El lunes pasado el rey Felipe VI recibió en el Palacio de la Zarzuela a la ministra de Defensa, Margarita Robles; al jefe del Estado Mayor de la Defensa, Teodoro López Calderón, y al comandante de Ceuta, Luis Fernández Herrero. Los servicios de comunicación de Palacio difundieron inmediatamente una imagen solemne en la cual se veía al rey y a los dos mandos del ejército vestidos de militares. Un detalle que no pasó desapercibido y que disparaba las especulaciones por la ausencia del presidente Sánchez, a quien corresponde marcar y dirigir las estrategias de gobernanza. El poder militar, pues, quería marcar presencia, y el jefe del Estado les ofreció la oportunidad, en medio de rumores sobre las discrepancias entre el presidente y la ministra. Y es difícil creer que la imagen fuera inocente. En un país que viene de donde viene, la puesta en escena es, como mínimo, inquietante. ¿A qué viene este gesto militarista ante una crisis de una complejidad considerable y que no admite gestos disfuncionales y mucho menos de este carácter? El monarca poniendo en escena al ejército.

“La interpretación del Tribunal Supremo no puede tildarse de sorprendente o imprevisible, y mucho menos de caprichosa o fruto de una supuesta animadversión”. La primera versión de la primera ponencia del Tribunal Constitucional sobre la amnistía a la malversación, elaborada por el conservador José María Macías y a la cual ha tenido acceso el ARA, propone rechazar el recurso de amparo que presentó Jordi Turull contra la decisión de Manuel Marchena de no amnistiarle y mantener viva su inhabilitación hasta el 2030. El documento, que se debatirá en el pleno del TC del próximo 22 de septiembre, avala punto por punto la tesis del alto tribunal, que evitó perdonar la malversación alegando que los miembros del Gobierno del 1-O se enriquecieron porque no pagaron el referéndum de su bolsillo: “El beneficio también puede concretarse en la mera posibilidad de disponer indebidamente de unos fondos hasta entonces no disponibles, hecho que aumenta la capacidad de gasto y la consiguiente posibilidad de adquisición de bienes y servicios. Poder disponer de lo que no se disponía ya implica un beneficio”, argumenta la ponencia.

La misma semana que la pesadilla judicial de Pedro Sánchez se ha reactivado en la Audiencia Nacional, y a pocos metros de donde estaba declarando el exdirector general de la Guardia Civil, investigado en el caso Leire Díez, el Tribunal Supremo ha dado el pistoletazo de salida al curso judicial. Todo el mundo sabe –en Ferraz, en Génova y en la Moncloa– que los tiempos de la justicia marcarán los últimos vaivenes de la legislatura, tanto por los casos que salpican al PSOE como por la aplicación de la amnistía. Y unos de los grandes protagonistas han sido los reproches por las críticas a los jueces: “No es admisible que la descalificación pública se convierta en un instrumento de presión”, ha proclamado la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló. “Si las descalificaciones proceden de los que ejercen responsabilidades institucionales, la gravedad es mayor”, ha añadido.

Ahora sí: cuenta atrás para la amnistía a los líderes del Procés. O eso es lo que se ha respirado este jueves en los pasillos de la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo. Según apuntan a l'ARA fuentes conocedoras del alto tribunal, la aplicación de la ley al Govern del 1-O, incluyendo al expresidente Carles Puigdemont, podría desencadenarse después de la resolución del primer recurso de amparo por parte del Tribunal Constitucional, sin que haga falta esperar a que los resuelva individualmente uno por uno. Las mismas voces argumentan que el primer pronunciamiento “generaría una doctrina” que podría arrastrarse al resto de casos. Es, precisamente, lo mismo que defendió el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, hace unos días en una entrevista. Es decir, aunque el caso de Carles Puigdemont no será el primero que aborde el TC, la orden de detención contra él podría levantarse cuando el Constitucional se pronuncie sobre el recurso del exconseller Jordi Turull, que es el de cabecera y, en principio, será el primero que tendrá una sentencia, que todas las fuentes asumen que será favorable. Llegaría el mes de octubre y arrastraría al resto.

