El PP facilitará el relevo de Conde-Pumpido en el TC: ¿cómo afecta esto a la amnistía?
El presidente del organismo termina mandado en diciembre y si no hay renovación continuaría en funciones
MadridCuatro de los doce magistrados del Tribunal Constitucional acaban mandado este diciembre y eso sitúa a PSOE y PP ante una nueva negociación para renovar el máximo intérprete de la Constitución. Se necesita una mayoría de tres quintas partes del Senado y, por tanto, los dos grandes partidos deben ponerse de acuerdo. A finales del 2025 habrán cumplido nueve años como miembros de este organismo el actual presidente, Cándido Conde-Pumpido, y los magistrados Ricardo Enríquez y María Luisa Balaguer, nombrados por la cámara alta en el 2017. En cuanto a José María Macías, fue designado en julio del 2024 para cubrir 2022 por motivos de salud— y podrá ser elegido de nuevo porque no habrá cumplido un tercio de mandato. ¿Cómo afectarán los cambios a la resolución de los recursos sobre la amnistía?
Conde-Pumpido ha sido retratado por la derecha española como una extensión de la Moncloa al TC y una especie de valedor de la amnistía en la sombra, incluso antes de que se hubiera aprobado la ley en el Congreso. De hecho, en los últimos meses PP y Vox han restado legitimidad a la institución al considerar que Conde-Pumpido carece de imparcialidad, anclando así un relato argumental para cuestionar el aval del tribunal a la ley de olvido judicial del Proceso. En este contexto, la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo, que podría tener la tentación de bloquear y esperar si las próximas elecciones le dan una mayoría de tres quintas partes en el Senado, se inclina por facilitar la renovación que deberá realizar la cámara alta el próximo trimestre, porque permitirá la salida del también ex fiscal general del Estado. "Lo que no hará el PP es permitir que Conde-Pumpido continúe. Si lo que quiere el gobierno español es parapetarlo, que no cuente con nosotros", ha subrayado la portavoz conservadora en el Congreso, Ester Muñoz, en rueda de prensa desde la sede de Génova este lunes.
En principio, pues, a finales del 2025 el Senado elegirá a los nuevos cuatro magistrados, con la incógnita de si la carpeta de la amnistía estará todavía abierta. Antes del verano Conde-Pumpido quiso dar respuesta al primer recurso de inconstitucionalidad, el del PP, que ya sirve como esqueleto para todas las sentencias que vendrán. Ahora bien, están pendientes los recursos de amparo de los líderes del Proceso condenados por el 1-O, como Oriol Junqueras (ERC) y Jordi Turull (Junts), que mandan sus respectivos partidos, pero están inhabilitados para presentarse a unas elecciones debido a la negativa del Supremo a aplicarles la amnistía. Las mayorías en el TC no deberían verse afectadas y la previsión es que la salida de dos magistrados del bloque progresista —Conde-Pumpido y Balaguer— y dos conservadores —Enríquez y Macías— se supla con nuevos integrantes escogidos a partes iguales por PSOE y PP.
Es de prever que los socialistas se encargarán de situar en el tribunal a magistrados que no hagan descarrilar la mayoría de 6 a 4 que ya avaló la amnistía en junio. Quedan semanas aún por afrontar esta renovación y desde el PSOE no quieren adelantar eventos. Fuentes del propio TC admiten que la situación hace mal pronosticar, también si los recursos de los líderes del 1-O se habrán resuelto cuando llegue esta renovación. De hecho, el expresident Carles Puigdemont le presentó a mediados de julio y habrá que ver qué prioridad quiere darle a Conde-Pumpido. Se espera que este otoño se aceleren estos expedientes, teniendo en cuenta que los afectados están actualmente sufriendo una restricción de derechos derivada de la no aplicación de la amnistía, como es el de sufragio pasivo para los ya condenados y la libertad deambulatoria en España en el caso del líder de Junts, que ha solicitado como medida cautelar que se mantiene Larena. Fuentes del TC aseguran que en septiembre se estudiará si aceptan o no la petición de Puigdemont, lo que puede provocar un choque con el magistrado instructor del Tribunal Supremo.