Víctor de Aldama se sienta en el banquillo de los acusados del primer juicio del caso Koldo junto a José Luis Ábalos, que fue ministro de Transportes, y Koldo García, que era su asesor. Es el presunto conseguidor de la trama de las mascarillas y se enfrenta a penas de prisión mucho inferiores –la Fiscalía le pide siete años de prisión, un tercio de la petición que hace para el ex número tres del PSOE– porque ha colaborado activamente con la justicia desde el inicio de la causa. En las últimas dos sesiones, se ha puesto de manifiesto que Aldama tenía capacidad para moverse en la sede del ministerio de Transportes, en el complejo de Nuevos Ministerios, como si fuera uno más. Una circunstancia que sorprendía a algunos de los testigos que han desfilado por el Tribunal Supremo.

Cinco horas después de que acabara la sesión del juicio contra José Luis Ábalos sentado entre los miembros del tribunal, Manuel Marchena entraba solemnemente al salón noble de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España para ingresar en ella como académico. Un acto protocolario en el que, rodeado de los nombres de más peso de la justicia española, ha pronunciado un discurso de 45 minutos sobre la incorporación de datos electrónicos al proceso penal. Se le escuchaba –y hacía alguna foto con el móvil– la portavoz de Justicia del PP, María Jesús Moro. Ha llegado sola cuando faltaban diez minutos para que arrancase el acto y, mientras buscaba su sitio, ha recibido una particular bienvenida. Julián Sánchez Melgar –que también está juzgando a José Luis Ábalos y que fue fiscal general del Estado con Mariano Rajoy después de la muerte de José Manuel Maza– le ha tocado el hombro para saludarla. Después de una breve conversación, ha ido a sentarse. Y –al igual que toda la sala– ha aplaudido a Manuel Marchena cuando ha terminado su discurso y cuando ha recibido la insignia que lo acredita como académico.

Una de las misiones del Tribunal Supremo los primeros tres días del juicio contra José Luis Ábalos ha sido reconstruir el presunto enchufismo de dos mujeres próximas al entonces ministro de Transportes y exsecretario de organización del PSOE. Son Jessica Rodríguez, que fue su pareja durante un año y medio; y Claudia Montes, con quien mantuvo una relación "virtual". La primera ha admitido que cobraba sin ir a trabajar –un total de 44.000 euros a Ineco y Tragsatec–. La segunda mujer defiende que sí que cumplía con su trabajo en Logirail, aunque otras voces lo desacreditan. Entre contradicciones y enfrentamientos laborales, diversos testigos han intentado arrojar luz esta semana en el alto tribunal. "Tenía un contrato, pero no trabajaba activamente", reconoció el martes Jessica Rodríguez. Marino Turiel, el abogado de José Luis Ábalos, sospecha que hay un acuerdo oculto entre ella y Víctor de Aldama: "Es muy claro que existe un pacto y una concertación".

El testigo clave de la tercera sesión del juicio contra José Luis Ábalos era Carmen Pano. Y su declaración ha seguido el guion previsto: tal como dijo en la Audiencia Nacional, durante la instrucción en el Supremo y en la comisión de investigación del Senado, ha reiterado que fue dos veces a la sede del PSOE a llevar bolsas de dinero a petición de Víctor de Aldama, el presunto conseguidor del caso Koldo y que también se sienta en el banquillo de los acusados. En total, fueron 90.000 euros en dos entregas de 45.000 euros en octubre de 2020. “Me estaban esperando en el segundo piso nada más salir del ascensor. Había una persona, era un señor en la segunda planta”, ha explicado la empresaria. Ahora bien, su declaración ha tenido contradicciones con las de otros testigos y no ha aclarado a quién supuestamente entregó el dinero en la sede del PSOE. ¿Qué pasó en realidad? Lo que suscita menos dudas es la primera entrega de dinero. Ella sacó del banco 45.000 euros que le había transferido Claudio Rivas, un socio de Aldama, y los llevó al despacho de Aldama. Allí él le dijo que no podía salir y le pidió si podía hacerle el “favor” de llevarlos a la sede del PSOE de la calle Ferraz de Madrid. Y los llevó hasta allí en taxi. Hasta aquí, según su testimonio, todo encaja.

