Política 17/09/2021

El TC da alas a la batalla de la derecha contra Sánchez

El alto tribunal ya tumbó el primer estado de alarma y ahora ha decidido estudiar varios recursos del PP y Vox

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La presidenta del Congreso , Meritxell Batet, en una imagen de archivo

MadridCuando el 14 de julio los doce magistrados del Tribunal Constitucional (TC) tumbaron –divididos y a raíz de un recurso de Vox– el primer estado de alarma decretado por el gobierno de Pedro Sánchez para hacer frente a la primera oleada de la pandemia, la recientemente elegida ministra de Justicia, Pilar Llop, compareció en público para mostrar el malestar de la Moncloa ante aquella sentencia. Un movimiento inédito hasta ahora pero que evidenciaba que el pulso entre el gobierno de coalición y la derecha española no solo se disputa en las Cortes Generales, sino que los tribunales juegan un rol cada vez más importante. En los próximos meses, el TC tiene sobre la mesa resolver una batería de recursos presentados por el PP y Vox que cuestionan normativas tan relevantes como la reforma de la ley del Poder Judicial (LOPJ) o la ley de eutanasia. Las decisiones que acabe tomando el alto tribunal pueden desmontar ejes fundamentales de las políticas del gobierno de Sánchez.

La anulación del primer estado de alarma supuso un verdadero golpe para la gestión del PSOE y Unidas Podemos y una victoria para la derecha que la cargó de argumentos para pedir la dimisión, una vez más, de Pedro Sánchez. La decisión llenó de munición el campo de batalla entre la derecha y el gobierno de coalición y es probable que la situación vaya in crescendo en las próximas semanas. De cara al mes de octubre, el alto tribunal tiene previsto tumbar también el cierre del Congreso durante el primer estado de alarma después de que el magistrado ponente de la sentencia decidiera cambiar el sentido de su escrito, informa Ernesto Ekaizer. De este modo, el TC volvería a dar la razón a Vox, que es quien presentó el recurso, y abonaría la tesis que se vulneraron los derechos de los diputados cuando la mesa de la cámara baja, presidida por Meritxell Batet, decidió, en pleno confinamiento, congelar todos los plazos de las iniciativas parlamentarias hasta el 13 de abril.

Ahora bien, es paradójico, o cuanto menos curioso, recordar que fue el mismo partido de Santiago Abascal quien pidió por carta a Batet el 10 de marzo que paralizara la actividad legislativa de la cámara antes de que se decretara el primer estado de alarma. Vox, además, también votó a favor de este primer confinamiento. Meses después, sin embargo, el partido de extrema derecha decidió llevar a los tribunales dos medidas que ellos mismos habían avalado.

El precedente de la anulación del primer estado de alarma allana el camino del recurso que también presentó la formación de Santiago Abascal contra el segundo estado de alarma –que se decretó en octubre del año pasado– y su prórroga de seis meses. Si finalmente el TC también sentencia en contra de este segundo confinamiento y en contra de la decisión de la mesa del Congreso, sería la tercera victoria de Vox en los tribunales en pocos meses. Pero es que el partido de extrema derecha ya ganó el pulso contra el ex vicepresidente español Pablo Iglesias cuando el TC le dio la razón y sentenció en contra de que pudiera sentarse en la comisión del gobierno español sobre el CNI.

Los nombramientos del CGPJ

De momento, el TC no ha inadmitido ninguno de los recursos presentados por populares y ultraderechistas y ha vehiculado todos sus intentos de obstaculizar la acción de gobierno. La última prueba es el pleno de este jueves, cuando los magistrados admitieron a trámite por unanimidad los recursos del PP y Vox en contra la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ), aprobada en marzo y que limitaba los poderes del órgano cuando está en funciones. Entre las medidas, prohibía continuar haciendo nombramientos de cargos con el mandato caducado. 

Con más de mil días de bloqueo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cualquier decisión que ponga en entredicho la reforma impulsada por el gobierno y avalada por sus socios de investidura supondría una victoria para el PP. En las últimas semanas, los conservadores han puesto la pelota sobre el tejado del PSOE ofreciéndolos sentar a negociar si paralelamente tramitan la reforma del sistema de elección de los jueces. Lo cierto es, sin embargo, que los populares no tienen ninguna prisa por renovar la actual cúpula judicial, donde hay una mayoría conservadora.

La ley de eutanasia y la Celaá

La estrategia del PP y Vox de intentar frenar en los tribunales las políticas del PSOE y Unidas Podemos también se ha traducido en llevar al tribunal normativas tan relevantes como la nueva ley de educación, la llamada ley Celaá, o la ley de eutanasia, que no hace ni tres meses que entró en vigor. Pero también en impugnar cuestiones como el aval por parte de las cámaras legislativas a las fórmulas de acatamiento de la Constitución utilizadas por diputados independentistas, que también están pendientes de que el TC se pronuncie. 

De entre las pocas victorias judiciales que ha conseguido el gobierno destaca la de esta semana, cuando la Audiencia Nacional avaló el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos. Ahora bien, hasta ahora la derecha ha conseguido reclutar a los tribunales como sus mejores aliados.

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