El testigo clave de la tercera sesión del juicio contra José Luis Ábalos era Carmen Pano. Y su declaración ha seguido el guion previsto: tal como dijo en la Audiencia Nacional, durante la instrucción en el Supremo y en la comisión de investigación del Senado, ha reiterado que fue dos veces a la sede del PSOE a llevar bolsas de dinero a petición de Víctor de Aldama, el presunto conseguidor del caso Koldo y que también se sienta en el banquillo de los acusados. En total, fueron 90.000 euros en dos entregas de 45.000 euros en octubre de 2020. “Me estaban esperando en el segundo piso nada más salir del ascensor. Había una persona, era un señor en la segunda planta”, ha explicado la empresaria. Ahora bien, su declaración ha tenido contradicciones con las de otros testigos y no ha aclarado a quién supuestamente entregó el dinero en la sede del PSOE. ¿Qué pasó en realidad? Lo que suscita menos dudas es la primera entrega de dinero. Ella sacó del banco 45.000 euros que le había transferido Claudio Rivas, un socio de Aldama, y los llevó al despacho de Aldama. Allí él le dijo que no podía salir y le pidió si podía hacerle el “favor” de llevarlos a la sede del PSOE de la calle Ferraz de Madrid. Y los llevó hasta allí en taxi. Hasta aquí, según su testimonio, todo encaja.

Hay un nombre relacionado con el PSOE que ha aparecido en las dos primeras sesiones del juicio del caso Kitchen, que salpica la cúpula del ministerio del Interior del PP: Javier Pérez Dolset. Es empresario y colaborador de Leire Díez, la exmilitante socialista bautizada como fontanera del PSOE, y se considera una víctima de las cloacas del Estado. Hace meses reconoció que se reunió con Santos Cerdán en Ferraz para entregarle documentos sobre prácticas irregulares del gobierno de Mariano Rajoy y desde el pasado octubre está investigado por haber intentado sobornar a dos fiscales. ¿Qué relación tiene con la Kitchen? Hace cuatro años, aportó a la Unidad de Asuntos Internos de la policía española una batería de grabaciones de José Manuel Villarejo. Y ahora, a petición del comisario jubilado, tendrá que declarar como testigo en el juicio.

La imagen de este martes en el Tribunal Supremo era trascendente: se ha sentado en el banquillo de los acusados quien fue ministro de Transportes, secretario de organización del PSOE y hombre de la máxima confianza de Pedro Sánchez. Ha comenzado el juicio a José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama, acusados de organización criminal, soborno, tráfico de influencias y malversación por irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia y por hacer favores políticos.

“Un acuerdo que tenía por objeto la futura comisión de delitos a medida que se fuesen presentando las oportunidades de cometer’los”. Después de un año y medio de investigación, así es como resumió el juez Leopoldo Puente la operativa que ha llevado a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama al banquillo de los acusados. El entonces ministro se valía de su “valiosa influencia”, el asesor aprovechaba sus “oficios” y el empresario y presunto facilitador buscaba empresas o particulares que quisieran hacer gestiones con la administración para hacer valer sus intereses de manera “arbitraria”. Todo ello, según la Fiscalía Anticorrupción, a cambio del “pago continuado de cantidades de dinero elevadas” en el marco de un “convenio criminal”. Y esta semana el Tribunal Supremo da el pistoletazo de salida al juicio, que será el primero relacionado con el caso Koldo –hay otras ramas investigadas en la Audiencia Nacional, como las adjudicaciones de obras públicas que salpican a Santos Cerdán–. Quien fue ministro de Transportes, secretario de organización del PSOE y hombre de la máxima confianza de Pedro Sánchez está en la prisión de Soto del Real desde finales de noviembre, renunció al acta de diputado hace dos meses y ahora se enfrenta a entre 24 y 30 años de prisión. Sobre la mesa habrá nueve delitos, entre los cuales destacan los de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación.

