El asentamiento de barracas de Vallcarca, bajo la amenaza de desalojo

BarcelonaAumenta la tensión en el barrio de Vallcarca en torno a el asentamiento de barracas que ya hace años que da techo a unos setenta personas y que está ubicado sobre unos terrenos municipales en los que está previsto un plan urbanístico para transformar el barrio. El Ayuntamiento de Barcelona tiene una autorización judicial para realizar una "inspección técnica" en el asentamiento y analizar las condiciones en las que viven estas personas, pero el plazo termina este sábado y hasta ahora no han logrado acceder. Los vecinos que viven allí, con el apoyo de movimientos sociales del barrio, les han impedido la entrada en hasta tres ocasiones, la última el 11 de febrero: temen que la revisión acabe con un "desahucio expreso" sin solución residencial para los afectados, una situación que llevan años intentando negociar sin éxito.

Lejos de buscar el camino de una solución dialogada, la Comisión de Seguridad del Ayuntamiento azuzó el miércoles el fuego con la aprobación de una proposición del PP que insta al gobierno municipal a desalojar "sin más dilaciones" el asentamiento por medio de las fuerzas de seguridad. La propuesta, que buscaba acelerar el desenlace del asentamiento, salió adelante por la abstención del PSC; con los votos a favor de Junts y VOX y el rechazo de ERC y Barcelona en Comú.

Sin embargo, fuentes municipales remarcan al ARA que la proposición del PP "no es vinculante" y que los planes se mantienen intactos. "Los dispositivos que han intentado entrar en el asentamiento ya los que se les ha impedido el paso son técnicos, no policiales", subrayan. "Estamos en el escenario de inspeccionar, que es una obligación del Ayuntamiento, y ver qué riesgos existen para las personas", añaden las mismas fuentes.

Este jueves, el alcalde Jaume Collboni también ha intentado rebajar la propuesta: ha insistido en que "no hay nada inminente", en referencia al eventual desalojo y ha asegurado que lo que se está haciendo es "estudiar cuál es la situación en la que se encuentran las personas que viven". Collboni también ha expresado la preocupación del gobierno municipal por este tema y ha relacionado la situación con un problema de "sinhogarismo e infravivienda" en toda Europa. "No podemos ni conformarnos ni convivir con normalidad", ha dicho Collboni en una entrevista en Catalunya Ràdio.

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Los movimientos sociales desconfían

Sin embargo, los intentos de Collboni por calmar los ánimos sólo han despertado más recelos entre los vecinos del asentamiento y los movimientos sociales, que cada vez tienen más claro que el consistorio acabará actuando sin tener resuelta una solución residencial para los afectados. "Llevamos muchos años intentando negociar una salida digna para estas personas, nosotros tampoco queremos que vivan en estas condiciones", explica al ARA Aran Llivina, portavoz de la asociación vecinal Som Barri. Lamenta que existe una "falta de voluntad política por dialogar" y asegura que el plan urbanístico planteado en esta zona "supondrá una gentrificación bestial del barrio hacia fuera". "Nos jugamos mucho más que una salida digna para estas familias, también nos jugamos el modelo de ciudad que queremos", asegura, al tiempo que avanza que los movimientos por la vivienda harán una respuesta contundente si el desalojo se lleva a cabo.

"Con la inspección, el Ayuntamiento buscará cualquier excusa para decir que hay riesgos para las personas, hacer entrar a los Bomberos y los equipos de limpieza y echar a los vecinos para tener el espacio libre y sacar adelante su plan urbanístico", asegura Llivina. Ahora, con la fecha límite encima —la autorización para realizar la inspección técnica termina el día 22—, Som Barri asegura que no saben "cuál será el próximo paso del Ayuntamiento". "Suponemos que nos despertaremos un día con varios furgones de policía a las puertas del asentamiento", lamenta Llivina, que recuerda que la escena no es nueva, en referencia a lo ocurrido hace sólo unas semanas en la Antiga Massana.

Esta asociación asegura que durante todo este tiempo no se ha ofrecido ninguna solución decente a las familias: "Sólo ofrecen ir a parar a los Servicios Sociales, unas noches de albergue o de pensión y ya está". Las pocas familias que han logrado salir de las barracas, remarcan desde Som Barri, es porque los propios movimientos sociales les han ayudado a instalarse en pisos ocupados de la zona. "Son pisos del Ayuntamiento, que llevan vacíos desde hace años", explican. Allí han instalado, sobre todo, familias con hijos menores para evitar que los servicios sociales separaran el núcleo familiar.

Vecinos divididos

El asentamiento de barracas, justo debajo del puente de Vallcarca, en la calle de l'Argentera, cuenta con una red de apoyo vecinal y de los movimientos por la vivienda digna muy importante, pero también hay otras asociaciones y vecinos del barrio que están en contra. El teniente de alcaldía y Seguridad, Albert Batlle, subrayaba en la Comisión de Seguridad que es un tema "muy complejo".

En el barrio no todo el mundo está a favor de los campamentos y tanto se pueden ver pintadas en defensa del colectivo de familias rumanas que viven como en contra. Entre los que se oponen, que reclaman una limpieza de la zona, destacan la suciedad que se acumula tanto dentro del asentamiento como en los alrededores. La mayoría de estas familias se dedican al negocio de la chatarra y la acumulación de trastos viejos es considerable. También remarcan la imagen de ciudad que se fomenta con un asentamiento tan visible, justo en un punto de peregrinación turística, donde a menudo los visitantes salen del metro para ir en dirección al Parc Güell.

Según datos del Ayuntamiento, a finales del 2023, Barcelona tenía activos unos 77 asentamientos –donde viven unas 300 personas–, el 60% de ellos entre los distritos de Sant Andreu y Sant Martí.

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