Política 05/08/2021

El abogado del Estado ve "riesgo de nulidad" de la causa del Tribunal de Cuentas si informa sobre los avales del ICF

Eleva una consulta a la abogada general del Estado sobre la conveniencia de responder la petición de la delegada instructora

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La sede del Tribunal de Cuentas, en Madrid, en una imagen de archivo.

MadridEl Tribunal de Cuentas podría poner en peligro la causa sobre la acción exterior de la Generalitat. Esto es lo que cree el abogado del Estado que ejerció de acusación durante la fase de instrucción del procedimiento, Rafael García Monteys, que prefiere no atender de entrada la petición que planteó la delegada instructora: que informe sobre la legalidad de los avales del Institut Català de Finances (ICF) por valor de 5,4 millones de euros. Tal como avanzó este miércoles el diario Abc, el funcionario ha elevado una consulta a la abogada general del Estado, Consuelo Castro, para que se pronuncie sobre la conveniencia de resolver las dudas de Esperanza García, que tiene que dar por afianzadas o no las cantidades. El criterio de García Monteys es que si lo hace hay "riesgo de nulidad" de la causa, porque podría verse afectada "la necesaria objetividad e imparcialidad que tiene que regir la función consultiva". ¿El motivo? Que el abogado del Estado estuvo personado durante la instrucción.

Se plantearía un "conflicto de intereses" y una "rotura de equilibrios" que podría hacer descarrilar el procedimiento, entiende García Monteys, tal como revela su escrito, al cual ha tenido acceso Europa Press. Este trámite tiene origen en la resolución de la delegada instructora del Tribunal de Cuentas del 27 de julio, en la cual ponía en entredicho la legalidad de los avales del ICF, habilidades a partir de un decreto del Govern que ha visto con buenos ojos el Consejo de Garantías Estatutarias. El presidente de la sección de enjuiciamiento del órgano, José Manuel Suárez Robledano, firmó el escrito en el que preguntaba al abogado del Estado su criterio.

En líneas generales, pidió aclaraciones sobre si el marco legal permite que la propia Generalitat -administración perjudicada por la actuación de los encausados- sea la que asuma la fianza pedida, sobre todo teniendo en cuenta que se les atribuye "dolo o culpa grave". El abogado del Estado, sin embargo, no quiere entrar a valorarlo y advierte que fue precisamente el organismo que representa el que, junto con la Fiscalía, instó al Tribunal de Cuentas a abrir una investigación a raíz del expediente sobre la acción exterior de la Generalitat entre 2011 y 2017 elaborado desde la sección de fiscalización. Con la liquidación provisional comunicada el 28 de junio, la delegada instructora procedió a apartar a la abogacía del Estado como parte personada, pero hasta que no dé por buenas las fianzas o bien proceda al embargo de los bienes de los investigados, no se abrirá la fase judicial del procedimiento.

El plan B

A la espera que se resuelva la enredo jurídico de los avales del ICF, los encausados tienen también preparado un plan B en caso de que la delegada instructora no acepte la vía utilizada para abonar la fianza. El conseller de Economía, Jaume Giró, recordaba en una entrevista reciente en el ARA que se había puesto en contacto con bancos para que se implicaran, pero no lo ha conseguidi. Si reconsideraran su negativa, la ICF podría salir de la ecuación y desvanecer dudas. Tal como explicó el ARA, en caso de que esta opción tampoco salga adelante, Esquerra tiene a punto 2,2 millones que puede movilizar para cubrir una parte de la fianza, mientras que el ex president Artur Mas y el ex conseller Francesc Homs pueden depositar inmuebles como garantía. Son los mismos que ya presentaron por la causa del 9-N, pero la caja de solidaridad acabó asumiendo el pago de los más de cinco millones de euros.

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