En las próximas semanas 34 magistrados del Tribunal Supremo resolverán si alguien puede o no intercedir judicialmente contra la decisión de una persona adulta y que cuenta con aval médico para recibir la eutanasia. La Fiscalía ya ha hecho llegar su postura al tribunal: cree que lo puede hacer la familia cercana siempre que tenga un "vínculo intenso" con el afectado, no solo una relación biológica. La respuesta que acabe dando el pleno del Supremo fijará jurisprudencia en un debate que desde hace unos meses se ha abierto en los tribunales y que ha tomado protagonismo sobre todo con el caso de Noelia Castillo, la joven del Garraf que recibió la muerte asistida a finales de marzo, después de 20 meses de periplo judicial. El caso que estudiará el Supremo es otro, el de Francesc: un hombre de 55 años, que después de tres ictus y un infarto sufre secuelas graves en la movilidad y el habla. Desde julio de 2024 su eutanasia tiene el aval judicial además del médico y del de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC), pero ha quedado encallada por un recurso judicial de su padre. De hecho, su caso es el que motivó la resolución del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) en que los magistrados validaron que una familia lleve a los tribunales una eutanasia avalada por los médicos. La Generalitat, que representa los intereses de Francesc, recurrió contra esta resolución del TSJC y, por ello, ahora el Supremo la revisará después de valorar los argumentos de la administración y los de la Fiscalía.

La imagen de este martes en el Tribunal Supremo era trascendente: se ha sentado en el banquillo de los acusados quien fue ministro de Transportes, secretario de organización del PSOE y hombre de la máxima confianza de Pedro Sánchez. Ha comenzado el juicio a José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama, acusados de organización criminal, soborno, tráfico de influencias y malversación por irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia y por hacer favores políticos.

“Un acuerdo que tenía por objeto la futura comisión de delitos a medida que se fuesen presentando las oportunidades de cometer’los”. Después de un año y medio de investigación, así es como resumió el juez Leopoldo Puente la operativa que ha llevado a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama al banquillo de los acusados. El entonces ministro se valía de su “valiosa influencia”, el asesor aprovechaba sus “oficios” y el empresario y presunto facilitador buscaba empresas o particulares que quisieran hacer gestiones con la administración para hacer valer sus intereses de manera “arbitraria”. Todo ello, según la Fiscalía Anticorrupción, a cambio del “pago continuado de cantidades de dinero elevadas” en el marco de un “convenio criminal”. Y esta semana el Tribunal Supremo da el pistoletazo de salida al juicio, que será el primero relacionado con el caso Koldo –hay otras ramas investigadas en la Audiencia Nacional, como las adjudicaciones de obras públicas que salpican a Santos Cerdán–. Quien fue ministro de Transportes, secretario de organización del PSOE y hombre de la máxima confianza de Pedro Sánchez está en la prisión de Soto del Real desde finales de noviembre, renunció al acta de diputado hace dos meses y ahora se enfrenta a entre 24 y 30 años de prisión. Sobre la mesa habrá nueve delitos, entre los cuales destacan los de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación.

El Tribunal Supremo tira por la calle del medio y juzgará de aquí a un mes a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por la compra de material sanitario durante la pandemia. El alto tribunal ha rechazado por unanimidad todas las cuestiones previas que plantearon el exministro de Transportes y su exasesor, que se sentarán en el banquillo de los acusados a partir del martes 7 de abril, al día siguiente de que arranque el juicio del caso Kitchen contra Jorge Fernández Díaz y su cúpula en el ministerio del Interior de la época de Mariano Rajoy. Tres semanas después de la vista preliminar del caso mascarillas, el Supremo ha cerrado la puerta a una de las principales demandas de Ábalos y Koldo: que la causa vuelva a la Audiencia Nacional a raíz de la renuncia de Ábalos al acta de diputado. La interlocutoria, de 138 páginas, reitera que una vez el juez abre juicio oral contra un diputado –como pasó en diciembre, cuando Ábalos todavía era parlamentario–, la competencia del Supremo es "inmune a la pérdida de la condición de aforado" y argumenta que es un momento que "no puede quedar al azar o depender del capricho o voluntad del acusado".

