14 de julio, fiesta nacional francesa, para conmemorar el fin de la monarquía borbónica y el establecimiento de una república de la mano de valores universales, fácilmente abrazables, como la libertad, la fraternidad y la igualdad. Solo faltó que en “Casablanca”, la Marsellesa compitiera contra un himno nazi para devenir el himno de la libertad cantado con orgullo y valentía por un grupo de franceses de la Francia libre, en una de las escenas más emocionantes de la historia del cine. Todo sería muy bonito si no fuera que en nombre de esta república tan fraternal, Francia ha perseguido hasta el auto-odio y la extinción lenguas como la catalana.Es semejante a lo que ha hecho el estado español en Cataluña. Lo que ha hecho, y lo que continúa haciendo:El Tribunal Supremo ha dictaminado que no se puede excluir el castellano en la rotulación de los centros educativos públicos de Cataluña. Dice que “el castellano es la lengua oficial en toda España, lo que significa que es una lengua que no puede ser excluida de las comunicaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos".Como titula hoy Sebastià Alzamora en su artículo, “si eres español, habla español”, que es lo que tuvieron que oír mis padres en su juventud durante la dictadura. Es la canción de siempre, cuando conviene somos españoles (sobre todo a la hora de pagar impuestos que se van y no sirven para el bienestar de los catalanes) y cuando conviene (siempre) nuestra lengua no es suficientemente española. Todo esto nos lo sabemos de memoria y, aun así, mientras tanto, el presidente Illa se fue ayer a Madrid y firmó la lealtad de Cataluña con el Estado. Una lealtad que, como vemos, no es recíproca y que, a base de repetirse llevó a la lógica conclusión de medio país de querer la independencia en 2017. La lealtad solo es posible desde la igualdad. Y lo que hay entre España y Cataluña o entre el castellano y el catalán, es una supeditación catalana a la supremacía del Estado sobre la provincia. El resto son juegos de manos retóricos que ya no se puede creer nadie. O maneras amables, casi suplicantes, de decir a los españoles que el actual gobierno de la Generalitat no les montará ningún 1 de Octubre.

El presidente Illa ha brindado, en un acto de Efe y RTVE en Madrid, la "cooperación institucional" y “lealtad” de su gobierno, y ha considerado que los que critican el nuevo modelo de financiación porque lo propone Cataluña y no por el contenido son unos “malos españoles”.

La historia del nacionalismo español de estado es una historia de represiones contra minorías. Uno de los frentes represivos más persistentes es el lingüístico: si imprimiéramos toda la jurisprudencia que se ha generado —solo en democracia: no hace falta que nos remontemos al Decreto de Nueva Planta— para desproteger el catalán y arrinconarlo del uso social, y para reforzar en cambio la presencia y el uso del castellano, tendríamos papel para empapelar el Tribunal Supremo, el Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y con toda seguridad aún sobraría.La nueva sentencia es del Supremo, y enmienda la plana al TSJC, que ha impuesto con diversas sentencias el 25% del castellano en las horas lectivas, incluso —o especialmente— en contra de la normativa lingüística fijada por la Generalitat. Pero la flamante sentencia del Supremo viene a decir que no son suficientes los afanes del TSJC: ahora también sentencian sobre la lengua en que se debe hacer la rotulación de escuelas y centros educativos. Como dicen ellos mismos, “la rotulación no es irrelevante”. La sentencia dice que la rotulación de las escuelas puede estar en la versión bilingüe castellano/catalán, pero lo que es seguro es que, como mínimo, debe estar en castellano. ¿Argumento para sostener esto? “El castellano es la lengua oficial en toda España, lo que significa que es una lengua que no puede ser excluida de las comunicaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos". Es un argumento que se acerca mucho a la frase que sirve de titular a este artículo, un lema que el estado español difundió en Cataluña, en las Baleares y en el País Valenciano durante la dictadura franquista. Se asemeja quizá no tanto en la letra, pero sí en el espíritu.Que el castellano sea “la lengua oficial en toda España”, como recalca la sentencia, no es un hecho azaroso ni fruto de la gracia divina. Sin remontarnos a explicaciones históricas, el castellano es “la lengua oficial en toda España” porque así lo fija, en la actual etapa democrática, la Constitución del 78, en un artículo 3 que la sentencia también cita: el castellano es oficial en todo el estado español y es un deber para los ciudadanos españoles conocerlo, mientras que a las “otras lenguas” (no se mencionan por el nombre) se les reconoce el “derecho de ser usadas” y de ser “también oficiales en las respectivas comunidades autónomas” (no cooficiales, este es un término que aún rebaja más la presencia oficial del catalán y que incomprensiblemente muchos repiten como loros).Por tanto, la Constitución consagra un principio de desigualdad que sirve de argumento jurídico a una sentencia que es ideológica y política. Hay en esta sentencia un componente del día y otro de fondo. Del día: quien pueda que haga, es decir, bombardeo de sentencias que puedan hacer tambalear al gobierno de Sánchez vía su relación con los socios catalanes, especialmente Junts. De fondo: un nacionalismo sempiterno que tiene su razón de ser en la lucha contra la diversidad en todas sus formas. También (quizás especialmente) contra la diversidad lingüística y cultural.

