Más incertidumbre después de la pandemia: las incógnitas del nuevo curso

BarcelonaHace dos años el ARA decía que empezaba el curso más incierto, después de seis meses sin escuela y en medio de un estricto protocolo covid. A pesar de que ya no quedan medidas pandémicas en las aulas, el próximo curso tampoco será tranquilo. Empezará con huelgas y movilizaciones sindicales y con la incertidumbre de la organización de las tardes de septiembre y seguirá con la aplicación de unos nuevos currículums aprobados deprisa y corriendo. Siempre con el eterno reto pendiente de desplegar el decreto de la escuela inclusiva. 

El anuncio del president de la Generalitat de avanzar una semana el inicio de curso abrió la caja de los truenos y fue el detonante de las huelgas de marzo, que después añadieron otras reivindicaciones. Pero a pesar del rechazo de la comunidad educativa a la manera de anunciarlo –la decisión no se consensuó–, el Govern ha mantenido el plan porque considera que es una buena medida pedagógica en clave de equidad y que favorece la conciliación familiar. 

Empezar las clases una semana antes tiene varias implicaciones: los docentes tuvieron que ir a los centros los primeros días de julio para preparar el curso, en septiembre tendrán solo dos días para terminar los últimos detalles y, lo que es más importante, habrá clase de 9 a 13 h durante septiembre, a pesar de que se ofrecerá una hora de actividades gratuitas por la tarde para que, en la práctica, el horario de recogida siga siendo las 16.30 h.

La medida alarmó a los centros y a las empresas de ocio, que no encontraban suficientes monitores para hacerse cargo de tantos alumnos. Finalmente, Educación "facilitó" el trabajo a los directores y les envió contratos estándar. "Me obligaron a firmarlo a pesar de que yo no lo veía claro, porque sobrepasamos el límite económico que obliga a hacer concursos públicos y porque no pude buscar otros proveedores", afirma al ARA el director de un centro público del área metropolitana, que prefiere mantener el anonimato. Según el departamento, todos los centros tenían la opción de cambiar de empresa proveedora si lo querían. A principios de agosto, el 98% de los centros públicos tenían firmados los contratos para la hora de educación en el ocio las tardes de septiembre. En total, se trata de 1.702 contratos, la mayoría de los cuales son una ampliación de las horas de los monitores que ya se encargan del comedor.

Desde los movimientos por una escuela inclusiva se quejan que no se han tenido en cuenta a los alumnos con más dificultades: "Nadie ha pensado que un niño autista necesita una rutina y que por la tarde no habrá apoyos educativos", lamenta Rat Basterretxea, de Suma Castellar.

La nueva ley de educación, la Lomloe, obliga a modificar el currículum de los cursos impares a partir del próximo curso para que el aprendizaje sea más competencial. Esto traerá cambios sobre todo en bachillerato (en 2024 entrará en vigor una nueva selectividad) y también en la ESO, donde se impulsará el trabajo por ámbitos. En cambio, se notará menos en primaria, donde ya hace tiempo que se trabaja por competencias. Los centros tendrán tres años para adaptarse.

La aplicación de los nuevos currículums ha generado todo tipo de reacciones: hay quien los celebra porque ponen al día lo que hace tiempo que hacen muchos centros en Catalunya y también hay quien los critica, porque considera que enmascararán el fracaso escolar y se han hecho de manera improvisada.

"Creo que no tocaba cambiar esto ahora. Tanto si eres muy innovador como si quieres mantenerte en parámetros de instrucción directa, más tradicionales, la Loe era bastante flexible. Hacer una ley que nadie ha pedido siempre genera controversia", afirma Jordi Cano, profesor de ESO, bachillerato y de la UdL. Cano explica que, en conversaciones con sus colegas, ha constatado que hay docentes ("una minoría, pero muy ruidosos") que creen que la nueva ley y los nuevos currículums "atacan su libertad a la hora de dar clase": "Hay resistencia a que los equipos directivos y los proyectos de centro puedan incidir sobre cómo das clase al día a día". Él, en cambio, tiene dudas sobre cómo las nuevas normativas aterrizarán en las aulas. "No es cierto que nos obliguen a trabajar por ámbitos. No hay ningún elemento de la ley que modifique cómo el profesor transmite la asignatura en el aula".

Las organizaciones europeas como la Unesco o la OCDE avalan estos cambios educativos y reclaman que los Estados hagan esfuerzos para mantener a los estudiantes en el sistema educativo. El objetivo es reducir las cifras de abandono escolar prematuro: en Catalunya, un 18% de alumnos lo dejan al acabar la ESO; el objetivo europeo es no superar el 10%.

El caos por la gestión de la pandemia después de Navidad y las huelgas de maestras en la primavera llegaron mientras en los despachos de la conselleria se preparaba una respuesta judicial importantísima: cómo hacer frente a la sentencia que obligaba a todas las escuelas a hacer un 25% en castellano. Al final, y después de muchas negociaciones, la respuesta llegó por dos vías: un decreto ley del Govern que prohíbe explícitamente el uso de porcentajes en las aulas y una nueva ley que dice que el catalán es la lengua vehicular y el castellano es curricular. Como el nuevo marco normativo hace imposible aplicar la sentencia, el Tribunal Superior de Justicia ha enviado el caso al Tribunal Constitucional para que analice si las dos normativas se atienen o no a la Constitución. 

