El PP ha decidido convertir el Senado, la cámara donde tiene mayoría absoluta, en uno de sus principales arietes para torpedear la acción de gobierno de Pedro Sánchez, y ha instrumentalizado una institución que debería ser de todos. Estos días hemos tenido algunos ejemplos. El miércoles los populares votaron en contra de lo que se llama "senda de estabilidad" del gobierno español, la ley que fija los objetivos de déficit y deuda de los próximos presupuestos. Se trata de un paso previo que marca cuánto dinero podrá gastar la administración del Estado y, atención, también las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Pues bien, con su obsesión por no acordar nada con el ejecutivo de Sánchez, el PP ha provocado que el próximo año todas las comunidades autónomas tengan menos capacidad de gasto, en concreto 1.500 millones menos.
Así, mientras Ayuso, Moreno Bonilla, Mazón (también Aragonés) y compañía podrán gastar menos, resulta que Pedro Sánchez, su gran enemigo, tendrá mayor margen. Y todo por la política de confrontación total con el gobierno español que está llevando a cabo alguien que en teoría era moderado y autonomista como Alberto Núñez Feijóo.
En el trasfondo, sin embargo, hay algo aún más peligroso, y es la utilización partidista de las instituciones, en este caso el Senado, pero también el CGPJ o los propios gobiernos autonómicos, que se conciben como una herramienta más del PP por desgastar al gobierno español. Pero el caso del Senado es especialmente escandaloso. Así lo demuestra, por ejemplo, el hecho de que hayan cambiado el reglamento para alargar la tramitación de la ley de amnistía durante dos meses, sólo con el objetivo de retrasar su aprobación y convertir la cámara en un plató para los contrarios en la ley. Lo mismo sucederá con el caso Koldo, ya que el PP no ha votado a favor de la comisión de investigación que se hará en el Congreso porque prefiere hacer la suya en el Senado, donde con su mayoría absoluta podrá citar a declarar quien quiera.
La patrimonialización del Senado es de tal envergadura que tras las elecciones el PP cambió todo el equipo jurídico de la cámara para poner letrados afines, lo que ha convertido el día a día en un calvario para el resto de grupos , que ven cómo se improvisa constantemente, se convocan reuniones distintas a la misma hora o con poca antelación, etc. Lo que debía ser una cámara de representación territorial, donde pudieran discutirse cuestiones propias de los territorios y tejer acuerdos transversales, es ya sólo una caja de resonancia política con discursos cada vez más subidos de tono donde sólo existe una lógica, la de las dos Españas: a un lado PP y Vox y al otro, todo lo demás. La defensa del bien común, y de cuestiones tan básicas como los trámites para confeccionar los presupuestos de todas las administraciones públicas, ha quedado relegada a un segundo plano. Y ciertamente, si el Senado debe ser esto, una herramienta partidista de filibusterismo político, quizás entonces habrá que cuestionarse qué utilidad general tiene.
