El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado este jueves un aval nítido a la ley de amnistía, hecho que ha provocado una oleada de reacciones que une al independentismo y a los gobiernos catalán y español en una misma exigencia: la aplicación inmediata de la norma por parte de la judicatura española. La resolución ha sido recibida como una "victoria rotunda", aunque con la prudencia de saber que la última palabra ejecutiva la tienen los tribunales estatales. En palabras del expresidente Carles Puigdemont, "el partido ahora ya no se jugará en Europa sino en el Bernabéu, con los árbitros y el público decantados hacia un lado".

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la amnistía era un paso muy relevante para alcanzar un aval jurídico desde Europa a la norma aprobada en el Congreso de los Diputados, ya que es la primera vez que se pronuncia sobre la medida para poner fin a las causas penales del Procés. Lo ha hecho avalando el espíritu del legislador: la normalización de la situación política en Cataluña en pro de la "reconciliación". Ahora bien, ¿cuáles son los efectos prácticos de esta resolución? ¿Cuándo podrá volver el expresidente Carles Puigdemont? ¿Cuándo dejarán de estar inhabilitados Oriol Junqueras y los expresos políticos?

El 16 de julio hace semanas que estaba rodeado en rojo en el calendario como una fecha clave para la amnistía de los líderes del 1-O. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado la ley, aceptando que tiene encaje en la legislación europea y descartando que afecte los intereses financieros de la UE. Ahora bien, los efectos de esta sentencia irán más allá. El pronunciamiento es un requisito previo que se ha autoimpuesto el Tribunal Constitucional para resolver los recursos de amparo que presentaron Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de exconsejeros, a la espera de que Europa dé un cojín argumental para justificar que se les deje libres de responsabilidades penales y se les aplique también la ley. Pero el camino hasta llegar aquí no será fácil: aunque se espera un pronunciamiento favorable del Constitucional en otoño –en junio del año pasado avaló el encaje de la norma en la carta magna–, la pelota volverá a caer en el tejado del Tribunal Supremo, que tendrá la última palabra. De momento, fuentes del tribunal consultadas por el ARA explican que, hoy por hoy, no se moverán porque ellos no han hecho ninguna petición al TJUE.En el Supremo son crípticos sobre la estrategia que seguirán, aunque las fuentes remarcan que si hay unas resoluciones muy claras de Europa y del Constitucional, las seguirán y habrá extinción de la responsabilidad penal. De momento, consideran que no la hay. Hay un precedente inmediato en el que el Supremo no ha actuado con celeridad. Hace dos años, el alto tribunal elevó una cuestión de inconstitucionalidad al TC sobre el caso de un manifestante de Girona investigado por desórdenes públicos a raíz de las protestas de octubre de 2019. El 8 de octubre de 2025, es decir, hace nueve meses, el Constitucional desestimó el recurso y dio vía libre al Supremo para que pusiera fin a la causa penal. A pesar de ello, a estas alturas, todavía no ha habido ningún movimiento. Tampoco el TC ha movido ficha para hacer cumplir su resolución, ya que, según las fuentes consultadas, la defensa del chico no ha presentado ningún incidente de ejecución. Fuentes oficiales del Supremo aseguran no tener información del caso.El precedente de las Canarias 

Más allá del caso de Cataluña, hay un ejemplo que pone de manifiesto la odisea en que puede convertirse hacer cumplir una sentencia del Constitucional. Tenemos que viajar hasta La Laguna, un municipio en la isla de Tenerife. En abril de 2020, un juzgado de Santa Cruz de Tenerife anuló el artículo de los estatutos de la asociación Pontificia, Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna, que impedía que las mujeres pudieran hacerse socias alegando que vulnera el derecho a la igualdad. La mujer que lo propició fue Teresa Laborda.En enero de 2022, sin embargo, el Supremo tumbó la sentencia y avaló la exclusión de las mujeres de la asociación, que se define como una “asociación religiosa de caballeros”. Laborda llevó el caso al Constitucional, que en noviembre de 2024 le dio la razón. Ahora bien, ha pasado un año y medio y no ha habido ningún cambio, a pesar de que el juzgado haya barrado el paso a los múltiples intentos de la asociación y del obispado de Tenerife de impedir que se aplique. Vista la inoperancia, Laborda ha presentado dos incidentes de ejecución al TC, pero ambos se han desestimado por prematuros.La reforma de Rajoy

