El Tribunal Supremo eleva el tono en el conflicto con el gobierno español por el voto de los nacionalizados con la ley de nietos. El alto tribunal ha dado un plazo de cinco días a los ministros José Manuel Albares y Félix Bolaños para que entreguen la lista de las 163.020 personas afectadas por la suspensión del voto de cara a las elecciones españolas del 29-N. Deben enviarla al Supremo, a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral, y tienen tiempo para hacerlo hasta el miércoles 28 de octubre a las tres de la tarde. La sala contencioso-administrativa del alto tribunal no se queda aquí, sino que amenaza a los ministros de Asuntos Exteriores y de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes con una posible multa o, incluso, con responsabilidades penales –que debería investigar la sala penal– si incumplen el requerimiento. La multa sería de 1.000 euros y se podría “reiterar” hasta que se cumpliera la petición.

El auto de la sala penal del Tribunal Supremo que ha aplicado la amnistía a Dolors Bassa, Jordi Turull, Oriol Junqueras y Raül Romeva no deja de ser toda una declaración de guerra. El Supremo dice que se ha sentido desautorizado por el Tribunal Constitucional porque este ha “ensanchado” hasta límites “inéditos en su historia” su función de garante de los derechos, acusándolo incluso de “mutar” su rol para convertirse en “una última instancia con capacidad revisora de la interpretación de cualquier norma jurídica suscrita por el Tribunal Supremo”.

El Tribunal Constitucional no autoriza, de momento, el voto a las personas nacionalizadas con la ley de nietos. El alto tribunal ha frenado el recurso de amparo que presentó el Defensor del Pueblo contra la decisión del Tribunal Supremo de suspender el derecho a voto de todos aquellos que no hayan demostrado que son descendientes de exiliados. Por tanto, habrá 163.000 personas con la nacionalidad española –el 0,41% del censo– que no podrán votar en las elecciones generales del 29 de noviembre si no acreditan que cumplen los requisitos. Ángel Gabilondo denunció que la decisión del Supremo vulnera los derechos a la igualdad, a la participación en los asuntos públicos y a la tutela judicial efectiva. Sin embargo, el tribunal de garantías considera que es “prematuro” estudiar el recurso porque el Supremo abrió un periodo de alegaciones que todavía no ha terminado. Cuando se haya vuelto a pronunciar, después de estudiar las quejas de los afectados, el Constitucional sí podría aceptar estudiar un recurso de amparo.

Los que fueron presos políticos ya están amnistiados. Esta mañana, el consejero Lluís Puig ha tuiteado:

Dos años y cuatro meses después de que entrara en vigor, la amnistía ha llegado plenamente a los condenados por malversación en el juicio del Procés. El Tribunal Supremo, con Manuel Marchena al frente, ha aplicado la ley a cuatro miembros del Gobierno del 1-O que estaban inhabilitados hasta 2030 y 2031: Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa y Raül Romeva. De esta manera, recuperan todos los derechos políticos y podrán volver a presentarse a las elecciones, ocupar cargos públicos o, por ejemplo, volver a dar clases en la universidad pública. La luz verde definitiva al perdón llega poco más de siete años después de la sentencia del Supremo y cuando hace cinco años que salieron de la prisión gracias a los indultos. La decisión, a regañadientes y entrando en combate dialéctico con el Tribunal Constitucional (TC), es la penúltima intervención de Manuel Marchena en la persecución judicial del referéndum del 1 de octubre. Su último baile será la aplicación de la amnistía total a Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, que continúan a la espera. Antes, será necesario que Pablo Llarena concluya el sumario, un último paso que dará en los próximos días.

Pablo Llarena asume que el Tribunal Supremo está abocado a aplicar la amnistía a Carles Puigdemont, pero se resiste a propiciarlo. Estaba previsto que esta semana el juez instructor concluyera el sumario y remitiera la causa contra el expresidente de la Generalitat y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig al tribunal del juicio del Procés para que Manuel Marchena aplique la amnistía total y definitiva a los exiliados –primero todavía debía dar un plazo de cinco días a las partes para volver a pronunciarse–. Son las dos resoluciones que faltan para que el Supremo ponga el punto final a la persecución judicial de Puigdemont. Ahora bien, el instructor ha ralentizado el camino y se ha limitado a tumbar el recurso que presentó Vox contra el levantamiento de las órdenes de detención que el Supremo dictó después de que el Tribunal Constitucional avalara la amnistía en los casos de malversación. Llarena dilata así el desenlace: da un paso más, pero evita dar el paso decisivo, que deberá llegar en los próximos días.

