Barcelona intensifica las multas a los patinetes eléctricos por invasión de espacios de peatones y por transporte de niños

BarcelonaLos vehículos de movilidad personal y específicamente los patinetes eléctricos han vivido un boom estos últimos años en ciudades como Barcelona, que fue pionera, en 2017, en la elaboración de una ordenanza que establecía por dónde podían circular y por dónde no, para mitigar los problemas de convivencia e intentar proteger el espacio de los peatones. Ahora el consejo de ministros ya ha aprobado el nuevo marco legal estatal, que modifica el reglamento general de circulación y que está vigente desde principios de este 2021.

Esto obliga a hacer modificaciones en la normativa municipal para adaptarse: de entrada la velocidad máxima de circulación de estos vehículos individuales queda ahora limitada a 25 km/h y no a 30 km/h como hasta ahora –una limitación que el consistorio remarca que tendrá que ser "de serie" en los mismos vehículos–, y se fija, también, que patinetes y otros elementos como los segways o las ruedas eléctricas no podrán circular por las plataformas únicas reservadas a peatones. Es decir, no podrán pasar, por ejemplo, por la plaza de la Catedral o por la parte central de la plaza Catalunya.

Como ya establecía la ordenanza municipal, también se tendrán que mantener fuera de aceras y de cualquier otro espacio destinado a los peatones, como la parte central de la rambla Catalunya, que es uno de los espacios de conflicto. Patinetes y vehículos similares tienen que ir por el carril bici siempre que haya, y si no por la calzada de las calles con velocidad limitada a 30 km/h y por los parques a un máximo de 10 km/h. Tienen prohibido ir por vías interurbanas que pasen por dentro de la ciudad y por túneles.

Además, el reglamento también recoge que los menores de 16 años no pueden hacer uso de los patinetes y que se trata de vehículos para una única persona, invalidando su uso para llevar a los niños a la escuela. Con estas premisas en la mano, la Guardia Urbana de Barcelona ya ha anunciado que a partir del lunes desplegará un dispositivo específico para controlar todas las infracciones vinculadas a estos tipos de vehículos, como pasar por zonas peatonales o transportar niños. Lo que admiten que todavía no pueden controlar es el exceso de velocidad. Las sanciones previstas van de los 100 a los 500 euros en función de la gravedad de la infracción.

"Queremos disciplinar las condiciones de estos vehículos", ha apuntado el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, que ha defendido que ya hace meses que se hace pedagogía y que ahora hay que ir un paso más allá: el año pasado las denuncias contra patinetes por no cumplir la normativa aumentaron un 29,7% y se situaron en 8.492. La Guardia Urbana prevé hacer controles específicos en las zonas de mayor conflictos, por ejemplo en la rambla Catalunya, y también en el entorno de las escuelas.

Las bicicletas, sin casco

Lo que el real decreto deja en manos de los ayuntamientos es decidir si se querrá hacer obligatorio el uso del casco y la necesidad de un seguro para circular en patinete eléctrico. La regidora de Movilidad, Rosa Alarcón, ya ha dejado claro que ella es partidaria de su uso por una cuestión de "seguridad", pero que esta cuestión se consultará con las entidades que forman parte del Pacto para la Movilidad. "Creo que es el momento de introducirlo", ha defendido la regidora, sobre todo teniendo en cuenta que el año pasado este vehículos se vieron implicados en 504 accidentes en la ciudad. La medida se podría aplicar de aquí a un año si recibe el aval de las entidades. No se prevé, de entrada, que la obligación de casco afecte las bicicletas.

Los cambios en la normativa de circulación también fijan que los vehículos de movilidad personal no podrán tener asiento –los que lo lleven incorporado entrarán en la categoría de motocicletas– y que todos requerirán de un certificado de circulación, pero se establece una moratoria de 20 meses a partir de la publicación al BOE para hacer este paso.

Pendientes del concurso del 'sharing'

Como ya hizo con las empresas que ofrecen el servicio de moto compartida, el Ayuntamiento prevé abrir a principios del verano un concurso que establezca quién puede ofrecer estos servicio en patinetes. El concurso, de hecho, se tenía que haber hecho durante el año pasado, pero se atrasó por el contexto de pandemia. La regidora de Movilidad ha asegurado que esta ve se hará de manera diferente y que no podrán acceder todas las empresas –inicialmente se estableció que 21 empresas se repartían el servicio de la moto compartida–, sino que habrá concurrencia. Hasta ahora unas 25 empresas están interesadas en optar a ofrecer este servicio. Durante el año pasado se pusieron 2.721 denuncias a empresas de alquiler que operan sin esperar a la regulación.