Era una petición a gritos desde hacía años de los vecinos del Gòtic, el Casc Antic y el Raval, y finalmente el Ayuntamiento de Barcelona ha puesto manos a la obra. El gobierno municipal ha anunciado que pone en marcha una prueba piloto para reducir la suciedad en las calles de Barcelona, sobre todo en estos barrios del distrito de Ciutat Vella. Y lo harán a base de información y concienciación, pero también con mayores sanciones. Así lo ha anunciado este martes el tercer teniente de alcalde y concejal de Ciutat Vella, Albert Batlle, quien ha insistido en que el problema no se centra en la labor de los servicios de limpieza –a quien ha agradecido su trabajo– sino en el incivismo de los "vecinos, comerciantes y visitantes".

"Este es el punto final de un expediente iniciado en 2021 para recuperar un equipamiento que ha estado siempre ocupado de forma ilegal". Con esta frase del teniente de alcaldía y Seguridad, Albert Batlle, el Ayuntamiento de Barcelona daba el martes por cerradas las actividades autogestionadas en la Antiga Massana. El edificio, en medio del Raval, estaba ocupado y autogestionado desde 2020 por colectivos que reivindicaban la labor social que desarrollaban, pero el gobierno municipal de Jaume Collboni se mostró ayer inflexible durante el desahucio, que acabó con detenidos y decenas de heridos leves por las cargas policiales. "Advertimos que no habría diálogo mientras continuara la ocupación", subrayó Batlle, quien remarcó que había que "recuperar" un espacio que llevaba demasiados años "usurpado" y es una "pieza clave" para el proyecto de transformación del Raval que tiene previsto el Ayuntamiento.

"Tenemos un problema con las armas blancas". Ha sido una de las primeras frases del teniente de alcaldía de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, ​​Albert Batlle, en la comisión municipal extraordinaria –a petición de Junts– para hablar de esa conflictividad al alza en la capital. Eran las 8.30 y así se dio el pistoletazo de salida a una jornada con un monotema: las armas blancas. De hecho, esta cuestión también ha centrado buena parte del encuentro que ha tenido lugar poco después entre el alcalde de Barcelona, ​​Jaume Collboni, y el propio Batlle con la consejera de Interior, Núria Parlon, y la plana mayor de los Mossos d 'Escuadra y la Guardia Urbana (GUB).

Nos puede sorprender que el gobierno británico dé unas semanas de margen a todo el que tenga machetes y cuchillos largos inspirados en las películas de zombies para entregarlos, bajo amenaza de penas de prisión. Pero aunque los cuchillos zombies aquí nos suenan extraños, en Catalunya el problema de las armas blancas también se acentúa. Solo esta semana ha habido más de una decena de delitos con armas blancas de por medio, como una pelea en el Parc de la Barceloneta, el asesinato de un pescador en Arenys de Mar y la puñalada al padre de Lamine Yamal. El año pasado los Mossos d'Esquadra incautaron 9.180, casi el doble que en el 2019, cuando se incautaron 4.899.

El regreso fugaz de Carles Puigdemont tensó a los Mossos y ha originado una crisis entre el mando del cuerpo y el expresidente de la Generalitat. En medio del lío que ha supuesto su escapada de Barcelona, ​​ahora el teniente de alcaldía de Seguridad de Barcelona, ​​Albert Batlle, ha asegurado en una entrevista en el ACN que las cámaras de la zona de bajas emisiones de la ciudad, que controla la Guardia Urbana, captaron el vehículo con el que huyó Puigdemont. ¿Habrían podido avisar a los Mossos? "Si hipotéticamente se nos hubiera hecho algún requerimiento de colaboración, por supuesto que le habríamos atendido", recalcó.

