El auto de la sala penal del Tribunal Supremo que ha aplicado la amnistía a Dolors Bassa, Jordi Turull, Oriol Junqueras y Raül Romeva no deja de ser toda una declaración de guerra. El Supremo dice que se ha sentido desautorizado por el Tribunal Constitucional porque este ha “ensanchado” hasta límites “inéditos en su historia” su función de garante de los derechos, acusándolo incluso de “mutar” su rol para convertirse en “una última instancia con capacidad revisora de la interpretación de cualquier norma jurídica suscrita por el Tribunal Supremo”.

El Tribunal Constitucional no autoriza, de momento, el voto a las personas nacionalizadas con la ley de nietos. El alto tribunal ha frenado el recurso de amparo que presentó el Defensor del Pueblo contra la decisión del Tribunal Supremo de suspender el derecho a voto de todos aquellos que no hayan demostrado que son descendientes de exiliados. Por tanto, habrá 163.000 personas con la nacionalidad española –el 0,41% del censo– que no podrán votar en las elecciones generales del 29 de noviembre si no acreditan que cumplen los requisitos. Ángel Gabilondo denunció que la decisión del Supremo vulnera los derechos a la igualdad, a la participación en los asuntos públicos y a la tutela judicial efectiva. Sin embargo, el tribunal de garantías considera que es “prematuro” estudiar el recurso porque el Supremo abrió un periodo de alegaciones que todavía no ha terminado. Cuando se haya vuelto a pronunciar, después de estudiar las quejas de los afectados, el Constitucional sí podría aceptar estudiar un recurso de amparo.

Los que fueron presos políticos ya están amnistiados. Esta mañana, el consejero Lluís Puig ha tuiteado:

A ojos de la mayoría de la población, el Senado puede parecer una cámara de representación con poca utilidad en el día a día de la política parlamentaria. Sin embargo, la convocatoria electoral ha demostrado que es un terreno en disputa porque puede convertirse en un contrapeso capaz de presionar u obstaculizar la acción del gobierno español, tal como ha hecho durante los últimos años el Partido Popular desde la oposición. Pero, dependiendo de las mayorías que salgan del 29-N, las derechas incluso podrían aspirar a realizar cambios más profundos: incluso en la Constitución.

Laura Díez (Barcelona, 1969) es catedrática de derecho constitucional por la Universidad de Barcelona y miembro del Tribunal Constitucional desde el 2023. Atiende al ARA después de una decisión clave sobre el recurso de amparo de la exconsellera Dolors Bassa que debe desencadenar en la aplicación total de la amnistía por parte del Tribunal Supremo.

El TC resolvió el martes favorablemente el primero de los recursos de amparo contra la inaplicación de la ley de amnistía, el de la exconsellera Dolors Bassa, argumentando que el Supremo la interpretó de forma “extensiva contraria al espíritu y finalidad de la norma”. Esto le ha llevado a anular los autos del 1 de julio y el 1 de septiembre de 2024 por los cuales el Supremo se negaba reiteradamente a cumplir la ley. La sentencia no es clara, sin embargo, ya que estas resoluciones anuladas no solo afectaban a Bassa sino también a Junqueras, Turull y Romeva. A la vista de esto, una vez notificada la sentencia, el Supremo puede hacer diversas cosas: apresurarse a estudiarla –como ha avanzado que hará el magistrado Pablo Llarena– y aplicarla de forma inminente a Bassa, a las cuatro personas mencionadas o a todos; esperar a que se publique en el Boletín Oficial del Estado y decidir, o incluso esperar a que se resuelvan todos los recursos pendientes. Antes, sin embargo, Llarena, instructor de la causa de los exiliados, ha tenido que dejar sin efecto las medidas cautelares y levantar las órdenes nacionales de detención, aunque sea con una argumentación raquítica y diciendo que lo hace provisionalmente a la espera de examinar la sentencia.