El Tribunal Supremo ha suspendido los derechos electorales de las personas nacionalizadas por la ley de nietos, una decisión que el gobierno español ha tildado de "gravedad extraordinaria" y que ha generado una nueva batalla política entre la derecha y la izquierda. Mientras que para el PP y Vox es una manera de garantizar la "limpieza" de las elecciones del 29-N, para los progresistas es una vulneración de derechos fundamentales inaceptable. Ahora bien, más allá del ruido, ¿qué implica en la práctica la decisión que tomó el lunes el Supremo? ¿Qué tiene que hacer el gobierno español para cumplir con las medidas cautelares y excluir del censo a las 163.020 personas que han sido nacionalizadas a través de la llamada ley de nietos? La mayor responsabilidad se la lleva el servicio exterior del Estado y la Oficina del Censo Electoral, que es quien debe suspender en la práctica el voto de los afectados.

Se ha convertido en un funcionamiento de rutina que las entidades cívicas –o directamente los partidos– de extrema derecha o ultranacionalistas españoles lleven a las altas instancias judiciales sus exigencias políticas, y que jueces y fiscales asuman el trabajo de convertirlas en sentencias o resoluciones de cumplimiento obligado para la ciudadanía o las instituciones. Es lo que se conoce como judicialización de la política, un mecanismo que se engrasó y afinó (“afinar” era una palabra clave) durante los años de persecución y criminalización del independentismo catalán, y que ahora ya ha cogido velocidad de crucero contra todos los enemigos de España que se pongan por delante, empezando si hace falta –como también ya hace unos años que vemos– por el mismo gobierno de España.

La decisión del Tribunal Supremo de negar el voto a unas 163.000 personas que accedieron a la nacionalidad a través de la ley de nietos ha sido interpretado como una declaración de guerra por parte del gobierno español. "Es de una gravedad extraordinaria", ha estallado la portavoz del gobierno español, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros. "Son personas que huyeron de un país por una dictadura –ha remarcado–. En una democracia el derecho a voto se garantiza y no se restringe".

Revés del Tribunal Supremo, de nuevo, al gobierno español. Y, esta vez, a las puertas de las elecciones del 29 de noviembre y con una cuestión tan delicada como el censo electoral. El alto tribunal ha decidido este lunes rechazar el recurso de la Abogacía del Estado contra la suspensión del derecho a voto de los nacionalizados a través de la llamada ley de nietos. Una disposición adicional de la ley de memoria democrática de 2022 que permite a descendientes de exiliados españoles acceder a la nacionalidad. De esta manera, mantiene las medidas cautelares, solicitadas por Iustitia Europa, que dictó el 10 de septiembre y que impiden a estos nuevos ciudadanos votar si no acreditan individualmente que efectivamente sus predecesores se marcharon de España por motivos políticos. En la práctica, de cara a las elecciones del 29 de noviembre, esto afectará a 163.020 personas que se inscribieron en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) hasta el 1 de agosto de este año, según la administración electoral, y a las que se les había otorgado la nacionalidad por esta vía –la fecha en la que se cierra el censo para los próximos comicios generales.

En los últimos meses, el PP y Vox han esparcido sospechas sobre un supuesto fraude electoral en dos direcciones: el voto por correo y el derecho a votar de los nacionalizados a través de la ley de memoria democrática. Después de que Isabel Díaz Ayuso tardara menos de una hora una vez disueltas las Cortes en recomendar que no se votara por correo –una desconfianza que el portavoz del PP ha desautorizado–, el foco vuelve a situarse en el Tribunal Supremo, que hace un mes bloqueó el derecho a voto de miles de personas hasta que demuestren que son descendientes de exiliados. A raíz de la convocatoria del 29-N, tanto Iustitia Europa como Vox han reclamado al Supremo que actúe para garantizar que se cumplan las medidas cautelares, ya que el cuerpo electoral llamado a votar en las elecciones se cerró hace dos meses, antes de que el alto tribunal tomara las medidas. Esta mañana, el ministro de la Presidencia, Fèlix Bolaños, ha advertido que si el Supremo mantiene la decisión, el censo del 29-N se verá “alterado” y perdería 400.000 personas añadidas al Censo Electoral de Residentes Ausentes –CERA– desde el 23-J.