Una de las apuestas del presidente de EEUU, Donald Trump –quizás la más importante junto con las deportaciones masivas–, no ha pasado el filtro del Tribunal Supremo. Y esto, pese a controlar un organismo de clara mayoría conservadora. Sin embargo, sin cuestionar si es necesario o no imponer aranceles a terceros países, los jueces del máximo órgano jurídico del país, con un resultado de 6 a 3, consideran que Trump se ha extralimitado al aplicar impuestos a las importaciones sin pasar por el Congreso. Dejan en evidencia uno de los déficits del mandatario de la primera potencia mundial. Y no se trata del déficit comercial que asegura que quiere combatir, sino del democrático, al recurrir a una ley (IEEPA) que da poderes al presidente para afrontar con manos libres "amenazas inusuales y extraordinarias" durante emergencias nacionales. Los magistrados han interpretado que la IEEPA "no autoriza los aranceles aplicados a través de órdenes ejecutivas".

Muchas sanciones administrativas pueden ser de dudosa validez. A través de una sentencia, el Tribunal Supremo ha endurecido los requisitos que deben tener las notificaciones administrativas, lo que puede poner en cuestión muchos procedimientos sancionadores, liquidaciones tributarias y expedientes administrativos. El hecho de incumplir algunos criterios en las notificaciones, como no incluir una descripción aunque sea muy corta o resumida del motivo del aviso, puede invalidar el procedimiento, avisan desde Unive Advocats, un despacho especializado.

77 días después de que el Tribunal Supremo los enviara a la cárcel, José Luis Ábalos y Koldo García han salido temporalmente de Soto del Real con motivo de la audiencia preliminar del juicio por la compra de mascarillas, que debe tener lugar en las próximas semanas. Es una vista inédita que se creó con la ley de eficiencia en la justicia, que entró en vigor hace diez meses. El ex número 3 del PSOE y su exasesor en el ministerio de Transportes han llegado al Tribunal Supremo con una furgoneta de la policía española a las diez y media de la mañana, media hora antes de la cita. También asistió el tercer acusado, Víctor de Aldama, aunque él está en libertad y no había hecho alegaciones. Por primera vez, los tres han coincidido en el banquillo de los acusados ​​y se han visto las caras con los siete magistrados que les juzgarán.

El Tribunal Supremo ha condenado a dos ginecólogas a indemnizar con 35.000 euros a una paciente por haber usado fórceps y ventosas en su parto sin tener su consentimiento ni avisarle de que utilizarían estos utensilios. La sentencia aclara que, aunque no hubiera una negligencia médica, el hecho de que no la informaran antes de los instrumentos que utilizarían y de los riesgos que comporta usarlos vulneró su derecho al consentimiento informado.

Los escándalos en torno al PSOE, de corrupción y relativos a conductas de acoso machista, aparte de ser muy preocupantes porque cuestionan la probidad del sistema político y minan la credibilidad de la ciudadanía, auguran una alternancia cada día más probable a favor de la derecha ultramontana. A este contexto hay que añadir las decisiones judiciales incompatibles con el estado de derecho, por así decirlo finamente. Algunos expertos, como el ex magistrado José Antonio Martín Pallín, han hablado abiertamente de golpes de estado judicial. El episodio más grotesco últimamente ha sido la sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado al ya exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz tras una instrucción de muy bajo nivel. Los cinco magistrados que votaron a favor de la condena pertenecen al sector más conservador de la judicatura.

La legislatura de Pedro Sánchez está cada vez más pendiente de los tribunales. La angustia se esparce entre las filas socialistas especialmente después de una semana que ha dejado dos novedades: cinco detenciones que han hecho emerger dos nuevas causas –que siguen secretas– y un informe de la Guardia Civil que vuelve a salpicar a José Luis Ábalos. Son investigaciones en curso, precisamente, sobre temas que golpean el corazón de la hoja de ruta política del presidente español y la génesis de su llegada a la Moncloa. De los cinco detenidos, la Audiencia Nacional ha dejado en libertad al exmilitante socialista Leire Díez, Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI, y al empresario vasco Antxon Alonso, propietario de la mercantil Servinabar y amigo de Santos Cerdán, ex secretario de organización del PSOE. Todos ellos han salido a la calle con medidas cautelares (retirada de pasaporte y comparecencias periódicas) después de que la fiscalía no haya reclamado su ingreso en prisión.

Rara vez los jueces ven con sus propios ojos las consecuencias de sus decisiones. Y este jueves ha sido uno de esos días. La mayoría de los magistrados del Tribunal Supremo que condenaron a Álvaro García Ortiz han sido testigos, desde primera fila, de la toma de posesión de su sucesora como fiscal general del Estado, Teresa Peramato. 786 días después, el alto tribunal cerró el círculo y cosechó los frutos de una sentencia sin precedentes que significará un punto de inflexión.

