Endeudarse para salvar a la hija de una anorexia

BarcelonaA Javier García se le hace un nudo en la garganta cuando describe cómo estaba su hija de 20 años hace tan sólo unos meses, en mayo: “Estaba muy delgada y no quería comer. Además se autolesionaba, daba golpes contra la pared y lloraba y gritaba pidiendo ayuda. Es un trastorno mental muy grave. Hasta que no lo vives, no te lo puedes imaginar”. Aun así, cuando la llevó al Hospital de Sant Pau, el único público de la ciudad de Barcelona que tiene una unidad especializada en trastornos de la conducta alimentaria para pacientes mayores de edad, le dijeron que tenía que esperar al menos un mes y medio para ingresar. Había lista de espera. Desesperado, Javier pidió dos créditos de un total de 15.000 euros al banco para tratar a su hija en un centro privado. Ésta es la otra cara de la anorexia y la bulimia. 

El ARA ha llamado uno por uno a todos los hospitales de la red pública de Catalunya que tienen una unidad especializada en trastornos de la conducta alimentaria (UTCA) –once en total–, y a todos los centros privados –nueve– que la Asociación contra la Anorexia y la Bulimia recomienda para el tratamiento de esta enfermedad. Las conclusiones son alarmantes: el número de plazas disponibles en la red pública es mínimo (171), casi ridículo, de manera que la oferta privada (con 601 plazas) asume la mayor parte de los casos de una cierta gravedad. En otras palabras: debido a las deficiencias del sistema público, las familias se ven obligadas a recurrir a centros privados donde los precios son desorbitados, y donde el tratamiento cuesta entre mil y cinco mil euros al mes.

Eso es lo que hizo Javier, recurrir a Ita, un gigante empresarial que en Catalunya tiene más plazas de hospitalización para pacientes con trastornos de la conducta alimentaria que el conjunto de hospitales especializados en este tratamiento de la red pública. Su hija apenas tenía entonces 15 años. Primero ingresó en un hospital de día y después continuó el tratamiento en un grupo de terapia.

El ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones concede ayudas para la financiación de este tipo de tratamientos a adolescentes y jóvenes entre 14 y 27 años que cursen estudios reglados desde 3º de ESO hasta la universidad. Se trata del llamado seguro escolar. Así que la hija de Javier se acogió a esa ayuda. El problema es que sólo se puede solicitar durante un máximo de dos años y la adolescente, tras una recuperación inicial, volvió a recaer cuando ya hacía más de dos años que estaba en tratamiento. Ahí empezó el calvario de su padre.

“Al principio fui tirando con la mutua”, explica el hombre. Es socio de Adeslas, que cubre 50 días de tratamiento al año en Ita. La hija de Javier necesitaba hacer terapia en el hospital de día cinco jornadas a la semana, pero él sólo la llevaba dos para intentar alargar al máximo en el tiempo los días de cobertura de la mutua. La estrategia, sin embargo, no dio resultado: la joven siguió empeorando.

“En mayo ya estaba muy mal: muy delgada y en riesgo vital. Los órganos le empezaban a fallar. Así lo dicen los informes médicos que me dieron”, asegura el padre, cuya mirada y ojeras denotan el estrés por el que ha pasado. Como veía que se le acababa el dinero, llamó a la puerta de la sanidad pública. Desde el CAP, derivaron a su hija a la unidad de trastornos de la conducta alimentaria (UTCA) del Hospital de Sant Pau, donde el 19 de julio corroboraron la gravedad de la joven y que tenía que ingresar en un hospital de día especializado. Pero el de Sant Pau estaba lleno. No había plazas disponibles hasta mediados de septiembre. Es decir, debía esperar como mínimo un mes y medio.

“Pocos días después volví a llevar a mi hija al Sant Pau, pero a urgencias de psiquiatría, porque se había negado a comer en todo el día y se quería lesionar a sí misma. Le dieron un Trankimazin y me dijeron que la ingresarían en la planta general de psiquiatría si se volvía a repetir un episodio similar”, afirma Javier. Sin embargo, no le propusieron avanzar el ingreso en el hospital de día de la UTCA, porque continuaba sin haber plazas.

