Los deberes pendientes obligan a la ciencia catalana a reinventarse

BarcelonaAri Miquel tiene 27 años. Hace cinco que se marchó de Erasmus al Reino Unido para hacer tres meses de prácticas de laboratorio. Ya no ha vuelto. Ahora mismo cursa el doctorado en Norwich, en la Universidad de East Anglia. Todavía no sabe qué hará cuando lo acabe. Si vuelve, será más por añorar la vida en casa, los amigos y la familia que no por trabajo: “Si tienes una idea, en Catalunya no te escuchará nadie, no hay dinero para la ciencia”. Su caso es parecido al de Biel Martínez, doctorando en el Comisariado de la Energía Atómica en la Universidad de Grenoble. “Si quieres estar en la vanguardia de la ciencia, volver no es una buena idea”. Ari trabaja investigando nuevas vacunas, incluidas las de la gripe y el covid. Biel investiga sobre ordenadores cuánticos en un equipo de una sesentena de investigadores. “En casa no hay nada que se le asemeje”, lamenta. Si puede, recorrerá mundo y después buscará una vía para estabilizarse más adelante. Seguramente, dice, lejos de casa. Ari tiene claro que si quiere continuar haciendo ciencia tendrá más oportunidades en su entorno actual, donde se siente “cómoda y valorada”, que no en Catalunya. “Aquí puedo progresar”, reivindica.

Los casos de Ari y Biel son singulares, pero no únicos. “En Catalunya hay mucho talento”, comenta Àlex Arenas, físico e investigador Icrea en la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. El sistema catalán forma muy buenos investigadores, pero los acaba expulsando, asegura. “¿Dónde colocas a toda la gente joven que se ha marchado para completar su formación? ¿En qué posición? –se pregunta–. Estamos derrochando nuestro talento”.

Mucha gente y muy buena, insiste el experto. Son investigadores en formación y científicos que acaban haciendo carrera en el exterior por las exiguas oportunidades que les ofrece el sistema, y encima en unas condiciones de precariedad que limitan su futuro en el sistema público o simplemente les niegan el acceso. La burocracia ahoga a más de un candidato y, al otro lado de la mesa, quien los quiera contratar topa con escollos legales, de modelo, administrativos o de regulación, apunta Cristina Pujades, hasta hace poco vicerrectora de la Universitat Pompeu Fabra y responsable del área de captación y retención de talento. “El sistema está concebido de tal manera que incluso tendríamos dificultades para incorporar a un premio Nobel”, ironiza con un deje amargo.

La eterna falta de dinero

El presupuesto que la Generalitat destina como inversión en el sistema de ciencia, tecnología e innovación se acerca actualmente al 1,4% del PIB, una décima por encima del español, pero 6 décimas por debajo del 2% de la media europea. A efectos prácticos, esto quiere decir que el presupuesto destinado a la investigación se ha quedado estancado en cifras parecidas a las del 2008 o el 2010, en plena crisis financiera. Los recortes que vinieron después, impulsados desde Madrid, que mantiene una buena parte de las competencias en este ámbito, pusieron en peligro proyectes de investigación, carreras profesionales y el buen funcionamiento de centros de investigación y departamentos o institutos universitarios.

Pero el caso es que la demanda de inversión del 2% en investigación ya existía a mediados de la década de los 1980, cuando se aprobó la primera ley de la ciencia en España. Desde siempre, pues, ha sido el objetivo. Como las competencias no están transferidas todo se ha regulado en Madrid, que llegó a incluir lo que denominaban “I+D militar” en los presupuestos de ciencia

“Todavía no nos hemos podido recuperar de los recortes”, sintetiza Roger Gomis, investigador Icrea en el Institut de Recerca Biomèdica (IRB) de Barcelona. Recuerda que “se publica mejor que nunca” en revistas internacionales de gran impacto, pero con un coste “excesivo”. “Los fondos públicos que antes conseguíamos con un par de proyectos de investigación, ahora los tenemos con cuatro o cinco propuestas”. Esto implica menos recursos para contratar personal investigador, “muchísima más” burocracia y un “coste añadido” para ser competitivos a escala internacional.

Cuando un investigador se plantea un proyecto de investigación, solicita fondos públicos de origen estatal como primer paso. Si supera las evaluaciones, se le otorga una subvención para un periodo determinado –normalmente tres años– que tiene que servir para contratar personal, adquirir material de investigación, publicar resultados o desplazarse a congresos. Esto puede suponer de 80.000 a 120.000 euros por año de media, una cantidad más que modesta y poco o nada competitiva internacionalmente. La entrada en vigor de programas como Icrea en Catalunya y el Santiago Ramón y Cajal en España han ayudado a mejorar la situación, explica Arcadi Navarro, director de la Fundación Pasqual Maragall y ex secretario general de Universidades e Investigación. Gomis añade la entrada de fundaciones privadas ligadas a entidades bancarias, que ha permitido que, en el ámbito biomédico, haya un suplemento de recursos.

