MadridLa jornada del 8 de agosto en Barcelona será para mucha gente de las inolvidables, aunque no hayan tenido participación alguna, y por supuesto tendrá que implicar muchas reacciones y consecuencias en diversos ámbitos. En el Supremo, por ejemplo, como iremos viendo. Pero la más importante afecta obviamente al terreno político e institucional, por el retorno del PSC a la máxima responsabilidad en la dirección y gestión de la Generalitat con el nuevo president, Salvador Illa, hombre de confianza del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. No es un detalle menor. Illa deberá saber combinar el papel de palanca para las reivindicaciones de Catalunya, y el de la moderación para evitar un rápido desgaste del ejecutivo de coalición entre el PSOE y Sumar; formación, esta, que no pasa sus mejores días.
En cuanto a Sánchez, tiempo atrás imaginaba un PSC radicalmente constitucionalista y capaz sobre todo de frenar al independentismo. Quién lo iba a decir, ahora tenemos en Madrid a una dirección socialista muy satisfecha del pacto con ERC y comprometida a dar un salto cualitativo sobre la financiación de Catalunya, a partir del diseño de un modelo singular solidario pero con amplias competencias que difícilmente tendrán alguna vez otras comunidades autónomas.
¿Qué hay que pensar de Sánchez? ¿Lo que dicen el PP y Vox, que vendería su alma por un plato de lentejas de poder? ¿O más bien que sigue el curso de la democracia y la voluntad popular, y se adapta a los resultados electorales, trasladándolos a la política de pactos más razonable acorde con el equilibrio de fuerzas existente? Seguramente existe una mezcla de factores. El apego del líder del PSOE al mando es intenso, una característica de su personalidad. Pero también la agilidad con la que es capaz de avanzar por los rápidos fluviales del sistema sin despeñarse río abajo. En todo caso, ahora tiene un gran reto con la llegada de Illa a la presidencia de la Generalitat.
El líder del PSC deberá demostrar sus cualidades en la práctica del malabarismo. Cuando felicitó a Illa por su elección, Sánchez elogiaba la “templanza, sentido común y capacidad de trabajo” de su antiguo ministro de Sanidad en tiempos de la pandemia. El PSOE puede esperar que en la Generalitat vuelva a asumirse el concepto de “lealtad constitucional”, tan ignorado en los últimos años, pero si Illa tiene alguna posibilidad de salir del cargo que ahora estrena sin acabar quemado del todo tendrá que luchar a fondo por el cumplimiento de los pactos que ha suscrito con ERC. Y no será fácil. En algún momento deberá jugarse la piel.
Y entonces se comprobará si los socialistas han evolucionado, de la mano de Pedro Sánchez, hacia una concepción federal del Estado que durante muchos años rechazaron en sus congresos. La prueba de fuego de esta progresión ideológica será la configuración y destino final de la “financiación singular” de Catalunya. Por ahora, podemos constatar que la operación de los pactos ha tenido éxito en buena medida por la discreción que ha acompañado a la negociación con ERC y los comuns. Pero el acuerdo sigue teniendo implicaciones sobre las que habrá que arrojar más luz, porque se trata de materias que afectan al conjunto del Estado y, en definitiva, a su gobernabilidad.
Por otra parte, las características del mes de agosto, con buena parte del país de vacaciones y sin demasiadas ganas de seguir de cerca las novedades y los avatares de la política, han favorecido que el fuerte ruido provocado por aparición del líder de Junts, Carles Puigdemont, bajo el Arc de Triomf, pudiera parecer más espectacular que trascendente. Pero su posterior desaparición, supuestamente ayudado por agentes de los Mossos d'Esquadra, le da al hecho una dimensión más relevante. En sustancia, en el Parlament y sus alrededores hemos visto dibujarse unas líneas paralelas que difícilmente se encontrarán en el infinito. Una, el estilo zen de Salvador Illa, yendo al trabajo y reclamando la eficacia de la ley de amnistía acordada por un Parlamento democrático, el del Estado. Y, por otro lado, la aparición de Puigdemont para exponer una estrategia alternativa de agitación tildando ese mismo sistema parlamentario de inoperante ante unos jueces sublevados contra la voluntad popular, para después desaparecer.
La consecuencia, la previsible, que el juez Pablo Llarena haya pedido explicaciones a la propia Generalitat y al gobierno de Madrid, por vía del ministerio del Interior. Con el Congreso inactivo y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, recuperándose de un desprendimiento de retina, el problema no ha hecho más que empezar. El acto de apertura del año judicial en el Supremo, el 5 de septiembre, presidido por el rey Felipe VI, tendrá especiales connotaciones, sobre todo según quien acabe ocupando la presidencia de este tribunal.
El precedente del caso ERE de Andalucía para amnistiar a Puigdemont
En cualquier caso, para Puigdemont este cuadro de la situación puede no acabar tan mal. Está claro que la presencia del ex president de la Generalitat en Barcelona contó con la tolerancia, si no el acuerdo tácito, del gobierno de Pedro Sánchez. Partiendo de esta constatación, es probable que el experimento político del 8 de agosto en Barcelona tenga entre sus efectos el de aconsejar una activación extra del Constitucional, que es la institución destinada a poner punto y final al debate sobre cómo se debe aplicar la mencionada ley. Sería una sorpresa que el órgano de garantías estuviera de acuerdo con el Supremo en que la malversación no se puede amnistiar. Basta con leer las recientes sentencias sobre los ERE de Andalucía para pronosticar con mucha probabilidad de acertar que el Constitucional permitirá aplicar la amnistía a Puigdemont. Ahora bien, quizás con discusiones incidentales sobre la posible abstención de alguno o algunos de sus miembros. Seguro que tendrá que volverse sobre este capítulo.
De momento, lo más importante es que Catalunya tiene un nuevo president, Salvador Illa, fruto de los resultados electorales de las últimas elecciones autonómicas, que no aconsejaban otra traducción democrática. ERC ha sabido interpretarlo, asumiendo los riesgos de la decisión. Ahora todo el mundo –incluido Junts– tiene un reto por delante. En política, los golpes de efecto pueden ser rentables. Pero hace falta algo más en tantas materias –transportes, sanidad, vivienda, turismo, educación, medio ambiente, impuestos y un largo etcétera– para ser útil a la ciudadanía. Es la oportunidad que se abre frente al nuevo gobierno que formará Salvador Illa.
