La no-amnistía de Puigdemont

BarcelonaEsta semana se han sucedido como un dominó todas las decisiones relacionadas con la amnistía que afectaban a la cúpula del Proceso y, concretamente, al expresidente Carles Puigdemont. Y, de entrada, no son buenas noticias para los líderes del 1-O: el olvido penal de sus casos, a diferencia de los más anónimos, no será inmediato. Y, en función de cómo termine la batalla judicial en el Tribunal Constitucional a través de un recurso de amparo (y después en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos), vete a saber si estará. Esto dinamitaría la legislatura catalana, pero sobre todo, la española.

El encargado de poner en marcha el baile fue el Tribunal Supremo. Hasta la decisión del juez instructor, Pablo Llarena, y la sala que preside Manuel Marchena, todas las resoluciones judiciales habían ido en la línea de aplicar directamente la ley. Los primeros en beneficiarse de ellos fueron el exconseller Miquel Buch y el escolta de Puigdemont, así como una decena de manifestantes y los policías del 1-O.

El Supremo rompe esta dinámica de dos formas: considera inaplicable la amnistía para el delito de malversación en el caso de Puigdemont y también eleva una cuestión de inconstitucionalidad sobre la ley a la hora de decidir si amnistía o no el delito de desobediencia. Por tanto, por un lado, inaplica la amnistía con una nueva interpretación del delito de malversación; y por otra, chuta el balón adelante para que, ante todo, haya que pronunciar el Tribunal Constitucional. Todo parece un déjà vu de cuando el Supremo dejó en papel mojado la reforma del Código Penal.

Lo copia, a su manera, la jueza del Supremo Susana Polo, que instruye la causa de Tsunami, y también la Audiencia Nacional, que quieren elevar una cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo hacen porque, dicen, tienen dudas de que un supuesto delito de terrorismo sea amnistiable en el marco del derecho europeo, y alargan así los trámites para aplicar la ley meses más tarde, o incluso un año, a pesar de que la norma da dos meses para ser efectiva (hasta el 11 de agosto). Mientras Luxemburgo no la resuelva, no habrá una decisión sobre si Puigdemont, pero también Marta Rovira, José Luis Alay o Ruben Wagensberg pueden ser amnistiados por las protestas postsentencia.

Esto tiene consecuencias directas con los planes de retorno de los exiliados. Si bien Puigdemont se planteaba un retorno conjunto, con las decisiones de esta semana está claro que si quiere arriesgarse a pisar territorio español parece que lo hará solo. Rovira siempre ha dicho que condicionaba su regreso a clarificar su situación judicial, mientras que Toni Comín y Lluís Puig han dejado ya en el aire su regreso. Solo Puigdemont –según transmiten tanto Junts como su abogado, Gonzalo Boye– mantiene el calendario del regreso por la investidura, sea la suya o la de Salvador Illa, aunque implique la detención. ¿Volverá esta vez oa última hora cambiará el guión? Hay quien se le cree y hay quien no, pero si no cumple su promesa electoral pone en entredicho "su crédito político", afirma un dirigente de Junts, "volverá". Y es que no sería la primera ni la segunda vez que ha situado esa expectativa en el horizonte.

Por eso Jordi Turull transmite a las bases de Junts que hagan "vacaciones de km 0", y el ANC, con el Consejo para la República, ya se prepara para una eventual movilización. ¿Y con qué objetivo? Hacer reavivar la movilización independentista (con el riesgo de que no ocurra) o cortocircuitar una alianza de Esquerra con el PSC, ya que la estrategia de Junts parece evitar una presidencia de Isla, ir a una repetición electoral y, si puede , convencer a Izquierda para realizar una lista conjunta.

El jueves Sergi Sabrià dimitió como viceconsejero del Govern por el caso de los carteles destapado por el ARA. Compareció en la sede de ERC en una sala repleta de medios de comunicación y dirigentes políticos. Pero la temperatura era más bien fría, sobre todo cuando acabó la rueda de prensa: el ambiente quedó helado por el aire acondicionado. De tanto frío que hacía, hubo periodistas que fueron a escribir afuera.

La rueda de prensa que no fue pacífica fue la de esta semana en el consejo de ministros entre la portavoz, Pilar Alegría, y la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz. Díaz se prolongó en sus respuestas sobre la reducción de la jornada laboral y quiso responder a una pregunta sobre la renovación del CGPJ que iba por la portavoz, cuestionando, por ejemplo la elección del juez José María Macias que ha hecho el PP por el TC y tendrá que votar al PSOE.