Las causas del entorno del PSOE tienen algunos vasos comunicantes. Uno de estos denominadores comunes son los principales investigados –José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García–, que se repiten en diferentes juzgados. Pero otro son personas que nunca habían estado en política, que no estaban inicialmente en el radar y que se han acabado convirtiendo en piezas clave de las investigaciones que están en marcha.

El 16 de julio hace semanas que estaba rodeado en rojo en el calendario como una fecha clave para la amnistía de los líderes del 1-O. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado la ley, aceptando que tiene encaje en la legislación europea y descartando que afecte los intereses financieros de la UE. Ahora bien, los efectos de esta sentencia irán más allá. El pronunciamiento es un requisito previo que se ha autoimpuesto el Tribunal Constitucional para resolver los recursos de amparo que presentaron Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de exconsejeros, a la espera de que Europa dé un cojín argumental para justificar que se les deje libres de responsabilidades penales y se les aplique también la ley. Pero el camino hasta llegar aquí no será fácil: aunque se espera un pronunciamiento favorable del Constitucional en otoño –en junio del año pasado avaló el encaje de la norma en la carta magna–, la pelota volverá a caer en el tejado del Tribunal Supremo, que tendrá la última palabra. De momento, fuentes del tribunal consultadas por el ARA explican que, hoy por hoy, no se moverán porque ellos no han hecho ninguna petición al TJUE.En el Supremo son crípticos sobre la estrategia que seguirán, aunque las fuentes remarcan que si hay unas resoluciones muy claras de Europa y del Constitucional, las seguirán y habrá extinción de la responsabilidad penal. De momento, consideran que no la hay. Hay un precedente inmediato en el que el Supremo no ha actuado con celeridad. Hace dos años, el alto tribunal elevó una cuestión de inconstitucionalidad al TC sobre el caso de un manifestante de Girona investigado por desórdenes públicos a raíz de las protestas de octubre de 2019. El 8 de octubre de 2025, es decir, hace nueve meses, el Constitucional desestimó el recurso y dio vía libre al Supremo para que pusiera fin a la causa penal. A pesar de ello, a estas alturas, todavía no ha habido ningún movimiento. Tampoco el TC ha movido ficha para hacer cumplir su resolución, ya que, según las fuentes consultadas, la defensa del chico no ha presentado ningún incidente de ejecución. Fuentes oficiales del Supremo aseguran no tener información del caso.El precedente de las Canarias 

Más allá del caso de Cataluña, hay un ejemplo que pone de manifiesto la odisea en que puede convertirse hacer cumplir una sentencia del Constitucional. Tenemos que viajar hasta La Laguna, un municipio en la isla de Tenerife. En abril de 2020, un juzgado de Santa Cruz de Tenerife anuló el artículo de los estatutos de la asociación Pontificia, Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna, que impedía que las mujeres pudieran hacerse socias alegando que vulnera el derecho a la igualdad. La mujer que lo propició fue Teresa Laborda.En enero de 2022, sin embargo, el Supremo tumbó la sentencia y avaló la exclusión de las mujeres de la asociación, que se define como una “asociación religiosa de caballeros”. Laborda llevó el caso al Constitucional, que en noviembre de 2024 le dio la razón. Ahora bien, ha pasado un año y medio y no ha habido ningún cambio, a pesar de que el juzgado haya barrado el paso a los múltiples intentos de la asociación y del obispado de Tenerife de impedir que se aplique. Vista la inoperancia, Laborda ha presentado dos incidentes de ejecución al TC, pero ambos se han desestimado por prematuros.La reforma de Rajoy