Estructuras de investigación

Si las Icrea han representado un enorme salto de calidad, porque permiten contratar a investigadores internacionales con sueldos y recursos competitivos, también lo fue en su momento la constitución del Consejo Europeo de Investigación (ERC, según la sigla en inglés), el instrumento de la Unión Europea para fomentar la ciencia de excelencia y que dota a proyectos rompedores según estándares internacionales. La traducción española fueron los programas Severo Ochoa y María de Maeztu. Una “buena idea” que “se ha desdibujado con el tiempo”, se queja Joan Guinovart, director fundador del IRB –ahora ya jubilado– y buen conocedor de la iniciativa.

La falta de financiación, como se podía esperar, también impacta negativamente en la disponibilidad de grandes infraestructuras científicas. Todos los investigadores consultados coinciden en mencionar el Barcelona Supercomputing Center, donde se aloja el superordenador MareNostrum. El impulso y visión de su director, Mateo Valero, han contribuido a situar la equipación en la élite mundial. A una cierta distancia está el sincrotrón Alba, que continúa luchando por consolidarse como un activo en el sur de Europa. Más allá, la consolidación de los centros de investigación catalanes, reunidos alrededor del Cerca, que hacen ciencia de calidad gracias, entre otras cosas, a su flexibilidad de gestión y organización y al hecho de estar alejados del modelo funcionarial. A todo ello, habría que añadir mecanismos de transferencia más eficientes para trasladar el conocimiento científico a la industria en forma de producto o innovación. “No tenemos grandes empresas que hagan de tractor”, señala Pujades.

Repensar la educación

“La ciencia tiene un problema de mala educación”. La frase es de Joan Guinovart. Y no es que los científicos –o la sociedad– sean maleducados, sino que “están” mal educados, defiende el bioquímico: “Tenemos que repensar cómo enseñamos la ciencia a todos los niveles”. Esto incluye las escuelas, desde la edad preescolar hasta la ESO, y, por supuesto, el bachillerato y la formación profesional.

Esta demanda, que se inscribe en una tendencia internacional para favorecer las vocaciones científicas, persigue también otros objetivos destacables. Por ejemplo, mejorar el prestigio social de la ciencia y, de rebote, sus condiciones; impulsar el espíritu crítico, y alimentar el buen gusto por la experimentación y la experiencia. “La ciencia se construye cada día a medida que avanzas, con un conocimiento que crece con la experimentación”, dice Guinovart. Con este objetivo, impulsa ahora mismo un proyecto pionero de formación de formadores para experimentar nuevos modelos de enseñanza de las ciencias. En esta propuesta se hace una mención especial a las niñas y chicas. El objetivo es minimizar el sesgo de género y aportar herramientas para romper el techo de cristal que limita el progreso de la mujer científica.

Mirar el futuro

El gobierno de la Generalitat tiene la intención de debatir bien pronto la que será la primera ley de la ciencia catalana. Así mismo, el gobierno español prevé reformar la ley de la ciencia española. Los investigadores consultados aplauden las dos iniciativas. Más allá de las reivindicaciones históricas sobre financiación, la carrera profesional o las infraestructuras de investigación, aportan reflexiones que habría que incorporar.

Lluís Torner, director del Institut Català de Fotónica (ICFO), dice: “La investigación es en gran medida una actividad totalmente internacionalizada: el terreno de juego es el mundo o, como mínimo, la Unión Europea. Por lo tanto, la legislación y las normas que afectan a la organización de la investigación tienen que ser parecidas a las que haya en los países de referencia”. Y añade: “La investigación solo produce regreso económico y social a escala local si es de nivel internacional”. Y reclama: “Digamos al mundo constantemente que la investigación es una de nuestras prioridades”.

“La regulación de la ciencia está estropeada –expone Arcadi Navarro–. Los aspectos de la ciencia, desde la financiación hasta la planificación, dependen del marco regulador”. Cristina Pujades se suma a la reivindicación: “Tenemos normas contradictorias y contraproducentes. Hacen falta nuevas figuras de contratación y apuestas estratégicas, flexibilidad y darnos cuenta del hecho de que no se pueden aplicar criterios del siglo XX cuando estamos en el siglo XXI”.

Josep Samitier, director del Ibec y presidente de Acer, la asociación de centros de investigación catalanes, entiende que “es un momento clave para un cambio”. El investigador considera que se ha conseguido una posición competitiva en el mundo a pesar de “la anomalía” de no tener una ley propia. “El marco legal nos tendría que permitir un salto de calidad”, mejorar la financiación y ganar masa crítica “para competir en el mundo”. “Si no nos reinventamos no lo conseguiremos”, concluye Pujades.