El caso del 'niño robado' de Banyoles, pendiente de que se señalen “responsables"

BarcelonaEl compás de espera en el caso del presunto niño robado de Banyoles continúa alargándose. Después de años de lucha para reconstruir el puzzle de su vida, Joan Beamonte consiguió que una juez anulara su filiación de adopción, después de demostrar que sus padres adoptivos lo inscribieron como hijo de manera irregular, y se querelló contra ellos por haberle falseado la identidad. La investigación hace más de tres años que está en marcha. Beamonte declaró en diciembre del 2020. Poco después, el juez encargó un informe a los Mossos. El magistrado confía que esta investigación policial sea el solucionador que ayude a señalar los “presuntos responsables” de la adopción irregular.

Por eso, el titular del juzgado de instrucción 3 de Badalona ha prorrogado la investigación, a la espera de que llegue este informe policial. En su último escrito, al cual ha tenido acceso el ARA, el juez da por hecho que las conclusiones de los Mossos d'Esquadra supondrán un punto de inflexión en la causa, porque establecerán “la filiación” de las personas que participaron en el procedimiento de adopción y esto obligará a “practicar numerosas diligencias y, previsiblemente, al análisis de voluminosa documentación”.

La opinión del juez coincide con la de la Fiscalía y la del mismo Beamonte, representado por el penalista Samuel Guerrero, que pidieron prorrogar la investigación medio año más, teniendo en cuenta, como el juez, que se tendrán que practicar numerosas pruebas nuevas. De momento, en el procedimiento no hay nadie investigado y el tiempo juega en contra para localizar posibles implicados en un proceso de adopción que se produjo hace décadas. Consciente de esto, el magistrado hace meses que requirió al cuerpo policial que avanzaran en la investigación y le entregaran sus conclusiones.

Beamonte hace años que emprendió un largo camino para reconstruir la historia de su vida y ha topado varias veces con un muro judicial a la hora de intentar averiguar por qué cuando tenía seis años, después de que su abuela lo dejara en un orfanato –pero sin autorizar la adopción–, acabó en manos de otra familia que lo inscribió como hijo biológico. El primer intento por la vía penal acabó archivado por prescripción de los delitos, pero finalmente Beamonte consiguió en junio del 2018 que una jueza anulara la filiación de adopción por irregular y se querelló contra los padres adoptivos por haberle falseado la identidad, en la segunda causa penal que todavía continúa abierta.

Legislación a favor

Si bien el tiempo juega en contra en un procedimiento complejo que intenta averiguar hechos que se produjeron hace décadas, la nueva legislación parece garantizar el impulso de la causa. A finales del 2020 se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat la ley 16/2020 de desapariciones forzosas de menores, que pretende dar una respuesta a centenares de personas que creen que ellos o un hijo suyo fueron víctimas de una adopción irregular durante el franquismo y los primeros años de la democracia. La ley insta a los cuerpos policiales y al poder judicial a colaborar con las investigaciones.

De hecho, la Fiscalía de Barcelona fue una de las más proactivas en la investigación de la presunta trama de niños robados en el Estado. Después de años de exhumaciones de fosas individuales, de pruebas de ADN para tratar de encontrar coincidencias entre madres e hijos y de una extensa búsqueda de documentación en las clínicas de la época –muchas de las cuales ya no existían o no conservaban los historiales médicos–, el fiscal que llevaba el caso, Miguel Ángel Aguilar, concluyó que no había pruebas de una trama de sustracción de niños, pero sí de malas praxis e irregularidades a la hora de registrar los nacimientos y las adopciones.