Así que Javier decidió no perder más tiempo y solicitó dos créditos al banco, uno de 5.000 euros y otro de 10.000, y el rescate de su plan de pensiones. Con ese dinero, volvió a ingresar a su hija en Ita. Primero en un hospital de día, donde el tratamiento vale 1.685 euros al mes; y después en un centro de hospitalización 24 horas, que cuesta 4.326 euros mensuales, según las facturas que Javier ha aportado al ARA. Además tuvo que pagar una fianza de 3.245 euros. Es decir, desembolsó casi diez mil euros en menos de dos meses. 

La responsable del hospital de día de la UTCA del Sant Pau, la psiquiatra Mar Carceller, confirma que hay lista de espera. En concreto, a final de noviembre había nueve personas. “Estamos hablando de pacientes con un riesgo vital, porque su peso es muy bajo o porque vomitan muy a menudo o toman muchos laxantes y diuréticos que les puede provocar una parada cardíaca”, afirma sin disimular su indignación. Según dice, lo que está pasando es vergonzoso. “Estas pacientes pueden morir”, remarca.

El Hospital de Sant Pau es el único público de toda la ciudad de Barcelona con una unidad especializada en trastornos de la conducta alimentaria para pacientes mayores de edad. Es decir, todos los centros de salud mental de adultos (CSMA) de la capital –que son una especie de CAP, pero específicos en salud mental– derivan allí a las pacientes (la mayoría son mujeres) que presentan síntomas de sufrir anorexia o bulimia moderada o grave. “Tengo que hacer cribaje y sólo quedarme con las más graves. Y eso no tendría que ser así. Debería poder atenderlas a todas porque los CSMA también están saturados, no las pueden visitar con suficiente frecuencia y eso hará que después se conviertan en casos graves”, lamenta la doctora Carceller.

Pero la UTCA del Hospital de Sant Pau tiene los recursos que tiene. Al año atienden a unas 500 pacientes, y en el hospital de día sólo hay 20 plazas. En consecuencia, la mayoría son tratadas en consultas externas, a pesar de que no existe un personal específico para eso. Es el mismo personal del hospital de día, que tiene que hacer lo imposible para atender a todas las pacientes. El resultado es que no las pueden visitar con la frecuencia que necesitarían, ni atender las primeras visitas con rapidez. En la actualidad la doctora Carceller está dando hora para marzo para una primera visita.

“En el hospital de día, tampoco podemos esperar a que las pacientes estén súper bien para darles el alta, porque hay otras que están peor en lista de espera”, se queja. Es un pescado que se muerde la cola. El tratamiento en el hospital de día dura una media de tres meses. Allí las pacientes hacen dos o tres ingestas de comida al día, además de terapia, como por ejemplo de aceptación del cuerpo y de buenos hábitos alimentarios. Asimismo, también las controlan para que no vomiten o usen laxantes. Cada vez que van al lavabo, el personal de enfermería supervisa la taza del wáter antes de que tiren de la cadena.

El vicesecretario de la junta de gobierno del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña, Roger Ballescà, corrobora que los CSMA y los CSMIJ (centros de salud mental infantil y juvenil, que son el equivalente de los CSMA pero para menores) están desbordados y no pueden atender a las pacientes con anorexia y bulimia con la frecuencia que necesitarían. Los datos del departamento de Salud también lo avalan: el número medio de visitas anuales de las pacientes con este tipo de trastorno en los CSMA de Catalunya es de tan solo 7,7, es decir una vez cada casi dos meses. En el caso de los CSMIJ, la media es un poco más alta: 12,4. O sea, las atienden aproximadamente una vez cada cuatro semanas.

Además, según Ballescà, en estos centros no hay personal especializado en anorexia y bulimia. “Tratan todo tipo de trastornos: desde autismo, hasta TDA y lógicamente también tienen conocimientos de los trastornos de la conducta alimentaria, pero no el suficiente”, aclara. De hecho, hace poco más de un mes, en octubre, la Generalitat organizó un curso de formación de 18 horas de duración sobre trastornos de la conducta alimentaria para el personal de todos los CSMA y CSMIJ de Catalunya, al que asistieron más de 400 profesionales. La razón que motivó la realización del curso es el aumento de las pacientes con esta patología en la sanidad pública, según fuentes de Salud: los casos se han disparado desde la pandemia y la edad de las pacientes es cada vez menor.

