Menos Proceso y más lengua, vivienda y educación: así ha cambiado el choque con el TC

BarcelonaLos magistrados del Tribunal Constitucional firman cada vez menos sentencias sobre el Proceso. Esto es lo que se desprende del informe anual del Instituto de Estudios del Autogobierno de este año, que constata que sólo cinco de las casi 200 sentencias firmadas en 2023 resuelven litigios relacionados, directa o indirectamente, con el derecho a decidir y el proceso independentista. Estas cinco sentencias, enmarcadas en un total de ocho autos dictados sobre estos litigios, hicieron que el 2023 fuera uno de los años con menor actividad del TC relacionada con el tema. Desde antes del 2017 –cuando aún debían resolverse casi todas las cuestiones en torno al referéndum del 9-N del 2014– que no tenía tan poco trabajo vinculado al Proceso. En 2019 el número de autos se encaramó hasta 53 y en 2020 hasta 51.

Si nos fijamos en el histórico, el número de sentencias e autos que ha emitido a lo largo de la década son un reflejo de cómo ha evolucionado el conflicto entre Cataluña y el Estado. En 2014, con el 9-N, empezó el choque que trasladó muchas decisiones del Parlament al TC, aumentó el número en 2017, y culminó con la sentencia del juicio del Proceso de 2019. Los datos muestran el decalaje de entre dos y tres años que han tardado en emitirse las sentencias de los recursos de inconstitucionalidad y los de amparo que se han interpuesto en los últimos años. A partir de 2022, por tanto, el TC culmina el trabajo acumulado sobre el 9-N y el 1-O, y los recursos interpuestos durante el primer período de prisión y el exilio.

Para Gerard Martín, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, ​​y uno de los autores del informe del IEA, el análisis es sencillo: “La unilateralidad no se practica”, sentencia, en conversación con el AHORA. Más allá del bloque de la amnistía, que se empezará a resolver en los próximos meses, lo que queda por resolver del período convulso de la última década son los recursos interpuestos contra la decisión inicial de la JEC de no otorgar el escaño de eurodiputado a los dirigentes independentistas encarcelados o al exilio.

La nueva conflictividad

El descenso de la actividad sobre el Proceso contrasta, dice el informe, con tres materias que define como "conflictivas": la lengua, la vivienda y la educación. Aunque en un volumen inferior al que fue el Proceso, son ámbitos sobre los que el TC ha tenido que pronunciarse en los últimos tiempos, y que se confirman como uno de los que plantean más dudas de constitucionalidad; y, además, van más allá de Catalunya. "Aquí la problemática está relacionada con cómo funciona el estado autonómico y los límites que tiene el autogobierno", dice Martín.

Las cuestiones que tienen que ver con la lengua llegan al tribunal de garantías por conflictos en el uso de lenguas distintas del castellano a la justicia, la administración o la escuela. En 2023, por ejemplo, tuvo que resolver sobre la modificación de la ley orgánica de educación que eliminaba la definición vehicular del castellano, desestimó un recurso que denunciaba que un auto de un tribunal de las Islas Baleares estaba en catalán, y estimó una cuestión de inconstitucionalidad sobre el uso del euskera en documentos de la administración local del País Vasco . En vivienda, ha resuelto cuestiones como la suspensión de los desahucios en determinados supuestos o leyes autonómicas de ampliación del parque de vivienda pública, y del ámbito educativo, sobre la capacidad de las autonomías de modificar y adaptar currículos o pruebas finales de evaluación, además de las controversias lingüísticas.

Lo que vendrá

Pero esta calma del tribunal en lo que se refiere a las cuestiones del Proceso se está acabando. El bonus track de la larga discografía que han sido los recursos para el 9-N, el 1-O, la cárcel, el exilio y los indultos serán los recursos que ha recibido, y los que recibirá, por la amnistía. Por un lado, tendrá que resolver los que han interpuesto o interpondrán el Partido Popular y las autonomías en las que gobierna a lo largo de las próximas semanas y los de las partes contrarias a la concesión del olvido judicial; y por otra, los recursos a los casos de inaplicación de la norma; por ejemplo, los que presentarán a los líderes del 1-O a los que el Tribunal Supremo no aplica la amnistía por malversación. “Dará mucho trabajo al tribunal”, valora Martín, aunque descarta que llegue a un volumen como el de los recursos presentados entre 2017 y 2019.

Lo que sí puede suponer la amnistía es un cambio de dinámica en el funcionamiento del TC, puesto que ahora tiene una mayoría progresista. Durante el Proceso, la gran mayoría de las resoluciones se han dictado por unanimidad de los miembros del tribunal, "con algunas decisiones controvertidas desde el punto de vista jurídico", concluye Martín. Si la amnistía pasa el filtro del órgano, nada hace prever que así sea.