La cuestión radica en qué poderes tiene el Constitucional para hacer cumplir sus sentencias. ¿Qué dice la ley? El gobierno de Mariano Rajoy, en vista del Procés, hizo una reforma en 2015 para dar capacidad de ejecución al TC. Durante 2016 y 2017, la Moncloa presentaba incidentes de ejecución ante el TC porque la mesa del Parlament admitía iniciativas que desplegaban el proceso de independencia –que se interpretaba como un incumplimiento de una sentencia previa–, y el Constitucional pasaba los hechos a la Fiscalía, que interpuso numerosas querellas por desobediencia hasta la macrocausa del Procés por sedición.La ley va más allá y también da poderes al TC para que actúe de oficio: puede imponer multas coercitivas de 3.000 a 30.000 euros –se aplicó contra la sindicatura electoral del 1-O– o suspender a las autoridades que incumplan las resoluciones. Por lo tanto, el Constitucional tiene herramientas legales, pero fuentes jurídicas conocedoras aseguran que los magistrados del TC acostumbran a ser poco beligerantes con otros jueces. ¿Se enfrentará abiertamente Cándido Conde-Pumpido al Supremo para hacer cumplir la amnistía?Evitar el choque

Hasta ahora, el TC ha querido evitar un choque directo con el Supremo. La prueba es que ha rechazado aplicar medidas cautelares como retirar la orden de prisión a Puigdemont, lo que habría permitido al expresidente volver a Cataluña mientras continúa abierto el procedimiento sobre el recurso de amparo y la causa en el Supremo. Hacerlo habría implicado una batalla inédita entre el Supremo y el TC que Conde-Pumpido ha esquivado. Eso sí, el presidente del Constitucional ha avisado públicamente que "todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento" de lo que resuelva el TC.Políticamente, este escenario, según diversas fuentes consultadas, se abordó en la mesa de negociación entre el PSOE y Junts antes de la ruptura, pero no llegó a ninguna parte. Y aquí radica también el distanciamiento entre Puigdemont y José Luis Rodríguez Zapatero, ya que fuentes conocedoras apuntan que el expresidente español siempre transmitía un optimismo elevado sobre el cumplimiento de los acuerdos PSOE-Junts que después no se correspondía con la realidad.La otra posibilidad: acudir a Europa

La otra carta que puede jugar el Supremo es acudir al TJUE después de la sentencia del Constitucional. Un movimiento inédito que hasta ahora solo ha hecho un tribunal: la Audiencia de Sevilla en el caso de los ERE. Después de ser revisado por el TC, elevó una prejudicial a Luxemburgo porque consideró que la anulación de las penas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán implicaba “riesgo sistémico de impunidad”.El Supremo podría repetir un movimiento similar en el caso de los líderes independentistas. ¿Con qué argumento? Lo que hará el tribunal de Luxemburgo la semana que viene es sentenciar si el 1-O afectó los intereses financieros de la UE, pero el Supremo tiene otro argumento sobre el cual Europa aún no se habrá pronunciado: sostiene que hay malversación porque los líderes del Procés se ahorraron pagar el referéndum de su bolsillo. "Una interpretación que estimara que el delito de malversación es amnistiable nos obligaría en el futuro a suscitar la cuestión prejudicial", avisó el Supremo hace casi dos años en una de sus resoluciones.

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Una sentencia del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado este miércoles que la ley de extranjería no permite las devoluciones en caliente de los migrantes que intentan llegar a España nadando. El tribunal distingue estos retornos de la normativa específica para la valla de Melilla, donde no se considera que los migrantes hayan entrado legalmente en España hasta que no superan la línea de seguridad y a los agentes, lo que permite devolverlos inmediatamente a las autoridades marroquíes. Con esta sentencia el tribunal fija doctrina a partir del caso de un argelino que intentaba llegar nadando a Ceuta y fue entregado a las autoridades de Marruecos.

