Sánchez y ERC explorarán los límites de la "financiación singular"

MADRIDEl modelo de régimen común de la financiación autonómica vuelve de nuevo –si es que se ha ido nunca– al tablero de juego de la política y, en concreto, al tablero que ERC y el PSOE comparten. Si hace casi un año, los republicanos reclamaban "bilateralidad fiscal" a cambio de investir a Pedro Sánchez presidente del gobierno español, hoy sitúan como una línea roja la idea de una "financiación singular" si Salvador Illa quiere sus votos por ser investido presidente de la Generalitat.

En este último año, sin embargo, los pasos entre los dos partidos a la hora de abordar esta caja de los truenos han sido más bien escasos. Sin embargo, este domingo, en plena negociación para formar Govern en Catalunya, ha sido el propio Sánchez quien ha movido ficha. Por primera vez, el presidente del gobierno español ha dicho que ve "factible" una "financiación singular" para Catalunya, cómo reclama ERC. Hasta ahora, lo único al que se había comprometido Sánchez era en "mejorar" la financiación, pero siempre había apelado a una reforma del modelo actual desde la "multilateralidad", es decir, con el resto de comunidades autónomas de régimen común. "Es compatible mejorar el sistema de financiación autonómica desde el plan multilateral y al mismo tiempo articular una financiación singular [...] para Catalunya", ha afirmado Sánchez en una entrevista en La Vanguardia publicada este domingo.

Sus declaraciones llegan después de que este sábado el líder del PSC, Salvador Illa, afirmara que el gobierno español ayudaría a dar una respuesta a la "singularidad" catalana. También la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió esta semana "entender las singularidades de cada territorio", aunque siguió hablando de una "reforma [del sistema de financiación] global": "No tiene ningún sentido que hacemos carpetas diferentes [entre comunidades]", afirmaba Montero, en línea con lo que había dicho en otras ocasiones, en las que había cerrado la puerta a negociar un modelo exclusivo para Cataluña.

De momento, sin embargo, ni Sánchez ni Isla ni tampoco Montero han entrado a detallar qué quiere decir para ellos una financiación "singular". Ni siquiera cuando han hablado de "mejorarlo". Durante las jornadas del Círculo de Economía, Sánchez dijo que el Estatut da herramientas para que haya una reforma –el PSC ha defendido el consorcio tributario y respetar el principio de ordinalidad– y pidió no caer en el "agravio territorial" entre comunidades autónomas. Por su parte, este mes de marzo ERC sí detalló su propuesta de "financiación singular", que, entre otras cosas, incluye una cuota de solidaridad con el resto de comunidades y una transferencia al Estado.

Garantía de recursos

"El gobierno [español] no aceptará un modelo que no garantice recursos a todas las comunidades autónomas", advertía Montero el pasado mes de marzo, cuando el Gobierno dio a conocer su propuesta. Ésta es una de las patas más espinosas del debate por el rol que tiene Cataluña. El sistema de financiación se nutre, sobre todo, de una parte de los ingresos que obtienen las comunidades autónomas por los impuestos cedidos. Catalunya –y también Madrid–, por su músculo económico, juega un papel clave, porque hace una aportación limpia, es decir, aporta más recursos de los que recibe, a diferencia de la gran mayoría de comunidades autónomas. Según cálculos de Fedea, en 2021 aportó 2.168 millones de euros más de los que recibió.

Esto, que podría estar "justificado", cómo han apuntado los expertos, se convierte en un problema cuando los recursos que se reciben del sistema no son suficientes para cubrir servicios básicos como la educación o la sanidad. Cataluña denuncia que se encuentra en una situación de infrafinanciación.

Pero todo se complica aún más cuando se abre el paraguas del déficit fiscal, cuestión que va más allá del sistema de financiación, porque entran en juego elementos como las inversiones que hace el Estado en Cataluña –calcular el déficit permite conocer la diferencia entre los ingresos que las arcas del Estado alcanzan en Cataluña cada año y los gastos efectivos que el Estado destina al Principado–. Según cálculos de la Generalitat, en el 2021 el déficit fiscal escaló hasta los 22.000 millones de euros, un "agravio" que tanto ERC como Junts han reclamado revertir.

Fruto de ello, una de las demás exigencias es la condonación de una parte de la deuda autonómica vinculada al FLA. En el caso catalán, la condonación se sitúa en los 15.000 millones de euros. A esto el gobierno español siempre se ha mostrado abierto, pero para todas las comunidades autónomas. De hecho, el ministerio de Hacienda ya trabaja internamente en una norma propia que defina cómo será esa condonación. Fuentes de Hacienda estiman que pueda estar a punto antes de terminar el año, cuando la cartera pilotada por Montero confía en tener unos nuevos presupuestos en el Estado, y sitúan la medida como "prioritaria". De hecho, las mismas fuentes explican que, por ahora, no existe ningún canal abierto sobre el modelo de financiación.

2021, el último gran movimiento

Es necesario remontarse al año 2021 para encontrar el último gran movimiento para reformar el modelo actual de financiación, caducado desde el año 2014. Aquel año, el ministerio de Hacienda hizo una propuesta a las comunidades para revisar el concepto de población ajustada, el sistema actual con el que se nivelan los recursos de la financiación autonómica siguiendo criterios como la población, el gasto en sanidad o en enseñanza, por ejemplo. La mayoría de comunidades, entre ellas Catalunya, le rechazaron y desde entonces se ha quedado en un cajón. En el caso catalán, el Govern (estaba formado por ERC y Junts) exigía tener en cuenta otros elementos, como el coste de vida o el peso demográfico real, aunque advertía que tocar el concepto "no solucionaba" sus exigencias.

Más allá de las conversaciones ERC-PSOE

Pero estos no son los únicos partidos que participan (y tendrán que participar) en esta partida. Hay que tener en cuenta que todo retoque del actual sistema implica tocar la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas (Lofca). Esto requiere mayoría parlamentaria y, por tanto, tener el visto bueno de, al menos, todos los partidos que hicieron posible la investidura de Pedro Sánchez.

Si bien es cierto que no es una quimera, la fragmentación actual en el Congreso de los Diputados no lo pone fácil: "Este es un gobierno con minoría parlamentaria", asumía Sánchez esta semana cuando se le preguntaba sobre la convalidación de un nuevo decreto para prorrogar la rebaja del IVA de los alimentos. A todo ello se añade que los partidos vascos suelen inhibirse del debate (País Vasco y Navarra tienen su régimen foral) y que, aparte del rechazo del PP, el choque también nace entre las filas socialistas : el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha tildado de "ofensa" las demandas del independentismo sobre la financiación.

Uno de los partidos que previsiblemente también querrá decir la suya (al menos cuando el debate se traslade al Congreso de los Diputados) es Junts. Ya en el acuerdo para investir a Sánchez los de Carles Puigdemont marcaron perfil propio con la propuesta de una "cláusula de excepción de Catalunya" dentro del modelo de financiación, así como con la "cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña". Teniendo en cuenta que sus votos serán imprescindibles, resulta difícil pensar que no vuelvan a hacer peticiones propias.

Sea como fuere, ya pesar del camino tortuoso que se presenta, no sería la primera vez que los socialistas toman un giro de discurso (y de hechos) respecto a cosas que en algún momento eran "no aceptables", en palabras de Sánchez, como la ley amnistía.