A Puigdemont le conviene colaborar

MadridEn teoría, el curso político y judicial acaba ahora a finales de julio, pero es un decir, porque de hecho continúa, dado que hay mucha materia pendiente de canalizarse. En los centros de poder de Madrid los que se van de vacaciones lo hacen con el compromiso de no perder el teléfono móvil de vista. El revuelo ha estado estos días en el Congreso de los Diputados, pero para entender lo que puede pasar en la segunda mitad del año, donde debemos poner la oreja es al pulso entre el Supremo y el Constitucional. Los problemas de aplicación de la ley de amnistía y el papel que el órgano de garantías pueda desempeñar en esta cuestión son de especial relevancia para el futuro inmediato. Hay que tenerlo muy en cuenta en relación al proceso para desbloquear la investidura del próximo presidente de la Generalitat. Por su propio interés, a Puigdemont le conviene no ser un obstáculo.

Lo más importante de estos meses es lo que ocurra en Cataluña, y sus consecuencias. El debate sobre los planes de regeneración democrática que quiere impulsar al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, es la parte adjetiva del relato sobre el momento que vivimos. Y no creo que avance mucho. La rotura parcial entre los populares y Vox no implicará ningún acercamiento entre los dos grandes partidos estatales. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ni siquiera considera que deba realizar el menor esfuerzo para aplicar en España las decisiones de la Unión Europea sobre transparencia de las empresas propietarias de los medios de comunicación y sobre los factores que favorecen la manipulación de la opinión pública.

Desgastar a Pedro Sánchez

A la espera de lo que ocurra en Catalunya, el ciclo electoral de 2024 ha quedado atrás, pero los populares siguen golpeando la figura de Pedro Sánchez para intentar desgastarlo lo antes posible. El líder socialista se burló de Feijóo en lo posible, durante el debate sobre la regeneración, preguntando si la pelea con Vox es un divorcio o una discusión pasajera. Y el dirigente popular se lo volvió recomendando a Sánchez que si está preocupado por problemas de pareja mejor que se ocupe de lo que tiene en su casa, en obvia alusión al procedimiento judicial en curso contra su esposa, Begoña Gómez, que el viernes se negó a declarar ante el juez.

En resumen, por tanto, el debate sobre regeneración democrática mostró la inmensa dificultad de buscar acuerdos para fortalecer el sistema institucional y reducir los riesgos de degradación de la vida democrática por la vía, entre otros, de dar transparencia a la política de subvenciones a los medios de comunicación y la composición de su accionariado. Me pregunto si, en el fondo, hay algún partido sinceramente interesado en avanzar por ese camino. Sánchez llegó a decir que existen líneas editoriales que cambian porque, sencillamente, se compran. Feijóo no mostró gran interés sobre el fenómeno, que en realidad le va bien.

El PP lleva meses pidiendo explicaciones a Sánchez sobre Begoña Gómez y sus relaciones con empresarios interesados ​​en recibir subvenciones, uno de ellos, Juan Carlos Barrabés, ya ha pasado de testigo a investigado. Pero los populares no han querido citar a Sánchez en las comisiones de investigación abiertas en el Congreso o en el Senado. Es más cómodo que el juez Juan Carlos Peinado vaya haciendo diligencias sobre la mujer del presidente, y que las especulaciones y sospechas puedan crecer sin que el procedimiento judicial se acabe de canalizar hacia acusaciones concretas, o hacia el archivo. Lo que sí hay es un nuevo investigado, el empresario Juan Carlos Barrabés, quien en alguna de sus visitas a la Moncloa fue recibido no sólo por la esposa del presidente, sino también por el propio Pedro Sánchez.

Mensaje en la sentencia de los ERE

Mientras la regeneración democrática no llega, no deberíamos perder de vista la importancia que han tenido las sentencias del Constitucional sobre el caso de los ERE de Andalucía. El tribunal ha dejado prácticamente exculpados a los expresidentes socialistas andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, entre otros ex altos cargos del gobierno autonómico de dicha comunidad autónoma.

La primera de estas resoluciones, que rebajó mucho la pena impuesta a la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez, decía innecesariamente, porque es obvio, que los jueces “están sometidos al imperio de la ley, tienen el deber de respetarla cualquiera que sea el juicio que su contenido les merezca”. Y añadía que, si consideran que una ley es inconstitucional, pueden plantear una cuestión de inconstitucionalidad, “pero fuera de este supuesto no podrán cuestionar sus determinaciones y, menos aún, no tomarla en consideración”. Es muy evidente que el Constitucional estaba aprovechando la exposición de los fundamentos jurídicos de sus sentencias sobre el caso de los ERE para lanzar un mensaje al Supremo sobre la ley de amnistía. Lo reconocen fuentes del propio órgano de garantías.

Una partida larga

En cualquier caso, la partida entre el Supremo y el Constitucional sólo acaba de empezar, y será larga. Puigdemont tendrá que tener paciencia. Y le conviene colaborar y no poner bastones en la rueda del desbloqueo político en Catalunya, mientras pide amparo en el Constitucional. Pasará tiempo antes de que el líder de Junts pueda regresar sin riesgo de ser detenido. De entrada, serán tres las barreras del Supremo en la ley de amnistía. La primera ha sido la negativa a aplicarla en el delito de malversación. Otra ha consistido en preparar una cuestión de inconstitucionalidad sobre el delito de desobediencia, una iniciativa con la que, en el fondo, lo que está atacando es la ley de amnistía en su conjunto.

Para resolver esta cuestión el tribunal no deberá pronunciarse exclusivamente sobre este delito. Deberá decidir sobre la constitucionalidad de la ley en sí misma. Y la tercera barrera consistirá en dirigirse a la justicia europea cuya consulta implicará un nuevo cuestionamiento de la ley. Las fuerzas independentistas en general, y Puigdemont en particular, deben entender que el Constitucional no puede levantar esta secuencia de obstáculos con rapidez. Y que tendrá menos estímulos para hacerlo si Junts no pone de su parte. Ahora estamos en una fase de tanteo. El PP lo sabe, por lo que no ha recurrido todavía la ley. Espera a ver si funciona la estrategia del Supremo. Eso sí, mientras en público reclama insistentemente la despolitización de la justicia.