El juicio del caso Kitchen ha arrancado este lunes con un nombre en boca de todos, pero ausente en el banquillo de los acusados: el Partido Popular. La Audiencia Nacional está juzgando la presunta operación que se orquestó en el seno del ministerio del Interior, presuntamente auspiciada por Jorge Fernández Díaz, para robar a Luis Bárcenas información comprometedora para el PP. La Fiscalía pide penas de hasta diecinueve años de prisión para el comisario jubilado José Manuel Villarejo, pero ha dejado fuera del perímetro de la causa al PP y a María Dolores de Cospedal, que fue secretaria general de los populares de 2008 a 2018. Durante la primera sesión, en el trámite de cuestiones previas, el PSOE –que está personado en el caso como acusación popular– ha querido poner énfasis en la "conexión política" y ha conminado al tribunal a juzgar también al PP como partícipe a título lucrativo –o responsable civil subsidiario– alegando que se benefició de la operación parapolicial, que pretendía ocultar las pruebas del caso Gürtel, que es lo que desencadenó la moción de censura contra Mariano Rajoy. Los socialistas también han solicitado que se suspenda el juicio para reabrir la investigación sobre Cospedal y su exmarito, Ignacio López del Hierro.

Año 2013. Mariano Rajoy gobierna España con mayoría absoluta y salen a la luz los papeles de Luis Bárcenas, que revelan la existencia de una caja B en el PP. A raíz de esto, el ministerio del Interior, con Jorge Fernández Díaz al frente, diseña y –según el relato de la Fiscalía– pone en marcha una “ilícita operación policial de inteligencia” con la voluntad de robar a Luis Bárcenas, el extesorero del PP, información y pruebas que incriminen a dirigentes populares en el marco del caso Gürtel. El objetivo final es “impedir” que lleguen a manos de los investigadores. Cinco años más tarde, aquel juicio por corrupción acaba con la sentencia que propicia la moción de censura que lleva a Pedro Sánchez a la Moncloa. Y ahora, trece años después, la cúpula de la policía patriótica se sienta en el banquillo de los acusados, con peticiones de quince años de prisión por parte de la Fiscalía, en un juicio que arranca el lunes en la Audiencia Nacional y que deberá arrojar luz a las maniobras de las cloacas del Estado para proteger al PP. Los principales delitos de los que están acusados son encubrimiento, malversación, soborno, revelación de secretos y tráfico de influencias.

Una batalla procesal por escrito. En eso se ha convertido la instrucción del caso Montoro, que en las últimas semanas ha sido un permanente tira y afloja entre las defensas de los investigados y las acusaciones. “Es un desbarajuste. Estamos inundados de recursos”, se queja a el ARA una de las partes en el procedimiento. Y es que, a través de una batería de recursos “en cascada”, los abogados intentan frenar la investigación atacándola principalmente por cuatro elementos: el hallazgo casual que originó la causa, la competencia de los juzgados de Tarragona, la duración del secreto de sumario y la última prórroga de la instrucción. Y todo ello, sumado a otras trabas que han ido apareciendo, dificulta el curso de la instrucción. Lo que se investiga es el pago de sobornos de ciertas empresas gasísticas a cambio de que Cristóbal Montoro, que era ministro de Hacienda, impulsara cambios de leyes en el Congreso de los Diputados para beneficiarlas.

Nueve veces ha repetido el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, la "mano tendida" de los morados para ir en coalición con Izquierda Unida (EU) y Movimiento Sumar a las elecciones de Andalucía del 17 de mayo. Y es que después de dos sonoras batacadas en las urnas en Aragón y en Castilla y León –con menos del 1% de los votos–, Podemos da un giro de 180 grados a la estrategia de los últimos meses y, por primera vez, se abre a aliarse con el partido de Yolanda Díaz en una cita electoral. Levanta así el veto que había impuesto a Sumar y que había hecho descarrilar otros entendimientos: "Con todos los actores", ha dejado claro en rueda de prensa. La oferta, que llega a cuatro días de que acabe el plazo para registrar coaliciones, no cambiaría el número 1 de Por Andalucía, el líder de EU, Antonio Maíllo.