El Tribunal Supremo pide 60.000 euros de fianza al exministro José Luis Ábalos ya su exasesor Koldo García, ambos en prisión preventiva desde hace dos semanas, y los envía a juicio junto con el empresario Víctor de Aldama por organización criminal. Así lo ha dictado en un auto este jueves el magistrado Leopoldo Puente, que instruye la causa de presuntas comisiones irregulares en la compra de mascarillas durante la pandemia.

Hay sentencias tramposas y sentencias que en sí mismas son una trampa. La sentencia del Tribunal Supremo que condena al fiscal general es de las segundas. Este tribunal, haciendo gala de su gran preparación y del alto nivel jurídico de algunos de sus miembros, ha redactado una decisión en apariencia técnicamente sólida, pero que falla cuando va a la esencia de lo que debe resolver.

La guerra sucia judicial, o lawfare, apenas es ya noticia en España. Debemos entendernos: ocupa portadas y abre telediarios, pero es cualquier cosa menos un secreto o una sorpresa. Admiten su existencia, de forma más o menos abierta, diferentes fiscales y jueces cuya ética todavía les permite escandalizarse de lo que verdaderamente es un escándalo y se produce a ojos de todos. El último caso es la condena a la que hasta hace poco fue fiscal general de España, Álvaro García Ortiz, cuya sentencia se ha hecho esperar casi tres semanas y unos razonamientos jurídicos que han hecho volver a llevarse las manos a la cabeza, al menos al sector progresista del ámbito judicial español. Que el contexto de la condena sea un pulso de la Fiscalía con la pareja de la presidenta de Madrid lo hace todo tristemente comprensible. Que Ayuso es una intocable que ha superado varios escándalos que habrían tenido que tener consecuencias penales (solo durante la pandemia: compraventa de mascarillas sanitarias, construcción exprés del hospital Isabel Zendal, fallecido de más de siete mil personas en los geriátricos de Madrid a causa de los llamados protocolos de la vergüenza; declarar) es un hecho sabido. Sabemos ahora que también son intocables su novio y su asesor.

Diecinueve días después de anunciar el veredicto, finalmente el Tribunal Supremo ha hecho pública la sentencia en la que justifica por qué ha inhabilitado dos años al fiscal general del Estado. Considera que Álvaro García Ortiz cometió un delito de "revelación de datos reservados", ya que, para los magistrados que la firman –cinco de los siete que conformaban el tribunal– existe un conjunto de pruebas "sólidas" para afirmar que él "o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento" filtraron a los periodistas Ayuso en el que pedía un pacto y reconocía el delito de fraude fiscal. Es sorprendente que después de tantos días la sentencia esté llena de condicionales y suposiciones que los magistrados consideran indicios claros. Que aparezca la expresión "o su entorno" ya parece demostrar que exactamente no han podido averiguar quién lo hizo, y en otras partes de la sentencia indican también que el hecho, por ejemplo, de que borrara los mensajes de WhatsApp de ese día es, para ellos, una prueba que quería esconder lo que había hecho. En este sentido, resultan preocupantes tantos condicionales y también el tono general de la sentencia. Sobre todo porque el voto particular de las dos magistradas progresistas desmonta estos argumentos asegurando que, de hecho, no existen pruebas claras que incriminen directamente a García Ortiz.

"Debemos condenar y condenamos a Álvaro García Ortiz como autor de un delito de revelación de datos reservados". Diecinueve días después de anunciar la condena, el Tribunal Supremo ha hecho pública la sentencia que consuma un choque institucional sin precedentes y que inhabilita dos años al fiscal general del Estado. El tribunal, por una mayoría de cinco votos a dos, se basa en un conjunto de pruebas "sólidas, coherentes y concluyentes" para afirmar "necesariamente" que él o "una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento" filtraron a la Cadena SER el correo del abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La sentencia, de 181 páginas, considera que Álvaro García Ortiz tenía un "reforzado deber de reserva" que "infringió sin justificación". Por contra, las progresistas Ana Ferrer y Susana Polo, que han emitido un voto particular, sostienen que "no ha quedado acreditado" que el fiscal general fuera el autor de la filtración. Álvaro García Ortiz será sustituido por Teresa Peramato, que este martes ha sido nombrada formalmente y esta semana tomará posesión del cargo.