Acuerdo en el gobierno español para paralizar los desahucios hasta el final del estado de alarma

MadridDespués de días de estira y aflojas, el PSOE y Unidas Podemos han acabado llegando a un acuerdo para paralizar los desahucios de las familias vulnerables mientras dure el estado de alarma. Según informan fuentes de la vicepresidencia segunda del gobierno español, el equipo de Pablo Iglesias ha pactado con el ministerio de Transportes y Agenda Urbana que las familias vulnerables no puedan ser desahuciadas sin una alternativa habitacional "digna", es decir, no se acepta la opción de un albergue. La condición de vulnerabilidad la concederán los servicios sociales a través de un informe vinculante para los tribunales. La medida todavía la tiene que ratificar el consejo de ministros después de que Unidas Podemos, ERC y EH Bildu retiraran ayer martes la polémica enmienda que trajo un alud de críticas del partido socialista a sus socios de coalición.

A pesar de tratarse de una medida social, la negociación se ha convertido en un conflicto político entre los dos socios de coalición del gobierno de España. Hace dos semanas, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu sorprendieron con una rueda de prensa convocada con pocos minutos de antelación en el Congreso en la que presentaron una enmienda conjunta a los presupuestos estatales que reclamaba la prohibición de los desahucios hasta el 2023, así como la prohibición del corte de suministros a personas vulnerables. Fueron dos de las medidas que aplicó la Moncloa durante el primer estado de alarma pero que en el marco de la segunda oleada estaba previsto que no se prolongaran.

La retirada de la enmienda

Diferentes ministros socialistas expresaron entonces el malestar por la estrategia del partido lila, que buscaba retocar las cuentas por la puerta trasera, en una medida para marcar perfil. Pero el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, acabó poniendo paz con el compromiso de resolver la polémica de puertas adentro, con la modificación del real decreto que actualmente establecía una moratoria hasta finales de enero. El ministro de Transportes y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, aseguró que se podía hablar de todo siempre que fuera de forma separada a la enmienda, que ERC y EH Bildu querían mantener como forma de gesto.

Pero la retirada de la enmienda ha allanado el camino para el acuerdo. Según las mismas fuentes de la vicepresidencia segunda, los desahucios no se podrán ejecutar hasta que las personas vulnerables no tengan asegurado y garantizado el realojo. La condición de vulnerabilidad la concederán los servicios sociales a través de un informe vinculante que los tribunales tendrán que solicitar obligatoriamente en el supuesto de que los afectados aleguen vulnerabilidad. El pacto entre Iglesias y Ábalos también incluye a las familias en precario en pisos de grandes empresarios –los que tengan más de una docena de viviendas–. En este caso, las comunidades tendrán un plazo máximo de tres meses para buscar una nueva vivienda a la familia en situación de vulnerabilidad.