Begoña Gómez se niega a declarar y la derecha ya especula con su culpabilidad

MadridPor segunda vez en quince días, Begoña Gómez compareció en los juzgados madrileños de plaza Castilla, pero decidió no declarar como investigada por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La primera vez no lo hizo escudándose en un error procesal y este viernes la esposa de Pedro Sánchez ha argumentado, en boca de su abogado, que no declaraba por la "falta de garantías" del procedimiento judicial. Así, fue sólo cinco minutos ante el juez Juan Carlos Peinado. Su silencio dio munición a la derecha, que ya especula con su presunta culpabilidad. "Mi representada no ha declarado no porque tenga nada que esconder, no porque no quiera dar explicaciones, sino porque esta defensa se lo ha recomendado", replicó Antonio Camacho, el abogado de Gómez, a la salida del edificio. "[El caso] se ha quedado sin contenido. No entendemos qué guía el juzgado instructor en esta investigación expansiva", ha insistido Camacho.

El sindicato de extrema derecha Manos Limpias, el primero en presentar una denuncia contra la mujer del presidente del gobierno español –basada en informaciones periodísticas–, ha anunciado que ampliará la querella contra ella añadiendo un nuevo delito, el de intrusismo profesional. En una atención a los medios, el secretario general de la organización, Miguel Bernad, ha esgrimido nueva documentación "en la que Gómez firma de su mano un pliego de prescripciones técnicas de un contrato para las pymes". Por otra parte, Vox, también acusación popular, ha anunciado que pedirá que Sánchez tenga que comparecer como testigo. "Si su mujer se ampara en el derecho a no declarar y no da las debidas explicaciones, Sánchez deberá venir a declarar como testigo y explicar de qué hablaron en las reuniones en la Moncloa", ha dicho el coordinador jurídico del partido, Jorge Buxadé, quien recordó que el empresario Juan Carlos Barrabés, el principal beneficiario de las contrataciones públicas que se investigan en el caso, declaró haber coincidido con Sánchez en un par de ocasiones en la Moncloa.

Indignación de la derecha

La decisión de no declarar ha provocado la indignación de las acusaciones populares –Vox, Manos Limpias, Hazte Oír, Yustitia Europa y Movimiento de Regeneración Política de España– y también del PP. A la salida de los juzgados, representantes de los cinco partidos y organizaciones vinculados a la extrema derecha tildaron de "burla" y "tomada de pelo" la actitud de Gómez. "No quiere colaborar con la justicia", concluyeron, y añadieron que "quien tiene algo que ocultar prefiere callar". "Protegerse por no tener que dar explicaciones lo único que hace es atizar las sospechas", ha asegurado también el portavoz del PP, Borja Sémper, en una atención a los medios frente a la sede de los populares.

El PP ha hecho sangre durante la semana con el caso y acusó a Sánchez de utilizar el plan de regeneración democrática que presentó el miércoles en el Congreso como maniobra de distracción para taparlo y controlar los medios que publican informaciones comprometidas. El portavoz del PP criticó que el jefe del ejecutivo vive, junto a su esposa, "en una realidad paralela en la que cree que está permitido no dar explicaciones" y actuar con "opacidad". Por eso insistió en que Sánchez debe dar explicaciones "en sede parlamentaria" sobre este asunto, pero al mismo tiempo rechazó poner fecha a la citación del líder socialista en la comisión de investigación que está en marcha en el Senado.

Medidas excepcionales

A raíz de la expectación mediática del caso, así como por la presencia de agitadores ultras, este viernes se han vuelto a adoptar medidas de seguridad excepcionales. Parte de las quejas de las acusaciones populares y del PP se han centrado en esto: lo han considerado un "abuso" y han lamentado la movilización de recursos públicos que ha implicado sin que Gómez haya declarado ninguna de las dos veces que se ha desplegado este dispositivo. "Es una escena propia de una dictadura bolivariana", se ha sumado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Como ya ocurrió hace dos semanas, un grupo de manifestantes se ha concentrado a las puertas de los juzgados convocados por Hazte Oír, una de las organizaciones querelladas contra Gómez y personadas como acusación popular.

La entrada el 5 de julio de agitadores de extrema derecha como Vito Quiles en la zona donde debía declarar Gómez, así como la filtración de imágenes dentro de la sede judicial, algo que no está permitido, provocaron que este segundo una vez restringido aún más el acceso a la zona donde ha comparecido Gómez –la sexta planta. De hecho, Quiles ha vuelto a entrar en los juzgados como ciudadano particular, pero esta vez el personal de seguridad le ha expulsado escoltándole hasta la puerta. Gómez accedió en coche oficial por el parking y estuvo menos de una hora dentro de las dependencias judiciales. Se ha estado menos rato que hace quince días, cuando Peinado aplazó la declaración hasta este viernesporque no se le había notificado la querella de que la asociación de extrema derecha Hazte Oír ha interpuesto contra ella, pero el resultado ha sido el mismo. Se ha vuelto a marchar sin haber respondido a las preguntas del titular del juzgado 41 de Madrid, si bien esta vez sin ninguna nueva fecha en el horizonte.