El Tribunal Supremo ha accedido a las pretensiones de Vox y de Iustitia Europa –un partido extraparlamentario habitual en las causas que rodean al PSOE– y ha paralizado temporalmente el derecho a voto de las personas que hayan obtenido la nacionalidad española a través de la conocida como ley de nietos. Es una medida cautelar que ha adoptado hasta que dicte una sentencia definitiva y mientras los consulados españoles no “expidan certificación acreditativa” de su condición de descendientes de exiliados. Esto interpela a los “nacidos fuera de España, de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles”, que sufrieran exilio por “razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación de identidad sexual” y que “hubieran perdido o renunciado” a la nacionalidad española. Esta es la frase textual que aparece en la ley de memoria democrática.

La sentencia del TJUE sobre la ley de amnistía ha provocado un efecto cascada. En los últimos días, el Tribunal Supremo se ha apresurado a dar carpetazo a seis casos que tenía sobre la mesa y que estaban a la espera desde hacía meses. Ahora bien, a pesar de este despertar súbito, las catorce personas que se han beneficiado de la norma del olvido penal no tienen –estrictamente– nada que ver con el aval de Luxemburgo. Era un filtro que se fijó el alto tribunal de manera implícita y que ha acabado siendo el pretexto para mantener congeladas todas estas causas durante nueve meses, dado que el pasado mes de octubre el Tribunal Constitucional había dado explícitamente luz verde a aplicar la ley.

Desde que se puso sobre la mesa, Vox ha convertido la ley de amnistía en uno de sus principales caballos de batalla, prometiendo por activa y por pasiva que, si llega al gobierno español, "revertirá" y "derogará" la norma de manera inmediata. A esta idea también se ha sumado el Partido Popular, y su líder, Alberto Núñez Feijóo, en una dinámica que, analizando la hemeroteca, es habitual en los populares: prometer la derogación de las leyes del PSOE para acabar manteniéndolas intactas una vez llegan al poder —como pasó en el pasado con la ley del aborto o el matrimonio homosexual. Pese a la insistencia constante de la extrema derecha sobre esta supuesta derogación, la amenaza choca de lleno con un muro infranqueable: la arquitectura del estado de derecho. Según los expertos consultados por el ARA, la promesa de Vox es jurídicamente inviable y la eliminación de la ley tendría unos efectos prácticamente nulos para los encausados. De hecho, el mismo partido admite al ARA que es consciente de este muro legal.

La incertidumbre sobre la aplicación de la ley de amnistía a los líderes del Procés ha dejado abierto un laberinto judicial. A la espera de si el Tribunal Supremo aplicará la sentencia del TJUE, en este laberinto hay un camino que aún no está resuelto y que deja una incógnita abierta: en caso de una hipotética inaplicación de la amnistía, ¿es posible abrir la carpeta de un segundo indulto para borrar aquello que quedó pendiente? En su momento, el gobierno español indultó parcialmente a los líderes del Procés –era la única vía posible después de que el tribunal sentenciador se opusiera a la medida de gracia–, es decir, les perdonó la pena de prisión, pero mantuvo intacta la pena de inhabilitación que afectaba a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, que fueron condenados también por un delito de malversación. Esta inhabilitación, por ejemplo, impide al actual líder de ERC presentarse a unas elecciones –tal como se ha mostrado dispuesto– o ejercer la docencia.

El Tribunal Supremo ha aplicado la ley de amnistía a ocho independentistas –agrupados en cuatro causas– que estaban pendientes de ella. La decisión llega una semana después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un pronunciamiento que el alto tribunal decidió esperar tácitamente. Formalmente, había suspendido la tramitación de los cuatro casos a raíz de la cuestión de inconstitucionalidad que presentó en julio de 2024. La sentencia del Constitucional, que no le daba la razón, llegó en octubre de 2025, pero han tenido que pasar nueve meses para que el Supremo haya movido ficha. “Los hechos que dieron lugar a este procedimiento no ofrecerían duda en cuanto a su subunción en el artículo 1 de la ley de amnistía. [...] Se cumple, en consecuencia, con el ámbito objetivo de aplicación”, concluyen los cuatro autos. Son tres manifestantes condenados por desórdenes públicos agravados en las protestas posteriores a la sentencia del juicio del Procés, un alcalde que se atribuyó las competencias de las escuelas para hacer posible el 1-O y los cuatro miembros de la mesa del Parlament –con Roger Torrent al frente– que fueron absueltos de haber desobedecido las sentencias del TC.

