"Fue infernal vivir así": la lucha de un vecino del Poblenou por no ser desalojado

BarcelonaIván Giesen tiene 68 años y lleva 27 viviendo en un piso del número 153 de la calle Ramon Turró, en el Poblenou. En 1999 se mudó allí después de vivir unos años en el barrio Gótico, en un momento en que el precio del alquiler de esta zona más céntrica empezó a duplicarse. "Buscaba un lugar y encontré este piso en el Poblenou, que, además, me venía muy bien porque entonces llevaba una academia de idiomas en el barrio", relata el vecino. En 2019, sin embargo, la empresa Maramca SL –propietaria de la finca desde 2012– empezó unas obras en el edificio y notificó que dejaría de renovar el contrato a los vecinos, entre ellos Giesen.

Desde entonces, el inquilino ha vivido un largo camino de lucha para continuar viviendo en su casa. Casi siete años en los que ha visto cambiar el vecindario y la fisonomía interior de las viviendas. “Después de que algunos vecinos se fueran, de los que vivíamos antes, ahora solo quedamos los dos pisos de renta antigua y yo”, concreta. En su caso, el contrato le expiró antes de la pandemia, pero las prórrogas legales le permitieron continuar en el piso hasta 2021.

Entonces, la propiedad presentó una demanda de desalojo contra Giesen que se acabó fijando para el 16 de enero de 2025 y que se detuvo gracias a la moratoria de desahucios. "El hecho es que no ha habido ninguna voluntad de negociación, y este es el problema, que no hemos podido hablar con la propiedad", remarca el inquilino, que en 2019 se puso en contacto con el Sindicat de Llogateres.

“Con las obras, lo que se ha hecho es pasar de los dos pisos que había por planta a tres, excepto en la que vivo yo”, concreta Giesen. Es decir, de los 10 pisos que había se han hecho 15, a partir de la subdivisión de las viviendas existentes. Unas obras propuestas por la propiedad que fueron aprobadas en diciembre de 2015 por el Ayuntamiento como parte de un plan de mejora urbana dentro del ámbito de la Modificación del PGM para el 22@, el planeamiento de revitalización urbana, económica y social en el Poblenou.

El Sindicat de Llogateres, sin embargo, denuncia que la ampliación del número de unidades de vivienda en la finca sería ilegal en relación con este plan. En este sentido, el artículo 9.2d del planeamiento expone que “las nuevas unidades de vivienda que se deriven del incremento del número de plantas o de la subdivisión de las existentes se vincularán a algún régimen de protección pública”.

Una cuestión que, según el sindicato, la propiedad estaría incumpliendo, ya que, a pesar de que la obra ya está casi terminada, no se ha ofrecido ninguna vivienda de protección oficial en Giesen ni tampoco se ha puesto a disposición de ninguna oficina. “Queremos saber si se está controlando el hecho de que aquí debería haber pisos de protección oficial, porque creo que si no hubiera una presión, la empresa no lo haría nunca”, evidencia el vecino. Por este motivo, el inquilino ha solicitado con ayuda del sindicato una inspección por parte del Ayuntamiento y la Generalitat para comprobar que está todo en regla, pero sobre todo ante la obligatoriedad de que algunos de los pisos sean de protección pública. 

Desgaste por las obras

El proceso de las obras se tradujo, según Giesen, en muchos años de desgaste en su vida diaria. La entrada del edificio también se estaba reformando y no había ninguna señal de seguridad, así como en la escalera prácticamente no había luz. Además, tuvieron que hacer agujeros en algunas de las paredes del piso y redistribuir algunos de los espacios, como la cocina o el lavabo. “Era literalmente vivir cada día en una obra”, remarca, y añade que los vecinos no tenían conocimiento de ningún calendario de obras y que el ruido era constante. De hecho, por este segundo caso asegura que incluso llegó a presentar una denuncia, aunque no acabó prosperando. “Realmente, fue infernal vivir tanto tiempo así”, enfatiza.

Ahora, siete años después, los nuevos pisos comienzan a acoger poco a poco a los primeros inquilinos –la mayoría extranjeros–, con los que Giesen prácticamente no ha tenido ocasión de hablar. “La relación ahora es inexistente”, apunta, y señala que menos tres o cuatro pisos que ya están habitados, el resto continúan vacíos.

La nueva fecha de desahucio está señalada para el próximo 5 de junio, pero Giesen vive con la esperanza de que no acabe prosperando. De hecho, el día antes del desalojo se organizará una vigilia festiva y cultural para reunir a la multitud. "El problema es si hay muchas convocatorias seguidas", apunta el inquilino, que espera que la inspección que han solicitado pueda hacer cambiar el rumbo de la historia.