Mariano Bergés es el abogado de Dolors Bassa. Defendió a la exconsellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias durante el juicio del Procés y hace casi dos años presentó el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la negativa de Manuel Marchena de aplicarle la ley de amnistía. La sentencia ha abierto el camino al resto del gobierno del 1-O: permitirá el retorno de Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig a Cataluña y pondrá fin a las inhabilitaciones de Oriol Junqueras, Jordi Turull y Raül Romeva. El recurso argumentaba que la interpretación que hizo el Supremo de la amnistía “atenta de manera frontal” contra “el espíritu y la finalidad” de la norma y “se adentra peligrosamente” en la función legislativa con una maniobra que “conlleva la práctica derogación” de la ley.

El Tribunal Constitucional tiene previsto aprobar hoy la sentencia por la cual ordenará al Tribunal Supremo que aplique la amnistía de una vez. Después de esta sentencia, habrá que esperar a que el Supremo archive la causa y que el juez Llarena anule la orden de detención de Puigdemont, Puig y Comín para que puedan volver a Cataluña sin riesgo de ser detenidos.

Han pasado 3.263 días desde que se marchó a Bélgica y 847 días desde que la amnistía entró en vigor, y Carles Puigdemont ya tiene vía libre para regresar a Cataluña, aunque esperará al archivo definitivo de la causa para hacerlo —dentro de unos días o semanas. Podrá poner fin a casi nueve años de exilio después de que el Tribunal Constitucional haya ordenado al Tribunal Supremo que aplique la ley de amnistía a los líderes del 1-O de manera “preferente y urgente” y que pocos minutos después el juez Pablo Llarena haya levantado la orden de detención que estaba en vigor desde noviembre de 2017 y que confirmó en julio de 2024 con una retorcida justificación. El TC concluye ahora que perdonar la malversación es “la única conclusión conciliable” con las “reglas de la lógica y del sentido común” y reprocha a Manuel Marchena que decidiera “eludir el genuino sentido” de la amnistía con una interpretación “internamente contradictoria” y “manifiestamente contraria” a la “finalidad y espíritu” de la ley.

Normalmente el Senado es una cámara secundaria en el día a día político en Madrid. Aunque esta legislatura el PP, que tiene mayoría absoluta, la ha convertido en el azote contra el gobierno socialista –las sesiones de control más duras a los ministros eran en la cámara alta– y la cuna de todas las comisiones de investigación que afectaban al PSOE. Ahora bien, en las próximas elecciones al Senado, fijadas también para el 29 de noviembre, no solo se juegan las mayorías en la cámara alta, también hay sobre la mesa, de manera indirecta, un cambio de mayorías en el Tribunal Constitucional.

Con el permiso de la crisis de Ceuta y de las reivindicaciones por el derecho a la vivienda, el Tribunal Constitucional vuelve a estar en la primera plana de la actualidad política. La semana que viene aprobará la sentencia que contradice el criterio del Tribunal Supremo sobre la ley de amnistía y que impondrá al alto tribunal que aplique el perdón a la malversación atribuida al referéndum del 1 de Octubre. La ponencia elaborada por el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, sobre el recurso de Dolors Bassa ordena directamente al alto tribunal que dé marcha atrás y “declare amnistiado” el delito de malversación de manera “preferente y urgente”. ¿Por qué ha sido tan explícito? “Por lo que he leído yo, en algunos momentos el mismo Supremo ha manifestado que tendría en consideración la doctrina del Constitucional siempre que el Constitucional hubiera establecido una doctrina clara y precisa. Por tanto, nosotros queremos establecer una doctrina clara y precisa”, ha argumentado Cándido Conde-Pumpido en un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum.