El monotema futbolístico y el recrecimiento de las neuronas que todos juntos llevamos a estas alturas de un verano que ya es de pleno cambio climático han hecho pasar desapercibida la escandalosa reacción de la cúpula judicial española, y de la derecha ultranacionalista, a la sentencia del TJUE sobre la amnistía. El resumen es el siguiente. Tribunal Constitucional: se lo mirará al volver de vacaciones. Tribunal Supremo: mantiene la orden de detención de Puigdemont y la acusación de malversación, y se guarda el as de plantear nuevas cuestiones prejudiciales, lo que dilataría el proceso unos cuantos meses más. El PP: en palabras del secretario general Miguel Tellado, la sentencia del TJUE no entra “en el fondo del asunto”. El fondo del asunto es cargarse a Pedro Sánchez y su gobierno, tan malvado que ni siquiera da, según el PP, apoyo a la roja.Por parte de los socialistas y los socios de la investidura de Sánchez, y por parte de los directamente afectados –los líderes independentistas ahora amnistiados por el tribunal europeo–, ha dominado la cautela, la prudencia, el cálculo y la calma tensa. Rompió la cuerda del violín Óscar Puente, el ministro hooligan, que la derramó invitando a Puigdemont a “plantarse en España”. Esto –ya que mencionamos el fútbol– es porque Puente, como tantos otros, hace años que aplica a los hechos ciertamente gravísimos que han sucedido en los últimos diez años en el conflicto entre Cataluña y España la lógica burda, emocional e infantil propia del fútbol. Se creen de verdad que “Puigdemont huyó de España dentro del maletero de un coche” y, a partir de aquí, son presa fácil del relato que ellos mismos han ido construyendo. Un relato desinformado y desinformador, maniqueo, que reduce rápidamente la realidad a su nivel de caricatura. “¿Hay sentencia favorable del TJUE? Pues que se plante aquí”. Si la capacidad de análisis de un ministro es esta, hasta aquí ha llegado la riada.Con todo, lo que es verdaderamente alarmante es la actitud de los tribunales españoles hacia sus referentes europeos. El hecho de que un estado sea miembro de la UE comporta que el derecho y la jurisprudencia europeos se incorporen al corpus legal vigente en aquel estado y adquieran un rango de relevancia superior al del derecho y la jurisprudencia “nacionales”. Las sentencias de los tribunales europeos no son sentencias “extranjeras” ni intromisiones intolerables. Las sentencias europeas no se pueden posponer, ni negligir, ni eludir ni ignorar. Muy al contrario, los tribunales españoles las han de acatar, aplicar y hacer aplicar con el mismo celo y diligencia que si fueran sentencias “propias”. Ahora bien, esta del TJUE sobre la amnistía se les atraviesa especialmente. Y es comprensible, porque pone en evidencia el juego sucio que la justicia y la política españolas (en particular, el Supremo y el PP) han practicado y siguen practicando, naturalmente para defender la unidad de España. El TJUE no les da la razón en nada y, sin decirlo, dice lo que son: unos políticos que actúan al margen de la democracia, y unos jueces prevaricadores.

