El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, enmienda de raíz la negativa del Tribunal Supremo a aplicar la ley de amnistía y considera que perdonar la malversación atribuida al referéndum del 1-O es “la única conclusión conciliable” con las “reglas de la lógica y del sentido común” y con una interpretación de la amnistía que “atienda a su espíritu y finalidad” y a su “propia génesis”. Así lo recoge la ponencia que ha elaborado, a la que ha tenido acceso el ARA, sobre el recurso de amparo de Dolors Bassa, que era consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias durante el 1-O y está inhabilitada hasta el 2031. El texto argumenta que la “interpretación auspiciada” por el Supremo fue “claramente expansiva”, “opuesta” a la “finalidad y espíritu” de la ley y “contraria al reo” y establece que a Dolors Bassa se le vulneraron los derechos a la tutela judicial efectiva, a acceder a funciones y cargos públicos y a la legalidad penal.

Tal como ya les avanzamos ayer, el Tribunal Constitucional avaló la ley de amnistía. Aunque las deliberaciones de los magistrados son secretas, ha sido un secreto de dominio público (como ocurre casi siempre en los pasillos judiciales españoles): la mayoría progresista se opuso a la ponencia de un magistrado conservador que estaba en contra, y ahora la previsión es que la semana del 5 de octubre el TC acabe dando luz verde a la amnistía. Y sería entonces cuando el juez Llarena tendría que levantar la orden de detención de Puigdemont, Comín y Puig, y el Tribunal Supremo tendría que archivar definitivamente todas las causas relacionadas con el Procés que todavía mantiene abiertas. Una medicina muy amarga para una aplicación de la justicia ufana y soberbia.¿Cuándo volvería Puigdemont?La delegada de l'ARA en Madrid, Núria Orriols, precisa que el presidente en el exilio podría elegir entre tres momentos para regresar: una vez el TC haya decidido, después de la retirada de la orden de detención de Llarena o una vez archivada definitivamente la causa. Pueden estar seguros de que después de pasarse 9 años en Bélgica, a Puigdemont no le vendrá ni de un día ni de un mes, y que no regresará hasta que no esté claro que no le detendrán. Otra cosa es que, una vez aquí, un juez Peinado de la vida le busque una multa de tráfico que no pagó o resuciten la causa de Aigües de Girona. Pero más allá de la situación penal, existe la política. Y Puigdemont tiene que decidir qué quiere hacer: si va al Parlamento a hacer de jefe de la oposición, si se vuelve a presentar o no, y de rebote, Junts tendrá que ver si es capaz de cubrir desde lo que fue Convergència, con su conexión con las grandes empresas, todo el independentismo más allá del tamaño de su bolsillo.Mientras tanto, ayer compareció en el Parlamento de Cataluña el intendente de los Mossos, Carles Hernández, jefe de la Comisaría General de Información, la rama policial de la que dependía aquella desgraciada infiltración de dos agentes en una asamblea de maestros.

Desde que hace 846 días se aprobó la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados, hay un interrogante que condiciona la política catalana y la política española: ¿cuándo volverá Carles Puigdemont en libertad a Cataluña? El retorno del líder de Junts ha estado planeando sobre la legislatura desde el primer día, ha sido una repetida exigencia de los independentistas y se ha convertido en una esperanza del PSOE para retejer alianzas y complicidad con los de Miriam Nogueras en Madrid. Ahora el Tribunal Constitucional ha puesto en marcha la maquinaria para que –definitivamente– sea posible.

Para sorpresa de nadie, Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha sido enviada a juicio por malversación y tráfico de influencias.Es la noticia del día y, a la vez, ya se daba por descontada. ¿Saben aquello que pasa cuando ya se acaban los capítulos de una serie, que los guionistas ahogan a los protagonistas con una acumulación de problemas? Pues estamos aquí: a la legislatura española le quedan meses, y la consigna de “El que pueda hacer, que haga” de Aznar trabaja a destajo. Noten que el juez que envía a juicio a la mujer de Sánchez, el juez Juan Carlos Peinado, se jubila la semana que viene. Se va por la puerta grande, con una pieza de caza mayor. Porque una cosa es que Begoña Gómez tenga que responder ante la ley como todo el mundo, pero no todo el mundo está respondiendo ante la ley de la misma manera. Carlos Mazón, con cientos de muertos en la conciencia, sigue cobrando un sueldo de diputado. Sería enternecedor si no fuera patético oír ayer en TVE a un ministro de Sánchez, Óscar López, reconociendo que al principio del Procés, él no entendía lo que pasaba, y que ahora lo entiende todo.