Este paso abre la partida final. Al departamento de Educación ya le va bien que el caso se haya llevado al TC, porque esto da una tregua temporal y permite ganar tiempo y estarse unos meses (unos cursos, incluso) sin tener que aplicar la sentencia del 25%, que es firme. 

En el fondo, es un chute de pelota hacia adelante: cuando el TC se pronuncie sobre el caso, ya no quedará ningún margen por recurrir. Se habrá llegado al final del camino. El precedente no da mucha esperanza: hace 12 años el TC se pronunció sobre el catalán en la escuela y desde entonces está en falso. Fue a raíz del Estatuto de Catalunya, aprobado en 2006, que establecía que el catalán se tenia que "utilizar normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje" y que, a la vez, se tiene que garantizar una "presencia adecuada" de las dos lenguas en los planes de estudios. La sentencia del TC de 2010 decretó que este artículo es legal siempre que se interprete que "no se priva el castellano de la condición de lengua vehicular y de aprendizaje". "El castellano no puede dejar de ser también lengua vehicular y de aprendizaje", afirmaba la sentencia.

Ahora solo hay que esperar para saber qué piensan los jueces del TC, que tendrán que valorar también si la nueva ley de educación (Lomloe), que elimina el concepto de "lengua vehicular", cambia o no las reglas del juego.

Hace un mes y medio que los sindicatos avisaron de que el próximo curso será "ingobernable": harán huelga el día 7 de septiembre, cuando empiezan las clases de ESO y postobligatoria, y dos días después del inicio de curso de infantil y primaria, y otra el día 28. Durante las vacaciones no ha habido adelantos, así que, si no hay una sorpresa de última hora, el curso empezará como acabó el anterior: con protestas sindicales.

La paradoja es que las dos partes dicen que hay margen para el acuerdo. El conseller, Josep Gonzàlez-Cambray, reclamó a los sindicatos, a principios de agosto en una entrevista a la ACN, un pacto "por el bien de la comunidad educativa". El Govern les propuso devolver el horario lectivo de antes de los recortes a los maestros de primaria este curso (volver a hacer 18 horas lectivas, y no 19) y el curso que viene en la ESO (23 horas, y no 24). Pero los sindicatos insisten: "No aceptaremos que el regreso de la hora lectiva no sea a la vez para todo el alumnado y todo el profesorado", dice Iolanda Segura, portavoz de Ustec. "Devolver también la hora lectiva en la ESO ayudaría a calmar el conflicto", añade Teresa Esperabé, de CCOO. Además, dicen que, si el Govern realmente quisiera reducir las horas lectivas lo haría incluso sin el acuerdo sindical: "Nos han impuesto medidas sin pasar por ninguna negociación y ahora resulta que el regreso de la hora lectiva no puede salir adelante sin nuestro apoyo", reprocha Segura. 

La relación entre los sindicatos y la conselleria se prevé complicada: exigen que el complemento salarial se vuelva a cobrar al cabo de 6 años de trabajo (y no a los 9 como por ejemplo), que los mayores de 55 años puedan hacer 2 horas menos de clase y la estabilización de los interinos. "Tememos que mucha gente se quedará fuera del concurso de méritos y no permitiremos este abuso", dicen desde Ustec. Y todo ello en un ambiente electoral: en primavera hay elecciones sindicales y todos querrán marcar perfil.

En el único tema en el que están de acuerdo todos los entrevistados para hacer estas páginas es que una de las prioridades para el curso que viene tendría que ser avanzar en el despliegue del decreto de la escuela inclusiva. Lo dicen los sindicatos ("Estamos a años luz de lo que dice la normativa", lamenta Ustec), los maestros, las familias e incluso la conselleria, desde donde aseguran que habrá novedades pronto porque es una de las prioridades para este curso. Desde 2017, la normativa garantiza que los niños con necesidades educativas especiales se escolaricen en centros ordinarios. El plan era que escuelas e institutos incorporaran especialistas, pero la realidad es muy diferente. "Pasamos de no ser inclusivos a decir que teníamos una escuela inclusiva de un año para el otro y esto trae mucho sufrimiento, porque le pones un nombre que no es real", dice Rat Basterretxea, presidenta de Suma Castellar. Pide al Govern más recursos, pero sobre todo una hoja de ruta "clara". "Para solucionar problemas ellos ponen millones, pero, si no tienen claras las prioridades y no cambian la forma de funcionar, estos millones se pierden", dice. Las familias que hace tiempo que luchan por una escuela inclusiva explican que los recursos que reciben sus hijos no son estructurales, sino que dependen de la capacidad de movilización e insistencia de la familia y la escuela.

Para evitar estas diferencias, una de las batallas principales es que se implante la figura de la enfermera escolar en todos los centros, tal como pasa en otros países europeos. Incluso el sindicato de enfermeras Satse ha criticado el Govern por no apostar por una figura que "beneficia al alumnado, a sus familias y al conjunto de la comunidad educativa". Según la entidad, el coste de una enfermera escolar sería de entre 16 y 20 euros por habitante cada año.