La Moncloa y Salvador Illa reclaman al Supremo que aplique la amnistía en Puigdemont

BarcelonaEl día que oficialmente el Tribunal Constitucional (TC) ha avalado la ley de amnistía, tanto la Moncloa como Salvador Illa han exigido al Tribunal Supremo que le aplique al expresidente Carles Puigdemont. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, fue claro en una comparecencia en el Congreso de los Diputados. "La amnistía no será completa hasta que no se aplique a todos los protagonistas del Proceso, incluidos sus líderes. Esa fue la voluntad del poder legislativo", dijo en referencia al exjefe del ejecutivo, exiliado en Bruselas desde 2017.

En la misma línea se " personas que aún no se hayan podido beneficiar, como es el caso del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. En este sentido, ha exigido al Supremo que aplique la ley. "Pido a las autoridades judiciales pertinentes, especialmente al Tribunal Supremo, con respeto pero con claridad, que se les aplique la ley con diligencia", ha dicho en una declaración institucional desde el Palacio de la Generalitat en catalán, castellano e inglés: "No tiene sentido obstaculizar la aplicación de la ley".

Illa ha asegurado que este primer año de aplicación de la amnistía ha demostrado la "efectividad" de la ley, porque ha beneficiado a unas 300 personas, ha afirmado. El presidente ha vuelto a defender que la ley sirva para conducir a Catalunya y al Estado a la "plena normalización" y ha insistido en que todo el mundo puede defender su proyecto político, pero dentro "el marco de convivencia que nos hemos dado". "Nuestra democracia es sólida, plena y con garantías institucionales para expresar ideas y proyectos políticos. Invito a todos los catalanes y españoles a mirar adelante", ha concluido.

En la misma línea, tal y como ya hizo este miércoles, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, celebró la decisión del TC y, en una atención a los medios desde Bruselas, dijo que es una "muy buena noticia" para España, porque apuntala la "convivencia". "Estamos cerrando una crisis política que nunca debería haber salido de la política", ha dicho criticando al ejecutivo de Mariano Rajoy. A su juicio, la decisión demuestra que "España es un estado social y democrático de derecho" y que la ley aprobada en el Congreso era constitucional. También ha destacado que la sentencia pone de manifiesto "el valor de la política" como "palanca de transformación y aportación de soluciones a conflictos difíciles" como el del Proceso.

Las fuerzas independentistas también exigen que se aplique a todo el mundo

El independentismo también ha celebrado la decisión, pero sin esconder sus reservas por la demora en su aplicación. Juntos reivindicó su papel con la amnistía y recordó que, antes de su pacto con Sánchez, ni el PSOE ni el PP, ni tampoco el presidente, Salvador Illa, avalaban esta medida. En opinión del secretario general de Junts, Jordi Turull, se trata de una "enmienda a la totalidad" a la "represión" del Estado y, a diferencia del gobierno español, considera que el conflicto político no ha terminado. "El conflicto radica en cómo hacer efectivo el mandato del 1-O", ha dicho Turull, pese a que el independentismo ha perdido la mayoría absoluta en el Parlament.

Según Turull, el TC debería ahora obligar al Tribunal Supremo a "aplicar la amnistía con medidas coercitivas" tanto en Puigdemont –no ha querido comentar nada sobre su regreso– como al resto de líderes del Proceso, entre ellos él mismo. Así, ha dicho que se podría utilizar la reforma legal que realizó el PP en 2015 y que otorgó poderes de ejecución al tribunal para ello. Sin embargo, en el caso de la resolución de este jueves, el Constitucional no hace referencia a si la malversación es amnistiable, que es el pretexto por el que el Supremo se niega a aplicar la amnistía a los máximos líderes del Proceso. Y es que lo que prevé el TC es esperarse a pronunciarse sobre Puigdemont y el resto de exmiembros del Govern del 2017 en sus respectivos recursos de amparo. Si la amnistía es efectiva, Turull no descartó ser candidato a las elecciones catalanas.

Desde ERC, el exconseller de Interior Joan Ignasi Elena calificó la sentencia de "éxito de la democracia" y del independentismo, pero urgió a "cumplir y aplicar la ley a todos". Sea como fuere, advirtió de que "la voluntad de los catalanes" de posicionarse sobre su futuro político "a través de las urnas" no queda anulada con la sentencia. El presidente de los republicanos, Oriol Junqueras, ha dicho que la sentencia es "un paso adelante", pero ha recordado que en su caso y en otros no comportará ningún cambio, ya que "el Supremo ha dejado clara su voluntad de impedirlo".

Para la diputada de la CUP Laia Estrada, la aprobación de la ley "no es ninguna sorpresa", porque "la mayoría de la composición actual del TC es afín al PSOE" y el PSOE es "plenamente consciente" del papel que juega la norma a la hora de "liquidar el conflicto político sin resolverlo democráticamente". Pese a mostrar su "alegría" por el hecho de que haya represaliados que se hayan podido beneficiar, Estrada ha insistido en que la ley "debe ir acompañada del reconocimiento del derecho a la autodeterminación".

Desde Òmnium, Xavier Antich ha destacado que la sentencia demuestra que la ley es "legal, constitucional, compatible con los principios del estado de derecho y legítima", pero ha advertido que no sitúa a Catalunya "en ningún escenario de reconciliación ni normalización". La ANC también resaltó que la ley "no resuelve el conflicto político con el Estado español" y que el PSOE lo ha defiende para "normalizar" Catalunya y por "intereses partidistas".

El eurodiputado de Comuns Jaume Asens, en cambio, ha celebrado el aval del TC en la ley de amnistía como una "victoria del derecho, de la razón y del diálogo" y, por el contrario, como una "derrota del odio, la venganza y el PP".

El PP lo tilda de "transacción ilegal y corrupta"

Una valoración completamente distinta hizo el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien defendió que "la autoamnistía" es una "vergüenza" para cualquier demócrata, "diga lo que diga un Tribunal Constitucional dividido". "Es una transacción ilegal y corrupta", ha insistido en rueda de prensa desde Bruselas. Feijóo ha señalado que el ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán, imputado por corrupción, fue uno de los negociadores de la ley. "La amnistía es ilegal, inmoral, una transacción corrupta a cambio de poder y un obús contra la separación de poderes", concluyó.

Más contundente se ha mostrado el presidente del PP en Catalunya, Alejandro Fernández, que ha utilizado la red social X para cargar directamente contra el presidente del TC. "A diferencia de otros, nosotros no quemamos contenedores cuando una sentencia no nos gusta, pero tenemos todo el derecho del mundo a decir que Conde-Pumpido trabaja para Sánchez y no para velar por la constitucionalidad de las normas".

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha responsabilizado al PP ya los magistrados conservadores del TC del aval a la ley, recordando que el actual presidente del organismo y su mayoría progresista "fue pactada y votada" por los de Alberto Núñez Feijóo, que podían haberla boicoteado.