El Govern ofrecerá viviendas adaptadas a las personas mayores a cambio de que alquilen su piso a jóvenes

BarcelonaYa hace tiempo que las administraciones públicas y el sector de las personas mayores buscan nuevas fórmulas para atender las necesidades de una población que tiende a vivir más años y con mayor dependencia. En este contexto, y como alternativa a las residencias, el departamento de Derechos Sociales propone construir bloques de pisos independientes para 80 personas mayores con cierta autonomía y que, por distintos motivos, no pueden seguir viviendo en su domicilio.

La idea es que quienes sean propietarios de una vivienda (el 85% de las personas mayores hoy en día, según el departamento) lo pongan en una bolsa de alquiler para jóvenes para ayudarles a emanciparse. A cambio, esta gente mayor tendrá un hogar adaptado, con servicios y espacios comunes para compartir con otras personas que están en la misma situación.

“Es un win-win, ganan todos”, dice el secretario general de Derechos Sociales, Oriol Amorós, que insiste en el carácter “voluntario” de entrar en el plan. La presentación del nuevo modelo la han hecho este viernes los responsables del departamento que encabeza Carles Campuzano, que están en funciones a la espera de la formación del nuevo gobierno, en un acto frente a representantes del sector de la dependencia; es decir, personas mayores, salud mental y personas con discapacidad.

La pirámide poblacional de Cataluña se ensanchará por la cúspide a medida que los hijos del baby boom se jubilen, ha explicado el secretario de Asuntos Sociales y Familias, Lluís Torrens. Así, hasta 2030 los mayores de 65 años con los grados II y III de dependencia (los que tienen derecho a una plaza residencial) pasarán de los 111.000 actuales a los 135.000, y en 2040 serán ya 170.000. En paralelo también deben crecer las plazas residenciales: unas 31.000 hasta 2040 para llegar a las 87.000 plazas con inversión pública.

Plazas más baratas

Pero la pandemia y los cambios de hábitos han hecho entrar en crisis al modelo residencial, que se había creído más eficiente y más barato porque agrupaba bajo un mismo techo cientos de personas. Por el contrario, los números que ha presentado Amorós plantean que con el modelo de bloques de pisos adaptados la inversión pública es mucho más baja, y estiman que cada edificio para 80 plazas "equivale a seis plazas residenciales".

La propuesta de Derechos Sociales cuenta con construir una decena de edificios con 80 viviendas cada una: 72 de 40 metros cuadrados y una sola habitación, y 8 más de 50 metros cuadrados y dos habitaciones. Están pensados ​​para personas mayores cuya vivienda no está adaptada a su movilidad o que se sienten solas o necesitan ayuda puntual, pero que se resisten a ingresar en una residencia para no perder autonomía.

En estos bloques se reservarán espacios compartidos para salas de encuentro, donde puedan acudir los profesionales externos (desde peluqueras hasta podólogos), y se dispondrá de servicios comunes, como equipos de dinamización social, limpieza, vigilancia y conserjería . Para la planificación, los técnicos de la conselleria se inspiraron en dos experiencias del sector privado en Igualada y Girona, y en una de Francia para poblaciones del ámbito rural.

Los bloques deben realizarse, preferiblemente, en solares destinados a equipamientos que pueden ceder las administraciones, y según ha dicho Amorós, la idea ha sido muy bien recibida entre los ayuntamientos a los que ya se les ha presentado. Para estas primeras diez viviendas se calcula una inversión de 10 millones de euros, sin tener en cuenta los sueldos de los profesionales que van a trabajar, y que actualmente son mucho más bajos que los que trabajan en la sanidad.