¿Cuál es la situación judicial de Marta Rovira?

MadridSiete dirigentes del Procés decidieron poner rumbo al exilio, repartido entre Bélgica, Suiza y el Reino Unido, y evitaron así acabar en prisión, el probable destino en caso de haberse quedado en Catalunya. Desde entonces, solo han vuelto dos, que ahora tendrán que afrontar sus particulares procesos judiciales: la exconsellera de Agricultura Meritxell Serret y la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, la única sobre la que no pesa ningún delito que implique prisión. De momento, Gabriel continuará residiendo en Ginebra, donde también se exilió la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Fue el 23 de marzo del 2018. No hay orden de detención internacional contra ella, pero hace más de cuatro años que sabe que en España la espera un juicio por rebelión, como el que tuvieron los nueve presos políticos (acabaron siendo condenados por sedición). ¿Cuál es, pues, la situación de Marta Rovira?

Fuentes de ERC sostienen que es una situación "incierta" y aseguran que, de momento, continuará viviendo en Suiza. Pero su equipo legal, al que también se ha incorporado Iñigo Iruin –artífice del regreso de Serret y Gabriel–, ya trabaja para revertir la situación y hacer posible un regreso con ciertas garantías. A diferencia de los exiliados de Bruselas, para los cuales Llarena emitió una euroorden por sedición a raíz de la sentencia del 14 de octubre del 2019 –todavía están pendientes de que se reactive el proceso de extradición–, el juez no actuó contra Rovira. Lo intentó hacer hace años, pero se encontró con la negativa del gobierno suizo, que tiene un papel relevante en los casos de extradición y a quien no acostumbran a gustar los juicios políticos.

¿A qué se tendría que enfrentar Rovira si volviera al Estado? El juicio del Procés es relevante para entenderlo. A ella todavía se la procesa por rebelión. Es, de hecho, la única exiliada a quien se requiere por este delito. Fuentes del Supremo recuerdan que una vez que se cerrara el sumario de su caso, el fiscal la podría acusar del delito que considerara, a pesar de que reconocen que la condena más probable sería la de sedición, porque se ajustaría a la lectura que hizo el tribunal de los hechos del otoño del 2017. Hoy por hoy, esto significaría muy probablemente su ingreso preventivo en prisión si pisara territorio español, que sería firme si acabara siendo condenada. La sentencia del Procés no otorga un papel demasiado protagonista a Rovira: la ubica en una reunión con Carme Forcadell y Josep Maria Jové. En cambio, Llarena asegura que tuvo una participación "esencial" y en el sumario constan llamadas sobre los preparativos del 1-O.

La rendija que se abre en el caso de la número 2 de ERC tiene que ver con la reforma del Código Penal acordada –pero todavía no ejecutada– por los gobiernos catalán y español en la mesa de diálogo. Si se elimina el delito de sedición o se reducen las penas, Rovira podría afrontar un juicio con más garantías de acabarlo en libertad. Hay riesgo, sin embargo, de que el juez instructor decretara prisión preventiva contra ella en caso de que se la siguiera procesando de entrada por rebelión. Hay que tener en cuenta, además, que a diferencia de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Toni Comín o Lluís Puig, a Rovira no se le imputa malversación, el otro gran delito por el cual fueron condenados los presos políticos.

Los casos de Serret y Gabriel

Las decisiones que han ido tomando los tribunales en los últimos años han sido claves también para entender los regresos de Serret y Gabriel. En el primer caso, quedó definido que la malversación implicaba a los consellers cuyos departamentos hubieran hecho gastos relacionados con el referéndum. Como de Agricultura no había, Serret pudo volver con la relativa seguridad que decaería la acusación de malversación y quedaría solo en desobediencia. En cuanto a Gabriel, la absolución de Boya le ha abierto un camino que la tendría que llevar a la misma sentencia o bien al archivo de la causa sin ni siquiera tenerse que celebrar juicio. La estrategia de regreso de las dos la ha liderado el abogado Íñigo Iruín, que forma parte del equipo jurídico de Rovira.