La misma mañana que su fiel escudera desde principio de legislatura –María Jesús Montero– pasaba el relevo a su sucesor –Carlos Cuerpo–, Pedro Sánchez se reunía con Imanol Pradales para complacer las demandas que hace tiempo le hace el PNB e insuflar un poco de oxígeno a la legislatura a través de avances en el Estatuto de Gernika. "Como saben, el Estatuto sigue sin cumplirse íntegramente. Hay un acuerdo político, y hemos insistido en la necesidad de hacerlo con celeridad", ha verbalizado el lehendakari a la salida. El encuentro, acompañado de una nueva reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Euskadi, llega exactamente dos meses después de la última cita y cumpliendo con la exigencia de celebrarse antes de Semana Santa. En aquella ocasión, a pesar de haber conseguido el traspaso de cinco competencias, Pradales se marchó frustrado con los "incumplimientos" del gobierno español. Pero ahora vuelve a Bilbao "razonablemente satisfecho" después de haber suscrito un "acuerdo político" para la transferencia de siete nuevas materias. Queda pendiente, entre otras cosas, el traspaso de las pensiones. Lo más sustantivo es que se ha abierto la puerta para que el País Vasco pueda participar en la gestión de los aeropuertos "por primera vez en la historia".

No hay sesión en el Congreso de los Diputados que no implique un choque entre Junts y Esquerra. El mismo cabeza de filas de los republicanos, Gabriel Rufián, lo ha admitido este miércoles mientras intervenía en la comparecencia del presidente español, Pedro Sánchez, sobre la guerra de Irán. Desde la tribuna, Rufián ha dicho lo siguiente: "Algunos periodistas catalanes ya escriben la crónica de Rufián ataca a Junts, pues sí. Me da igual porque la gente por suerte tiene otras vías de comunicación para saber qué pasa aquí, Junts miente y hay poco menos de 30 días para decirlo a la gente", ha sentenciado, en alusión a la oposición de los juntaires a convalidar el decreto que prorroga los contratos de alquiler del gobierno español y que se debe votar en el Congreso como máximo de aquí a un mes. "¿Ustedes para quién trabajan? ¿No tienen ningún votante al que se le acabe el contrato de alquiler? ¿Por qué este voto tan autolesivo? ¿Que tienen una empresa inmobiliaria?", ha preguntado a la bancada juntaire. "Si tiran abajo este decreto, les deseo años de ostracismo político y les prometo que me esforzaré mucho para que así sea. Hacen un mal terrible a la gente de este país", ha rematado.

El inicio del discurso ha sido indicativo sobre cuál sería el tono del debate y la estrategia del presidente español, Pedro Sánchez, para defender el "No a la guerra" de Irán. Pocos minutos después de subir al atril del Congreso ha recitado: "Hay fechas que no se olvidan, que quedan marcadas para siempre en la memoria colectiva de un país. El 15 de febrero de 2003 es una de ellas. Aquel sábado 3 millones de ciudadanos dijeron no a la guerra", ha recordado. De esta manera, haciendo alusión a la reacción de la ciudadanía a la invasión de Irak de hace veinte años, Sánchez ha contraposición su posición con la del gobierno del PP de 2003. "José María Aznar nos arrastró a una guerra para sentirse importante y para que Bush lo invitara a un puro", ha sentenciado garantizando que "ahora España no será cómplice, no mientras yo sea presidente".

