“Duermo con mis hijas entre luciérnagas y ratas muertas”

BarcelonaSi la situación no cambia, pronto la familia de Nadira [nombre ficticio, como el del resto de testigos] cumplirá un año en el albergue privado Sant Màrius, derivada por sus servicios sociales. Nadira encontrara la fuerza para dejarlo, para convertirlo en su ex. en establecimientos turísticos, unas tres mil personas vulnerables como ellas, el 41% son familias monoparentales, con un 92% de mujeres como referentes adultos.

Nadira, sentada en un banco de una calle tranquila, habla del lugar donde vive. Nadie puede invitar a entrar por la diversidad de condiciones de vulnerabilidad de las familias que viven allí. Aunque le gustaría mostrar con claridad las condiciones en las que vive, teme ser señalada para hablar de lo que pasa puertas adentro, y porque teme que esto pueda costarle la expulsión y la separación de sus hijas.

Pero su teléfono es testigo de lo que pasa. Acumula un catálogo fotográfico donde se puede ver la variedad de insectos y roedores con los que Nadira y sus hijas deben convivir en su habitación —ciempiés, babosas que suben por las paredes, ratas muertas—, además de las humedades que han estropeado el armario y les ha manchado la ropa.

La madre comenta la poca higiene y la falta de espacio, debiendo dormir con colchones encajados como piezas de puzle. Pero, sobre todo, destaca el frío que sufrieron durante el invierno y el calor que han pasado a principios de julio, en una casa que no tiene ni calefacción ni ventiladores. pero la propiedad le cortó la luz y la obligó a sacar los electrodomésticos con el pretexto de que había "sobrecargado la instalación eléctrica"

"Entraron en mi habitación y me cortaron la luz como castigo para ponerle una nevera y un aire acondicionado portátil. El agua, porque nos prohíben guardar nada en la nevera de la cocina", comenta Nadira.

Los desahucios de pisos, el precio disparado de la vivienda y el peso del mercado turístico han hecho que la demanda de vivienda de urgencia haya crecido exponencialmente en los últimos años. Temporal de Urgencia (ATU) y que las partidas presupuestarias aumenten año a año 2025, el consistorio ha destinado 38 millones de euros a la contratación de 3.000 plazas en alojamientos privados destinados a servicios sociales, lo que supone una media de más de mil euros mensuales. Haciendo números, implica que el albergue Sant Màrius estará recibiendo unos 30.000 euros mensuales.

Valentina es una más entre tantas mujeres que entran y salen del albergue Sant Màrius. Lleva algo más de cuatro meses en otra habitación "insalubre", junto a su hija de 10 años y su bebé de 9 meses. En su caso, no ha sido la falta de higiene lo que le ha llevado a alzar la voz, sino la precariedad alimentaria que sufre la familia, especialmente su bebé, una niña que carece de alimentos adecuados: su alimentación se basa en zumos azucarados y alimentos sólidos llenos de conservantes.

"Yo sólo quiero poder tener una licuadora en la habitación para hacer papillas a mi hija", explica Valentina, pero le dicen que esto se consideraría cocinar e iría en contra de las normas de la casa. La única solución que le ofrecen es "que dé agua al bebé".

La queja por la alimentación también afecta a su hija mayor. Ahora que es verano, cada día por la mañana acude a un casal, pero no puede llevarse comida: al albergue no le preparan nada ni permiten a su madre acceder a la cocina. Valentina también critica la calidad de las comidas que reciben a diario. "Lo que nos dan no vale ni un euro", asegura, señalando las raciones escasas y con poca proteína y la imposibilidad de repetir, y denuncia que los alimentos que sobran se echan a la basura.

Según el Ayuntamiento, el 15% de las incidencias recibidas en 2024 hacían referencia a la alimentación, mientras que el 19% correspondían a plagas y más de la mitad, el 52%, a las instalaciones. El consistorio anunció a principios de año que doblaría las inspecciones a pensiones y albergues que acumulan personas derivadas de los servicios sociales. Durante el primer semestre del año se han realizado cerca de un centenar de inspecciones programadas en establecimientos ATU.

Noor llega con sus dos hijas. Ambas llevan el mismo traje coloreado como si fueran gemelas, pero ni tienen la misma edad ni las mismas necesidades. La más pequeña tiene autismo y epilepsia, pero Noor señala que recibe el mismo trato "inhumano" que su hermana en el albergue. La madre denuncia que no se respetan las necesidades alimentarias específicas de su hija, lo que hace que a menudo se quede sin comida. Y cuando la comida sí es apta, Noor se priva de su propia ración para darla a la niña, a pesar de estar embarazada de varios meses.

No sabe cuánto tiempo más aguantarán. Lleva ocho meses en el mismo albergue y no parece que a corto plazo tenga que cambiar nada. Noor y Nadira representan al 65% de las personas que, según fuentes del Ayuntamiento, superan los seis meses en un ATU, mientras que un tercio llevan entre uno y dos años y el 15% restante se encuentra entre el segundo y el tercer año. Legalmente no puede superarse el límite de los seis meses, pero ni la legalidad ni la coherencia parecen tener cabida en Sant Màrius.

Nadira, Valentina y Noor bajan el tono de voz cuando un hombre que apenas debe superar la veintena se acerca a la puerta del albergue. "Vive aquí [en el albergue], con las cocineras", dice Valentina cuando se cierra la puerta metálica que da acceso al interior del albergue.

El Ayuntamiento contradice las denuncias

Fuentes municipales han asegurado a este diario que, recientemente, se realizó una inspección a petición de una de las residentes en el albergue, sin especificar la fecha exacta de la actuación. Según estas fuentes, no se detectó presencia de roedores ni insectos durante la revisión, aunque igualmente se realizó una acción preventiva de desinfección y desratización. También añaden que "el establecimiento -el albergue Sant Màrius- cumple los niveles de calidad exigidos".