Hace casi una década que el retorno de Puigdemont marca la política catalana y española, pero ahora llega la hora de la verdad. Parece claro que el Constitucional dará amparo a la cúpula del Procés –este martes ya ha dado el primer paso– y que el Supremo retirará la orden de detención al expresidente. Esto lo confirman tanto fuentes del TC como fuentes del Supremo, y también el entorno de Puigdemont da crédito a este recorrido. Dicen, dicen... que el expresidente ahora sí que vuelve. El calendario previsto es el siguiente: este martes 22 de septiembre ha habido un primer debate en el TC en el que una mayoría de magistrados se han posicionado a favor de la amnistía para Jordi Turull y en contra de la propuesta del ponente conservador José María Macías de rechazarla. A raíz de esto, la ponencia pasará al próximo pleno, que será el 6 de octubre, donde se prevé que el presidente Conde-Pumpido presente una propuesta favorable a la amnistía de Dolors Bassa, que se apruebe por mayoría y que también tenga efectos para Puigdemont. Es decir, sería en este momento cuando el Constitucional avalaría ya en firme por primera vez la amnistía al delito de malversación relacionado con el 1-O y abriría la puerta ya al retorno.Si todo va según lo previsto, cuando se publique esta sentencia del TC, que quizás sea unos días más tarde de la decisión del 6 o 7 de octubre, Llarena se verá vinculado a ella y podría proceder, incluso de oficio, sin dar traslado a las partes, a retirar la orden de detención al expresidente, Toni Comín y Lluís Puig. Esto implicaría que Puigdemont dejaría de estar en el sistema de alertas de los cuerpos de seguridad del Estado y ya podría circular libremente dentro del estado español sin ser detenido.Ahora bien, en este punto todavía no estaría archivada del todo su causa: en el mismo momento Llarena tendría que dictar la conclusión del sumario y remitirlo a la sala del Supremo, que después de pedir la opinión de las partes (normalmente tienen unos cinco días hábiles para hacerlo), decidiría si cierra definitivamente el caso en virtud también del aval del recurso de amparo al Constitucional. ¿Cuándo volvería exactamente Puigdemont? No quiere avanzar nada y todo dependerá del contenido de las resoluciones, pero podría elegir hasta tres momentos para volver: una vez el TC haya decidido; esperar a la retirada de la orden de detención de Llarena, o una vez archivada definitivamente la causa. Desde su entorno, sin embargo, recetan prudencia y recuerdan que sea cuando sea estamos hablando de octubre, noviembre o a lo sumo diciembre –siempre que todo vaya según lo previsto.Las implicaciones del retorno

El hecho de que Puigdemont regrese a Cataluña abre una nueva etapa tanto en el Principado como en España.

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El Tribunal Constitucional ha activado la cuenta atrás del regreso de Carles Puigdemont a Cataluña. Lo ha hecho avalando que se aplique la ley de amnistía a la malversación atribuida al Procés, según ha podido saber el ARA. Como estaba previsto, la mayoría progresista ha impuesto su criterio y ha rechazado la ponencia del conservador José María Macías, que era partidario de rechazar el recurso de amparo de Jordi Turull –consejero de Presidencia durante el 1-O y actual secretario general de Junts– y validar el criterio del Tribunal Supremo, que hasta ahora se ha negado a exonerar el delito de malversación. Tras una hora y media de deliberación, se ha quedado en minoría.