Que no salga más a cuenta seguir infringiendo la normativa que acatarla. Con este objetivo, el Ayuntamiento de Barcelona ha incorporado en el Plan de Inspección Integral 2024-2027 la figura de la multiinspección, con la que quiere escarmentar a los comerciantes que infringen reiteradamente las ordenanzas de la ciudad. La medida, que hasta ahora no se había explicado pero que se está aplicando desde finales del pasado año, quiere ser "ejemplarizante", según ha dicho este miércoles el teniente de alcaldía de Seguridad, Albert Batlle, y quiere también trasladar el mensaje de que saltarse la normativa no sale gratis.

Los vecinos del barrio de la Salut, en Barcelona, ​​ya hace tiempo que se quejan de que la línea 116 de bus está siempre llena de turistas, por lo que ellos deben ir a pie. Viven en una zona, para entendernos, muy empinada, e ir o volver de la escuela, a comprar o al trabajo, sin transporte público, no es tan fácil, a menos que seas Araceli Segarra. Los buses de la línea son de sólo 35 plazas, siempre ocupadas por el guiram ansioso de fotografiar el legado de Gaudí.

Mañana movida este lunes en el Raval. Una cincuentena de vecinos del barrio han detenido el intento del gobierno municipal de Jaume Collboni de desahuciar la Tancada Migrant, un espacio ocupado desde hace cinco años en la Antigua Escola Massana que acoge a personas sin hogar. Según el Sindicato de Vivienda del Raval, de hecho, ahora mismo viven 35 personas, la mayoría sin papeles. La actuación de este lunes, frenada por los vecinos, reabre el pulso del Ayuntamiento por la gestión de este espacio. Un debate sin resolver durante los mandatos de Ada Colau y que ahora que el PSC gobierna en solitario Collboni quiere resolver por la vía del desahucio.

El gobierno de Jaume Collboni ha presentado este martes lo que no esconde que es uno de los planes que más "ilusión" les hace: el que han bautizado como Pla Endreça, que es la palabra que más ha utilizado el nuevo alcalde estas primeras semanas para defender mejoras en limpieza y seguridad. Éstas son, de hecho, las dos preocupaciones que más volvieron a repetir los barceloneses en la edición de la encuesta de servicios municipales que se presentó el lunes y que marcaba la cifra más alta de vecinos preocupados por la seguridad de los últimos 30 años y cronificaba la suciedad como gran problema. Una situación que el gobierno socialista asegura que es inadmisible si se tienen en cuenta los recursos que se destinan a limpiar (es el mayor contrato de la ciudad) y, por ello, ya amenazó empresas concesionarias con más sanciones.

"El problema ya no es solo que un ayuntamiento fije como criterio para una contratación que se hagan trabajos sin remunerar, sino que, cuando se les pregunte, defiendan que esto es correcto, que vean bien pedir a alguien que trabaje sin cobrar". Es la queja que hace llegar un lector, indignado con las bases del contrato menor con concurrencia que ha sacado a licitación el Ayuntamiento de Barcelona para conseguir los servicios de un fotógrafo para el área de Seguridad y Prevención, la que capitanea Albert Batlle (PSC). Según se establece, lo que se valora es, con 70 de los 100 puntos posibles, que el licitador ofrezca el precio más ajustado sin que llegue a ser anormalmente bajo. Y los 30 puntos restantes se obtienen solo si los candidatos se prestan a hacer más trabajos fuera del contrato... y sin ninguna remuneración.

Los vecinos del conocido como Triángulo Golfo del Poblenou, en el entorno de la calle Pere IV, ya tienen la constatación numérica que son unos de los más damnificados por los problemas de ruido e incivismo nocturno de Barcelona. Así lo han demostrado los sonómetros que ha instalado el Ayuntamiento durante el mes de junio para decidir qué medidas aplicar y que han situado este ámbito entre los que registran más noches en rojo (diez decibelios por encima del límite). Aquí el problema no va vinculado a la acumulación de terrazas de bares, sino a botellones y concentraciones de gente a la entrada de locales de ocio hasta muy entrada la madrugada. Y se repiten sustos para el vecindario como el fuego que el jueves de madrugada calcinó un contenedor y pasó a las persianas de un edificio con vecinos.

