Triple ofensiva de Ciudadanos contra la inmersión lingüística

Por tierra, mar y aire. O, mejor dicho, desde Catalunya, España y Europa. Triple frente de Ciudadanos contra la inmersión lingüística. En la capital española, la formación naranja ha registrado este jueves un escrito al Defensor del Pueblo en el que reclama que inste a las administraciones públicas a cumplir la sentencia del TSJC que fija un 25% de clases en castellano en las escuelas públicas. En Barcelona, ha presentado un manifiesto "en defensa del español como lengua común de todos los españoles y de rechazo a la imposición lingüística" en el que reclama garantizar la libre elección de la lengua vehicular en las aulas, reforzar la Alta Inspección del Estado en Catalunya o instar a la Abogacía del Estado a dar seguimiento a las resoluciones judiciales en este ámbito con el fin de velar por su cumplimiento íntegro. Y desde Bruselas, el eurodiputado Ramón Bauzá, con la junta directiva de Sociedad Civil Catalana (SCC), mantendrá esta tarde una reunión con el comisario de Justicia de la UE, Didier J. L. Reynders, para reclamarle que presione al Estado para hacer cumplir la sentencia. Ciudadanos se aferra de este modo a su pilar fundacional, la lucha contra la inmersión lingüística, en un contexto de retroceso en todas las contiendas electorales y con riesgo real de desaparecer.

El partido españolista ha denunciado una "campaña de acoso" contra la familia de un alumno de P5 de una escuela de Canet de Mar que está en contra de que la educación sea íntegramente en catalán. El portavoz en el Parlament, Nacho Martín Blanco, ha afirmado en una atención a los medios en Madrid que las personas que piden una presencia mayor del castellano en las aulas están "desamparadas" y "abandonadas" por los poderes públicos y ha exigido al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que "haga lo posible para que este derecho se les reconozca". Martín Blanco ha lamentado que tanto el Govern como el ejecutivo español se "desentienden" de la protección de estas familias y ha criticado que el conseller de Educación, Josep González Cambray, haya acudido a la escuela de Canet de Mar a "dar apoyo a los acosadores de la familia" que ha pedido "una cosa tan básica" como la aplicación de una sentencia. Según Martín Blanco, el Govern "anima estos acosos", lo cual es "insólito" en un estado democrático. El portavoz de Cs ha asegurado que el sistema de inmersión lingüístico es "injusto" y es un "modelo de imposición" que busca el "monolingüismo".

Martín Blanco ha dicho que la situación de "desamparamiento" de los castellanoparlantes se evidencia por el hecho de que diputados en el Parlament acudan al Defensor del Pueblo en lugar del Síndic de Greuges, a quien ha acusado de "dedicarse a proteger los atropellos que cometen los políticos contra los ciudadanos de Catalunya". El portavoz de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, también ha criticado la "inacción" del Govern en la protección de estas familias y ha denunciado que el ejecutivo español "mira hacia otro lado". "No nos rendiremos, no nos pararemos hasta que se reconozca el derecho al bilingüismo. El Estado tiene que reaccionar", ha dicho Bal. El diputado en la cámara baja ha avisado de que no cumplir la sentencia del TSJC puede implicar delitos de desobediencia y prevaricación por parte de los responsables de los centros educativos.

Ariete contra el Govern

En la capital catalana, el presidente del grupo parlamentario de los naranjas, Carlos Carrizosa, ha acusado a la Generalitat de "alinearse" con los "acosadores" de la familia del niño de P5 de la escuela de Canet de Mar durante la presentación de un manifiesto en contra de la inmersión que ha contado con la presencia de dirigentes de la formación en el País Valenciano y en las Islas. "Que el conseller apoye a los acosadores y no a los padres nos parece indignante", ha asegurado Carrizosa, que ha denunciado que los dirigentes "avalen la coacción". "La ideología separatista es una presión cotidiana al disidente; el pecado de esta familia es reclamar que se respeten los derechos constitucionales", ha añadido. El dirigente ha justificado que solo 80 familias se hayan posicionado en contra de la inmersión en las aulas "por el clima de acoso" que se vive en el país y que el ejecutivo "avala". "¿Quién se arriesgará a pedir que la sentencia del 25% en castellano se aplique a su colegio si desde los poderes públicos se anima a esta presión contra la familia?"

Combatir la inmersión lingüística y la preeminencia del catalán en las comunicaciones de la administración pública catalana fue el sello fundacional de Ciudadanos en 2006, cuando llegaron al Parlament de la mano de Albert Rivera. La oposición al Procés hizo crecer a la formación hasta ser la primera fuerza política en el Parlament después del referéndum del 1-O, y ahora, cuando la distensión del momento actual los lleva hacia la irrelevancia, los dirigentes naranjas vuelven a los orígenes aprovechando que el catalán ha relevado a la independencia como principal tema de debate dentro del soberanismo.