Más de 100.000 migrantes en Cataluña, pendientes de la regularización extraordinaria: "La necesitamos antes de acabar el año"

BarcelonaLa aceptación a trámite de la iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria de más de medio millón de personas que viven en el Estado, más de 100.000 en Cataluña, ha creado una cierta "esperanza" entre el colectivo migrante. También dudas sobre si la votación supone ya un sí directo a los papeles o no. Por primera vez ven que existe una posibilidad real de que su situación administrativa cambie. Desde 1991, el gobierno español ha realizado nueve regularizaciones extraordinarias, la última de las cuales fue en 2005, cuando se dio la residencia a 575.000 personas. De estos procesos, cinco fueron impulsados ​​por el PP y cuatro por el PSOE.

Los datos que enmarcan la ILP dan una pista sobre qué está en juego: hace cuatro años que entidades de base reunidas en la plataforma Regularización Ya intentan realizar cambios legislativos, pero no fue hasta el 2022 que presentaron la propuesta, a la que apoyan más de 900 entidades sociales (desde Cáritas hasta el Sindicato Manter, pasando por la Conferencia Episcopal Española u Oxfam Intermón) y la firma validada de más de 610.000 personas, todas ellas de nacionalidad española o con NIE.

En medio de la triple campaña electoral de vascas, catalanas y europeas, la cámara baja española avaló con los únicos votos en contra de la extrema derecha tomar en consideración la iniciativa. Empieza ahora la parte de las negociaciones políticas entre partidos para ver lo que queda del texto originario de las entidades. La vida de 500.000 personas en todo el Estado está en manos de 350 diputados. “Es un giro histórico y sería patético que al final el PSOE votara en contra", subraya la activista antirracista Victoria Columba, portavoz del Comité Regularización Ya de Catalunya, que alerta de que el peligro es que la iniciativa quede "dormida" y avisa de que los "inmigrantes no pueden ser una moneda electoral" de nuevo. "Necesitamos la regularización antes de terminar el año, porque hay trabajo y porque es una cuestión de derechos sacar a medio millón de personas de la exclusión social”, indica.

Obligados a hacer trampas

Con suerte, Chavela Hernández (nombre ficticio) ya no tendrá que esperar el resultado de la votación. Tiene 51 años y una hija de 14 años. Llegaron juntas en el 2019, "desesperadas", buscando una oportunidad. Desde entonces ha estado haciendo cursos para "sumar puntos para el arraigo social", porque a los extracomunitarios se les obliga a estar al menos tres años en situación administrativa irregular y sólo pueden pedir la residencia si tienen un contrato. La realidad es que hay quien lleva ocho, doce o veinte años esperando la autorización.

Hasta ahora, Hernández sólo ha podido trabajar en la economía sumergida. Por último, una conocida le ha hecho "el favor" de hacerle una oferta laboral como trabajadora doméstica y ahora está pendiente de la resolución final, después de haber presentado "mil papeles", incluidos sus antecedentes penales en Colombia, un país que lleva seis años sin pisar. Pero en realidad no hay ningún trabajo. Ella pagará a su amiga simulando una relación laboral. Es la única opción, afirma, "una mentira desagradable", admite, pero también reprocha que "la ley obliga a hacer trampas".

Cáritas se decidió a firmar la ILP para que su argumentario “es el reflejo de lo que se encuentran cada día las parroquias y centros asistenciales”, explica la responsable de Migraciones de Cáritas Barcelona, ​​Elisabet Ureña, que advierte que ni la ley de extranjería ni el nuevo Pacto Europeo para las Migraciones "no dan la respuesta humanitaria adecuada", sino que, por el contrario, hacen que muchas personas pongan en peligro su seguridad y vida.

Como no tienen papeles, estas personas tienen la educación y la sanidad limitadas y no pueden recibir prestaciones, en cuanto se las deriva a entidades sociales, muy saturadas. “No sólo atendemos a extranjeros, pero si eres nacional o tienes residencia deberían atenderte a servicios sociales”, responde Ureña sobre los prejuicios contra los extranjeros. Describe que esta irregularidad forzada les aboca a la vulnerabilidad, a trabajar en la economía sumergida, sin cotizar y, por tanto, sin derecho a bajas, y son víctimas fáciles de “explotaciones y abusos”.

Ni vivienda ni educación no obligatoria

Un año antes de que Hernández, en el 2018, llegó Blanca González, y todavía no ha podido encontrar una oferta laboral. Su marido sí tiene su residencia, y también su hija, por boda. “Sólo quedo yo”, se lamenta, y, aunque confía en que en un año pueda tener la documentación a través de su marido, también cruza los dedos para que la ILP salga adelante. "Una viene aquí y querría tener un contrato, pagar impuestos, cotizar, aportar al país que lo acoge", afirma. De todas formas, no ha parado de trabajar, y, con mucho sacrificio, envía cada mes 450 euros para pagar la residencia de su padre. Ahora compagina el trabajo con un curso de cuidados que le aconsejó cooperativa Mujeres Pa'lante.

La vivienda es otro gran problema, porque sin papeles ni contratos sencillamente los rechazan, corrobora González, a quien sólo la aparición de un "ángel" le permitió dejar la habitación y entrar en un piso. Su caso es casi una excepción, ya que, según Ureña, "un gran grosor viven realquilados, de forma muy precaria y debiéndose mover constantemente de habitaciones y barrios", lo que implica cambios de escuela y cortar con las redes de iguales. Hernández debe compartir cama con su hija adolescente en una habitación que le cede un familiar.

¿Y el efecto llama? Ureña le niega retrocediendo a los demás procesos y afirma que, por el contrario, estas personas ocupan trabajos indispensables "que los nacionales no quieren hacer" y que también contribuyen a la riqueza del país con el pago de impuestos indirectos, como el IVA. En esta línea, un estudio de la Fundación porCausa calculaba que la regularización propuesta supondría unos ingresos en las arcas estatales de 3.400 euros por trabajador y año y un beneficio acumulado neto de entre 790 y 950 millones de euros.

Un tercio de los migrantes que pueden beneficiarse de la regularización son menores de edad, como la hija de Hernández y como Tom D. cuando llegó de Ghana con su familia. Aunque por ley tienen asegurada la sanidad y la educación obligatoria, el chico, que ahora tiene 19 años, se queja de que, pese a haber sacado buenas notas, tuvo que renunciar a seguir estudiando y ahora se dedica a trabajar "a la construcción o en cualquier cosa". Hernández dice que, una vez que ella obtenga la residencia, su hija tendrá que esperar un año para conseguir el NIE, el documento de identidad para extranjeros. "No ha podido salir de intercambio escolar en el extranjero y eso le provoca frustración".

Frustración y angustia. Sin documentación, salir de las fronteras españolas supone no poder volver, así que muchos de los migrantes pasan años sin ver a padres, hermanos e incluso hijos. "Es inhumano", apunta Tom D. Por eso Blanca González sólo tiene en mente ahorrar para cuando le llegue el NIE. "Lo primero que haré es volver a Colombia. Hace seis años que no veo ni al padre ni a la hija mayor", dice con una sonrisa.