Barcelona se prepara para una verbena de Sant Joan que recuerde a la del 2019 y lo hace con la vista puesta en dos focos: el primero es la concentración de personas en las playas, de donde se espera volver a tener que desalojar a las cerca de 60.000 personas que eran habituales antes de la pandemia, y el otro son las zonas forestales, por el elevado riesgo de incendio que vive todo el país. "Estamos en un momento crítico y cualquier descuido puede provocar un incendio", ha alertado el teniente de alcaldía de Seguridad, Albert Batlle, que ha recordado la prohibición de usar fuego a menos de 500 metros de zonas forestales, y ha remarcado que la Guardia Urbana mantendrá una atención especial en los distritos de montaña para garantizar que esto se cumpla. Y la ciudad suma una recomendación más: evitar dentro de lo posible el lanzamiento de cohetes y de farolillos voladores, que se lanzan desde la playa pero luego no se sabe dónde caen. El jefe del Servicio de Protección Civil, Prevención de Incendios y Salvamento, Sebastià Massagué, ha hecho un llamamiento a "extremar la prudencia" y a no usar este tipo de pirotecnia.

Rompe el hielo con un “Hola” que cambia a “Hello” o “Bonjour” si ve que captará mejor la atención de los que pasean delante de él. En el suelo, sobre una sábana blanca, tiene extendidas un centenar de gafas de sol de todos los colores y formas. Una pareja holandesa se para y las mira. “¿Estas?”, pregunta el vendedor. “No, las negras”, responde el comprador. Después de una negociación rápida sin regatear con un inglés monosílabo, el turista pide si puede pagar con un billete de 50 euros. Para tener cambio y poderse embolsar los 10 euros que ganará con estas gafas, el vendedor recurre a sus tres compañeros de espacio y trabajo, que hace rato que solo ven pasar potenciales clientes y no atraen a ninguno.

"No afrontamos este verano como una fatalidad que nos someterá sin remedio", dice el teniente de alcaldía de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, que descarta que sea como la undécima plaga de Egipto, aunque reconoce que las elecciones municipales de aquí a un año "pesan". Pero Batlle admite que es el primer verano de recuperación de la normalidad después de los dos años de pandemia, hecho que "comporta riesgos", y hace un llamamiento: "Es una ciudad con normas que se tienen que respetar y hacer respetar". En la presentación del dispositivo especial que hará la Guardia Urbana desde el 1 de junio hasta el 5 de septiembre, Batlle ha defendido que con una Barcelona "ordenada y limpia la actividad delictiva es más difícil".

El caso más reciente es el de las pintadas que han destrozado la fachada y el escaparate modernistas de Queviures Múrria, en la Dreta de l'Eixample, pero ya hace semanas que se suceden las noticias sobre ataques al patrimonio barcelonés: desde el robo del dragón de hierro forjado en la Baixada de Santa Eulàlia, en el Gótico, hasta las pintadas en la basílica del Pi o en el antiguo Hospital de la Santa Creu. El gobierno de Colau admite preocupación por la problemática de los grafitis, que dice que es difícil de perseguir porque hay que pillar al infractor in fraganti: durante todo el 2021 solo se multaron a 281 personas por hacer pintadas. Y la oposición le pide más contundencia en la lucha contra el incivismo. Este miércoles, en la comisión de Presidencia, el teniente de alcaldía de Seguridad, Albert Batlle, se ha comprometido a poner en marcha nuevas medidas para blindar los edificios históricos del vandalismo.

"Está todo destruido, es una gran pena". Iliana Garcimarrero es una de las vecinas del edificio más afectado por el incendio de ayer en el Eixample y esta mañana, acompañada por los Bomberos, ha podido volver a casa a recoger cuatro pertenencias. "Sobre todo aquello que más necesitamos: la documentación, las tarjetas de crédito y los ordenadores para trabajar. Salimos sin nada, huyendo del fuego", detalla. También ha comprobado que algunos recuerdos de aquellos que no se ha podido llevar se han mantenido intactos: fotografías de sus hijas, los libros que escribió su padre... Todo lo que era madera ya no está.