Hay estados fuertes, pesados, laberínticos, implacables. También los hay de fallidos. En el caso de España les dejo a ustedes el adjetivo calificativo, pero el caso es que no estaríamos hablando ni de resolutivo ni de pragmático. ¿Quizás tampoco lo es la mayoría de nuestra sociedad? Este es un tema para otro día.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) apoyando la ley de amnistía española es un paso sumamente importante para conseguir que algún día esta norma se pueda aplicar finalmente sin exclusiones ni restricciones. Pero de momento no es suficiente para parar la larga partida de ajedrez que en los ámbitos políticos y judiciales se juega desde 2017 –y antes– en torno a esta cuestión. Resulta evidente que la razón de estado sigue presente en la actitud que mantienen instituciones, organismos e instancias de todo tipo, junto con el núcleo de poder de la magistratura conservadora, bien asentado en la cúpula del organigrama del edificio estatal. Para darse cuenta no hace falta ser un independentista radical. Basta con haber seguido con algún interés los acontecimientos de los últimos años.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del jueves sobre la amnistía ha vuelto a poner el foco sobre quién y cómo juzga a nuestros representantes. Una vez el Tribunal Constitucional (TC) determine su posicionamiento, la decisión final sobre la aplicación de la ley a los líderes del 'procés' recaerá sobre el Tribunal Supremo (TS), dado que fueron o deberían ser juzgados por esta instancia. Pero, ¿por qué hay que ir directamente a Madrid?

La ley de amnistía para los encausados por el procés independentista entró en vigor en junio de 2024. Han pasado más de dos años y el bloqueo continúa. ¿Cuánto tiempo más habrá que esperar hasta que llegue a todos los implicados?

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado este jueves un aval nítido a la ley de amnistía, hecho que ha provocado una oleada de reacciones que une al independentismo y a los gobiernos catalán y español en una misma exigencia: la aplicación inmediata de la norma por parte de la judicatura española. La resolución ha sido recibida como una "victoria rotunda", aunque con la prudencia de saber que la última palabra ejecutiva la tienen los tribunales estatales. En palabras del expresidente Carles Puigdemont, "el partido ahora ya no se jugará en Europa sino en el Bernabéu, con los árbitros y el público decantados hacia un lado".

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la amnistía era un paso muy relevante para alcanzar un aval jurídico desde Europa a la norma aprobada en el Congreso de los Diputados, ya que es la primera vez que se pronuncia sobre la medida para poner fin a las causas penales del Procés. Lo ha hecho avalando el espíritu del legislador: la normalización de la situación política en Cataluña en pro de la "reconciliación". Ahora bien, ¿cuáles son los efectos prácticos de esta resolución? ¿Cuándo podrá volver el expresidente Carles Puigdemont? ¿Cuándo dejarán de estar inhabilitados Oriol Junqueras y los expresos políticos?

14 de julio, fiesta nacional francesa, para conmemorar el fin de la monarquía borbónica y el establecimiento de una república de la mano de valores universales, fácilmente abrazables, como la libertad, la fraternidad y la igualdad. Solo faltó que en “Casablanca”, la Marsellesa compitiera contra un himno nazi para devenir el himno de la libertad cantado con orgullo y valentía por un grupo de franceses de la Francia libre, en una de las escenas más emocionantes de la historia del cine. Todo sería muy bonito si no fuera que en nombre de esta república tan fraternal, Francia ha perseguido hasta el auto-odio y la extinción lenguas como la catalana.Es semejante a lo que ha hecho el estado español en Cataluña. Lo que ha hecho, y lo que continúa haciendo:El Tribunal Supremo ha dictaminado que no se puede excluir el castellano en la rotulación de los centros educativos públicos de Cataluña. Dice que “el castellano es la lengua oficial en toda España, lo que significa que es una lengua que no puede ser excluida de las comunicaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos".Como titula hoy Sebastià Alzamora en su artículo, “si eres español, habla español”, que es lo que tuvieron que oír mis padres en su juventud durante la dictadura. Es la canción de siempre, cuando conviene somos españoles (sobre todo a la hora de pagar impuestos que se van y no sirven para el bienestar de los catalanes) y cuando conviene (siempre) nuestra lengua no es suficientemente española. Todo esto nos lo sabemos de memoria y, aun así, mientras tanto, el presidente Illa se fue ayer a Madrid y firmó la lealtad de Cataluña con el Estado. Una lealtad que, como vemos, no es recíproca y que, a base de repetirse llevó a la lógica conclusión de medio país de querer la independencia en 2017. La lealtad solo es posible desde la igualdad. Y lo que hay entre España y Cataluña o entre el castellano y el catalán, es una supeditación catalana a la supremacía del Estado sobre la provincia. El resto son juegos de manos retóricos que ya no se puede creer nadie. O maneras amables, casi suplicantes, de decir a los españoles que el actual gobierno de la Generalitat no les montará ningún 1 de Octubre.