La cuestión radica en qué poderes tiene el Constitucional para hacer cumplir sus sentencias. ¿Qué dice la ley? El gobierno de Mariano Rajoy, en vista del Procés, hizo una reforma en 2015 para dar capacidad de ejecución al TC. Durante 2016 y 2017, la Moncloa presentaba incidentes de ejecución ante el TC porque la mesa del Parlament admitía iniciativas que desplegaban el proceso de independencia –que se interpretaba como un incumplimiento de una sentencia previa–, y el Constitucional pasaba los hechos a la Fiscalía, que interpuso numerosas querellas por desobediencia hasta la macrocausa del Procés por sedición.La ley va más allá y también da poderes al TC para que actúe de oficio: puede imponer multas coercitivas de 3.000 a 30.000 euros –se aplicó contra la sindicatura electoral del 1-O– o suspender a las autoridades que incumplan las resoluciones. Por lo tanto, el Constitucional tiene herramientas legales, pero fuentes jurídicas conocedoras aseguran que los magistrados del TC acostumbran a ser poco beligerantes con otros jueces. ¿Se enfrentará abiertamente Cándido Conde-Pumpido al Supremo para hacer cumplir la amnistía?Evitar el choque

Hasta ahora, el TC ha querido evitar un choque directo con el Supremo. La prueba es que ha rechazado aplicar medidas cautelares como retirar la orden de prisión a Puigdemont, lo que habría permitido al expresidente volver a Cataluña mientras continúa abierto el procedimiento sobre el recurso de amparo y la causa en el Supremo. Hacerlo habría implicado una batalla inédita entre el Supremo y el TC que Conde-Pumpido ha esquivado. Eso sí, el presidente del Constitucional ha avisado públicamente que "todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento" de lo que resuelva el TC.Políticamente, este escenario, según diversas fuentes consultadas, se abordó en la mesa de negociación entre el PSOE y Junts antes de la ruptura, pero no llegó a ninguna parte. Y aquí radica también el distanciamiento entre Puigdemont y José Luis Rodríguez Zapatero, ya que fuentes conocedoras apuntan que el expresidente español siempre transmitía un optimismo elevado sobre el cumplimiento de los acuerdos PSOE-Junts que después no se correspondía con la realidad.La otra posibilidad: acudir a Europa

La otra carta que puede jugar el Supremo es acudir al TJUE después de la sentencia del Constitucional. Un movimiento inédito que hasta ahora solo ha hecho un tribunal: la Audiencia de Sevilla en el caso de los ERE. Después de ser revisado por el TC, elevó una prejudicial a Luxemburgo porque consideró que la anulación de las penas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán implicaba “riesgo sistémico de impunidad”.El Supremo podría repetir un movimiento similar en el caso de los líderes independentistas. ¿Con qué argumento? Lo que hará el tribunal de Luxemburgo la semana que viene es sentenciar si el 1-O afectó los intereses financieros de la UE, pero el Supremo tiene otro argumento sobre el cual Europa aún no se habrá pronunciado: sostiene que hay malversación porque los líderes del Procés se ahorraron pagar el referéndum de su bolsillo. "Una interpretación que estimara que el delito de malversación es amnistiable nos obligaría en el futuro a suscitar la cuestión prejudicial", avisó el Supremo hace casi dos años en una de sus resoluciones.

