La justicia suspende la eutanasia del pistolero de Tarragona, que ya tenía fecha

Barcelona28 de julio. Esta era la fecha para que el pistolero de Tarragona pusiera fin a su vida con la eutanasia que había solicitado después de quedar gravemente lesionado. Los trámites para solicitar la muerte digna habían avanzado y prosperado después de que la titular del juzgado de instrucción número 5 de Tarragona autorizara continuar con el proceso, argumentando que la muerte digna es un "derecho fundamental" y la justicia no puede interferir en un proceso de muerte asistida. Ahora, sin embargo, un recurso del sindicato policial USPAC, que lleva a los mossos heridos en el suceso, lo ha suspendido.

En una providencia, avanzada por la SER y a la cual ha tenido acceso Efe, el juzgado de instrucción ha ordenado comunicar en el Centro Hospitalario Penitenciario de Terrassa (Vallès Occidental), donde está preso el acusado, que queda paralizado "todo el proceso de eutanasia" hasta que la Audiencia de Tarragona resuelva el recurso de apelación. La decisión llega casi in extremis, solo a una semana de la fecha prevista para la eutanasia.

El juzgado que investiga al exvigilante de seguridad que en diciembre disparó contra tres excompañeros de trabajo en las oficinas de Securitas de Tarragona y un mosso ha paralizado el proceso de eutanasia a petición del sindicato. Los policías defienden que por encima del derecho del acusado a una muerte digna está el proceso penal que tiene abierto y el derecho de las víctimas a ser resarcidas. De hecho, es un caso sin precedentes en el que colisionan derechos fundamentales: los derechos a la integridad, a la dignidad, a la libertad y a la autonomía personal en contraposición con el derecho a la tutela judicial efectiva para el juicio. 

El vigilante, de 46 años, pidió la eutanasia por la lesión medular que sufre a consecuencia del intercambio de disparos de los Mossos d'Esquadra, que lo tirotearon para reducirlo cuando se atrincheró en una masía abandonada. El hospital penitenciario dio luz verde a tramitar el proceso de muerte asistida, que tenía que ser valorado minuciosamente por la Comisión de Garantía y Evaluación de Catalunya antes de ser aprobado. También la titular del juzgado de instrucción número 5 de Tarragona aseguró inicialmente que “no existe ninguna previsión legal que permita que un juez pueda interferir” en este proceso, y que los únicos recursos que pueden interponerse son contra las decisiones médicas, fuera de su competencia. 

El sindicato USPAC, a través de su abogado José Antonio Bitos, recurrió la resolución, en un escrito en el que también pide que el juzgado eleve una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional para aclarar si la ley de eutanasia puede vulnerar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de las víctimas. UPSAC solicita en este recurso que se suspenda el proceso de muerte asistida, una petición que la juez ha estimado, y se prosiga con el procedimiento penal abierto contra el vigilante.