PSOE, PP y Vox impiden que el Congreso investigue el Tribunal de Cuentas

BarcelonaEl PSOE, PP y Vox han unido sus votos este martes en la mesa del Congreso para rechazar las peticiones de las formaciones independentistas y soberanistas para la creación de comisiones de investigación sobre el sesgo político del Tribunal de Cuentas y las presuntas comisiones de Joan Carles I producto de la venta de armas. Los socialistas han votado en contra de las comisiones amparándose en los escritos de los servicios jurídicos del Congreso, que sostienen que la cámara no tiene potestad para controlar otras instituciones del Estado cómo son el Tribunal de Cuentas o la monarquía. Podemos se ha quedado solo apoyando a las iniciativas.

ERC, Junts, el PDECat, la CUP, Bildu, Compromís, Més País y el BNG registraron una petición conjunta la semana pasada para crear una comisión de investigación que analizara si el Tribunal de Cuentas ha actuado con sesgo político en las investigaciones que ha llevado a cabo hasta ahora. Desde el 2014 el tribunal ha obligado decenas de líderes independentistas y cargos de la Generalitat a pagar más de 35 millones de euros, unas actuaciones que según el texto contrastan con su laxitud respecto a las irregularidades contables de otras administraciones.

La petición de los grupos parlamentarios dice que la ley del Tribunal de Cuentas establece que el órgano tiene que actuar de acuerdo con los principios de legalidad e imparcialidad, y hará constar todas las infracciones, abusos o prácticas irregulares que haya observado con indicación de las responsabilidades y de las medidas para exigirlas. Sin embargo, el escrito asegura que los informes que presenta el Tribunal de Cuentas respecto a algunas administraciones demuestran una "absoluta inobservancia" de lo que establece la ley incluso en los casos en que los informes recogen "graves irregularidades en materia contable".

Las formaciones también propusieron crear una comisión de investigación sobre el rey emérito para esclarecer las informaciones que atribuyen parte de su fortuna a operaciones de tráfico de armas a países árabes por medio de una empresa hispano-saudí supuestamente creada para canalizar el comercio entre los dos países.