El juez descarta enviar Vergés y Argimon a prisión por el caso de la vacunación contra la covid

BarcelonaEl juicio a los exresponsables del departamento de Salud por "discriminar" a los policías y guardias civiles en la campaña de vacunación contra la covid no acabará con penas de prisión. Al inicio del juicio este martes, la Audiencia de Barcelona ha dejado fuera de la causa el delito contra los derechos de los trabajadores que planteaban los sindicatos y que podía comportar condenas de hasta tres años de prisión. La Fiscalía pide inhabilitar durante 12 años a quienes entonces lideraban la conselleria y les acusa, como los sindicatos policiales, de haber "paralizado" la vacunación a estos agentes y no priorizarlos por delante de la población general, como sí hicieron con otros cuerpos de emergencias. Entre las cifras que aportan las acusaciones está el ritmo de vacunación a los agentes: en el momento en que la tasa de vacunación era del 2,8% entre guardias civiles y del 3,6% entre policías nacionales, entre los mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona llegaba al 77%.

En el banquillo de los acusados de la Audiencia de Barcelona se han sentado la entonces consellera de Salud, Alba Vergés, el entonces director general del Institut Català de Salut (ICS), Josep Maria Argimon, que después fue secretario de Salud Pública y conseller de Salud. Después de esta primera sesión, no tendrán que volver más al juicio si no quieren hasta el día que tengan que declarar. El tribunal ha dicho que cuando tienen juicios largos no es su costumbre "encadenar" a los acusados en la sala. "Ya lo sabe por otro juicio", ha dicho el magistrado José Manuel del Amo, presidente de la misma sala que juzgó a Neymar y le permitió ausentarse.

Tanto a Vergés como a Argimon, la Fiscalía les atribuye un presunto delito de prevaricación y reclama 12 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, aunque ahora mismo ninguno de los dos mantiene ningún cargo en el Govern. En cambio, los sindicatos policiales querían elevar la condena a tres años de prisión y 15 de inhabilitación, y además de prevaricación querían acusarles también de un delito contra los derechos de los trabajadores. Esta intención ha quedado descartada en el primer día de juicio, dedicado al trámite de las cuestiones previas. Como pedían las defensas de acuerdo con la conocida como "doctrina Botín", el tribunal ha dejado fuera el delito contra el derecho de los trabajadores porque, sin la acusación del fiscal, las acusaciones populares no pueden atribuir otro delito a los procesados.

La primera sesión también ha servido para anticipar la "barrera lingüística" de los abogados que representan a las cuatro asociaciones que ejercen de acusación popular: la Unión Oficial de la Guardia Civil Profesional; Jupol, Jucil y el Sindicato Profesional de Policía (SPP). El presidente del tribunal les ha preguntado expresamente si tendrían dificultades en caso de que algún acusado o testigo del caso quiera declarar en catalán. Uno de los abogados ha pedido que fuera todo en castellano, explicando que es de Zaragoza y, aunque veranea en Tarragona, no les podría entender. El magistrado le ha dicho que no, que la solución sería traer un intérprete para que puedan declarar en catalán.

Con todos los procesados absueltos del delito contra los trabajadores, queda en pie la petición de 12 años de inhabilitación por prevaricación. Como Vergés y Argimon, se exponen a las mismas peticiones el exsecretario general de Salud Marc Ramentol y el exdirector del CatSalut Adrià Comella, que ahora es director gerente en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. También continúa acusado por el mismo delito Xavier Rodríguez Guasch, exdirector de servicios de Salud: aunque la Fiscalía pidió archivar el caso para él, los sindicatos policiales también lo señalan.

Los acusados no declararán hasta el último tramo del juicio, desde el viernes 10 hasta el miércoles 15 de julio. El miércoles declararán mandos policiales y el resto de testigos lo harán los días 6 y 7. Por la sala pasarán la exsecretaria de Salud Pública Carmen Cabezas –que estuvo investigada al principio de la instrucción–, la entonces directiva del área profesional del CatSalut Sara Manjón y también la exdelegada del gobierno español Teresa Cunillera.

"Eran conscientes"

Las acusaciones se centran en las decisiones de la cúpula de Salud alrededor del mes de febrero de 2021. El día 9 el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud decidió priorizar la vacunación con AstraZeneca de los colectivos con funciones especiales, como los policías. Tres días después la consejería comenzó a vacunar a estos colectivos respetando la restricción de edad que había en aquel momento para esta vacuna, que solo se administraba a personas entre 18 y 55 años. El 15 de marzo el Consejo Interterritorial decidió paralizar todas las vacunaciones con AstraZeneca porque se habían detectado casos de trombosis, pero una semana después volvió a autorizar esta vacuna, y ahora sin limitaciones de edad. De hecho, decidieron priorizar la población de entre 60 y 65 años.

Según las acusaciones, los responsables de Salud optaron por priorizar esta franja de edad en detrimento de los policías a pesar de que entre los guardias civiles y policías nacionales había una tasa de vacunación mucho más baja que entre los Mossos y la Guardia Urbana. Tal como lo describe el fiscal en el escrito de acusación, los procesados eran "plenamente conscientes de que con esta decisión se estaba, de hecho, discriminando a los policías de los cuerpos estatales".

Durante la investigación del caso la defensa de Argimon y Carmen Cabezas ha aportado al juzgado mensajes que señalan que Vergés habría ordenado no priorizar a los agentes en la vacunación. Entre otras pruebas que se debatirán en el juicio, hay el mensaje de una asesora de Vergés que decía: "Otra vez, la consejera pide parar Guardia Civil y Policía Nacional. No podemos argumentarlo. Deberíamos pararlo".

Antes de esta causa penal que ahora llega a juicio, la vacunación de los policías contra la covid fue protagonista de un litigio civil en el que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) condenó a la Generalitat por discriminar a los agentes de policía nacional y a los guardias civiles y obligó a que los vacunase en un plazo de 10 días.