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El Tribunal Supremo no llevará la regularización de inmigrantes a la justicia europea. Según ha explicado el alto tribunal, no planteará una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el decreto aprobado por el gobierno español para regularizar la situación de 1,2 millones de inmigrantes. En la misma línea, la sala tercera del Supremo descarta también aplicar la medida cautelar que le habían solicitado los gobiernos de la Generalitat Valenciana y Aragón y que implicaba suspender la regularización hasta que no se pronunciara la justicia europea. En resumen, el Supremo seguirá estudiando los recursos sin recurrir a la justicia europea.

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Que el Tribunal Supremo se permita ahora poner en cuestión la regularización de inmigrantes llevada a cabo por el actual gobierno de España (el plazo para acogerse a ella acababa este martes) nos dice varias cosas. La principal, que el alto tribunal, con mayoría de magistrados del PP y de Vox, no tan solo está bien decidido a continuar la lucha por la salvación de España mediante la persecución de izquierdistas corruptos, o sospechosos, o señalados (“algo habrán hecho”), sino que también ha decidido impugnar las políticas de un gobierno elegido democráticamente. Esto no es ninguna novedad, sino que —decíamos ayer— lo sabemos como mínimo desde la sentencia del Constitucional contra el Estatuto de Cataluña. Ahora, sin embargo, con el independentismo deshecho, esparcido e intoxicado con discursos de odio y supremacismo/racismo (vencido, por tanto), ya no les hace falta ocuparse de las que los magistrados llamarían “cuestiones territoriales”. En vez de eso, ahora prefieren intervenir en la política inmigratoria: a cada momento, su debate.Las “dudas” del Supremo en relación al proceso de regularización de inmigrantes se ven suscitadas por las demandas presentadas por dos comunidades autónomas, Aragón y el País Valenciano, gobernadas por el PP y Vox, o por el PP con el apoyo de Vox. Son comunidades con gobernantes que sostienen —también lo dicen en Baleares, por ejemplo— que la regularización de inmigrantes causará problemas de trabajo y de vivienda a los españoles. Se ve que el turismo de masas y la especulación descontrolada no causan este tipo de problemas; en cambio, dar reconocimiento legal a las personas que ya viven aquí —sometidas a explotación laboral e inmersas en la economía sumergida— sí que causa problemas. ¿O quizás es que estos partidos también se han dado cuenta de que los discursos antiinmigración, de odio y racismo/supremacismo tienen, en efecto, un gran predicamento en nuestros días y se abonan a ellos con contumacia. Y con la seguridad jurídica del Supremo, que los acompaña de buen grado en este viaje.Para hacerlo, el Supremo mira, y esto sí que es nuevo, hacia Europa. Tradicionalmente, la justicia española desconfía y habla mal de los tribunales europeos, y los ha denigrado, insultado y ridiculizado cada vez que se han pronunciado a favor de independentistas o raperos exiliados. Ahora, sin embargo, buscan complicidad y amparo bajo el amparo del Pacto de Migración y Asilo de la UE, que entró en vigor el día 12 de junio y que es uno de los documentos más vergonzosos que ha producido la Unión en toda su historia. Se puede intentar justificar con los subterfugios que se quieran, pero es la UE dándose luz verde a sí misma para hacer campos de detención donde los inmigrantes serán abandonados a una suerte incierta y a menudo fatal; eso sí: en países extracomunitarios, para que no se vea tanto. El Supremo se aferra a ello para profundizar en la deriva del estado español, según la cual los tribunales toman las riendas del gobierno como y cuando les interesa hacerlo. El Pacto de Migración y Asilo (el nombre ya es un sarcasmo) es, por su parte, un paso de gigante de la UE hacia su autodestrucción.

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La recta final del proceso extraordinario de regularización de personas migrantes impulsado por el gobierno español llega a su fin con un frente judicial abierto. Ante las dudas planteadas por el Tribunal Supremo sobre el encaje de la medida con el derecho europeo, los expertos consultados por el ARA coinciden en que es poco probable que tengan efectos inmediatos sobre las solicitudes presentadas. Mientras que desde el mundo jurídico señalan posibles deficiencias en la tramitación, entidades y colectivos que han ayudado a los migrantes con la papeleta –a menudo luchando contra la desinformación y la falta de medios y sufriendo el colapso de la administración– centran ahora todos los esfuerzos en garantizar que los solicitantes puedan completar los trámites antes de que expire el plazo este martes.

