El plan de Salvador Illa para que Catalunya haga el 'sorpasso' en el Madrid de Ayuso

BarcelonaEl gobierno de Salvador Illa quiere que Catalunya recupere empuje y vuelva a ganar Madrid en la batalla por ser la locomotora económica del Estado, ahora que se ha vuelto a ensanchar la distancia entre ambas en el ranking del peso de cada comunidad en el PIB español. Es una de las prioridades que el ejecutivo se ha fijado en la hoja de ruta de la legislatura, donde los socialistas sitúan "el bienestar y el progreso de la ciudadanía" en el centro de la acción del Govern. Ésta es la clave del modelo que Salvador Illa quiere aplicar desde la Generalitat y con el que marca distancias con el liberalismo madrileño de Isabel Díaz Ayuso, como ya hizo en la conferencia de presidentes autonómicos. Isla rechaza las rebajas fiscales, reivindica al Govern como impulsor de transformaciones de la mano del Estado y promete estabilidad política y jurídica para que los actores económicos escojan Catalunya para emprender negocios y proyectos. Pero, más allá de eso, ¿qué propone para conseguir que Catalunya, que representa el 18,8% del PIB del Estado según los últimos datos, vuelva a situarse por delante de Madrid, que representa el 19,6 %?

El plan de gobierno de Salvador Illa proyecta actuaciones en cuatro áreas prioritarias: vivienda, seguridad, servicios públicos y "prosperidad compartida", un paraguas bajo el que el ejecutivo incluye las infraestructuras, la movilidad y la transición energética. "Todo el mundo debe sentir que la economía le va bien, no sólo es que el PIB crezca al 3% o que la deuda pública baje", ha asegurado Illa en un acto con directivos de la Generalitat para presentar el documento. De entrada, el ejecutivo prevé aprobar 134 iniciativas en el 2025 que, según cálculos del departamento de Presidencia, deberían permitirle cumplir con el 45% de los compromisos de los acuerdos de investidura con ERC y los comunes. Entre estas normas se encuentran el anteproyecto de la ley de territorio y de la universalización de la gratuidad de la educación infantil, una ley del deporte, una ley de financiación local, la ley de barrios o reformas en el ámbito de la administración pública. También el decreto de registro de viviendas vacías y el de las multas a las que infrinja el tope de los alquileres –previsto para enero–, tal y como le piden los comunes de cara a la negociación de los presupuestos.

Salvador Illa promete 50.000 pisos para ligar a ERC y los comunes

El reto de la financiación

La negociación de las cuentas del 2025 será clave para saber lo difícil que lo tendrá (o fácil) Salvador Illa para sacar adelante el plan de gobierno con los socios de investidura, tras el portazo de Junts a entrar en la negociación, y las grandes reformas que constan. El presidente tiene "claro" que los socialistas están en minoría en la Generalitat: "Pero esto no quiere decir que seamos un Gobierno inestable", ha advertido. Mientras los comunes presionan para arrancar más compromisos en vivienda en el Gobierno —que se ha comprometido a poner en marcha la construcción de 50.000 viviendas hasta 2030—, los republicanos avisan de que serán determinantes los pasos que dé en la nueva financiación. Esta carpeta aparece en el plan de gobierno, pero de forma genérica y sin ningún calendario: así, el ejecutivo se propone "negociar el nuevo sistema de financiación singular y analizar las propuestas para implementar las nuevas competencias que se puedan derivar". Nada más. Pero Isla ha querido referirse a ella en la intervención de este viernes: "Es la legislatura de la prosperidad compartida, pero también de los servicios públicos y de la financiación singular".

Fuentes del ejecutivo son optimistas sobre la negociación del nuevo modelo de financiación con el Estado, que admiten que tendrá elementos "de bilateralidad y de multilateralidad". Así, aseguran que en la Comisión Bilateral y en la de asuntos económicos que deben celebrarse en el primer trimestre el Gobierno ya lo pondrá sobre la mesa, una vez el grupo de expertos designados por la Generalitat haya hecho una propuesta. Son los tiempos que ya se incluían en el acuerdo de investidura con ERC, que preveía que esto ocurriera en el primer semestre del año. Según el calendario pactado, Cataluña ya debería poder empezar a recaudar el IRPF en 2026 y, por tanto, tanto el marco jurídico como la nueva Agencia Tributaria de Cataluña deberían estar ya listos antes. En esta carpeta se esperan "avances" el próximo trimestre, según fuentes de Palau. El documento también contempla medidas para reforzar el autogobierno y la presencia de la Generalitat en el exterior, sobre todo en Europa.

El aeropuerto y la inmigración

Otra de las cuestiones centrales en el plano económico de Isla son las infraestructuras, empezando por el aeropuerto Barcelona-El Prat. El ejecutivo no se moja y se limita a defender que es necesario "mejorar su conectividad", pero sin entrar a valorar si debe ser alargando la tercera pista. Este punto puede llevarlos a nuevos conflictos con ERC y los comunes, que son contrarios, en un momento en que el futuro del Hard Rock vuelve a amenazar con tensionar las relaciones entre el triángulo de la investidura (y de los presupuestos). En cualquier caso, el ejecutivo se remite a lo que salga de la comisión de expertos que estudia el futuro de El Prat.

Salvador Illa desbloquea la ampliación del aeropuerto de El Prat

En paralelo, el Govern quiere seguir ampliando la plantilla de sanitarios en Catalunya para, entre más cosas, garantizar cita en el CAP en 48 horas o, incluso, sin pedir hora. En materia educativa, preocupa especialmente el descenso en las competencias de los estudiantes, unas cifras que se proponen darle la vuelta con un plan para mejorar el rendimiento en lectura y matemáticas. Precisamente en educación el ejecutivo ha encajado el primer gol de la oposición esta semana: ha tenido que rectificar la rebaja del peso de la literatura catalana en el bachillerato (por orden del ministerio). Y todavía ha habido otro giro. Durante la comparecencia que la oposición le reclamó por el acuerdo de integración de la Guardia Civil en el 112, Isla anunció una Junta de Seguridad a principios de año para traspasar a los Mossos competencias de puertos y aeropuertos que se aplazaron sin fecha a diciembre. "Somos un Gobierno que, después de deliberar, escuchar y buscar acuerdos, toma decisiones. ¿Acertaremos todas? Si fuera así, sería algo inédito a la historia de la humanidad", ha dicho el presidente, sin referirse explícitamente a ninguna de ambos casos.

El plan de gobierno no dice nada de las competencias en materia de inmigración que Junts negocia con el PSOE en Madrid para que, como quieren los junteros, la Generalitat pueda incidir en los flujos migratorios. Este viernes, Illa ha aprovechado la ocasión para defender el papel de Catalunya en el debate sobre el reparto de migrantes, otro foco de conflicto del gobierno español con el PP: "A Catalunya nadie le da lecciones de solidaridad en ninguna materia, por ejemplo en inmigración. Acogemos a un buen número de personas inmigradas, porque son personas. Pero tampoco en materia económica ni de financiación". El objetivo del ejecutivo de Isla es acabar el primer año habiendo cumplido un 70% del plan normativo en 2025 y llegar hasta un cumplimiento del 90% en 2026.