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, enmienda de raíz la negativa del Tribunal Supremo a aplicar la ley de amnistía y considera que perdonar la malversación atribuida al referéndum del 1-O es “la única conclusión conciliable” con las “reglas de la lógica y del sentido común” y con una interpretación de la amnistía que “atienda a su espíritu y finalidad” y a su “propia génesis”. Así lo recoge la ponencia que ha elaborado, a la que ha tenido acceso el ARA, sobre el recurso de amparo de Dolors Bassa, que era consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias durante el 1-O y está inhabilitada hasta el 2031. El texto argumenta que la “interpretación auspiciada” por el Supremo fue “claramente expansiva”, “opuesta” a la “finalidad y espíritu” de la ley y “contraria al reo” y establece que a Dolors Bassa se le vulneraron los derechos a la tutela judicial efectiva, a acceder a funciones y cargos públicos y a la legalidad penal.

Tal como ya les avanzamos ayer, el Tribunal Constitucional avaló la ley de amnistía. Aunque las deliberaciones de los magistrados son secretas, ha sido un secreto de dominio público (como ocurre casi siempre en los pasillos judiciales españoles): la mayoría progresista se opuso a la ponencia de un magistrado conservador que estaba en contra, y ahora la previsión es que la semana del 5 de octubre el TC acabe dando luz verde a la amnistía. Y sería entonces cuando el juez Llarena tendría que levantar la orden de detención de Puigdemont, Comín y Puig, y el Tribunal Supremo tendría que archivar definitivamente todas las causas relacionadas con el Procés que todavía mantiene abiertas. Una medicina muy amarga para una aplicación de la justicia ufana y soberbia.¿Cuándo volvería Puigdemont?La delegada de l'ARA en Madrid, Núria Orriols, precisa que el presidente en el exilio podría elegir entre tres momentos para regresar: una vez el TC haya decidido, después de la retirada de la orden de detención de Llarena o una vez archivada definitivamente la causa. Pueden estar seguros de que después de pasarse 9 años en Bélgica, a Puigdemont no le vendrá ni de un día ni de un mes, y que no regresará hasta que no esté claro que no le detendrán. Otra cosa es que, una vez aquí, un juez Peinado de la vida le busque una multa de tráfico que no pagó o resuciten la causa de Aigües de Girona. Pero más allá de la situación penal, existe la política. Y Puigdemont tiene que decidir qué quiere hacer: si va al Parlamento a hacer de jefe de la oposición, si se vuelve a presentar o no, y de rebote, Junts tendrá que ver si es capaz de cubrir desde lo que fue Convergència, con su conexión con las grandes empresas, todo el independentismo más allá del tamaño de su bolsillo.Mientras tanto, ayer compareció en el Parlamento de Cataluña el intendente de los Mossos, Carles Hernández, jefe de la Comisaría General de Información, la rama policial de la que dependía aquella desgraciada infiltración de dos agentes en una asamblea de maestros.

Desde que hace 846 días se aprobó la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados, hay un interrogante que condiciona la política catalana y la política española: ¿cuándo volverá Carles Puigdemont en libertad a Cataluña? El retorno del líder de Junts ha estado planeando sobre la legislatura desde el primer día, ha sido una repetida exigencia de los independentistas y se ha convertido en una esperanza del PSOE para retejer alianzas y complicidad con los de Miriam Nogueras en Madrid. Ahora el Tribunal Constitucional ha puesto en marcha la maquinaria para que –definitivamente– sea posible.

Algún día se tendrá que reconstruir la historia de cómo la magistratura española se conjuró para impedir la aplicación de una ley aprobada democráticamente por el Congreso de los Diputados, como lo fue la amnistía para los condenados y acusados por el Procés, pero por suerte más de tres años después de su entrada en vigor se empieza a ver la luz al final del túnel. Este martes, 22 de septiembre, se ha materializado la mayoría en el Tribunal Constitucional para remover el último obstáculo colocado por el Tribunal Supremo, que es el de considerar que el delito de malversación no es amnistiable. El pleno del TC ha tumbado la ponencia del magistrado conservador José María Macías donde se sostenía esta tesis y se desestimaba el recurso de Jordi Turull contra la decisión de no aplicarle la amnistía. Ahora Macías deberá redactar otra ponencia en sentido contrario.