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Por si el gobierno español no tenía suficientes frentes abiertos con la justicia, ahora se le abre otro inesperado en la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo contra la regularización extraordinaria de inmigrantes que finaliza este mismo día 30 y que ya ha superado el millón de solicitudes. El Supremo, respondiendo a los recursos interpuestos por los gobiernos valenciano y aragonés, ambos del PP, pone en duda ahora la legalidad de la regularización sobre la base de la normativa europea. Este nuevo golpe judicial al gobierno Sánchez está firmado por Carlos Lesmes, magistrado conservador que fue durante 5 años presidente del CGPJ y del TS; Wenceslao Olea, que fue vocal del CGPJ a propuesta del PP, y Fernando Román García, que fue secretario de Estado de Justicia con Mariano Rajoy.

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El Tribunal Supremo expresa dudas sobre la legalidad de la regularización extraordinaria de migrantes que ha impulsado el gobierno español y que finaliza este martes. En dos providencias a las que ha tenido acceso el ARA, el alto tribunal cuestiona el encaje del decreto aprobado por el ejecutivo de Pedro Sánchez en el derecho europeo y da cinco días a las partes personadas contra el proceso –en este caso el gobierno de Aragón y el del País Valenciano, ambos del PP– para que se pronuncien sobre la idoneidad de plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo.

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"Una corrupción orgánica, organizada y continuada desde las más altas instancias del poder político". Por unanimidad, los siete jueces del Tribunal Supremo se han hecho suya la petición de pena de la Fiscalía Anticorrupción y han condenado a José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión en el primer juicio del caso mascarillas. Quien fue hombre fuerte de Pedro Sánchez durante tres años en el PSOE y en la Moncloa, y que hace siete meses que está en Soto del Real, ha acabado condenado por pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación.

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Hoy hace siete años que terminó el juicio en el Tribunal Supremo contra los principales responsables de organizar el referéndum del 1 de Octubre. Aquella causa judicial, que culminó con condenas severes por sedición, malversación y desobediencia, marcó un antes y un después en la política catalana y española. También estos días, fruto de las necesidades aritméticas del PSOE y de la exigencia de los partidos independentistas, hace dos años de la aprobación de la ley de amnistía, que a pesar de que se aprobó con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y tiene el aval del Tribunal Constitucional, una parte de sus destinatarios continúan esperando que se les aplique, cuando es una norma plenamente vigente.El debate sobre la amnistía fue intenso. Durante meses se discutió si era conveniente, oportuna y justa. Se cuestionó su constitucionalidad y se presentaron recursos para intentar impedir su entrada en vigor. Todo esto se podría considerar que forma parte del legítimo juego democrático. Pero una vez el Congreso aprobó la ley y el Constitucional validó los aspectos esenciales, cualquier discusión sobre su legitimidad jurídica debería haber quedado resuelta, pero el Tribunal Supremo ha mantenido el pulso para no aplicar la ley, estirando el chicle de la malversación hasta el punto de sostener que hubo un enriquecimiento personal, aunque todo el mundo sabe que no hubo apropiación de recursos públicos, ni enriquecimiento personal, ni ningún beneficio económico individual.Dos años después de la ley de amnistía, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull, Lluís Puig y Toni Comín continúan sin ver reconocidos plenamente los efectos de la norma. En el caso de los exiliados, que ni siquiera han sido juzgados ni condenados, el Tribunal Supremo ya ha descartado aplicarles la amnistía. En el caso de los dirigentes que fueron condenados, el mismo tribunal ha optado por aplazar indefinidamente la decisión con el argumento de que hay que ver el pronunciamiento, que hace meses que se espera, de las instancias europeas sobre las cuestiones prejudiciales planteadas. Y de esta manera, quien días pasa, años empuja.La sala de lo penal del Tribunal Supremo y buena parte de las élites del poder judicial no han digerido que la sentencia del juicio del Procés pueda acabar en papel mojado. Lo viven como una humillación institucional y ya han dejado claro que retorcerán la interpretación de la ley de amnistía hasta hacerle decir lo contrario de lo que está escrito. La interpretación que hacen es tan forzada que incluso alguna magistrada hizo un voto particular discrepante abiertamente y pidiendo que se aplique la ley.  El pecado original de la amnistía es que deja en papel mojado una sentencia que había sido presentada como la respuesta definitiva del Estado al reto independentista, y la decisión del legislador altera aquel relato y abre una nueva etapa política que algunos no parecen dispuestos a aceptar. La consecuencia de esto es preocupante porque el Tribunal Supremo actúa como un contrapoder, como si tuviera capacidad para decidir qué leyes merecen ser aplicadas y cuáles pueden ser sometidas a una reinterpretación permanente hasta hacerlas inoperantes. Es una actitud que desborda las funciones propias del poder judicial y que erosiona uno de los fundamentos básicos de cualquier democracia: el respeto a la voluntad expresada por los representantes de la ciudadanía.Cuando un tribunal deja de aplicar una ley porque no comparte sus efectos, el problema ya no es jurídico sino político. La obstinación para que Puigdemont no pueda volver del exilio sin pasar por la prisión y para que Junqueras y el resto de dirigentes continúen inhabilitados deja muy claro que una parte del poder judicial prioriza su ideología a su deber de aplicar las leyes. Bloquear la amnistía con pretextos que no tienen fundamento es, sin tapujos, una manifestación de autoritarismo incompatible con las reglas elementales del estado de derecho.Pero tan grave como esto es el silencio de muchos responsables políticos. Demasiados dirigentes parecen cómodos con una situación en la que las leyes solo son exigibles cuando coinciden con sus preferencias ideológicas. Cuando el estado de derecho es un instrumento para perseguir adversarios y no una garantía para proteger derechos es un estado de derecho de cartón piedra. Y esta es una anomalía que trasciende el independentismo. Porque cuando una democracia permite que sus tribunales desobedezcan el espíritu y la finalidad de una ley aprobada por la cámara parlamentaria y validada por el Constitucional, el perjuicio no es solo para los afectados. El perjuicio es para la democracia misma.