Junts per Catalunya da aire al gobierno español y salvará el decreto que contiene medidas fiscales para paliar los efectos de la guerra de Irán. Entre otras, incluye una rebaja del IVA de los carburantes, la luz y el gas. Así lo ha anunciado la portavoz de los juntaires en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, en una entrevista a TV3. Lo ha ligado a un gesto del PSOE a favor de eximir el IVA de los autónomos que facturen menos de 85.000 euros. ¿Cómo debería ser el guiño? Con un voto a favor en un punto de una proposición no de ley –una iniciativa no legislativa, conocida como PNL, que no tiene carácter vinculante– que presentó Junts y que se votará el jueves. "Nosotros contamos que votarán que sí a poder cuidar a los autónomos; entonces contarán con nuestro voto que sí al decreto", ha dicho Nogueras, a pesar de que aunque se apruebe no tendrá efectos inmediatos si el gobierno español no toma ninguna decisión concreta. "Nos consta que quieren transponer esta directiva y que, efectivamente, los pequeños autónomos tengan un poco más de aire", ha subrayado, en este sentido, Nogueras.

Veto del gobierno español al endurecimiento de la regularización de migrantes que se debía aprobar este jueves en el Congreso. Teniendo en cuenta que, tal como avanzó el ARA, Junts avalaba la enmienda introducida por el PP en el Senado a la ley de multirreincidencia para controlar los antecedentes penales de los solicitantes del permiso de residencia y revisar informes policiales, la Moncloa ha decidido hacer uso de los poderes excepcionales que le otorga la Constitución para frenarlo. Según ha avanzado la SER y confirman fuentes parlamentarias a este diario, el gobierno español ha vetado a través de la mesa del Congreso los cambios escudándose en el hecho de que suponen un coste extra para las arcas públicas. En concreto, han argumentado que revisar los antecedentes penales o las causas pendientes de los solicitantes de residencia implicaría un gasto de 16 millones de euros.

Después del choque con el PSOE en el seno del consejo de ministros el viernes, Sumar dirige ahora toda la presión a Junts y al PP para ratificar la prórroga de los contratos de alquiler y la limitación de las subidas de precio. Es el segundo decreto que se aprobó además del de las rebajas fiscales: está en vigor desde el domingo, pero necesita el visto bueno del Congreso –con el voto decisivo de Junts– para no decaer. A primera hora de este lunes, en una entrevista en RNE, la vicepresidenta segunda del gobierno español, Yolanda Díaz, ha dejado claro que la votación será "el último día" para poder alargar al máximo el plazo de vigencia para convalidar la norma. Así pues, la Moncloa tendrá treinta días hábiles para llevar este decreto ley a la cámara baja, cosa que sitúa el examen parlamentario en la primera semana de mayo. "Las tres derechas tienen que explicar por qué hacen daño a la ciudadanía de nuestro país", ha dicho Díaz. Poco después, en TVE, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha hecho un llamamiento a impulsar la "campaña de presión más grande" para conseguir que la cámara baja le dé luz verde.

Ha sido una semana convulsa a la izquierda del PSOE. Comenzó con la resaca de una sonora batacada en las elecciones de Castilla y León y ha acabado con los ministros de Sumar haciendo un pulso a Pedro Sánchez para incluir medidas en vivienda en el escudo social contra la guerra. En medio, la irrupción del tándem Irene Montero - Gabriel Rufián ha sacudido el tablero. El acto que compartirán en Barcelona dentro de veinte días ha hecho entrar a Podemos de nuevo en la ecuación y sacarlo del aislamiento en que estaba inmerso desde hacía tiempo. El entorno del portavoz de ERC en el Congreso lo circunscribe a "un acto y nada más que un acto", pero los morados dejan entrever que puede cristalizar en una futura alianza electoral. "No se me ocurre un equipo mejor, tienen un camino que espero que puedan recorrer", reivindicó la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. Y la misma Irene Montero reconoció públicamente que un tándem electoral con Rufián es una "muy buena idea" y, a diferencia de lo que sostienen desde el entorno del republicano, confesó que citas como esta se hacen "no solo para las generales, sino también para las generales".

