Puigdemont, en manos del Constitucional

MadridPuigdemont vuelve a estar en manos del Constitucional. Lo estaba en primera instancia hasta que el tribunal avaló la ley de amnistía. Esto ya se logró, pero no es suficiente. Pasada esta pantalla, lo importante es cómo se resolverá el recurso de amparo que ha presentado ante el mismo órgano de garantías. La respuesta no llegará hasta dentro de algunos meses, pero sin embargo podría no ser el último capítulo. De momento, el Constitucional no tiene prisa por dictar sentencia. No tiene plazos concretos y antes de discutir si en este caso hubo o no vulneración de derechos fundamentales, primero debe escuchar a las partes del proceso. Por otra parte, la petición de Puigdemont de una medida cautelarísima para que se levante la orden de prisión que sigue vigente si pisa territorio español no se modificará de forma inmediata. La medida cautelarísima que ha pedido la defensa –a cargo del abogado Gonzalo Boye– no es de las que suelen prosperar. Más bien lo contrario.

De hecho, el tribunal empezará a ocuparse a fondo de los recursos de amparo de los líderes del Proceso a la vuelta de las vacaciones. Hay que tener en cuenta que también han presentado recursos Oriol Junqueras y Jordi Turull, así como Toni Comín y Lluís Puig. De forma explícita o implícita, el órgano de garantías dejará claro ahora que se mantiene la situación existente y, por tanto, Puigdemont podrá ser detenido si aparece en cualquier lugar de España, porque el orden de detención sigue vigente. Lo más importante llegará después. El líder de Junts lleva casi ocho años viviendo en Bélgica y será allí donde sabrá si finalmente el Constitucional considera que se vulneraron sus derechos fundamentales por no haberse podido beneficiar de la aplicación de la ley de amnistía. La reciente sentencia que ha certificado la constitucionalidad de la norma no hace ninguna referencia a la decisión del Supremo de negar el perdón en cuanto al delito de malversación. Pero ahora sí tendrá que pronunciarse. Lo que hay sobre la mesa, por tanto, es si el Constitucional vuelve a corregir al Supremo, como ya hizo en las sentencias que desactivaron las condenas sobre el caso de los ERE de Andalucía.

El recurso de Puigdemont pone absolutamente en cuestión la decisión del Supremo. Si el Constitucional asume esta tesis y le da amparo, la cuestión volverá a quedar en manos del tribunal que instruyó y juzgó la causa del Proceso, que deberá aplicar la resolución del órgano de garantías. El Supremo ya dijo que mantenía abierta la posibilidad de consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si el Constitucional decide que la malversación debe ser incluida entre los delitos a los que debe aplicarse la amnistía. Por tanto, hipotéticamente podría ocurrir que la justicia europea vuelva a entrar en escena cuando se sepa la resolución del Constitucional. Ahora, el TJUE tiene cuatro consultas sobre las que ya se ha celebrado una vista. España ha pedido a este tribunal que rechace la tesis de la afectación del derecho europeo por la amnistía. Y la propia Comisión Europea ha dicho que sus intereses financieros no se vieron perjudicados por los hechos objeto de perdón. Lo razonable, por tanto, sería que la justicia europea se mantuviera al margen de las implicaciones de la amnistía en el debate interno español. Me parece probable que el Supremo está a punto de abrir una nueva etapa, más moderada, sobre los casos con mayor carga política. En definitiva, lo lógico sería que el Constitucional diga la última palabra sobre la amnistía y que nadie agite la reapertura de la controversia. En el fondo, esto es lo que más conviene también a Feijóo, que de ese modo tendría un panorama más claro en Catalunya si gana las próximas elecciones.

Los casos Cerdán y Montoro

Mientras las elecciones no llegan, el país parece ser un colador. Todo son agujeros por los que pasan los diferentes tipos de corrupción, formando un panorama desalentador. Teníamos un PSOE con el agua en el cuello, impulsando iniciativas para tratar de recuperarse del caso Cerdán-Ábalos-Koldo, cuando saltan las alarmas en el PP y se obliga a un exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a abandonar el partido en cuestión de horas. La situación es un drama para los dos grandes partidos estatales pero también para el país. Ahora habría que preguntarse cómo lo harán socialistas y populares para pedirle el voto útil a los ciudadanos cuando se convoquen las elecciones generales. ¿De qué hablarán Sánchez y Feijóo en el debate cara a cara con el que debería abrirse la campaña? ¿Y en qué términos? ¿Podríamos soportar que reprodujeran el tono y los contenidos habituales de las sesiones parlamentarias, según el manual del "y tú más"?

Si esto sigue así, será cada vez más difícil establecer pronósticos sensatos sobre lo que pueda ocurrir en las elecciones, porque aquí ya todo el mundo dispara a discreción, buscando el máximo nivel posible de destrucción del adversario. El problema no es la crítica exigente, sino la concentración del fuego en un punto principal de discusión, el de la corrupción de los demás, más que la propia, que se despacha como un caso de traición y decepción. La consecuencia es que puede reducirse a mínimos la confianza en las fuerzas políticas más importantes, que lo son por su peso decisivo a la hora de formar mayorías. Y así estamos arrastrando también la credibilidad de un buen número de instituciones, convertidas en tierra quemada por la polarización y el populismo.

Es esta tensión permanente entre socialistas y populares, sin espacio para ningún tipo de pacto, la que se ha ido contagiando al funcionamiento de estas instituciones, muy en particular las de la justicia. Vetadas por la derecha judicial, dos magistradas progresistas del Supremo –Ana Ferrer y Pilar Teso– han tenido que renunciar a ser candidatas a presidir las salas penal y contenciosa, respectivamente, para favorecer un acuerdo con los conservadores. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Supremo, Constitucional, Tribunal de Cuentas y Fiscalía son escenario de una batalla que refleja la de los dos grandes partidos. La lucha contra el bipartismo nos ha generado otros problemas y otros monstruos, porque la fragmentación ha tenido efectos paralizantes sobre muchas materias, principalmente las relacionadas con el tercer poder del Estado, el judicial.