El Tribunal de Cuentas niega indefensión y mantiene la vista por la acción exterior de la Generalitat
La delegada instructora impondrá una fianza de 5,4 millones de euros, según 'El País'
MadridUna cuarentena de cargos y excargos de la Generalitat tendrán que comparecer -a través de sus abogados- el martes de la semana que viene ante el Tribunal de Cuentas para conocer qué fianza se les impone por la acción exterior de la Generalitat entre el 2011 y el 2017. La sala de enjuiciamiento rechazó el miércoles todos los recursos presentados que pedían aplazar la vista y tener más tiempo para estudiar la extensa documentación de la causa. Miles de hojas que las defensas se quejan que no han podido analizar con suficiente cuidado y que, además, no concretan ni argumentan por qué se piden responsabilidades contables a todas estas personas, entre las cuales están los ex presidents Artur Mas y Carles Puigdemont, el ex vicepresidente Oriol Junqueras y el ex conseller de Economía Andreu Mas-Colell. Según publica El País, la fianza que se fijará será de 5,4 millones de euros.
Los investigados pidieron inicialmente a la delegada instructora, Esperanza García -una funcionaria adscrita a la presidencia de la sección de enjuiciamiento-, que pospusiera la vista, pero lo rechazó. Los recursos ahora tumbados son los que presentaron contra la resolución de García, y los han resuelto tres miembros de la sección de enjuiciamiento, uno de los cuales es el presidente y máximo responsable jerárquico de la misma delegada instructora. Los tres son los que, en caso de haber juicio y apelación contra una hipotética condena, decidirán en segunda instancia.
"El temprano momento procesal en que nos encontramos motiva que no se tenga que conseguir un conocimiento exhaustivo y extenso [de la causa], sino la información lo más veraz posible de unas primeras líneas indicativas sobre las cuales se han desarrollado las diligencias de investigación del órgano instructor", sostienen los consejeros en su auto. Aun así, destacan que la delegada instructora ha hecho un esfuerzo para facilitar las cosas a los abogados: "Ha hecho una tarea adicional de confección de guías explicativas para facilitar a todos los interesados, así como la gestión lo más ágil posible de las enmiendas de determinados defectos o errores técnicos a la hora de acceder a la información, incluso, por vía telemática".
Denuncias "jurídicamente incorrectas"
La sección de enjuiciamiento sostiene que las defensas plantean también cuestiones de fondo que no corresponden a este recurso, sino que se tienen que añadir si se abre juicio. "Es dentro del proceso ante el órgano jurisdiccional independiente, competente y establecido por la ley donde se desarrollarán con plenas garantías las alegaciones y pruebas de las partes, y donde se dictará la resolución fundada que otorgue efectiva tutela en la orden contable", remarcan. Se trata de un trámite en que solo se puede alegar que no se han cumplido las diligencias propias del momento procesal, y creen que esto no ha sido así.
"No queda acreditado que se haya denegado ninguna diligencia propuesta por los que intervienen, ni que por razón de la denegación de la ampliación de los plazos de alegaciones, que llevaría emparejada la suspensión de la comparecencia para la liquidación provisional, en este expediente se haya dado lugar a una indefensión por no responder a las pretensiones de los recurrentes, en absoluto", resuelve el Tribunal de Cuentas, que califica de "jurídicamente incorrectas" las denuncias presentadas por los abogados.
Además, los consejeros utilizan jurisprudencia del Tribunal Constitucional para negar que toda irregularidad procesal que se haya podido producir necesariamente cause indefensión. "Este tribunal [el TC] sigue reiterando que para que una irregularidad procesal o infracción de las normas de procedimiento logre relevancia constitucional se tiene que producir un perjuicio real y efectivo en las posibilidades de defensa de quien denuncia", dice una sentencia del tribunal de garantías. El Tribunal de Cuentas no cree que se haya producido una vulneración del derecho constitucional de defensa y encamina los investigados a la vista de martes, en la que se les reclamará una fianza millonaria.