El PSOE y Sumar ultiman el contenido del decreto ley para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Irán, que se aprueba este viernes en un consejo de ministros extraordinario. Los socios de coalición deben transitar en un equilibrio difícil: debe convalidarse en el Congreso el jueves que viene y eso significa que necesita el apoyo desde Junts hasta Podemos. Por eso hay un tira y afloja sobre las medidas que debe incluir el plan de choque: según diversas fuentes consultadas por el ARA, el gobierno español incorporará en el paquete rebajas de impuestos para intentar contentar a Junts; y, a cambio, el PSOE y Sumar presionan a los de Carles Puigdemont para que avalen medidas que tengan que ver con la vivienda, como la prórroga de los contratos de alquiler o la suspensión de los desahucios que hasta ahora han tumbado en la cámara española. Y es que la vivienda es una condición sine qua non de Sumar, ERC, EH Bildu y Podemos.

Primera parada, Madrid, y ahora llega el turno de Barcelona. Gabriel Rufián volverá a actuar el 9 de abril para defender su propuesta de frente de izquierdas estatal. Lo hará junto a la eurodiputada de Podem, Irene Montero, en un acto en la ciudad condal moderado por el exlíder de los Comuns, Xavier Domènech. El feeling entre Rufián y Montero es bastante conocido y, como pasó con Emilio Delgado en Madrid, probablemente se escucharán discursos similares. Este jueves, de hecho, la próxima candidata de Podem a las elecciones generales ha considerado que sería "una muy buena idea" hacer equipo con Rufián en los comicios. En una entrevista a RTVE, Montero ha subrayado la importancia de que los ciudadanos sepan que hay personas "dispuestas a jugar y a ganar el partido" a la extrema derecha. La secretaria general de Podem, Ione Belarra, también ha celebrado la alianza entre Montero y Rufián: "No se me ocurre un equipo mejor para dar esperanza a la gente de que podemos gobernar desde la izquierda", ha dicho también a RTVE.

La oposición de Esquerra Republicana, sumada al rechazo del PP, Vox y UPN, ha hecho naufragar la ley que impulsó el PSOE en el Congreso para rebajar la tasa de alcohol al volante de 0,5 gramos por litro en sangre a 0,2 para conductores profesionales y noveles. Ha sido la primera vez esta legislatura que los republicanos han tumbado una ley promovida por los socialistas –también votaron en contra de la ley contra el proxenetismo, pero su voto no fue determinante–. La decisión llega, precisamente, el mismo día que el PSC y ERC han acordado que el Govern retire los presupuestos de la Generalitat para evitar que el viernes Salvador Illa sufriera un revés parlamentario. "Esta ley no evitará los accidentes, lo que hará es provocar mucha frustración", ha argumentado la diputada Inés Granollers durante el debate en la comisión de Interior de la cámara baja. La republicana ha lamentado que los socialistas sean "cobardes" por no instaurar una tasa en torno al 0,0 y ha esgrimido que la norma es "muy cínica" y contiene una "falsa promesa". En cambio, el PSOE, Sumar, Junts, Bildu y el PNV han dado apoyo. La votación se ha saldado con 18 votos a favor y 19 votos en contra. A pesar del revés parlamentario, los socialistas se han comprometido a presentar la ley "exactamente igual" porque su propuesta es "innegociable". Más allá de la reducción de la tasa, los republicanos reclamaban anticipar la jubilación de los conductores profesionales –presentaron una enmienda en este sentido– y reducir las horas que pueden estar al volante. Además, hace tiempo que exigen que haya más examinadores de autoescuela en Cataluña para acabar con el colapso de las listas de espera. De hecho, esta mañana ha habido una llamada entre ERC y Pere Navarro, el director general de Trànsit, pero la conversación no ha sido fructífera. "La verdad es que no hemos tenido una respuesta adecuada", ha resumido Inés Granollers. En cambio, el PSOE apostaba por circunscribir la ley solo a la tasa de alcoholemia para evitar que los otros grupos pudieran encontrar motivos para votar en contra. Después de la votación, el diputado socialista Manuel Arribas ha acusado a los republicanos de buscar "excusas" para oponerse: "Pueden incluir cualquier otro factor en el debate para justificar su voto en contra, pero la realidad es que hoy han votado en contra de la reducción de la tasa de alcohol". Justo esta mañana, durante la sesión de control, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendía la ley a capa y espada y apelaba a la "responsabilidad" de todos los partidos para votar a favor: "Yo puedo transaccionar en muchas cosas, pero no en salvar vidas", ha dejado claro durante una pregunta del PP. La Moncloa quería introducir la modificación a través de una ley y no directamente en el consejo de ministros –históricamente se ha hecho sin pasar por el Congreso– para blindarla y "garantizar que ningún gobierno por vía de reglamento podrá modificarla". "La política de seguridad vial es una política de estado", ha esgrimido. Durante el debate, Manuel Arribas ha insistido en este extremo y ha acusado al PP de no querer incluirlo en una ley para "evitar que tenga que votarse y tener que posicionarse con claridad". "Cuando hablamos de salvar vidas, no puede haber atajos ni trampas", ha concluido. La diputada de Junts presente en la comisión, Marta Madrenas, ha decidido no intervenir durante el debate. Eso sí, los juntaires han avalado la propuesta del PSOE y celebraban en privado que durante la tramitación parlamentaria se habían retirado de la ley los elementos que ellos no compartían, como las sanciones por difundir información relativa a los controles policiales de alcohol y drogas. Por parte del PNB, Nerea Renteria ha presentado la reducción de la tasa de alcohol como una "apuesta por la vida" y ha defendido que "ha llegado el momento de dar este paso". En nombre del PP, la diputada Bella Verano ha criticado que la ley tiene una "evidente falta de contenido y de solidez" y ha apostado por promover una "política integral" acompañada de "medidas complementarias". "La ley no puede construirse desde las prisas ni desde los atajos. Lo que es importante es que sirva de verdad para salvar vidas", ha concluido.