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Hasta hace unos días, cuando una familia catalana no podía pagar la factura de la luz, la empresa suministradora estaba obligada a consultar a los servicios sociales antes de cortarle la electricidad. Si se confirmaba una situación de vulnerabilidad, no había corte. Era el principio de precaución, uno de los pilares de la ley catalana de pobreza energética del 2015. Ahora el Tribunal Constitucional ha anulado esta obligación al considerar que invade competencias estatales. La decisión pone fin a una de las protecciones más ambiciosas contra la pobreza energética que existían en el Estado. Pero también nos obliga a afrontar una pregunta incómoda: ¿por qué seguimos esperando que una familia llegue al límite antes de identificar que necesita ayuda?Sin esta obligación, la protección pasa a depender sobre todo del bono social, el descuento estatal en la factura eléctrica. El problema es que, para beneficiarse de él, hay que saber que existe, tramitarlo y demostrar que se tiene derecho. Y ya sabemos qué pasa cuando el acceso a un derecho depende de este recorrido: mucha gente se queda por el camino. En Cataluña cerca de ocho de cada diez hogares que podrían beneficiarse del bono social no lo reciben.Esto no quiere decir que el modelo que ahora cae fuera perfecto. La misma familia podía obtener una respuesta diferente según el municipio donde viviera, por diferencias de criterio, y en buena parte del territorio estos informes sociales de riesgo de pobreza se emitían con cuentagotas. La protección dependía demasiado a menudo de la capacidad de los servicios sociales o, simplemente, del lugar de residencia. Pero, con todas sus limitaciones, tenía una virtud poco habitual en nuestro sistema de protección social: era una de las pocas puertas que no exigían que la familia las encontrara primero.Sabemos que esta es la dirección correcta. Portugal lo entendió hace una década. Su equivalente del bono social se otorga automáticamente a partir de los datos que la administración ya tiene. Las familias no tienen que conocer la ayuda, ni rellenar formularios ni demostrar una vulnerabilidad que el Estado ya puede identificar; solo quien no la quiere debe rechazarla. Con esto, Portugal multiplicó la cobertura de la ayuda. Y no se trata solo de una experiencia internacional: el mismo principio inspira en Cataluña un plan piloto impulsado por la AOC para detectar situaciones de pobreza energética cruzando datos entre administraciones. La tecnología está ahí. La capacidad institucional, también. Lo que todavía no es automático es la decisión de hacerla servir.La sentencia elimina una protección valiosa, pero también obliga a mirar más allá de los mecanismos que hemos perdido. Sabemos que el principal agujero de la protección energética no es jurídico, sino administrativo: miles de hogares continúan sin recibir ayudas a las que tienen derecho. También sabemos cómo corregirlo. La cuestión ya no es si tenemos alternativas, sino si estamos dispuestos a aplicarlas.

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Una década después de su entrada en vigor, el Tribunal Constitucional (TC) ha anulado dos artículos de la ley catalana de 2015 que impide a las compañías cortar suministros básicos como la luz y el gas a consumidores vulnerables. En la justificación, los magistrados señalan que la norma es incompatible con el sistema estatal de protección en caso de impago por necesidad y, por tanto, declara que el Parlament se ha extralimitado y ha invadido competencias. La resolución no supone, hoy por hoy, cortes inmediatos, ya que hay en vigor una moratoria a escala española que impide dejar sin estos servicios básicos hasta el 31 de diciembre.

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La posibilidad de que el expresidente Carles Puigdemont vuelva a Cataluña en verano se aleja. El motivo es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) todavía no ha comunicado la fecha en la que se pronunciará sobre la amnistía. La práctica habitual de este órgano es que avise con un mes de antelación, de modo que desde el Tribunal Constitucional (TC) ya no esperan una resolución de las cuestiones prejudiciales en relación a la malversación antes de junio. Este calendario de la justicia europea complica las perspectivas de que el TC pueda resolver el recurso del líder de Junts antes de las vacaciones de agosto, según confirman a el ARA varias fuentes del Constitucional.

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Una sentencia reciente del Tribunal Constitucional ha vuelto a poner de manifiesto un problema jurídico de nuestro ordenamiento: ¿las mesas de los Parlamentos tienen la obligación de llevar a cabo un control material, con carácter general, de la inconstitucionalidad de las propuestas de resolución presentadas por diferentes grupos parlamentarios? En efecto, la sala primera del Tribunal Constitucional, en una sentencia del 23 de febrero de este año, anuló los acuerdos de admisión a trámite de la mesa del Parlament de Cataluña de unas propuestas de resolución presentadas con ocasión del debate sobre la orientación política general del Gobierno de septiembre del año 2022. Algunos apartados de estas iniciativas reconocen la legalidad y legitimidad del referéndum del 1 de octubre de 2017, lo cual se podría interpretar que comportan un reconocimiento con la eventual existencia de unos posibles efectos jurídicos, que podría ser objeto de control constitucional. Sin embargo, otros apartados se limitaban a expresar meros objetivos políticos, como por ejemplo los que instaban al Gobierno a que se desarrollasen competencias propias, con el fin de reducir la dependencia económica y política del estado español, a efectos de preparar el ejercicio del derecho de autodeterminación; los que instaban a fortalecer la soberanía económica, fiscal y financiera de la Generalitat; los que proponían sentar las bases de un proceso constituyente; los relativos al objetivo de la internacionalización de la realidad nacional de Cataluña, y los que se referían a la conveniencia de actuar con soberanía, más allá de los límites constitucionales y estatutarios, en la garantía de los derechos sociales básicos de la mayoría de la población en diferentes sectores. En todos estos últimos casos solo se expresa una mera declaración política que difícilmente se podría interpretar que comportase ningún efecto jurídico, en el sentido de su incidencia en la creación, modificación o derogación de normas jurídicas. No está de más recordar que las mesas de los Parlamentos son órganos de dirección del trabajo parlamentario. Así, la mesa del Parlament, como órgano rector colegiado del Parlament y integrado por el presidente, dos vicepresidencias y cuatro secretarías, ejerce funciones parlamentarias, funciones presupuestarias y funciones relativas a la organización de la administración de la cámara. El ejercicio de las funciones parlamentarias de la mesa se centran en la calificación, la admisión a trámite y la decisión sobre la tramitación de los escritos y documentos de índole parlamentaria.