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El Tribunal Supremo ha parado los pies al gobierno de Isabel Díaz Ayuso y a Vox y ha rechazado paralizar temporalmente la regularización extraordinaria deinmigrantes que arrancó hace un mes y medio. Lo ha decidido la Sala de lo Contencioso-Administrativo después de cinco vistas que se han celebrado esta mañana y que han servido para que el ejecutivo madrileño, el partido de extrema derecha y tres asociaciones ultra cargaran contra el proceso de regularización que impulsó el gobierno español después de un pacto con Podemos. En una de ellas, el abogado del Estado ha anunciado que hasta el 21 de mayo se han presentado 549.596 solicitudes y se han empezado a tramitar 91.905. Los que han superado el primer filtro han recibido una autorización provisional para poder trabajar. En muchos casos, era gente que tenía trabajo: estaba trabajando en negro y ahora lo hace de manera regular o ha encontrado trabajo en otro lugar. "No estamos hablando de entrada, sino de una cuestión radicalmente diferente. Estamos hablando de un conjunto de personas que estaban en España, que pueden acreditar cinco meses de haber vivido allí y que tenían déficit de acceso a los derechos", ha argumentado el abogado del Estado. También ha puesto de relieve que la regularización sirve para "dar respuesta a los retos del mercado laboral" y busca ofrecer una "integración efectiva y rápida" a personas que tienen "arraigo" y un "vínculo indisoluble de convivencia" en España.

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El Tribunal Supremo considera que las personas con una "vinculación particularmente estrecha" tienen derecho a interceder judicialmente contra la decisión de un paciente que quiera recibir la eutanasia. Es la respuesta mayoritaria, pero no unánime, de los magistrados del Alto Tribunal después de abordar este martes el debate sobre si los familiares tienen derecho a intercedir judicialmente para impedir que un familiar suyo reciba la eutanasia.