El presidente Illa ha brindado, en un acto de Efe y RTVE en Madrid, la "cooperación institucional" y “lealtad” de su gobierno, y ha considerado que los que critican el nuevo modelo de financiación porque lo propone Cataluña y no por el contenido son unos “malos españoles”.

La historia del nacionalismo español de estado es una historia de represiones contra minorías. Uno de los frentes represivos más persistentes es el lingüístico: si imprimiéramos toda la jurisprudencia que se ha generado —solo en democracia: no hace falta que nos remontemos al Decreto de Nueva Planta— para desproteger el catalán y arrinconarlo del uso social, y para reforzar en cambio la presencia y el uso del castellano, tendríamos papel para empapelar el Tribunal Supremo, el Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y con toda seguridad aún sobraría.La nueva sentencia es del Supremo, y enmienda la plana al TSJC, que ha impuesto con diversas sentencias el 25% del castellano en las horas lectivas, incluso —o especialmente— en contra de la normativa lingüística fijada por la Generalitat. Pero la flamante sentencia del Supremo viene a decir que no son suficientes los afanes del TSJC: ahora también sentencian sobre la lengua en que se debe hacer la rotulación de escuelas y centros educativos. Como dicen ellos mismos, “la rotulación no es irrelevante”. La sentencia dice que la rotulación de las escuelas puede estar en la versión bilingüe castellano/catalán, pero lo que es seguro es que, como mínimo, debe estar en castellano. ¿Argumento para sostener esto? “El castellano es la lengua oficial en toda España, lo que significa que es una lengua que no puede ser excluida de las comunicaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos". Es un argumento que se acerca mucho a la frase que sirve de titular a este artículo, un lema que el estado español difundió en Cataluña, en las Baleares y en el País Valenciano durante la dictadura franquista. Se asemeja quizá no tanto en la letra, pero sí en el espíritu.Que el castellano sea “la lengua oficial en toda España”, como recalca la sentencia, no es un hecho azaroso ni fruto de la gracia divina. Sin remontarnos a explicaciones históricas, el castellano es “la lengua oficial en toda España” porque así lo fija, en la actual etapa democrática, la Constitución del 78, en un artículo 3 que la sentencia también cita: el castellano es oficial en todo el estado español y es un deber para los ciudadanos españoles conocerlo, mientras que a las “otras lenguas” (no se mencionan por el nombre) se les reconoce el “derecho de ser usadas” y de ser “también oficiales en las respectivas comunidades autónomas” (no cooficiales, este es un término que aún rebaja más la presencia oficial del catalán y que incomprensiblemente muchos repiten como loros).Por tanto, la Constitución consagra un principio de desigualdad que sirve de argumento jurídico a una sentencia que es ideológica y política. Hay en esta sentencia un componente del día y otro de fondo. Del día: quien pueda que haga, es decir, bombardeo de sentencias que puedan hacer tambalear al gobierno de Sánchez vía su relación con los socios catalanes, especialmente Junts. De fondo: un nacionalismo sempiterno que tiene su razón de ser en la lucha contra la diversidad en todas sus formas. También (quizás especialmente) contra la diversidad lingüística y cultural.

Las causas del entorno del PSOE tienen algunos vasos comunicantes. Uno de estos denominadores comunes son los principales investigados –José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García–, que se repiten en diferentes juzgados. Pero otro son personas que nunca habían estado en política, que no estaban inicialmente en el radar y que se han acabado convirtiendo en piezas clave de las investigaciones que están en marcha.