“Estamos atendiendo casos agudos en niñas de solo 11 o 12 años”, destaca el psicólogo Eduard Serrano, que es jefe de la unidad de trastornos de la conducta alimentaria del Hospital Sant Joan de Déu, en Barcelona, otro de los pocos públicos especializados en el tratamiento de esta enfermedad. Allí el número de pacientes en el hospital de día creció un 33% y en hospitalización total, un 68%, desde el 2019.

La tendencia en adultos es similar. “En 2021 atendimos 434 nuevas pacientes, mientras que antes de la pandemia eran solo unas 300 al año”, pone como ejemplo el director de la UTCA del Hospital de Bellvitge, en Hospitalet de Llobregat, el psicólogo clínico Fernando Fernández Aranda. Otro denominador común en menores y adultos es que la mayoría de las pacientes son niñas o chicas. La proporción de varones es mínima, uno o dos de cada diez casos.

“Cuanto más se alarga la enfermedad, peor es el pronóstico. Por tanto, los casos con menos síntomas, por ejemplo un vómito cada cuatro semanas, también los tenemos que atender con rapidez porque sino se pueden cronificar”, sigue explicando el doctor Fernández Aranda. Pero eso es lo que precisamente falta en el sistema público: rapidez.

Para empezar, las pacientes con este tipo de trastorno no suelen tener conciencia de estar enfermas. Por lo tanto, cuando llegan a la consulta médica es porque ya tienen síntomas claros. El circuito que acostumbran a seguir es ir primero al CAP y, desde allí, son derivadas a un CSMIJ o un CSMA. El tiempo de espera para una primera visita en estos centros en septiembre oscilaba entre los 27 y 39 días, según datos del departamento de Salud. Sólo los casos moderados o graves son derivados después a uno de los pocos hospitales públicos que tienen una unidad especializada en estos trastornos, donde la atención tampoco suele ser inmediata. El Hospital de Sant Pau no es el único público de Catalunya que tiene lista de espera. Y así van pasando las semanas y los meses.

Por ejemplo, el psicólogo clínico Natxo Garrido, que es coordinador de la UTCA para adultos de la Mútua de Terrassa, reconoce que tardan unas seis semanas en atender las primeras visitas. Asimismo, en el momento de recopilar la información para esta reportaje en noviembre, las UTCA del Hospital de Bellvitge i del Germans Trias i Pujol (Can Ruti), en Badalona, tenían lista de espera para ingresar en el hospital de día. En otros casos, estas unidades especializadas ni tan siquiera disponen de un hospital de día específico para tratar esta patología, y deben recurrir a hospitales de día destinados a todo tipo de trastornos. En ese sentido, la situación es especialmente crítica en la provincia de Tarragona.

“En los hospitales de día para menores de Reus y Tarragona, es muy difícil ingresar porque hay tanta demanda de otras patologías infantiles que las pacientes con TCA las atendemos en consultas externas. Y en los de adultos, las pacientes no quieren ir porque hay todo tipo de patologías, como esquizofrenia, trastorno bipolar...”, explica la doctora Vanessa Sánchez Gistau, coordinadora de la unidad de referencia de trastornos alimentarios del Instituto Pere Mata, en Reus.

También es importante destacar que la unidades públicas especializadas en TCA no han aumentado sus recursos a pesar del incremento de pacientes en los dos últimos años. Sólo hay algunas contadas excepciones. Por ejemplo, en abril del año pasado el Hospital Martí i Julià, a Salt, abrió un hospital de día específico de 20 plazas para pacientes con TCA de 11 a 25 años. Y el Parc Taulí, en Sabadell, tiene previsto inaugurar otro este mes de diciembre con 15 plazas más.