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El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena se niega ahora a amnistiar a Carles Puigdemont hasta que no le ordene hacerlo el Tribunal Constitucional, porque considera que la sentencia —demoledora— del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no debe tener suficiente consistencia para un juez patriota como él. Investido de don Tancredo, Llarena se enroca y dice que la sentencia del TJUE no sirve como base jurídica para amnistiar a Puigdemont, dado que considera que no se ha revisado la interpretación del Supremo sobre la malversación. La respuesta sale sola: pues que la revisen. Sobre todo, porque la idea de “malversación” que se esgrimió para condenar a los líderes del Procés fue una nueva muestra de inventiva judicial a la altura de la acusación de rebelión, que se acabó descartando. La malversación no, porque necesitaban cargos para añadir años de prisión. Pero la inconsistencia de la acusación era la misma.Las razones de Llarena para no amnistiar a Puigdemont tampoco tienen fundamento. No solo eso, sino que deben estar muy cerca de la prevaricación, dada su insistencia en desobedecer no solo la ley de amnistía, sino también una sentencia de un alto tribunal europeo que, como juez que ejerce dentro de un estado miembro de la UE, tiene la obligación de acatar, cumplir y hacer cumplir. Sin embargo, se sobreentiende que la respuesta de Llarena no va dirigida a los especialistas en derecho, ni siquiera a los ciudadanos con un mínimo de espíritu crítico, sino a los medios de comunicación que aplauden las demostraciones de orgullo torero. Es como si Llarena viniera a decir que, puestos a tomarse la cicuta de tener que amnistiar a un enemigo de España, no lo hará si no se lo ordena al menos un tribunal español (aunque sea un tribunal, el Constitucional, que el siempre ecuánime Esteban González Pons definió hace dos años como “el cáncer del estado de derecho”, a pesar del uso y el abuso que hizo de él el Partido Popular cuando tenía mayoría). A Llarena le da igual haber hecho el ridículo repetidamente ante la justicia europea con sus órdenes internacionales de detención contra Puigdemont. Ha visto que la cosa no funciona, pero su reacción es mantener la orden de detención dentro del territorio del estado español: si Puigdemont pone un pie en él será detenido automáticamente, una escena que es el sueño húmedo del juez desde hace nueve años. Para salvar a España, naturalmente.El hecho es grave, pero parece anecdótico porque en estos años hemos visto a la justicia española cometer tantos despropósitos, y de tanta envergadura, que esta tozudez de Llarena parece poca cosa en comparación. Sirve de recordatorio, en todo caso, del hecho de que la sentencia del TJUE no solo supone un aval para la ley de amnistía (que desmontaba todo el estado de derecho en España, según la derecha y la extrema derecha), sino que también dejaba en evidencia, hasta el escándalo, la vergüenza televisada que supuso el juicio del Procés. Y que nos recuerda también que el poder judicial, reconvertido en arma política del ultranacionalismo conservador, sigue siendo el problema más grave de los muchos que tiene la democracia española.

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Si fuera por el Tribunal Supremo, el expresidente Carles Puigdemont no sería amnistiado. Tampoco después del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el que dictó que el 1-O no afectó a los intereses financieros de la Unión Europea. Se ha vuelto a demostrar este martes, cuando el magistrado instructor de la causa del Procés, Pablo Llarena, ha vuelto a rechazar retirar la orden de detención contra el expresidente y aplicarle la amnistía. No obstante, el tono del auto ha sido ya diferente a los anteriores, como quien ya sabe que está llegando al final del camino. El alto tribunal mantiene su doctrina de excluir el delito de malversación de la norma porque interpreta que Puigdemont y el resto de exiliados tuvieron un beneficio patrimonial a raíz del referéndum de octubre de 2017, pero también admite que esto es así a la espera de los recursos de amparo en curso en el Tribunal Constitucional (TC). La decisión de Llarena llega semanas antes de que el TC empiece a discutir el recurso de amparo de los líderes independentistas, que previsiblemente debería desmontar este criterio del Supremo para desencallar la aplicación de la amnistía. La previsión, pues, es que si el Constitucional es claro avalando los argumentos de los expresos y exiliados, Llarena sí modifique su doctrina.

