Sánchez y Junqueras, en el teléfono sin Pegasus
MadridEstos últimos días ha habido algunos hechos innovadores en el proceso para intentar desbloquear la investidura de Pedro Sánchez e iniciar una nueva legislatura, aunque no se vea claro el fin del camino, ni si va a resultar exitoso. Uno de estos hechos fue la conversación telefónica entre el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras. Esperamos que esta vez hayan encontrado la forma de asegurarse de que no tenían los respectivos aparatos intervenidos por el sistema Pegasus. Realmente, qué contrastes tiene el destino. Hace unos años los dirigentes de los partidos que ahora pueden permitir o no la continuidad del PSOE en el Palacio de la Moncloa eran espiados para tratar de conocer sus planes e impedir que los llevaran a cabo. Y ahora algunos de esos mismos líderes están siendo requeridos para mantener conversaciones –presenciales o telefónicas– que se supone que pueden tener ciertas garantías de confidencialidad. Las vueltas que da la vida.
También el gobierno informó de que había sido espiado por el sistema de interceptación Pegasus cuando saltó la noticia sobre el control de más de sesenta teléfonos relacionados con los líderes del Procés. Una curiosa forma de defenderse. Era como decir "Yo he espiado, lo reconozco, pero también me han pinchado a mí", y todavía no se sabe quién lo hizo. Ni se sabrá nunca, probablemente. Como tampoco creo que sabremos cómo fue posible que el Supremo diera permiso para controlar las comunicaciones de dieciocho personas. El pasado 17 de agosto, día de la constitución del nuevo Parlamento y de la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso, se dijo que una de las medidas pactadas para permitir estos acuerdos había sido potenciar la comisión de investigación sobre las escuchas ilegales hechas con el sistema Pegasus. Y no se ha vuelto a saber mucho más del asunto.
Es lo más complicado que tienen los pactos, que hay que dar alguna razón para cerrarlos, y no siempre se pueden o querrían explicarse. Veremos si con los de la posible investidura ocurre lo mismo. Se sigue hablando de oportunidad histórica y me temo que de tanto darle vueltas se nos puede deshacer en las manos. Empiezo a desconfiar. ¿Se trata de discreción para garantizar el éxito de la negociación o de que se está hablando de aspectos que no quieren explicarse del todo? Veámoslo. Estas conversaciones empezaron con unas reivindicaciones elevadas, que incluían hablar del derecho a la autodeterminación. Una propuesta que recibió un portazo del PSOE, que ha tardado tres meses en pronunciar la palabra amnistía. ¿Qué se puede pensar de un proceso tan lento y sumamente discreto? Quizás mejor no sepamos a qué ha renunciado cada una de las partes, porque parece que se puede quedar mucha materia por el camino.
El problema de esta negociación es que ambas partes –gobierno español e independentistas– quieren que sea una oportunidad histórica, pero para conseguir objetivos muy distintos. El gobierno no desea dar ningún paso para redibujar o redimensionar aspectos de la Constitución o del Estatut. Quiere diálogo, pasar definitivamente la página del Procés, y que ERC y Junts hagan el mismo cambio que el PNV tras el plan Ibarretxe, que también era una apuesta soberanista. Ustedes siguen siendo independentistas –vienen a decirles a sus interlocutores–, pero se acabaron las iniciativas unilaterales y tensar el sistema con propuestas inconstitucionales. Los portavoces del gobierno –oficiales y oficiosos– lo dejaron bastante claro el pasado jueves, durante la recepción por la fiesta del 12 de octubre en el Palacio Real. Aquí de lo que se trata es de obtener garantías para una legislatura, no solo para una investidura.
La Constitución como límite
Por tanto, lo que los socialistas esperan de ERC y Junts es que se cojan a la amnistía –con todos los riesgos que comporta, para el gobierno y para los supuestos beneficiarios de esta medida– y acepten seguir haciendo política de acuerdo con las reglas del juego establecidas por la Constitución. Lo importante de un acuerdo de este tipo, si se cierra, es que las consecuencias penales del Procés se reduzcan mucho, o tal vez del todo. Pero estaremos donde estábamos antes de septiembre y octubre de 2017. La complejidad de la negociación –aspectos de técnica jurídica aparte– consiste en que en el fondo el gobierno solo quiere estabilidad a cambio de inyectar anestesia en los otros tejidos del aparato del Estado que fueron utilizados para responder al referéndum del 1 de octubre de ese año.
El gobierno de Pedro Sánchez no está muy preocupado por la reacción del Estado –singularmente la justicia– puedan tener si se aprueba una ley de amnistía. En el PSOE tampoco lo están, porque para ellos lo importante es el pacto en sí mismo, dado que creen que sus socios serán bien conscientes de que el compromiso es enviar la ley al Boletín Oficial del Estado (BOE), sin garantizar en términos absolutos lo que puedan hacer después los tribunales, porque esa seguridad no puede tenerla nadie. De entrada, la Fiscalía –que pidió treinta años de cárcel para los principales acusados y se opuso a los indultos– querrá opinar sobre si es necesario parar la ejecución de la sentencia del Supremo sobre el Procés. Y el tribunal que la dictó puede plantearse presentar una cuestión de inconstitucionalidad al TC, para que le aclare si la ley es o no contraria a la carta magna.
Es un camino relativamente largo y tortuoso para tener todos los efectos perseguidos. Un jurista de mucho prestigio y habitualmente ecuánime me decía estos últimos días que está seguro de que el Constitucional saldrá bien quemado de esta experiencia, haga lo que haga. Así que de momento de lo poco que podemos irnos felicitando es que Sánchez y Junqueras no solo dialogan por teléfono, sino que además lo pueden hacer tranquilos, porque el que llamó fue Sánchez y seguro que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se ha ocupado en este caso de que nadie pueda grabar lo que se dijeron. A ver si ahora hay otra llamada a Puigdemont, más delicada, por su situación judicial. Se admiten apuestas.