El Tribunal Constitucional ha activado la cuenta atrás del regreso de Carles Puigdemont a Cataluña. Lo ha hecho avalando que se aplique la ley de amnistía a la malversación atribuida al Procés, según ha podido saber el ARA. Como estaba previsto, la mayoría progresista ha impuesto su criterio y ha rechazado la ponencia del conservador José María Macías, que era partidario de rechazar el recurso de amparo de Jordi Turull –consejero de Presidencia durante el 1-O y actual secretario general de Junts– y validar el criterio del Tribunal Supremo, que hasta ahora se ha negado a exonerar el delito de malversación. Tras una hora y media de deliberación, se ha quedado en minoría.

El juez del Tribunal Supremo que ha redactado el auto que bloquea el derecho a voto de miles de españoles que obtuvieron la nacionalidad acogiéndose a la ley de memoria democrática –hace suya la tesis del PP de que la ley de nietos es un “peligro fundado, real y serio” que puede “afectar gravemente a la objetividad y transparencia” de las elecciones– es un viejo conocido del independentismo. Es Antonio Narváez, que fue magistrado del Tribunal Constitucional de 2014 a 2023 y, por tanto, tuvo un papel destacado en los años del Procés. Su nombre resuena en Cataluña porque en febrero de 2021 se apartó del debate de los recursos de amparo de los presos políticos contra la sentencia del 1-O. Tuvo que autoexcluirse después de que los líderes independentistas pidieran en bloque su recusación por unas palabras que había pronunciado en noviembre de 2017.

“La interpretación del Tribunal Supremo no puede tildarse de sorprendente o imprevisible, y mucho menos de caprichosa o fruto de una supuesta animadversión”. La primera versión de la primera ponencia del Tribunal Constitucional sobre la amnistía a la malversación, elaborada por el conservador José María Macías y a la cual ha tenido acceso el ARA, propone rechazar el recurso de amparo que presentó Jordi Turull contra la decisión de Manuel Marchena de no amnistiarle y mantener viva su inhabilitación hasta el 2030. El documento, que se debatirá en el pleno del TC del próximo 22 de septiembre, avala punto por punto la tesis del alto tribunal, que evitó perdonar la malversación alegando que los miembros del Gobierno del 1-O se enriquecieron porque no pagaron el referéndum de su bolsillo: “El beneficio también puede concretarse en la mera posibilidad de disponer indebidamente de unos fondos hasta entonces no disponibles, hecho que aumenta la capacidad de gasto y la consiguiente posibilidad de adquisición de bienes y servicios. Poder disponer de lo que no se disponía ya implica un beneficio”, argumenta la ponencia.

Ahora sí: cuenta atrás para la amnistía a los líderes del Procés. O eso es lo que se ha respirado este jueves en los pasillos de la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo. Según apuntan a l'ARA fuentes conocedoras del alto tribunal, la aplicación de la ley al Govern del 1-O, incluyendo al expresidente Carles Puigdemont, podría desencadenarse después de la resolución del primer recurso de amparo por parte del Tribunal Constitucional, sin que haga falta esperar a que los resuelva individualmente uno por uno. Las mismas voces argumentan que el primer pronunciamiento “generaría una doctrina” que podría arrastrarse al resto de casos. Es, precisamente, lo mismo que defendió el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, hace unos días en una entrevista. Es decir, aunque el caso de Carles Puigdemont no será el primero que aborde el TC, la orden de detención contra él podría levantarse cuando el Constitucional se pronuncie sobre el recurso del exconseller Jordi Turull, que es el de cabecera y, en principio, será el primero que tendrá una sentencia, que todas las fuentes asumen que será favorable. Llegaría el mes de octubre y arrastraría al resto.

El día de la Virgen del Carmen, patrona de la gente de mar, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el TJUE, dictó una sentencia largamente esperada y a la vez muy trascendente para la política catalana y española: según la justicia europea, la ley de amnistía aprobada por el Parlamento español hace más de dos años no afecta ni el orden legal ni los intereses económicos de la Unión. La resolución es clara y diáfana, y no deja dudas sobre el alcance de su aplicación.