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El juez del Tribunal Supremo que ha redactado el auto que bloquea el derecho a voto de miles de españoles que obtuvieron la nacionalidad acogiéndose a la ley de memoria democrática –hace suya la tesis del PP de que la ley de nietos es un “peligro fundado, real y serio” que puede “afectar gravemente a la objetividad y transparencia” de las elecciones– es un viejo conocido del independentismo. Es Antonio Narváez, que fue magistrado del Tribunal Constitucional de 2014 a 2023 y, por tanto, tuvo un papel destacado en los años del Procés. Su nombre resuena en Cataluña porque en febrero de 2021 se apartó del debate de los recursos de amparo de los presos políticos contra la sentencia del 1-O. Tuvo que autoexcluirse después de que los líderes independentistas pidieran en bloque su recusación por unas palabras que había pronunciado en noviembre de 2017.

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El lunes pasado el rey Felipe VI recibió en el Palacio de la Zarzuela a la ministra de Defensa, Margarita Robles; al jefe del Estado Mayor de la Defensa, Teodoro López Calderón, y al comandante de Ceuta, Luis Fernández Herrero. Los servicios de comunicación de Palacio difundieron inmediatamente una imagen solemne en la cual se veía al rey y a los dos mandos del ejército vestidos de militares. Un detalle que no pasó desapercibido y que disparaba las especulaciones por la ausencia del presidente Sánchez, a quien corresponde marcar y dirigir las estrategias de gobernanza. El poder militar, pues, quería marcar presencia, y el jefe del Estado les ofreció la oportunidad, en medio de rumores sobre las discrepancias entre el presidente y la ministra. Y es difícil creer que la imagen fuera inocente. En un país que viene de donde viene, la puesta en escena es, como mínimo, inquietante. ¿A qué viene este gesto militarista ante una crisis de una complejidad considerable y que no admite gestos disfuncionales y mucho menos de este carácter? El monarca poniendo en escena al ejército.

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“La interpretación del Tribunal Supremo no puede tildarse de sorprendente o imprevisible, y mucho menos de caprichosa o fruto de una supuesta animadversión”. La primera versión de la primera ponencia del Tribunal Constitucional sobre la amnistía a la malversación, elaborada por el conservador José María Macías y a la cual ha tenido acceso el ARA, propone rechazar el recurso de amparo que presentó Jordi Turull contra la decisión de Manuel Marchena de no amnistiarle y mantener viva su inhabilitación hasta el 2030. El documento, que se debatirá en el pleno del TC del próximo 22 de septiembre, avala punto por punto la tesis del alto tribunal, que evitó perdonar la malversación alegando que los miembros del Gobierno del 1-O se enriquecieron porque no pagaron el referéndum de su bolsillo: “El beneficio también puede concretarse en la mera posibilidad de disponer indebidamente de unos fondos hasta entonces no disponibles, hecho que aumenta la capacidad de gasto y la consiguiente posibilidad de adquisición de bienes y servicios. Poder disponer de lo que no se disponía ya implica un beneficio”, argumenta la ponencia.

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La misma semana que la pesadilla judicial de Pedro Sánchez se ha reactivado en la Audiencia Nacional, y a pocos metros de donde estaba declarando el exdirector general de la Guardia Civil, investigado en el caso Leire Díez, el Tribunal Supremo ha dado el pistoletazo de salida al curso judicial. Todo el mundo sabe –en Ferraz, en Génova y en la Moncloa– que los tiempos de la justicia marcarán los últimos vaivenes de la legislatura, tanto por los casos que salpican al PSOE como por la aplicación de la amnistía. Y unos de los grandes protagonistas han sido los reproches por las críticas a los jueces: “No es admisible que la descalificación pública se convierta en un instrumento de presión”, ha proclamado la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló. “Si las descalificaciones proceden de los que ejercen responsabilidades institucionales, la gravedad es mayor”, ha añadido.

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Ahora sí: cuenta atrás para la amnistía a los líderes del Procés. O eso es lo que se ha respirado este jueves en los pasillos de la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo. Según apuntan a l'ARA fuentes conocedoras del alto tribunal, la aplicación de la ley al Govern del 1-O, incluyendo al expresidente Carles Puigdemont, podría desencadenarse después de la resolución del primer recurso de amparo por parte del Tribunal Constitucional, sin que haga falta esperar a que los resuelva individualmente uno por uno. Las mismas voces argumentan que el primer pronunciamiento “generaría una doctrina” que podría arrastrarse al resto de casos. Es, precisamente, lo mismo que defendió el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, hace unos días en una entrevista. Es decir, aunque el caso de Carles Puigdemont no será el primero que aborde el TC, la orden de detención contra él podría levantarse cuando el Constitucional se pronuncie sobre el recurso del exconseller Jordi Turull, que es el de cabecera y, en principio, será el primero que tendrá una sentencia, que todas las fuentes asumen que será favorable. Llegaría el mes de octubre y arrastraría al resto.