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El Tribunal Constitucional es más que un árbitro de conflictos sobre la carta magna. En los últimos años, se ha convertido en un campo de batalla política donde los gobiernos y los partidos han intentado dirimir sus enfrentamientos. A nadie se le escapa el papel protagonista que tuvo durante el Procés, con un uso permanente por parte de Mariano Rajoy para frenar la hoja de ruta del independentismo. Ahora bien, en los últimos años su preponderancia ha ido virando: los conflictos competenciales con Catalunya ya no encabezan su lista de prioridades. La conflictividad con el independentismo ha dado paso a la disputa bipartidista.

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Foment del Treball se plantea llevar al Tribunal Constitucional la regulación de la compra especulativa de vivienda pactada entre el PSC y los Comunes. Lo ha anunciado el presidente de esta patronal, Josep Sánchez Llibre, durante la asamblea celebrada este lunes en Barcelona. "El reciente pacto entre el Gobierno de la Generalitat y Comunes es la socialización de la propiedad privada, es un atentado contra la propiedad privada, es una medida que no cabe en nuestra sociedad. Si es necesario, promoveremos la interposición de un recurso de inconstitucionalidad o el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad contra esta medida, que hallamos letal para la economía y la sociedad catalana". Y ha añadido que "no se pueden cambiar las normas del juego desde una esquina ideológica, pensando en propaganda o en quedar bien".

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El viento ha paralizado buena parte de la actividad del país.

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El Tribunal Constitucional evita anticipar una decisión sobre la amnistía a Carles Puigdemont y, mientras estudia el fondo de la cuestión, se niega a levantar la orden de detención que impide al expresidente de la Generalitat volver en libertad a Catalunya. El TC rechazó este martes las medidas cautelares que tanto Puigdemont como Toni Comín y Lluís Puig solicitaron en el marco de los recursos de amparo que presentaron contra la negativa del Supremo a aplicarles la norma del olvido penal. El Constitucional considera que acoger su petición produciría un "despreciado del interés general", dado que hoy todavía existe un "proceso penal abierto" sobre "delitos graves".

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No es para nada atrevido afirmar que los jueces de la cúpula judicial española hacen constantemente política. Resulta evidente cuando interpretan las normas a su aire ideológico de cariz predemocrático, dando la vuelta al sentido de las leyes, negando su aplicación, inventando conceptos (violencia, terrorismo) o decidiendo arbitrariamente sobre las penas (Estatuto, ley de amnistía, sentencia de los líderes del Procés). El juicio al fiscal general es solo el último ejemplo.

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El president Pujol ha pasado una noche tranquila y está estable, después de que este fin de semana hubiera tenido que ser ingresado por una neumonía en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona.

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Hace 522 días que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la ley de amnistía, tras una negociación convulsa entre el PSOE y Junts y los intentos del PP de torpedearla en el Senado. Sin embargo, los líderes del 1-O siguen sin haberse beneficiado en su totalidad por las reticencias del Supremo en aplicarla al delito de malversación. Ahora bien, tanto ellos como el resto de encausados ​​por el Proceso comienzan a ver la luz al final del túnel: el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Dean Spielmann, se ha pronunciado esta semana avalando el gran grosor de la norma. Hace reproches menores, como que el tiempo de dos meses que se dio para aplicarla —y que muchos tribunales igualmente no han cumplido— es insuficiente, pero defiende la finalidad de "reconciliación" política y social.