Mariano Bergés es el abogado de Dolors Bassa. Defendió a la exconsellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias durante el juicio del Procés y hace casi dos años presentó el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la negativa de Manuel Marchena de aplicarle la ley de amnistía. La sentencia ha abierto el camino al resto del gobierno del 1-O: permitirá el retorno de Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig a Cataluña y pondrá fin a las inhabilitaciones de Oriol Junqueras, Jordi Turull y Raül Romeva. El recurso argumentaba que la interpretación que hizo el Supremo de la amnistía “atenta de manera frontal” contra “el espíritu y la finalidad” de la norma y “se adentra peligrosamente” en la función legislativa con una maniobra que “conlleva la práctica derogación” de la ley.

Han pasado 3.263 días desde que se marchó a Bélgica y 847 días desde que la amnistía entró en vigor, y Carles Puigdemont ya tiene vía libre para regresar a Cataluña, aunque esperará al archivo definitivo de la causa para hacerlo —dentro de unos días o semanas. Podrá poner fin a casi nueve años de exilio después de que el Tribunal Constitucional haya ordenado al Tribunal Supremo que aplique la ley de amnistía a los líderes del 1-O de manera “preferente y urgente” y que pocos minutos después el juez Pablo Llarena haya levantado la orden de detención que estaba en vigor desde noviembre de 2017 y que confirmó en julio de 2024 con una retorcida justificación. El TC concluye ahora que perdonar la malversación es “la única conclusión conciliable” con las “reglas de la lógica y del sentido común” y reprocha a Manuel Marchena que decidiera “eludir el genuino sentido” de la amnistía con una interpretación “internamente contradictoria” y “manifiestamente contraria” a la “finalidad y espíritu” de la ley.

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, enmienda de raíz la negativa del Tribunal Supremo a aplicar la ley de amnistía y considera que perdonar la malversación atribuida al referéndum del 1-O es “la única conclusión conciliable” con las “reglas de la lógica y del sentido común” y con una interpretación de la amnistía que “atienda a su espíritu y finalidad” y a su “propia génesis”. Así lo recoge la ponencia que ha elaborado, a la que ha tenido acceso el ARA, sobre el recurso de amparo de Dolors Bassa, que era consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias durante el 1-O y está inhabilitada hasta el 2031. El texto argumenta que la “interpretación auspiciada” por el Supremo fue “claramente expansiva”, “opuesta” a la “finalidad y espíritu” de la ley y “contraria al reo” y establece que a Dolors Bassa se le vulneraron los derechos a la tutela judicial efectiva, a acceder a funciones y cargos públicos y a la legalidad penal.

Tal como ya les avanzamos ayer, el Tribunal Constitucional avaló la ley de amnistía. Aunque las deliberaciones de los magistrados son secretas, ha sido un secreto de dominio público (como ocurre casi siempre en los pasillos judiciales españoles): la mayoría progresista se opuso a la ponencia de un magistrado conservador que estaba en contra, y ahora la previsión es que la semana del 5 de octubre el TC acabe dando luz verde a la amnistía. Y sería entonces cuando el juez Llarena tendría que levantar la orden de detención de Puigdemont, Comín y Puig, y el Tribunal Supremo tendría que archivar definitivamente todas las causas relacionadas con el Procés que todavía mantiene abiertas. Una medicina muy amarga para una aplicación de la justicia ufana y soberbia.¿Cuándo volvería Puigdemont?La delegada de l'ARA en Madrid, Núria Orriols, precisa que el presidente en el exilio podría elegir entre tres momentos para regresar: una vez el TC haya decidido, después de la retirada de la orden de detención de Llarena o una vez archivada definitivamente la causa. Pueden estar seguros de que después de pasarse 9 años en Bélgica, a Puigdemont no le vendrá ni de un día ni de un mes, y que no regresará hasta que no esté claro que no le detendrán. Otra cosa es que, una vez aquí, un juez Peinado de la vida le busque una multa de tráfico que no pagó o resuciten la causa de Aigües de Girona. Pero más allá de la situación penal, existe la política. Y Puigdemont tiene que decidir qué quiere hacer: si va al Parlamento a hacer de jefe de la oposición, si se vuelve a presentar o no, y de rebote, Junts tendrá que ver si es capaz de cubrir desde lo que fue Convergència, con su conexión con las grandes empresas, todo el independentismo más allá del tamaño de su bolsillo.Mientras tanto, ayer compareció en el Parlamento de Cataluña el intendente de los Mossos, Carles Hernández, jefe de la Comisaría General de Información, la rama policial de la que dependía aquella desgraciada infiltración de dos agentes en una asamblea de maestros.

