Las reglas del juego saltan por los aires

MadridUna de las peores consecuencias de la etapa que vivimos es que han saltado por los aires las reglas del juego. Dice Aznar que está preocupado pero en que España resistirá la prueba, en referencia a la supuesta devastación del principio de igualdad que supone la ley de amnistía. Pero mientras nos encontramos con este tipo de declaraciones grandilocuentes, los mismos que las realizan promueven actuaciones que demuestran una manifiesta voluntad de manipulación de instituciones y procedimientos, como si esto no tuviera importancia. Si no fuera porque no me gusta exagerar diría que estamos asistiendo a una especie de lawfare generalizado. Lawfare, recordémoslo, significa instrumentalización de la justicia con fines políticos. Y en este contexto yo doy a la expresión un significado y un sentido más amplios, para referirme a las iniciativas que sencillamente persiguen manipular el funcionamiento de las instituciones, sus capacidades y mecanismos, en una estrategia en la que todo se ahí vale para ganar la partida.

Os pongo unos ejemplos. Ha dicho Vox que el Senado debe negarse a tramitar la ley de amnistía. Así, por la boquilla grande, no hace falta matizar nada. Nos negamos, y punto. El PP, más sutil, ha llevado el debate a la mesa de la Cámara Alta, donde tiene mayoría, y lo que ha decidido es pedir un informe al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la misma ley, cuando tratándose de una proposición de ley, el órgano de gobierno de los jueces no tiene nada que decir, porque legalmente no le corresponde hacer ningún dictamen. Pero da igual, se pide, y ya nos lo harán, no necesitamos sufrir. Y, además, la mayoría conservadora del CGPJ dirá lo que nos conviene, y es que la ley es inconstitucional. ¿Que resulta que este informe no debería hacerse porque no tiene ningún apoyo legal pedirlo? ¿Y esto a quién le importa? La cuestión es acumular hechos y argumentos contra el adversario político. Ahora que baja la participación en las manifestaciones ante la sede del PSOE, un buen dictamen sirve para seguir atacando al oponente y tratar de desgastarle.

Si con esto no es suficiente, un buen número de recusaciones de magistrados del Constitucional también ofrece buen servicio. Quienes han presentado los primeros recursos de amparo contra la ley de amnistía saben perfectamente que no tienen posibilidad alguna de prosperar. Pero da igual, porque puñadas con los recursos van las recusaciones contra los magistrados del grupo progresista del tribunal, a ver si hacemos caer alguno. Solo lo conseguirán con el exministro de Justicia Juan Carlos Campo, quien ya ha dicho que se abstendrá de intervenir sobre los recursos contra la ley, cuando se apruebe en el Congreso, porque cuando informó a favor de los indultos añadió que eran constitucionales, no como la amnistía, que él considera contraria a la Constitución. Pero las recusaciones contra los otros cuatro se rechazarán, y ellos no tienen intención de abstenerse. Ahora bien, ya les habremos tocado y señalado como servidores del gobierno de Pedro Sánchez y dispuestos a bendecir todo lo que pueda convenir al líder socialista.

Podríamos seguir un buen rato. El fiscal general no es idóneo para el cargo porque fue fiscal de sala –la categoría más alta en la carrera– a su predecesora, Dolores Delgado, y la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio, no puede seguir al frente de esta institución porque no es una jurista de reconocido prestigio. Son decisiones que nunca se habían tomado y que van en la línea que sopla el viento, que es la de una oposición firme a la política de pactos de Sánchez y sus condiciones, singularmente la ley de amnistía. El PSOE, en definitiva, está pagando cada día un mayor precio por unos acuerdos en los que no era imprescindible introducir determinadas cláusulas. Y todo esto me hace pensar que después veremos cómo del dedo al hecho va un trecho. Doy un salto temático fuerte para deciros que no tengo demasiadas expectativas de que el diálogo iniciado en Ginebra sirva para gran cosa. Aquí también intuyo una especie de lawfare político, es decir, no de un uso desviado de la ley, sino de una declaración de intenciones que probablemente no se va a cumplir. No creo que los socialistas –con o sin verificadores internacionales– puedan aguantar la presión de unas negociaciones fuera de España ya oscuras, como han empezado.

Los contrapoderes dentro y fuera de España

El primer signo de reconducción es que Sánchez haya puesto en la agenda la cuestión de la financiación autonómica. El PP cree que es una maniobra de distracción, como el ofrecimiento de diálogo y un encuentro con Feijóo. Han dicho que se trata de simular que se habla con todo el mundo, ya sea en Ginebra o en Madrid. Pero no es tan sencillo. El encuentro este lunes del Consejo de Política Fiscal y Financiera servirá para que el PP tenga la oportunidad de exhibir todo su poder territorial. Y seguramente criticarán que el gobierno hable con otros a escondidas. Aquí estarán el PSOE y Sumar los acusados ​​de romper las reglas del juego, en beneficio de Junts y ERC. No sé si el verificador salvadoreño tendrá mucho trabajo y larga vida en esa función. Empiezo a dudar. En parte, porque todo lo que se acuerde al final debe pasar por las instituciones, y en este sentido no es cierto que el futuro de España se decida en Suiza. Pero no quedó nada que Pedro Sánchez tuviera que decir que las reuniones se hacen en Ginebra porque algunos participantes “viven fuera de España”, como si fuera por simple elección de residencia y no por estar lejos del Supremo y sus órdenes de detención. Ya veis que tengo muchas dudas de que este capítulo de las negociaciones con verificador acaben bien. Pienso más bien en aquellas técnicas de pesca que consisten en ir dando cuerda al pez hasta que se canse. Y en este caso se trata de un pez que no sacaría ningún provecho de apoyar una moción de censura.

Finalmente, una de Podemos y Sumar, un terreno donde tampoco se puede hablar de respeto a las reglas del juego. Los cinco diputados de Podemos también son prisioneros: no pueden derribar el edificio de los pactos, porque si lo hacen ya pueden salir de la política. Pero habían pagado un alto precio saliente del gobierno. Era injusto que no les dejaran hablar en el Congreso. Ellos, en cambio, se habían comprometido a mantenerse en el grupo parlamentario con Sumar. Estamos listos. Aquí nadie se siente inclinado a respetar acuerdos ni reglas del juego. ¿O quizás es verdad que el caos es sencillamente el orden que no acabamos de entender?