La explotación sexual de menores tuteladas en Madrid pone a Ayuso en el punto de mira

MadridLa policía detuvo la semana pasada a 37 personas que integraban una red que explotaba sexualmente a diez menores tuteladas en Madrid a cambio de drogas. Desde que se hizo público este escándalo, el gobierno de la Comunidad de Madrid ha estado en el punto de mira, porque al menos tres de las diez menores explotadas sexualmente vivían en centros de protección de menores de la comunidad madrileña, según informó la misma consejería de Familia, Juventud y Política Social a la agencia Efe. Ahora bien, inicialmente, el gobierno madrileño había negado que las menores liberadas estuvieran bajo la tutela de la Comunidad, excepto una de ellas, que estaba en el centro de menores de Picón del Jarama. Fue precisamente la dirección de este centro quien denunció a la policía todo el entramado. De momento, y ante las críticas de la oposición, la consejera de Política Social del gobierno madrileño, Concepción Dancausa, ya se ha comprometido a comparecer en la Asamblea de Madrid para dar explicaciones cuando se retome el periodo de sesiones.

Este lunes, sin embargo, ya lo tuvo que hacer la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que tuvo que salir al paso de las preguntas que se le formularon en el desayuno informativo de Forum Europa, donde intentó "contextualitzar" el caso y subrayó que la explotación sexual no fue dentro de los centros madrileños y que tampoco fue en manos de sus profesionales –a pesar de que la policía investiga si había trabajadores que estuvieran al corriente–. La función de la Comunidad de Madrid, dijo, es garantizar a los menores tutelados "ropa, alimentos, médicos, educación y psicólogos", pero cuando "salen en la calle la Comunidad de Madrid no puede ponerles vigilancia". Unas horas más tarde, en una entrevista en la Cadena SER, Ayuso anunció que el gobierno madrileño se personará como acusación particular en el caso y aprovechó la entrevista para responsabilizar a la Delegación del gobierno español en Madrid de haberles informado en un inicio de que las menores explotadas no estaban tuteladas por centros madrileños.

Detalles de la investigación

La dirección del centro de Picón del Jarama fue quien puso sobre la pista a la policía. La Guardia Civil empezó una investigación en abril cuando los agentes descubrieron que una menor se fugaba con frecuencia del centro. Era durante estas ausencias cuando mantenía relaciones sexuales con personas mayores de edad a cambio de dinero o de drogas. Una práctica que también repetían otras compañeras de la menor.

Los integrantes de la red contactaban con ellas a través de las redes sociales, las enganchaban a sustancias como la cocaína y el crack y, posteriormente, las utilizaban para ofrecer servicios sexuales a clientes. En algunos casos, las obligaban a distribuir ellas mismas la droga con patinetes y, después de entregarla, eran agredidas sexualmente. En otras ocasiones los detenidos las trasladaban a un polígono donde ofrecían a los compradores de la droga tener relaciones sexuales con ellas.

La investigación policial continúa en marcha, y este martes se han conocido algunos detalles más de las diligencias. Según ha publicado La Sexta, las menores fueron violadas en diferentes narcopisos por parte de los miembros de esta red y, según la investigación policial, una de ellas, de solo trece años, fue prostituida por su propio padre, que abusaba de ella sexualmente y con quien consumía cannabis y cocaína. De hecho, el padre vendió a la menor "por dos bolsas de cocaína" a un joven de 22 años que formaba parte de esta red. A esta menor la violaron y la agredieron en un narcopiso varios adultos.

Una de las chicas que fueron liberadas por la policía de esta red de explotación sexual fue, precisamente, la que alertó a los agentes. La chica, de 14 años, había sido retenida durante tres días en un narcopiso donde un hombre la obligó a tener relaciones sexuales durante dos días y medio. Consiguió escapar del edificio y dirigirse hacia un estanco, donde pidió ayuda.