Una treintena de entidades en defensa de los derechos humanos instan a revisar la ley que regula el CNI

Una treintena de entidades catalanas, estatales y europeas referentes en materia de derechos humanos a escala internacional, como Lafede, NovAct, Irídia o la AED (European Democratic Lawyers), han firmado un manifiesto en que instan a revisar la ley que regula el CNI porque "no cumple los estándares internacionales" a raíz del Catalangate, que califican "del caso de espionaje más importante de Europa". Después de exponer que el espionaje digital "no es legal ni democrático", exigen una investigación independiente que pasa por crear una comisión de investigación en el Congreso y no de secretos oficiales como ha acordado el gobierno español.

Las entidades que han subscrito el texto consideran que el marco normativo que ampara el CNI "legitima la ejecución de investigaciones secretas sin concretar las circunstancias ni los mecanismos porque no establece una limitación en relación con el uso de herramientas ni su alcance". Esto hace que la ley, como han criticado, "no garantice a los particulares el grado mínimo de protección al cual tienen derecho en un estado democrático". También han recordado que está "desactualizada" porque al ser del año 2002 "no incluye los supuestos del uso de la tecnología en las investigaciones". 

Anaïs Franquesa, codirectora de Irídia, Centro de Defensa de los Derechos Humanos, ha denunciado que "la ley no especifica qué comunicaciones se pueden interceptar, ni prohíbe ni permite este tipo de seguimientos", por lo cual ha reclamado que se revise en una demanda que harán llegar a los partidos políticos. "Este caso no afecta solo a 60 personas vinculadas al mundo independentista, sino al estado de derecho", ha añadido Franquesa.

El manifiesto también aboga por dejar de utilizar programas espía como Pegasus o Candiru porque "implican una violación flagrante del derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones" y "suponen, además, una amenaza a la libertad de expresión y manifestación". El presidente de la Fede, Luca Gervasoli, ha hecho un llamamiento a avanzar hacia una normativa europea para acabar con estas prácticas, pero ha resaltado que "los gobiernos se pueden comprometer a dejar de utilizar estos softwares, como ya han hecho los EE.UU.", después de sentenciar que la capacidad tecnológica para espiar "cambia las reglas del juego y genera una censura previa".

Gervasoli ha criticado que el mundo vive inmerso en una "fase creciente de vigilancia masiva en unos niveles sin precedentes" y ha explicado que casi 50 países, "algunos con democracias consolidadas", usan estos programas para vigilar a activistas pro democracia, periodistas o abogados. "Esta dinámica internacional es preocupante, el uso masivo de programas espía supone una gravísima vulneración de derechos humanos y un ataque a los fundamentos de la democracia, hay que acabar con estas prácticas", ha dicho.

Robert Sabata, presidente de la AED, ha lamentado que el problema está en "la legislación que ampara estas prácticas" y ha añadido que "la misma ley permite investigaciones prospectivas". En este sentido, ha concluido que "cuando se espía a abogados queda enterrado el juicio justo", en referencia a las comunicaciones interceptadas entre los letrados que defendían los líderes independentistas en el juicio del 1-O.