Desde que hace 846 días se aprobó la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados, hay un interrogante que condiciona la política catalana y la política española: ¿cuándo volverá Carles Puigdemont en libertad a Cataluña? El retorno del líder de Junts ha estado planeando sobre la legislatura desde el primer día, ha sido una repetida exigencia de los independentistas y se ha convertido en una esperanza del PSOE para retejer alianzas y complicidad con los de Miriam Nogueras en Madrid. Ahora el Tribunal Constitucional ha puesto en marcha la maquinaria para que –definitivamente– sea posible.

Para sorpresa de nadie, Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha sido enviada a juicio por malversación y tráfico de influencias.Es la noticia del día y, a la vez, ya se daba por descontada. ¿Saben aquello que pasa cuando ya se acaban los capítulos de una serie, que los guionistas ahogan a los protagonistas con una acumulación de problemas? Pues estamos aquí: a la legislatura española le quedan meses, y la consigna de “El que pueda hacer, que haga” de Aznar trabaja a destajo. Noten que el juez que envía a juicio a la mujer de Sánchez, el juez Juan Carlos Peinado, se jubila la semana que viene. Se va por la puerta grande, con una pieza de caza mayor. Porque una cosa es que Begoña Gómez tenga que responder ante la ley como todo el mundo, pero no todo el mundo está respondiendo ante la ley de la misma manera. Carlos Mazón, con cientos de muertos en la conciencia, sigue cobrando un sueldo de diputado. Sería enternecedor si no fuera patético oír ayer en TVE a un ministro de Sánchez, Óscar López, reconociendo que al principio del Procés, él no entendía lo que pasaba, y que ahora lo entiende todo.

Hace casi una década que el retorno de Puigdemont marca la política catalana y española, pero ahora llega la hora de la verdad. Parece claro que el Constitucional dará amparo a la cúpula del Procés –este martes ya ha dado el primer paso– y que el Supremo retirará la orden de detención al expresidente. Esto lo confirman tanto fuentes del TC como fuentes del Supremo, y también el entorno de Puigdemont da crédito a este recorrido. Dicen, dicen... que el expresidente ahora sí que vuelve. El calendario previsto es el siguiente: este martes 22 de septiembre ha habido un primer debate en el TC en el que una mayoría de magistrados se han posicionado a favor de la amnistía para Jordi Turull y en contra de la propuesta del ponente conservador José María Macías de rechazarla. A raíz de esto, la ponencia pasará al próximo pleno, que será el 6 de octubre, donde se prevé que el presidente Conde-Pumpido presente una propuesta favorable a la amnistía de Dolors Bassa, que se apruebe por mayoría y que también tenga efectos para Puigdemont. Es decir, sería en este momento cuando el Constitucional avalaría ya en firme por primera vez la amnistía al delito de malversación relacionado con el 1-O y abriría la puerta ya al retorno.Si todo va según lo previsto, cuando se publique esta sentencia del TC, que quizás sea unos días más tarde de la decisión del 6 o 7 de octubre, Llarena se verá vinculado a ella y podría proceder, incluso de oficio, sin dar traslado a las partes, a retirar la orden de detención al expresidente, Toni Comín y Lluís Puig. Esto implicaría que Puigdemont dejaría de estar en el sistema de alertas de los cuerpos de seguridad del Estado y ya podría circular libremente dentro del estado español sin ser detenido.Ahora bien, en este punto todavía no estaría archivada del todo su causa: en el mismo momento Llarena tendría que dictar la conclusión del sumario y remitirlo a la sala del Supremo, que después de pedir la opinión de las partes (normalmente tienen unos cinco días hábiles para hacerlo), decidiría si cierra definitivamente el caso en virtud también del aval del recurso de amparo al Constitucional. ¿Cuándo volvería exactamente Puigdemont? No quiere avanzar nada y todo dependerá del contenido de las resoluciones, pero podría elegir hasta tres momentos para volver: una vez el TC haya decidido; esperar a la retirada de la orden de detención de Llarena, o una vez archivada definitivamente la causa. Desde su entorno, sin embargo, recetan prudencia y recuerdan que sea cuando sea estamos hablando de octubre, noviembre o a lo sumo diciembre –siempre que todo vaya según lo previsto.Las implicaciones del retorno

