Puigdemont se querella por prevaricación y malversación contra el juez del caso Volhov
Su abogado, Gonzalo Boye, y el jefe de la oficina del expresidente, Josep Lluís Alay, también se querellan después de que les haya imputado por traición
BarcelonaEl expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, así como su abogado, Gonzalo Boye, y el jefe de la oficina del expresidente, Josep Lluís Alay, han presentado este martes una querella por los delitos de prevaricación y malversación contra el magistrado Joaquín Aguirre, el juez que instruye el caso Volhov. Todo después de que Aguirre moviera ficha de nuevo y abre una pieza separada del caso Volhov e implicara a Puigdemont, Boye y Alay, además de una decena de ex altos cargos de la Generalitat y colaboradores del expresidente, entre ellos el expresident Artur Mas, imputándoles un delito de alta traición, supuesto que no incluye la ley de amnistía. En el escrito de 39 páginas presentado ante la sala penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), al que ha tenido acceso el ARA, los demandantes piden apartar cautelarmente al magistrado de la investigación.
La querella por prevaricación se presenta porque Puigdemont, Boye y Alay consideran que se les vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva con la apertura de la pieza separada, dejando sin efecto la resolución de la Audiencia de Barcelona que pedía el archivo del caso. Consideran que el juez Aguirre "ha dinamitado el sistema judicial y el estado de derecho" porque se erige "en único juez, que todo lo puede ante todo el mundo, incluso los órganos superiores que resuelven recursos de apelación contra las sus resoluciones".
Además, dicen que la apertura de la causa separada no es un error de interpretación del magistrado, sino una desobediencia consciente, y consideran "grosero y extravagante" que Aguirre buscara una "solución alternativa a los reparos técnico-procesales de la Audiencia", en palabras del propio juez. Los demandantes explican que todo ello forma parte de un "plan para incumplir el auto [de la Audiencia de Barcelona] consistente en desplazar unos hechos investigados de una pieza a otra", lo que consideran un "ilegal mecanismo de clonado" de la causa. Añaden que el magistrado lo describe "sin ningún pudor", y que confiesa abiertamente el delito en el escrito de apertura de la investigación.
La justificación para querellarse contra Aguirre por un delito de malversación de fondos públicos es "la caprichosa y arbitraria voluntad del magistrado" de poner en marcha una investigación policial que "no debe realizarse" para que la Audiencia de Barcelona ya había pedido cerrar la causa, incurriendo así en un "gasto indebido de fondos públicos", porque ha designado a funcionarios policiales labores de investigación de una causa que consideran que debería estar cerrada.
Puigdemont, Boye y Alay piden medidas provisionales contra el magistrado y que se le suspenda de sus funciones en la investigación del caso, y que se detenga la investigación que, consideran, implica una vulneración de sus derechos fundamentales, gastos indebidas y "vergüenza" en la administración de justicia. Además, justifican estas medidas cautelares por la posible reacción que pueda tener Aguirre frente a la demanda. El escrito también argumenta que Aguirre tiene un "interés personal" que se denota en la investigación y que se conoce públicamente, en referencia a los audios donde el magistrado se alababa de estar frenando la amnistía.
Una decena de investigados
Para continuar con la investigación de la supuesta injerencia rusa durante el Proceso para desestabilizar a España, Aguirre recuperó la pieza separada del caso Volhov bajo el nombre de Catmón-Igman. La pieza no tenía que ver con Rusia, había quedado inactiva desde el 2021, se refería a un supuesto otorgamiento irregular de subvenciones de la Diputación de Barcelona a estas dos entidades y señalaba al exresponsable de relaciones internacionales de CDC Víctor Terradellas (también presente en la nueva investigación) y el diputado de Junts Francesc de Dalmases.
Además de Puigdemont, Boye y Alay, en la investigación constan la exconsejera Elsa Artadi, al tiempo que amistades del líder de Junts que hasta ahora habían sido ajenas a causas judiciales, como el periodista Carles Porta o el empresario gerundense Miquel Casals. También constan Natalia Boronat, Zeus Borrell y Aleksander Dmitrenko, y el expresidente de la Generalitat Artur Mas, que Aguirre cree que ejerció influencia en la supuesta trama tanto cuando estaba en la Generalitat como cuando salió.