Como la energía, que no desaparece, sino que se transforma: con la Plaça Espanya de Barcelona blindada por la policía para evitar que se repitieran los macrobotellones de las dos últimas noches, los jóvenes que querían aprovechar otra noche de fin de semana para hacer fiesta en la calle cambiaron su escenario. Durante el día de ayer ya corrieron por las redes convocatorias de diferentes botellones: la más concurrida, la de la playa del Bogatell y su entorno, espacio ya habitual de este tipo de concentraciones en la ciudad, que ayer se vio desbordado por la medida de la concentración y por los destrozos en locales.

Un trozo de marquesina de autobús caído en las fuentes de la avenida Maria Cristina. Cristales rotos en todo el Palau de Congressos y, aún así, el punto de vacunación masiva manteniendo la actividad. Matrículas de coche rotas entre los cristales. Son solo algunos de los rastros del descontrol de un macrobotellón en Plaça Espanya de Barcelona y sus entornos que, esta noche, la segunda de la Mercè, ha aglutinado a hasta 40.000 personas. Un salto de escala respecto a las 15.000 de la primera noche. Y un salto de escala, también, con respecto a los disturbios. La concentración se ha saldado con 20 detenciones y 43 heridos, tres de ellos de gravedad y 13 con lesiones de arma blanca. Ha habido destrozos y robatorios en comercios de la calle Creu Coberta.

Barcelona tiene un problema con los macrobotellones. Lo denuncian todos los grupos de la oposición sin excepción y lo admite el propio gobierno municipal, que asegura que es una situación que afecta a todos los distritos de la ciudad. Lo que ya no es tan compartido es la manera y los tempos de abordar la cuestión. Las concentraciones nocturnas en plazas y calles han copado este miércoles el orden del día de la comisión de presidencia y seguridad, en la que todos los grupos han pedido medidas urgentes y planes de choque para revertir los problemas de convivencia y han puesto el foco en lo que podría pasar durante las Fiestas de la Mercè. El gobierno de comuns y socialistas admite que los botellones han tomado "una dimensión preocupante" con la pandemia, pero desfocaliza el problema de Barcelona y defiende que es una situación que, con las restricciones del covid, se está repitiendo en diferentes municipios. En la ciudad, durante los meses de verano se ha desalojado a 271.000 personas de concentraciones en plazas, calles y playas y se han puesto 10.700 sanciones por incumplimiento de la ordenanza de civismo (7.612) y por incumplimiento de las medidas covid (3.088). Cerca de 7.000 ya se habrían cobrado.

Después del estallido de la primera noche sin toque de queda, la situación fue más "normal" ayer en la ciudad de Barcelona, según ha explicado el teniente de alcaldía de Seguridad, Albert Batlle, en una entrevista a Radio 4. La Guardia Urbana desalojó 1.639 personas de lugares como el Passeig del Born, la Plaça de la Virreina de Gràcia o la Plaça dels Àngels, según han confirmado al ARA fuentes municipales, mientras que la noche del sábado los dispositivos de los Mossos y de la Guàrdia Urbana tuvieron que evacuar a unas 6.500 personas de diferentes celebraciones al aire libre. Según Batlle, lo que se vivió en las calles la noche del sábado no se podía evitar porque la gente, después de tantos meses de confinamiento nocturno, tenía muchas ganas de salir, y la policía desplegó dispositivos de saturación que buscaban que las concentraciones no se mantuvieran en el tiempo, pero no sancionar, según ha apuntado. Batlle ha detallado que en total había 450 agentes desplegados y que esto era "manifiestamente insuficiente" para el número de personas que había a la calle. "No podemos poner un policía detrás de cada persona", admitió