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El Tribunal Supremo ha accedido a las pretensiones de Vox y de Iustitia Europa –un partido extraparlamentario habitual en las causas que rodean al PSOE– y ha paralizado temporalmente el derecho a voto de las personas que hayan obtenido la nacionalidad española a través de la conocida como ley de nietos. Es una medida cautelar que ha adoptado hasta que dicte una sentencia definitiva y mientras los consulados españoles no “expidan certificación acreditativa” de su condición de descendientes de exiliados. Esto interpela a los “nacidos fuera de España, de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles”, que sufrieran exilio por “razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación de identidad sexual” y que “hubieran perdido o renunciado” a la nacionalidad española. Esta es la frase textual que aparece en la ley de memoria democrática.

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La sentencia del TJUE sobre la ley de amnistía ha provocado un efecto cascada. En los últimos días, el Tribunal Supremo se ha apresurado a dar carpetazo a seis casos que tenía sobre la mesa y que estaban a la espera desde hacía meses. Ahora bien, a pesar de este despertar súbito, las catorce personas que se han beneficiado de la norma del olvido penal no tienen –estrictamente– nada que ver con el aval de Luxemburgo. Era un filtro que se fijó el alto tribunal de manera implícita y que ha acabado siendo el pretexto para mantener congeladas todas estas causas durante nueve meses, dado que el pasado mes de octubre el Tribunal Constitucional había dado explícitamente luz verde a aplicar la ley.

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Desde que se puso sobre la mesa, Vox ha convertido la ley de amnistía en uno de sus principales caballos de batalla, prometiendo por activa y por pasiva que, si llega al gobierno español, "revertirá" y "derogará" la norma de manera inmediata. A esta idea también se ha sumado el Partido Popular, y su líder, Alberto Núñez Feijóo, en una dinámica que, analizando la hemeroteca, es habitual en los populares: prometer la derogación de las leyes del PSOE para acabar manteniéndolas intactas una vez llegan al poder —como pasó en el pasado con la ley del aborto o el matrimonio homosexual. Pese a la insistencia constante de la extrema derecha sobre esta supuesta derogación, la amenaza choca de lleno con un muro infranqueable: la arquitectura del estado de derecho. Según los expertos consultados por el ARA, la promesa de Vox es jurídicamente inviable y la eliminación de la ley tendría unos efectos prácticamente nulos para los encausados. De hecho, el mismo partido admite al ARA que es consciente de este muro legal.

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La incertidumbre sobre la aplicación de la ley de amnistía a los líderes del Procés ha dejado abierto un laberinto judicial. A la espera de si el Tribunal Supremo aplicará la sentencia del TJUE, en este laberinto hay un camino que aún no está resuelto y que deja una incógnita abierta: en caso de una hipotética inaplicación de la amnistía, ¿es posible abrir la carpeta de un segundo indulto para borrar aquello que quedó pendiente? En su momento, el gobierno español indultó parcialmente a los líderes del Procés –era la única vía posible después de que el tribunal sentenciador se opusiera a la medida de gracia–, es decir, les perdonó la pena de prisión, pero mantuvo intacta la pena de inhabilitación que afectaba a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, que fueron condenados también por un delito de malversación. Esta inhabilitación, por ejemplo, impide al actual líder de ERC presentarse a unas elecciones –tal como se ha mostrado dispuesto– o ejercer la docencia.