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Después de catorce sesiones, el primer juicio contra José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama ha quedado visto para sentencia. Ahora el tribunal, encabezado por Andrés Martínez Arrieta, tendrá que dictaminar si condena a quien fue ministro de Transportes y número tres del PSOE y a quien se convirtió en su permanente mano derecha y si hace caso a la Fiscalía o al PP en la pena de prisión para el “nexo corruptor” de la presunta trama. Durante un mes, el Tribunal Supremo ha sido testigo de cómo uno de los primeros hombres fuertes de Pedro Sánchez se sentaba en el banquillo de los acusados y ha visto escenas de impacto en un juicio que quedará para la historia.

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"Un caso mediático juzgado hace tiempo con una condena clara". Así ha resumido José Luis Ábalos el caso de las mascarillas, por el que afronta una pena de entre 24 y 30 años de prisión. El exministro de Transportes, que lleva cinco meses en Soto del Real, ha sido el último de los acusados en declarar, después de que la semana pasada lo hicieran Víctor de Aldama y Koldo García. El que fuera el hombre fuerte de Pedro Sánchez en la Moncloa y en Ferraz ha declarado durante casi seis horas y, exhibiendo un conocimiento minucioso de los informes de la Guardia Civil, ha negado haber recibido dinero por parte de Aldama: "Decir que se me entregaron en mano me parece grosero. Entiendo por qué se hace. Le digo que no y no hay ninguna evidencia en absoluto". Asimismo, ha criticado el "sesgo permanente" del instituto armado y ha denunciado una "cierta intencionalidad" durante toda la investigación: "Me llama la atención las ganas de imputarme a mí y de encontrarme algo".

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Día de revelaciones y desmentidos en el Tribunal Supremo. Después de la explosiva declaración de Víctor de Aldama, que disparó a tort y a derecho para intentar salpicar a Pedro Sánchez y cuestionar la financiación del PSOE, ha llegado el turno de Koldo García, que fue asesor de José Luis Ábalos en el ministerio de Transportes y la Fiscalía le pide diecinueve años y medio de prisión. "Pregúntemelo absolutamente todo para intentar demostrar mi inocencia", ha exhortado al fiscal nada más arrancar. Y, después de cinco horas y media, ha dado su versión sobre uno de los grandes interrogantes del juicio: ¿qué son las xistorras? Un informe de la Guardia Civil sospechaba que era la denominación en clave para referirse a billetes de 500 euros. Y Koldo García, a preguntas de su abogada, lo ha confirmado, a pesar de que el pasado octubre, en un par de entrevistas televisivas, aseguró que las xistorras eran "embutidos".

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Día clave en el juicio del caso mascarillas en el Tribunal Supremo. Después de diez sesiones, ha llegado el turno de las declaraciones de los tres acusados: José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. El único que ha podido ser interrogado este miércoles ha sido el empresario y presunto conseguidor de la trama, que se avino a colaborar con la justicia hace un año y medio cuando estaba en prisión preventiva –"qué invento", replicó Pedro Sánchez– y para quien la Fiscalía pide una pena muy inferior a la del resto de acusados. Igual que hizo en aquel momento inicial de la investigación, ha decidido explayarse, estirar la manta y apuntar directamente a Pedro Sánchez. Sin aportar pruebas y valiéndose solo de su palabra, ha dado detalles minuciosos para intentar acreditar su acceso privilegiado a las esferas de poder, ha relatado al dedillo la hoja de ruta de la presunta corrupción y ha expresado "arrepentimiento". "Si hay una jerarquía de una banda criminal, Sánchez está en el primer escalafón", ha dicho. "A mí se me transmitía que el presidente lo sabía todo", ha añadido en una declaración que se ha alargado más de seis horas y media.

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Víctor de Aldama se sienta en el banquillo de los acusados del primer juicio del caso Koldo junto a José Luis Ábalos, que fue ministro de Transportes, y Koldo García, que era su asesor. Es el presunto conseguidor de la trama de las mascarillas y se enfrenta a penas de prisión mucho inferiores –la Fiscalía le pide siete años de prisión, un tercio de la petición que hace para el ex número tres del PSOE– porque ha colaborado activamente con la justicia desde el inicio de la causa. En las últimas dos sesiones, se ha puesto de manifiesto que Aldama tenía capacidad para moverse en la sede del ministerio de Transportes, en el complejo de Nuevos Ministerios, como si fuera uno más. Una circunstancia que sorprendía a algunos de los testigos que han desfilado por el Tribunal Supremo.

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