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Pedro Sánchez reiteró este martes que antes de que acabe el año presentará un proyecto de presupuestos para 2026. Ahora bien, el presidente del gobierno español, consciente de su precaria mayoría parlamentaria, también afirmó en la entrevista que concedió a la Cadena SER que seguirá gobernando aunque no logre aprobarlos. Esa pretensión del líder socialista de agotar la legislatura hasta el 2027 aunque sea con las cuentas del 2023 prorrogadas indigna al PP, que lo ve una demostración del carácter "antidemocrático" de Sánchez y una evidencia de que la legislatura "ya nació muerta". Ante esto, los populares han anunciado este viernes que la próxima semana darán un primer paso para llevar al gobierno español al Tribunal Constitucional por no haber presentado aún presupuestos.

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El Tribunal Constitucional ha dado un paso importante esta semana para acercar la amnistía a Carles Puigdemont con la admisión a trámite de su recurso de amparo. Este primer aval ha llegado un mes más tarde de lo previsto como consecuencia de un movimiento de la defensa del expresidente catalán que causó desconcierto en el órgano: el líder de Junts recusó a tres magistrados conservadores sabiendo que no prosperarían y que únicamente provocaban dilatar unas semanas el recorrido de su recurso. Ahora los expedientes de los líderes del 1-O que todavía están inhabilitados o encausados ​​–Jordi Turull, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa, Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig– ya están en manos de los magistrados del TC, que deben dictar unos meses, pero aún tardarán. "Es realista pensar que los recursos se resolverán en el primer trimestre del próximo año", advierten fuentes del tribunal.

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Poco a poco se acerca el aval del Tribunal Constitucional a la amnistía de Carles Puigdemont, pero todavía quedan pasos por dar. Al día siguiente de que el órgano de garantías admitiera a trámite su recurso de amparo –es decir, que empieza a estudiarlo–, este miércoles ha desestimado un recurso de inconstitucionalidad presentado por las Cortes de Aragón contra la ley que hacía referencia a la malversación. El TC avala la amnistía por este delito, si bien nada dice sobre si es aplicable a las causas contra los líderes del Proceso. La decisión ha contado con el voto en contra de los cuatro magistrados del sector conservador.

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El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado este martes la petición de Carles Puigdemont de que se le levante de forma urgente la orden de detención que pesa contra él en territorio español. Tal y como ya había explicado el ARA, el pleno del órgano de garantías ha admitido a trámite el recurso de amparo del expresidente catalán, pero se ha opuesto a las medidas cautelarísimas que pedía: obligar al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena a permitir el regreso del líder de Junts sin escuchar el criterio de las distintas. Lo que hace ahora el TC es abrir un expediente al respecto y preguntará a los actores implicados si debe retirarse la orden de detención antes de resolver sobre el fondo del asunto, que es si la ley de amnistía opera en la causa por malversación contra Puigdemont.

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La semana pasada el catalán marcaba el día del Once de Septiembre no sólo porque se ha convertido en un reclamo de consenso de la mayoría de fuerzas del Parlament, sino también porque el día antes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anulaba el decreto de régimen lingüístico que el gobierno de Pere Aragonès aprobó para evitar que se aplicara el castillo. Una resolución que el Govern ya ha anunciado que recurrirá y que puso en pie de guerra a partidos y entidades pro lengua. Ahora bien, la cuestión no saldrá del limbo en el que se encuentra en un plazo corto de tiempo, ya que todo este debate está pendiente, en realidad, de lo que diga el Tribunal Constitucional (TC) sobre ambas normas (una ley y un decreto ley) que se salieron adelante en el 2022 para intentar proteger el modelo de inmersión lingüística y de las que se derivaba el decreto tumbado por el TSJC.

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El movimiento de Puigdemont en el TC no solo ha desconcertado a los miembros del alto tribunal, sino también a varios dirigentes de Junts, que no acaban de ver la virtud de retrasar la decisión sobre el recurso de amparo de la amnistía. Sin embargo, en medio del desconcierto hay fuentes que dan dos posibles explicaciones.

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