Bouziane, el hombre detenido en Ripoll: "Solo he dormido una noche en la calle en Catalunya"

GeronaTiene 34 años, se llama Bouziane y es la persona que la noche del 17 al 18 de julio dormía, al raso, en pleno centro de Ripoll. Asegura que era la primera vez que pisaba la localidad. Y se sorprendió cuando la policía le despertó, según explica al ARA, con patadas en las piernas. Estaba en pleno centro de la población, la Devesa del Pla. Una zona verde, arreglada hace pocos años, que se forma cuando el río Freser y el Ter se juntan a la altura de Ripoll. Cuenta Bouziane que estaba de paso y su objetivo era llegar a Italia, donde tiene familia. Así lo constatan en esta redacción tanto él como vecinos y organizaciones tratadas. Desde el Ayuntamiento, gobernado desde el 17 de junio por la extrema derecha de Aliança Catalana, con Sílvia Orriols al frente, decidieron compartir una foto de él tapado durmiendo en el suelo. En un gesto sin precedentes en el municipio, la Policía Local denunció su situación a la Policía Nacional, que le abrió un expediente de expulsión por carecer de papeles.

"En España hay mucho racismo", explica por teléfono desde Italia, pidiendo que se haga el máximo de difusión entre los medios. Después de la detención y de pasar varios días en Barcelona, llegó a Bérgamo en coche acompañado por familiares. "Aquí me he encontrado una muy buena acogida, mientras que en Ripoll no encontré ayuda, solo malas miradas y comentarios", asegura. Y puntualiza que no es un sintecho: "Solo he dormido una noche en la calle en Cataluña". Fue la noche en Ripoll. Procedente de Marruecos, donde durante muchos años vivió hacer contrabando con Melilla, saltó la valla para entrar en España hace ocho meses. "Melilla ya está cerrada y no tenía de qué vivir", añade. Un tiempo estuvo en Valencia, pero desde Ripoll quería pasar a Francia, según explica, para ir hasta casa de unos primos en el norte de Italia.

Ésta es la historia tras el polémico tuit del Ayuntamiento de Ripoll. La corroboran en el ARA vecinos y también SOS Racisme y la Fundación Arrels, que se puso en contacto una vez salió de la comisaría de la Policía Nacional de Camprodon (Ripollès). En el propio Ripoll no hay comisaría de la policía española. Allí se le tomó declaración, se le abrió un expediente de expulsión –donde consta que tiene antecedentes por un robo con fuerza, por el que pasó un tiempo en prisión de Melilla– y, una vez fuera, viajó a Barcelona. No se le detuvo y trasladó a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), lo que ocurre con personas en situación irregular que llevan menos de tres meses en el Estado o que tienen antecedentes penales graves.

Las competencias de la Policía Local

Más allá de la historia personal, la Fundación Arrels denuncia que ese día el Ayuntamiento de Ripoll traspasó una línea con el polémico tuit. "El Ayuntamiento de Ripoll no garantizó el bienestar de una persona en situación de calle que requería atención –denuncia la responsable del equipo jurídico, Beatriz Fernàndez–. Dormir en la calle no es una infracción tipificada en la ordenanza de convivencia del municipio". Es más, desde la Generalitat, la directora general de Migraciones y Antirracismo del departamento de Igualdad, Eunice Romero, subrayó en Catalunya Ràdio que no era legal denunciar a la policía española, que tiene las competencias en materia de extranjería, presencia de un inmigrante en situación irregular en la calle para que le expulsen. La ordenanza de civismo y convivencia ciudadana del Ayuntamiento de Ripoll no tiene un apartado que incluya dormir en la calle. Pero sí establece que, en situaciones de mendicidad, "los agentes de la autoridad podrán solicitar la documentación a las personas que la ejerzan y adoptarán, en cada caso, las medidas que sean procedentes en coordinación con los Servicios Sociales o, en su caso, con otras instituciones públicas o sociales de interés público".

Desde SOS Racisme Catalunya, el jurista Karlos Castilla destaca que es muy importante "dejar claro que cualquier ayuntamiento carece de competencias en materia de expulsión y que la policía española solo puede actuar en prevención de un posible delito". Ahora bien, lamenta que "por desgracia muchas decisiones en relación con la ley de extranjería y de seguridad ciudadana quedan a discreción del agente que lleve el caso". "Tanta discrecionalidad da margen a la arbitrariedad", añade. Hay un precedente similar que acabó en el Defensor del Pueblo en el 2020. Durante el confinamiento, un vecino de Lloret de Mar avisó a la Policía Local por el ruido que hacían unas vecinas. Eran tres madres monoparentales de origen hondureño que estaban en situación irregular. La Policía Local entró en la casa y las citó a acudir a la Policía Nacional. La queja era por ruidos y en ningún caso por la situación administrativa, así que el Defensor del Pueblo recomendó al Ayuntamiento de Lloret de Mar "mejorar los protocolos policiales y reforzar la protección de las personas, independientemente de su origen y la situación administrativa".

Moción de condena al "racismo institucional"

¿Si no es legal avisar a la Policía Nacional por estos motivos, cómo se puede denunciar? El martes, el pleno de Ripoll aprobó una moción de la CUP (sin efectos vinculantes) en contra del "racismo institucional" a raíz del tuit del Ayuntamiento. El texto insta al consistorio a realizar una investigación "exhaustiva, independiente y transparente" sobre los hechos para tomar "las medidas disciplinarias o legales necesarias". "Nos parece repugnante que el Ayuntamiento utilice sus redes sociales para difundir una ideología concreta", señala en el ARA el portavoz de la CUP, Daniel Vilaseca. "No podemos deshumanizar de esta forma a una persona sin hogar", añade. Durante el pleno, Orriols puntualizó que no dio ninguna orden concreta a la Policía Local para actuar, pero en este sentido sí defendió que los agentes se habían "ceñido escrupulosamente a la legalidad vigente" y que "no faltaron al respeto ni hicieron discriminación alguna por razón de raza". Ahora bien, sí añadió que una vez elegida alcaldesa dijo al cuerpo que debía haber "tolerancia cero con la inmigración ilegal".

En la orden de expulsión de la Policía Nacional, a la que tuvo acceso este diario, no se menciona en ningún momento que la Policía Local de Ripoll les alertó. De hecho, detalla que dos agentes de la policía española identificaron al joven marroquí sin papeles "a consecuencia de los servicios de vigilancia y control del régimen de extranjería". La orden detalla que en el momento de la detención iba indocumentado y que "no contaba con medios de vida suficientes para sufragar los gastos de manutención y alojamiento". Por estas dos razones, constataban que había infringido el apartado A del artículo 53.1 de la ley de extranjería, por encontrarse de forma irregular en territorio español, lo que ya de por sí se considera una infracción administrativa grave que puede comportar la expulsión.