22 meses de prisión para un desalojado de la acampada en la Plaça Universitat
También condenan a dos participantes más a seis meses de prisión
BarcelonaEl desalojo de la acampada en la Plaça Universitat de Barcelona como protesta contra la sentencia del Procés ha acabado en condena para tres participantes. El juzgado penal número 7 de Barcelona ha impuesto 22 meses de prisión para uno de los desalojados y seis meses de prisión para dos participantes más. La Guardia Urbana lideró el operativo del 20 de noviembre de 2019 para poner fin a la movilización que hacía 21 días que duraba.
La pena más alta es para Ernest, para el que la Fiscalía pedía cuatro años de prisión. La jueza lo condena por un delito de atentado contra agentes de la autoridad y un delito de lesiones –le aplica el atenuante de reparación del daño por haber pagado 4.200 euros con la Caixa de Solidaritat–. También lo obliga a abonar una indemnización de 3.320 euros por las lesiones y las secuelas a un agente. Para los otros dos es un delito de atentado contra agentes de la autoridad más una multa –en un caso– de 180 euros por un delito leve de lesiones. Este último tiene que pagar una indemnización de 120 euros a otro policía.
Según la sentencia, los tres condenados no siguieron las indicaciones de la Guardia Urbana. En el caso de Ernest, la jueza recoge como hecho probado que golpeó con el puño la cara de un agente y le causó tanto una contusión como una factura nasal. En cuanto a los otros dos desalojados, manifiesta que el primero golpeó fuertemente la cabeza de un policía y el segundo dio una patada en la pierna a otro agente, cosa que le causó lesiones en la cadera.
Crítica al Ayuntamiento
Alerta Solidària, que ha ejercido de defensa, critica que la versión policial se imponga “sin atender” las alegaciones que hicieron. Se refiere al fragmento de la sentencia en el que la jueza considera que “ha quedado acreditada” la autoría de los tres condenados, a pesar de “las aparentes contradicciones expuestas por las defensas y la insistencia de la ubicación de cada agente”, después de que fueran identificados de nuevo durante el juicio. Alerta Solidària también ha reprochado al Ayuntamiento de Barcelona que impulsara el desalojo de la acampada en la Plaça Universitat “por haber contribuido a la tensión y a la represión contra la protesta legítima”.