De hecho, las cifras hablan por sí solas. En la red pública sólo hay 171 plazas hospitalarias especializadas en trastornos de la conducta alimentaria, mientras que los centros privados suman un total de 601, según el cálculo realizado por este diario (ver gráfico). Y lo peor es que parece difícil revertir esta situación, porque hay muy pocos psiquiatras y psicólogos clínicos en la sanidad pública y las nuevas plazas MIR y PIR (psicólogo interno residente) convocadas durante los últimos años por el gobierno español siguen sin cubrir toda la demanda, según explica el doctor Josep Antoni Ramos Quiroga, jefe del servicio de psiquiatría del Hospital Vall d’Hebron y miembro del grupo de investigación Cibersam.

“En la sanidad pública hay psicólogos clínicos. En cambio, en los centros privados, psicólogos sanitarios [sin especialización]. ¿Quién controla la calidad del tratamiento en esos centros?”, se pregunta la doctora Maria Eulalia Lorán, jefa de la UTCA en el Hospital de Can Ruti. “Si todo el dinero público que se está invirtiendo en esa red privada se destinara a la pública, la situación sería totalmente diferente”, añade.

La doctora se refiere en concreto a las ayudas del seguro escolar. Ese dinero, sin embargo, no proviene del departamento de Salud, sino del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Además son ayudas con una cierta trampa: las familias tienen que hacer un montón de papeleo para conseguirlas, las reciben una vez ya han pagado el tratamiento por adelantado y no suelen cubrir todo el coste. “Presentamos la solicitud a la Seguridad Social en octubre del año pasado, y no nos abonaron el primer pago hasta abril de este año”, detalla la madre de una adolescente que está ingresada en un hospital de día de un centro privado de Barcelona, y que prefiere mantener el anonimato. El ministerio concedió el año pasado un total de 3.222 prestaciones sanitarias de este tipo en Catalunya, pero no ha sabido precisar cuántas eran para pacientes con TCA.

El precio del tratamiento en los centros privados recomendados por la Asociación contra la Anorexia y la Bulimia oscila entre los 1.000 y los 5.000 euros, según datos recopilados por este diario. Sólo dos centros no han querido facilitar esta información al ARA: Ita y el Hospital Sagrat Cor (Quirón Salud), que son los que tienen más plazas hospitalarias para TCA y en teoría más beneficios económicos. También llama la atención que el tratamiento en los hospitales de día de los centros privados dura muchos más meses que en el sistema público. ¿Es por una razón recaudatoria de estos centros o por falta de recursos en la red pública?

“En la [sanidad] pública no me quisieron ingresar porque mi peso no estaba por debajo de lo normal, a pesar de que me había adelgazado muchísimo”, explica Alba, de 25 años, que ahora recibe tratamiento en un hospital de 24 horas de Ita, en Barcelona. Según dice, cuando llegó allí estaba muy mal: cada día se provocaba el vómito y tomaba laxantes. “A mí me visitaron en el Hospital Sant Joan de Déu, pero no me ingresaron porque mi peso no era demasiado bajo. Y entonces pensé: eso significa que aún no estoy suficientemente delgada. Y continué bajando de peso”, explica otra joven, de 18 años, que en este caso está en tratamiento en el Hospital Sagrat Cor y prefiere mantener el anonimato.

Todas las jóvenes con TCA que el ARA ha entrevistado para este reportaje han declinado dar la cara y algunas incluso que su nombre de pila sea publicado. Eso pone en evidencia el gran tabú y estigma que continúa existiendo alrededor de esta enfermedad. La mayoría cayeron en este trastorno tras empezar a hacer dieta sin un control profesional: al principio creían que controlaban la situación hasta que adelgazar (o el miedo a engordar) se convirtió en una obsesión. Algunas están satisfechas con el tratamiento recibido en un centro privado. Otras, en un hospital público. Cada caso es un mundo.

“Cuando estaba en Ita no me quería recuperar, porque estaba muy bien allí. Era como un hotel. En cambio, ahora sí que me quiero poner bien porque esto es un hospital”, afirma la hija de Javier García, que ahora está en tratamiento en la UTCA del Hospital de Sant Pau y por primera vez en cinco años está convencida que podrá vencer a la enfermedad. Su padre lo tiene claro: “Mientras existan centros privados que se beneficien económicamente de esta enfermedad, no les interesará que se cure”.