialista–. Precisamente, a raíz de acuerdos con países del África del Norte como Marruecos, el gobierno español ha conseguido rebajar las entradas por mar en los últimos años. Una política de externalización del control de fronteras que genera problemas tanto desde el punto de vista de derechos humanos como del poder que se da a terceros países sobre el territorio.

Fuentes del entorno del PSOE, con experiencia gubernamental, admiten que el contexto ha sido terrible para el gobierno español y también opinan que a la Moncloa le ha faltado "narrativa" a la hora de explicarse ante los países de la UE. Lo remarcan, sobre todo, porque la división en términos de inmigración no es ideológica, sino entre los estados que reconocen que les hace falta inmigración para cubrir mano de obra, sobre todo del sector servicios, y los que absorben igualmente inmigrantes pero que hacen un discurso contrario. Es por ello que argumentan que si el gobierno español se hubiera explicado mejor en la regularización de cara a la UE y hubiera hecho un discurso más contundente ante la inmigración irregular en la crisis de Ceuta, las cosas habrían sido diferentes.

Para compensar esta situación, ahora el gobierno español se puede ver tentado a endurecer su política de fronteras, apunta Garcés. Y señala una medida a la que se ha dado luz verde esta misma semana: en plena crisis de Ceuta, el gobierno español ha decidido impulsar una reforma para adaptar la ley de asilo y de extranjería al nuevo Pacto de Migración y Asilo. Una señal hacia la UE de firmeza hacia la inmigración irregular. Más allá de la gestión, esta vez el relato, que acostumbra a ser un punto fuerte de la Moncloa, se ha convertido en el eslabón débil de Pedro Sánchez.