El hecho de que Puigdemont regrese a Cataluña abre una nueva etapa tanto en el Principado como en España.

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El Tribunal Constitucional ha activado la cuenta atrás del regreso de Carles Puigdemont a Cataluña. Lo ha hecho avalando que se aplique la ley de amnistía a la malversación atribuida al Procés, según ha podido saber el ARA. Como estaba previsto, la mayoría progresista ha impuesto su criterio y ha rechazado la ponencia del conservador José María Macías, que era partidario de rechazar el recurso de amparo de Jordi Turull –consejero de Presidencia durante el 1-O y actual secretario general de Junts– y validar el criterio del Tribunal Supremo, que hasta ahora se ha negado a exonerar el delito de malversación. Tras una hora y media de deliberación, se ha quedado en minoría.

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El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena se niega ahora a amnistiar a Carles Puigdemont hasta que no le ordene hacerlo el Tribunal Constitucional, porque considera que la sentencia —demoledora— del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no debe tener suficiente consistencia para un juez patriota como él. Investido de don Tancredo, Llarena se enroca y dice que la sentencia del TJUE no sirve como base jurídica para amnistiar a Puigdemont, dado que considera que no se ha revisado la interpretación del Supremo sobre la malversación. La respuesta sale sola: pues que la revisen. Sobre todo, porque la idea de “malversación” que se esgrimió para condenar a los líderes del Procés fue una nueva muestra de inventiva judicial a la altura de la acusación de rebelión, que se acabó descartando. La malversación no, porque necesitaban cargos para añadir años de prisión. Pero la inconsistencia de la acusación era la misma.Las razones de Llarena para no amnistiar a Puigdemont tampoco tienen fundamento. No solo eso, sino que deben estar muy cerca de la prevaricación, dada su insistencia en desobedecer no solo la ley de amnistía, sino también una sentencia de un alto tribunal europeo que, como juez que ejerce dentro de un estado miembro de la UE, tiene la obligación de acatar, cumplir y hacer cumplir. Sin embargo, se sobreentiende que la respuesta de Llarena no va dirigida a los especialistas en derecho, ni siquiera a los ciudadanos con un mínimo de espíritu crítico, sino a los medios de comunicación que aplauden las demostraciones de orgullo torero. Es como si Llarena viniera a decir que, puestos a tomarse la cicuta de tener que amnistiar a un enemigo de España, no lo hará si no se lo ordena al menos un tribunal español (aunque sea un tribunal, el Constitucional, que el siempre ecuánime Esteban González Pons definió hace dos años como “el cáncer del estado de derecho”, a pesar del uso y el abuso que hizo de él el Partido Popular cuando tenía mayoría). A Llarena le da igual haber hecho el ridículo repetidamente ante la justicia europea con sus órdenes internacionales de detención contra Puigdemont. Ha visto que la cosa no funciona, pero su reacción es mantener la orden de detención dentro del territorio del estado español: si Puigdemont pone un pie en él será detenido automáticamente, una escena que es el sueño húmedo del juez desde hace nueve años. Para salvar a España, naturalmente.El hecho es grave, pero parece anecdótico porque en estos años hemos visto a la justicia española cometer tantos despropósitos, y de tanta envergadura, que esta tozudez de Llarena parece poca cosa en comparación. Sirve de recordatorio, en todo caso, del hecho de que la sentencia del TJUE no solo supone un aval para la ley de amnistía (que desmontaba todo el estado de derecho en España, según la derecha y la extrema derecha), sino que también dejaba en evidencia, hasta el escándalo, la vergüenza televisada que supuso el juicio del Procés. Y que nos recuerda también que el poder judicial, reconvertido en arma política del ultranacionalismo conservador, sigue siendo el problema más grave de los muchos que tiene la democracia española.

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