El gesto de Felipe VI con México –en el que reconocía los "abusos" en la conquista de América– ha tenido un primer efecto palpable de deshielo de las relaciones. Según ha informado la Casa del Rey, el monarca ha recibido una invitación de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, para que asista al Mundial de fútbol que acogerá su país entre el 11 de junio y el 19 de julio. En una misiva, Sheinbaum expresa que este acontecimiento deportivo "constituye la coyuntura propicia para evocar la profundidad y el carácter singular de los vínculos entre México y España, forjados por una hermandad histórica". En el Palacio de la Zarzuela han recibido con satisfacción la invitación "en el marco de la relación fraternal de amistad entre los dos países".

La guerra en Oriente Medio ha marcado una sesión de control en el Congreso de los Diputados con la mirada puesta en el viernes, cuando el presidente español, Pedro Sánchez, tendrá que detallar las medidas para paliar los efectos económicos del conflicto. Un plan de choque que hoy por hoy es la prioridad del gobierno español, hasta el punto de que enfría la posibilidad de presentar los presupuestos de este año durante este primer trimestre, tal como se había comprometido Hacienda hasta ahora. En una rueda de prensa después de reunirse con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, Sánchez ha dejado en el aire la presentación de las cuentas este mes ante "la gravedad de la situación internacional". De hecho, ha considerado que es una de las "peores crisis" de su mandato. Y es que ahora mismo Sánchez no tiene apoyos para sacar adelante unos presupuestos y gobierna con las cuentas prorrogadas desde el año 2023. Para cumplir con el compromiso que hasta ahora había mantenido, se tendrían que presentar la semana que viene –cuando Sánchez comparece para explicar su posicionamiento sobre la guerra de Irán– o durante la Semana Santa. Después, lo más probable es que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, deje el ejecutivo para ser candidata a las elecciones de Andalucía, que Juanma Moreno Bonilla tiene que convocar (se habla del 31 de mayo o del 21 de junio, ya que la semana del 6 al 12 hay la visita del Papa a España).