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El Tribunal Supremo ha aplicado la ley de amnistía a ocho independentistas –agrupados en cuatro causas– que estaban pendientes de ella. La decisión llega una semana después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un pronunciamiento que el alto tribunal decidió esperar tácitamente. Formalmente, había suspendido la tramitación de los cuatro casos a raíz de la cuestión de inconstitucionalidad que presentó en julio de 2024. La sentencia del Constitucional, que no le daba la razón, llegó en octubre de 2025, pero han tenido que pasar nueve meses para que el Supremo haya movido ficha. “Los hechos que dieron lugar a este procedimiento no ofrecerían duda en cuanto a su subunción en el artículo 1 de la ley de amnistía. [...] Se cumple, en consecuencia, con el ámbito objetivo de aplicación”, concluyen los cuatro autos. Son tres manifestantes condenados por desórdenes públicos agravados en las protestas posteriores a la sentencia del juicio del Procés, un alcalde que se atribuyó las competencias de las escuelas para hacer posible el 1-O y los cuatro miembros de la mesa del Parlament –con Roger Torrent al frente– que fueron absueltos de haber desobedecido las sentencias del TC.

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El monotema futbolístico y el recrecimiento de las neuronas que todos juntos llevamos a estas alturas de un verano que ya es de pleno cambio climático han hecho pasar desapercibida la escandalosa reacción de la cúpula judicial española, y de la derecha ultranacionalista, a la sentencia del TJUE sobre la amnistía. El resumen es el siguiente. Tribunal Constitucional: se lo mirará al volver de vacaciones. Tribunal Supremo: mantiene la orden de detención de Puigdemont y la acusación de malversación, y se guarda el as de plantear nuevas cuestiones prejudiciales, lo que dilataría el proceso unos cuantos meses más. El PP: en palabras del secretario general Miguel Tellado, la sentencia del TJUE no entra “en el fondo del asunto”. El fondo del asunto es cargarse a Pedro Sánchez y su gobierno, tan malvado que ni siquiera da, según el PP, apoyo a la roja.Por parte de los socialistas y los socios de la investidura de Sánchez, y por parte de los directamente afectados –los líderes independentistas ahora amnistiados por el tribunal europeo–, ha dominado la cautela, la prudencia, el cálculo y la calma tensa. Rompió la cuerda del violín Óscar Puente, el ministro hooligan, que la derramó invitando a Puigdemont a “plantarse en España”. Esto –ya que mencionamos el fútbol– es porque Puente, como tantos otros, hace años que aplica a los hechos ciertamente gravísimos que han sucedido en los últimos diez años en el conflicto entre Cataluña y España la lógica burda, emocional e infantil propia del fútbol. Se creen de verdad que “Puigdemont huyó de España dentro del maletero de un coche” y, a partir de aquí, son presa fácil del relato que ellos mismos han ido construyendo. Un relato desinformado y desinformador, maniqueo, que reduce rápidamente la realidad a su nivel de caricatura. “¿Hay sentencia favorable del TJUE? Pues que se plante aquí”. Si la capacidad de análisis de un ministro es esta, hasta aquí ha llegado la riada.Con todo, lo que es verdaderamente alarmante es la actitud de los tribunales españoles hacia sus referentes europeos. El hecho de que un estado sea miembro de la UE comporta que el derecho y la jurisprudencia europeos se incorporen al corpus legal vigente en aquel estado y adquieran un rango de relevancia superior al del derecho y la jurisprudencia “nacionales”. Las sentencias de los tribunales europeos no son sentencias “extranjeras” ni intromisiones intolerables. Las sentencias europeas no se pueden posponer, ni negligir, ni eludir ni ignorar. Muy al contrario, los tribunales españoles las han de acatar, aplicar y hacer aplicar con el mismo celo y diligencia que si fueran sentencias “propias”. Ahora bien, esta del TJUE sobre la amnistía se les atraviesa especialmente. Y es comprensible, porque pone en evidencia el juego sucio que la justicia y la política españolas (en particular, el Supremo y el PP) han practicado y siguen practicando, naturalmente para defender la unidad de España. El TJUE no les da la razón en nada y, sin decirlo, dice lo que son: unos políticos que actúan al margen de la democracia, y unos jueces prevaricadores.

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Hay estados fuertes, pesados, laberínticos, implacables. También los hay de fallidos. En el caso de España les dejo a ustedes el adjetivo calificativo, pero el caso es que no estaríamos hablando ni de resolutivo ni de pragmático. ¿Quizás tampoco lo es la mayoría de nuestra sociedad? Este es un tema para otro día.

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