La Guardia Civil encuentra documentos relacionados con Aldama en casa de Pardo de Vera

MadridLa Guardia Civil avanza en su investigación del caso Koldo y, en concreto, en los indicios contra la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y el ex director general de Carreteras, Javier Herrero, investigados en la Audiencia Nacional y citados a declarar el próximo 21 de julioEn concreto, según publicó ayer Europa Press, en el registro que hicieron en el domicilio de Pardo de Vera encontraron documentación relacionada con contratos para 5 millones de mascarillas con la empresa Soluciones de Gestión, la adjudicataria de material sanitario para la que trabajaba como comisionista Víctor de Aldama. la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, atribuía a Pardo de Vera hasta cinco delitos: organización criminal, prevaricación, cohecho, malversación y tráfico de influencias. presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de obra pública.

En el marco de estos registros, la Guardia Civil también encontró en el domicilio del ex director general hasta 4.750 euros de dinero en efectivo y también volcaron varios dispositivos móviles y cuentas de su empresa con el correo con el correo con el correo. irregulares.

Tanto Pardo de Vera como Herrero aparecen en las conversaciones grabadas por Koldo García y que son el fundamento de la acusación contra el exministro José Luis Ábalos y también Santos Cerdán. De acuerdo a la tesis de la Guardia Civil, Pardo de Vera y Herrero son cargos del ministerio necesarios para la presunta comisión de irregularidades en las adjudicaciones. Quien negó este martes cualquier implicación en el caso Koldo fue la presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, Francina Armengol. Aunque en un primer momento había dicho que no se había reunido con Aldama, sí admitió que coincidió con ella en una reunión con el CEO de Air Europa

Cerdán cobrará la indemnización

El intento del PP de tratar de impedir que Santos Cerdán cobre la indemnización por dejar de ser diputado en el Congreso no ha tenido éxito. El ex número tres socialista recibirá los 19.400 euros brutos que le corresponden por los seis años que ha sido parlamentario. La mesa del Congreso, en una reunión este martes, ha llegado a la conclusión de que no puede vetar el cobro tras estudiar un informe de los letrados de la Cámara Baja que advierte de que no se le puede privar de ese "derecho" por mucho que esté investigado por corrupción en el Tribunal Supremo y haya ingresado en prisión sin fianza.

"El reglamento vigente configura la percepción de la indemnización por cese como un derecho del exparlamentario, no como una concesión graciable", dicen los servicios jurídicos del Congreso. El documento, al que ha tenido acceso el ARA, concluye que Cerdán cumple los requisitos que exige la normativa parlamentaria y que, por tanto, "no hallándose en ninguno de los supuestos excluyentes que incluye, se genera automáticamente el derecho a su percepción sin que quepa posibilidad de privar de la indemnización al beneficiario que lo haya originado".

Cerdán solicitó cobrar la indemnización el 20 de junio, diez días antes de declarar al Supremo por el caso de presuntas comisiones ilegales en adjudicaciones de obras públicas. Uno de los argumentos del PP para poner bastones en las ruedas al cobro es que Cerdán habría incumplido la normativa en materia de incompatibilidades y declaraciones sobre actividades y bienes de los diputados porque no declaró que era propietario desde 2016 del 45% de la constructora navarra Servinabar, ahora bajo la lupa del Supremo. Es lo que afirma un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por el hallazgo de un documento que lo recoge, pero tanto Cerdán como la empresa han negado que así sea.