CATALANGATE

Sánchez desclasifica el espionaje del CNI a Aragonès a petición de la justicia

El consejo de ministros ha dado luz verde hoy a la decisión

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El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en una reunión del consejo ejecutivo.

MadridEl consejo de ministros ha acordado este martes la desclasificación de documentos relativos al espionaje con Pegasus al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Lo hace a petición del juez que investiga la causa abierta en Barcelona, ​​en la que el jefe del ejecutivo catalán declaró el pasado 13 de diciembre y defendió que levantar el secreto de la información era una "obligación ética y moral". También lo es para que tenga sentido la comparecencia prevista para el 26 de enero de la ex directora del CNI Paz Esteban, en calidad de investigación.

Fue el propio titular del juzgado 29 de la capital catalana quien solicitó al Tribunal Supremo la documentación sobre el espionaje con Pegasus. El magistrado que se encarga del control judicial de las actividades del CNI que afectan a los derechos fundamentales, Pablo Lucas, rechazó entregar el auto en el que autorizaba a los servicios secretos del Estado a intervenir el teléfono del entonces conseller de Economia. El espionaje en Aragonés, según su querella, se produjo entre finales del 2018 y principios del 2020. Lucas se escudó en que debía ser el gobierno español quien desclasificara la información.

Ahora el ejecutivo del 'Estado se aviene a hacerlo. De lo contrario, Esteban debería argumentar en sede judicial que no puede hablar sobre los hechos en virtud de la ley de secretos oficiales que lo impediría. La exdirectora del CNI sólo pudo informar al respecto en la comisión de fondos reservados del Congreso, cuyas sesiones se desarrollan en secreto, y allí fue donde se conoció que Aragonés había sido una de las víctimas. El Congreso querrá que en las comisiones de investigación sobre la operación Catalunya y Pegasus que en los próximos días se constituirán también se pueda incorporar esta información secreta, pero será el gobierno español quien deba autorizarlo. Por el momento, ha accedido a petición de la justicia.

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