La consejera de Derechos Sociales se estrena con los deberes del Tercer Sector

BarcelonaA mediados de mayo, cuando el entonces presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, avanzó las elecciones, las entidades del tercer sector se apresuraron a enumerar los déficits, promesas y planes de mejora que se habían quedado a medias por la finalización abrupto de la legislatura. Cinco meses después, la junta de la Mesa del Tercer Sector ha trasladado a la nueva titular de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, los deberes pendientes durante su visita a la sede institucional de esta plataforma que reúne a más de 3.000 asociaciones. La reunión ha sido básicamente una primera toma de contacto con el equipo de Francina Alzina, porque la consellera hace apenas dos semanas que tomó posesión del cargo en sustitución de Carles Campuzano y todavía no ha terminado de configurar el equipo directivo del departamento . Y al mismo tiempo ha sido un gesto poco habitual, bien recibido por quienes deben ser uno de sus grandes interlocutores.

Martínez, economista de profesión y con una larga trayectoria en la academia, aterriza en la conselleria directamente desde el gobierno de Pedro Sánchez, donde como secretaria de Inclusión estuvo presente en las negociaciones para el traspaso a la Generalidad de la gestión del ingreso mínimo vital (IMV), que precisamente se oficializó ayer martes. El IMV y la renta garantizada de ciudadanía (RGC) que otorga la Generalitat son las dos grandes prestaciones creadas para intentar recortar los índices de pobreza, pero la burocracia farragosa ha acabado haciendo que, en la práctica, una y otra presenten cifras pírricas de beneficiarios. Los últimos indicadores estiman que el 24% de la población catalana vive en la pobreza, esto significa unos dos millones de personas, pero sólo unos 100.000 reciben la RGC y, de éstos, tan sólo un 12% la complementan con la otra ayuda. La gestión de ambas prestaciones a través de una sola institución debe hacer posible que se reduzca al mínimo la burocracia y, por tanto, el dinero llegue a quien lo necesita para poder salir de la exclusión social.

Pobreza infantil

En este capítulo, la Mesa y todas las entidades que trabajan a pie de calle llevan tiempo alertando de la vulnerabilidad en la que se encuentran los niños. El precario mercado laboral, los precios de los pisos desbocados y la dificultad para regularizar la situación administrativa de los migrantes no comunitarios están creando bolsas de pobreza y zonas marginales. Por eso, la Mesa reclama que el nuevo Parlamento surgido de las elecciones del mes de julio también se ponga a trabajar y salga adelante con las proposiciones de mejora del actual RGC y que, de una vez por todas, se actualice automáticamente el índice a partir del cual se calculan las prestaciones sociales, que, pese a los aumentos de los últimos años, se ha mantenido congelado y depende de la voluntad de cada gobierno. Como deberes pendientes, el equipo de Martínez tiene el despliegue de la estrategia contra la pobreza infantil, con una tasa altísima: 442.000 menores son pobres, uno de cada tres, siete puntos más que la media europea, y lo más grave es que la mitad quedan fuera de las ayudas sociales. El anterior Govern apuntó las prioridades en esta materia: universalización escolar de 0-3 años, gratuidad en el ocio, planes contra el abandono escolar o medidas contra la obesidad.

A medio tramitar quedó también la ley del sinhogarismo, el despliegue del plan nacional de la salud mental (a pesar del incremento de sufrimiento psicológico a raíz de la pandemia) o el desarrollo de la tan esperada agencia de atención integrada social y sanitaria, pensada para que la gente mayor pueda mantenerse en casa. La Mesa también urge a renovar el convenio con Endesa para perdonar las deudas económicas de los clientes vulnerables y ampliarlo a otros proveedores energéticos.

Residencias y dependencia

El nuevo equipo de Derechos deberá resolver los expedientes de acreditación de las residencias, un proceso que patronales del sector han alertado de que obligarán a muchos centros a cerrar por la imposibilidad de cumplir con los requisitos para tener plazas concertadas, es decir, pagadas con dinero público. Las direcciones de los establecimientos entregaron sus informes el pasado 5 de agosto y están a la espera de si pasan el filtro, que en principio debe rechazar aquellos geriátricos que no tengan pasillos suficientemente anchos o habitaciones como máximo para dos personas. Mientras, hay que gestionar las listas de espera para una plaza en una residencia (con unas 12.000 personas, según los últimos datos) y mejorar los circuitos para la valoración de grado de discapacidad y dependencia, que da derecho a diferentes servicios. Cataluña, según el Observatorio Estatal de la Dependencia y los Servicios Sociales, se mantiene en los últimos puestos del ranking autonómico.

En este sentido, dos factores juegan en contra de una solución inminente: por un lado, la falta de personal cualificado, que en la que puede marcha hacia el sector sanitario, donde se pagan sueldos más altos, y, por otro, el déficit que arrastran los centros, ya que la Generalitat admitió que ha estado pagando por bajo costes las plazas concertadas. A esto hay que sumar la crisis de reputación que los geriátricos arrastran desde la pandemia.